En tiempos donde los valores cívicos parecen diluirse y la posverdad amenaza con desplazar los hechos históricos, es imprescindible recordar momentos clave de nuestra historia. Uno de ellos es la Batalla de Santa Rosa, ocurrida el 20 de marzo de 1856, un evento que no solo marcó el destino de Costa Rica, sino que demostró la determinación de un pueblo dispuesto a defender su soberanía.

Un contexto de lucha y definición nacional

Costa Rica declaró su independencia en 1821 y, en las décadas siguientes, el país atravesó conflictos internos que definieron su identidad. Durante este período, hubo dos guerras civiles impulsadas por localismos y disputas de poder. Fue en 1848 cuando el Dr. José María Castro Madriz proclamó a Costa Rica como una república libre y soberana.

Sin embargo, la posición estratégica del país en Centroamérica lo colocó en la mira de potencias extranjeras y de grupos expansionistas estadounidenses. Desde el siglo XIX, la región del istmo centroamericano había cobrado una enorme importancia geopolítica, debido a los planes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de construir un canal interoceánico.

La firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850 entre Estados Unidos y Gran Bretaña puso fin a sus disputas en la región, pero mantuvo a Nicaragua y Costa Rica como meros espectadores en el juego de las grandes potencias.

Mientras tanto, la ideología del Destino Manifiesto ganaba fuerza en Estados Unidos. Desde su independencia en 1776, los estadounidenses se consideraban predestinados a expandirse por el continente. Este concepto se consolidó con la anexión de territorios como Florida y Luisiana, y alcanzó su punto más agresivo con la intervención en el norte de México, que comenzó a gestarse en la década de 1830 y desembocó en la guerra entre ambos países entre 1846 y 1848.

Como resultado, México perdió más de la mitad de su territorio. En este contexto, surgieron los filibusteros, mercenarios estadounidenses que buscaban anexar territorios para la causa esclavista sureña.

William Walker y la amenaza filibustera

Uno de los más destacados filibusteros fue William Walker, un sureño de Tennessee que, tras fracasar en su intento de apoderarse del estado mexicano de Sonora, volvió su atención hacia Centroamérica.

En 1855, fue invitado por un bando en la disputa interna entre las ciudades de Granada y León en Nicaragua, y tras una serie de maniobras hábiles, logró apoderarse del país. Walker, respaldado por sus mercenarios y con un claro objetivo de expansión, declaró a Nicaragua un Estado esclavista y fijó su mirada en Costa Rica, a la que consideraba la más débil de las naciones centroamericanas.

El presidente costarricense Juan Rafael Mora Porras, advertido por su embajador en Estados Unidos, Luis Molina Bedoya, comprendió la gravedad de la situación. Desde el inicio de su administración, Mora había trabajado en el fortalecimiento del ejército, el cual alcanzó en marzo de 1856 un contingente de aproximadamente 9.000 hombres, es decir, cerca del 10% de la población total del país. Para lograrlo, contó con la ayuda de instructores prusianos, franceses y polacos, y obtuvo armamento de tecnología británica.

Ante la inminente amenaza filibustera, Mora emitió dos proclamas entre noviembre de 1855 y febrero de 1856, llamando a los costarricenses a defender su soberanía. 

La movilización incluyó el apoyo del clero, con figuras como el capellán Francisco Calvo, y la organización de batallones en diferentes regiones del país. Mientras los hombres partían a la guerra, las mujeres asumían las responsabilidades económicas y productivas, mostrando que la defensa del país fue un esfuerzo colectivo.

Santa Rosa: el primer golpe contra los filibusteros

El 20 de marzo de 1856, en la Hacienda Santa Rosa, Guanacaste, se dio el primer enfrentamiento entre los filibusteros y el ejército costarricense. La posición de la hacienda resultó clave: los nacionales conocían bien el terreno y lograron sorprender a los invasores. 

En menos de 15 minutos, las tropas costarricenses lograron una victoria contundente, causando 19 bajas en las filas enemigas y obligando a huir al lugarteniente de Walker, Luis Schlessinger.

El presidente Mora aprovechó la ventaja psicológica de la victoria y decidió avanzar hacia Nicaragua. Su objetivo nunca fue ocupar el país vecino, sino erradicar la amenaza filibustera y restaurar la estabilidad en Centroamérica. La campaña costarricense se convirtió en un esfuerzo de cooperación con el resto de la región, consolidando el liderazgo de Costa Rica en la lucha contra Walker.

Una verdadera independencia ganada con sangre

Historiadores como Rafael Obregón Loría y Vladimir de la Cruz han señalado que la campaña de 1856-1857 marcó la verdadera independencia de Costa Rica. A diferencia de la independencia de 1821, obtenida sin conflicto militar, la lucha contra los filibusteros implicó un alto costo humano y demostró el compromiso del pueblo costarricense con su libertad. 

La Batalla de Santa Rosa no solo fue una victoria militar, sino un acto de reafirmación nacional.

Costa Rica demostró que podía defender su soberanía y que no permitiría ser sometida por intereses extranjeros. En un momento donde la historia pareciera perder relevancia, vale la pena recordar a los héroes que, con su sangre, escribieron una de las páginas más gloriosas de nuestra historia.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Desde la Independencia, mucho antes de la revolución de 1948 y la llegada del social-estatismo —aquí mal llamado “socialdemocracia”—, Costa Rica era un país en proceso de construcción, buscando un balance entre la tradición y la modernidad.

Es cierto que nuestra nación enfrentaba desafíos significativos en términos de organización social, política y económica, pero también lo es que funcionábamos bajo la influencia de políticos con un enfoque liberal que, desde mediados del siglo XIX, impulsaban el crecimiento empresarial, promovían obras públicas sin trabas burocráticas y fomentaban la educación, la salud y la cultura.

Dicen que quienes no conocen su historia están condenados a repetir sus errores.

Entonces, ante los retos que enfrenta nuestra sociedad, ¿qué le parece echar un vistazo a ese pasado compartido?

Organización del Estado: una estructura en evolución

La Constitución de 1871 sentó las bases para el desarrollo institucional, estableciendo derechos individuales y un gobierno organizado en tres poderes. Así, el sistema republicano, liberal y democrático garantizaba la separación de poderes y contaba, además, con un Tribunal Nacional Electoral, predecesor del TSE.

Por eso, antes de 1948, Costa Rica ya contaba con una institucionalidad sólida en funcionamiento.

Además de los tres poderes del Estado, existían varias secretarías o ministerios que se encargaban de áreas clave para el desarrollo nacional. Entre ellos estaban el Ministerio de Gobernación, encargado del orden público; el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que gestionaba la política exterior; el Ministerio de Hacienda, responsable de las finanzas del Estado; el Ministerio de Instrucción Pública; y el Ministerio de Fomento, dedicado a la agricultura, ganadería, industria y obras públicas.

Con el tiempo, y conforme esas carteras asumieron funciones más complejas, surgieron subsecretarías que dieron origen a nuevos ministerios. Así nacieron el Ministerio de Seguridad Pública, encargado de la policía y la seguridad nacional; el Ministerio de Salud, responsable de la sanidad pública; y los ministerios de Obras Públicas y Transportes, Justicia y Paz, y Trabajo y Seguridad Social. Estas transformaciones reflejaban una organización estatal amplia y un funcionamiento alineado con las necesidades ciudadanas de la época.

En paralelo, desde principios del siglo XX, el Ejército comenzó a perder fuerza institucional y poder de fuego en el plano nacional. Mientras tanto, a nivel local, el país —estructurado en 62 municipalidades— gestionaba recursos y proyectos para el bienestar comunal.

Instituciones autónomas y entidades especializadas

Por otra parte, la Costa Rica de entonces contaba con un entramado institucional robusto que apoyaba tanto al sector empresarial como al social. El Banco Nacional de Costa Rica se creó fundamentalmente para el desarrollo financiero de pequeños y medianos productores agrícolas e industriales. Mientras tanto, otras instituciones autónomas, como el Banco Nacional de Seguros (1924, futuro INS) y la CNFL (1941), aseguraban el progreso económico y social del país.

También existía la Junta de Caridad de San José (1845), predecesora de la Junta de Protección Social, creada para administrar el Hospital San Juan de Dios. A su imagen se crearon juntas de caridad y hospitales en las cabeceras de provincia como esfuerzos privados. Desde el Estado, en la misma época, surgió la institución de los “médicos de pueblo” (1847), regulada por el Protomedicato (1858), lo que marcó la pauta estatal en el campo de la salud pública durante décadas.

De ahí que la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1941 diera continuidad a aquellos esfuerzos privados y estatales que ya habían llevado a la creación de la Facultad de Medicina y la Vicesecretaría de Salubridad Pública. Con la CCSS, el objetivo de garantizar el acceso a la salud de todos los costarricenses apenas empezaba… pero sin la intención de convertirse en un monopolio de atención como el actual.

El compromiso con la cultura también era evidente: instituciones como el Museo Nacional (1887), el Teatro Nacional y la Escuela Nacional de Bellas Artes (1897) ya jugaban un papel clave en la vida cultural costarricense. Estas entidades reflejaban un interés en preservar y promover el patrimonio cultural, mientras que otras instituciones como Correos y Telégrafos, la Imprenta Nacional y la Junta Nacional de Turismo e Inmigración (futuro ICT) contribuían al fortalecimiento del país en diversas áreas.

Infraestructura y comercio: primeros pasos hacia el progreso

La expansión de carreteras y puertos antes de 1948 mejoró la conectividad interna y permitió una mayor cohesión económica y social del país. La construcción de infraestructura comenzó a mediados del siglo XIX, con el camino carretero que unió el Valle Central con el puerto de Puntarenas. Fue un esfuerzo privado que culminó con el ferrocarril estatal, terminado en 1910.

Entre 1870 y 1890, el Estado y el capital privado extranjero construyeron el ferrocarril al Caribe, conectando el Valle Central con el puerto de Limón. Este proyecto facilitó el comercio internacional, especialmente la exportación de café y banano, productos que fueron el motor económico del país durante un siglo.

Sanidad y educación: pilares en crecimiento

Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Estado, a través de las municipalidades, impulsó la construcción de cañerías para llevar agua potable a las ciudades y pueblos.

Para la década de 1920, se implementaron programas de vacunación y control de enfermedades, sentando las bases de un sistema de salud pública más robusto.

En cuanto a la educación, la Ley General de Educación Común de 1869 fue un hito al establecer la enseñanza primaria obligatoria y costeada por el Estado.

Sin embargo, la gran Reforma Educativa de la década de 1880 convirtió la educación pública en uno de los pilares del desarrollo social costarricense, permitiendo un acceso masivo a ella.

Junto con la segunda enseñanza y la fundación de la Universidad de Costa Rica (1940), el país consolidó un sistema educativo que sería clave para su futuro.

Reflexión final

El período histórico previo a 1948 fue crucial para definir la identidad ciudadana costarricense y sentó las bases del Estado de bienestar promovido por los social-estatistas. Luego, una galopante deuda externa permitió que este modelo fuera sostenible durante casi 30 años.

La institucionalidad existente en 1948 garantizó un crecimiento económico y social sostenido, estableciendo los cimientos de lo que pudo ser un país próspero y moderno.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Nuestro país celebra una fecha trascendental en su historia patria, marcada por una dicotomía atípica en el istmo centroamericano. Por un lado, Costa Rica ha sido promovida como un país de paz, pero históricamente contaba con un ejército preparado y funcional. Por otro lado, en 1828, el jefe de Estado Juan Mora Fernández abolió el fuero militar, estableciendo que los militares estuvieran subordinados a la autoridad civil, un rasgo distintivo que ha persistido en nuestra historia.

Antecedentes

1. Las reformas borbónicas

Las reformas borbónicas fueron un conjunto de disposiciones jurídicas y económicas impulsadas por la Corona española en el siglo XVIII, con el propósito de recuperar el control de los territorios americanos frente a amenazas como la piratería y el contrabando. En nuestra región, esta militarización se concentró en el Virreinato de Nueva España, dejando a Costa Rica con una fuerza militar mínima de apenas 1000 efectivos.

Previo a la independencia en 1821, José Santos Lombardo desarmó al gobernador Juan Manuel de Cañas, marcando un inicio pacífico en la historia costarricense.

Con el Pacto de Concordia del 1.° de diciembre de 1821, Costa Rica optó por una vía civil y legal, diferenciándose de sus vecinos centroamericanos.

Con la creación de la República Federal Centroamericana, se constituyó un ejército federal, aunque Costa Rica desarrolló cuerpos milicianos propios. En 1828, Juan Mora Fernández abolió el fuero militar, señalando que los militares serían juzgados bajo las mismas leyes que los civiles. Este principio de subordinación quedó ratificado en la Constitución de 1871 durante el gobierno de Tomás Guardia, que limitó las actividades militares exclusivamente a las permitidas por la ley.

Desde 1824, la mayoría de los gobernantes han sido civiles, como educadores, abogados y médicos, salvo excepciones como Federico Tinoco, quien no respetó esta tradición. Incluso, figuras como Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto integraron gabinetes mayoritariamente civiles.

2. El papel del ejército en el siglo XIX

El ejército costarricense tuvo un rol importante en momentos clave del siglo XIX, como la Campaña Nacional contra los filibusteros liderados por William Walker. En esa época, el ejército alcanzó casi 10 000 efectivos, representando el 10 % de la población nacional. Esto fue posible gracias al apoyo de instructores europeos, tecnología de punta inglesa y un manejo ordenado de recursos, como los préstamos otorgados por Perú.

Las victorias en Santa Rosa y Rivas consolidaron la reputación del ejército costarricense como una fuerza respetada en el istmo. Juan Rafael Mora Porras, al frente de una economía de guerra, movilizó al país para defender su soberanía.

Esto desmiente la creencia de que los filibusteros enfrentaron únicamente campesinos. El ejército costarricense, en ese momento, era una institución sólida y clave para la defensa nacional.

Sin embargo, el ejército demandaba una proporción significativa del presupuesto estatal. Antes de las reformas educativas de Mauro Fernández (1886-1889), bajo el gobierno de Bernardo Soto, los gastos militares representaban más del 35 % del presupuesto estatal, como lo documenta Esteban Corella en su estudio El gasto militar del Estado costarricense en el siglo XIX.

3. El declive del ejército

A finales del siglo XIX, la reforma educativa de Mauro Fernández (1886-1889) marcó un punto de inflexión. Los recursos del Estado se redirigieron hacia la educación, reduciendo progresivamente el presupuesto militar. En 1914, el presidente Alfredo González Flores rechazó las presiones de Estados Unidos para militarizar el istmo durante la Primera Guerra Mundial, consolidando aún más la idea de un país civilista.

Llegamos a la década de 1940, con una Europa ardiendo en llamas por la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos, en pro de proteger sus intereses en la región, influyó en las políticas internas de los Estados del istmo, particularmente para proteger el Canal de Panamá, donde Costa Rica era primordial por su vecindad.

El ejército costarricense, para entonces, era prácticamente un cascarón vacío, lo que permitió a José Figueres Ferrer aprovechar esta condición durante la guerra civil de 1948, desencadenada por el fraude electoral que favoreció a Rafael Ángel Calderón Guardia en perjuicio de Otilio Ulate. Tras obtener la victoria, Figueres entregó el poder a Otilio Ulate el 8 de noviembre de 1949.

Abolición del ejército: 1.° de diciembre de 1948

En 1947, la seguridad de Costa Rica estaba prácticamente bajo la protección de Estados Unidos, que fungía como una “sombrilla” militar. Ese mismo año, los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieron eliminar el ejército suspendiendo las partidas presupuestarias para armamento.

Aunque Figueres, en 1948, gobernaba con su propio ejército: el de Liberación Nacional, Edgar Cardona, ministro de Seguridad, comenzó a señalar la necesidad de eliminarlo, no solo por considerarlo débil, sino también porque Costa Rica había firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que ofrecía defensa ante amenazas externas.

Por lo anterior, el 1.° de diciembre de 1948, la Junta Fundadora entregó el Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica, transformándolo en el Museo Nacional.

Este acto simbólico marcó el inicio de una nueva era, aunque la abolición del ejército quedó ratificada formalmente en la Constitución de 1949.

Posteriormente, el TIAR permitió a Costa Rica enfrentar intentos de invasión, como los liderados por Rafael Ángel Calderón Guardia, reforzando la decisión de mantener al país sin fuerzas armadas. Desde entonces, la seguridad ha estado a cargo de una policía civil, con posibilidad de reorganización en casos de emergencia.

En las siguientes décadas, los cuerpos policiales fueron reorganizados, destacándose la creación de la Fuerza Pública durante la administración de Francisco Orlich (1962-1966) y la eliminación de rangos militares en el primer gobierno de Óscar Arias.

Conclusiones

Desde el Pacto de Concordia en 1821, Costa Rica optó por un modelo civilista, priorizando la educación y el bienestar social sobre la militarización. La reforma educativa de finales del siglo XIX marcó el declive del presupuesto militar, redirigiendo esos recursos hacia áreas esenciales para el desarrollo.

Sin embargo, el modelo del Estado Benefactor, implementado desde 1949, enfrenta desafíos debido al crecimiento de la burocracia estatal, que compromete la sostenibilidad de inversiones en educación y seguridad, pilares fundamentales para la movilidad social y el desarrollo.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.