Publicado originalmente en Delfino.cr

En las últimas semanas, a raíz de las declaraciones de un candidato presidencial sobre el cambio climático, surgieron múltiples reacciones que buscaban defender la ciencia. Sin embargo, muchas de esas respuestas —aunque bien intencionadas— terminaron defendiéndola de una forma profundamente anticientífica: tratándola como un dogma incuestionable y no como el proceso abierto, provisional y revisable que es.

Este artículo no busca defender a ningún candidato ni cuestionar la existencia del cambio climático. Busca algo más importante: llamar la atención sobre cómo una mala comunicación científica puede erosionar la confianza pública en la ciencia, incluso cuando intenta protegerla. Esperé a que terminara la campaña política para evitar que esta reflexión se interpretara como una defensa partidaria y abordarla, más bien, como una crítica constructiva sobre este tema fundamental.

El ejemplo que utilizo es un artículo y una serie de contenidos (disponibles en Instagram) de la divulgadora científica conocida como @astrocatalina, cuyo trabajo de acercar la ciencia al público considero, en términos generales, encomiable y necesario, y precisamente por ese respeto es que creo que vale la pena hacer esta crítica de manera pública para todas las personas que también hacen esta labor.

A mi juicio, la línea argumental del artículo es epistemológicamente débil. Pero lo más preocupante no es esa debilidad en sí, sino que defiende a la ciencia de una manera que contradice sus propios principios: recurriendo a mensajes más cercanos al dogma que a la explicación científica.

Esto me resulta crítico de discutir porque ya hemos visto las consecuencias de este enfoque. Durante la pandemia, cuando las autoridades sanitarias presentaron recomendaciones cambiantes sobre mascarillas, distanciamiento y vacunas sin explicar adecuadamente el proceso científico detrás de esas actualizaciones, muchas personas interpretaron los cambios como incompetencia o mentiras en lugar de como el funcionamiento normal de la ciencia ante nueva evidencia.

El problema no fue que la ciencia cambiara —eso es lo que debe hacer— sino que se había comunicado con un tono de certeza moral absoluta que no admitía matices. Cuando esa certeza se ajustó, la confianza colapsó. Etiquetar a quienes cuestionaban como “anticiencia” o “irresponsables” no solo no resolvió el problema, sino que lo agravó, convirtiendo un desacuerdo epistemológico en una batalla moral que polarizó aún más el debate público.

En términos generales, el artículo sigue esta estructura: presenta la ofensiva política contra la ciencia en Estados Unidos, afirma que la ciencia es inherentemente política y que negar consensos científicos es peligroso, introduce la posición del candidato, sostiene que esta demuestra ignorancia sobre cómo funciona la ciencia y concluye que no creer en la ciencia es una alerta democrática.

El problema es que esta argumentación presenta al menos tres saltos epistemológicos injustificados que muestran ese problema que menciono.

Primero, da a entender que la existencia de un consenso científico vuelve ilegítimo cualquier cuestionamiento, equiparándolo con desinformación. El artículo afirma que “expresar lo contrario como una ‘opinión’ no es una postura neutral; es una forma de desinformación.” Sin embargo, en la ciencia el consenso no es una verdad revelada ni un acto de fe. La ciencia exige evidencia proporcional para debatir pero no cierra la discusión completamente.

Además, el artículo no distingue entre al menos las tres capas conceptuales del problema del cambio climático: el hecho científico de la influencia humana, la interpretación del riesgo y la incertidumbre de los modelos, y las políticas públicas para enfrentarlo. 

Aunque en el contexto de divulgación pública esta simplificación puede ser comprensible, resulta problemática ya que negar o cuestionar las dos últimas no implica ser anticiencia. Y aunque alguna persona cuestionara la primera capa, etiquetar ese escepticismo como “anticiencia” en lugar de explicar por qué la evidencia es tan sólida es pedagógicamente contraproducente ya que radicaliza a las personas y asume que la autoridad de la ciencia es autoevidente para el público. No lo es. Y cuando el público percibe que se le exige aceptar la autoridad científica sin explicación, la desconfianza crece en lugar de disminuir.

Segundo, el artículo funde dos posiciones distintas: no creer en la ciencia y no creer en una narrativa o en determinadas políticas públicas. La propia autora reconoce que el candidato aclaró posteriormente que su escepticismo se refería a las políticas y no al hecho científico.

Sin embargo, el artículo ignora eso (quizás asumiendo que fue sólo por presión pública) y equipara el ataque sistémico a la ciencia observado en Estados Unidos a ese escepticismo, sin justificar por qué ambos casos tan siquiera están en la misma categoría epistemológica. Esta equiparación injustificada convierte críticas de política pública en herejías científicas, radicalizando innecesariamente el debate.

Tercero, se establece un puente causal entre una supuesta incomprensión de la ciencia y la afirmación de que ello constituye una señal de alerta democrática y un peligro social. Dado lo anterior, en este caso puntual esa conclusión no se sigue de las premisas: es retórica, no inferencia. Si bien se ha dado en otros países, aquí se presenta de manera forzada y mal justificada. Cuando las conclusiones sobrepasan la evidencia presentada, el público aprende a desconfiar no sólo del argumento, sino de quien lo hace.

El punto no es atacar una defensa de la ciencia, sino evitar moralizarla. Convertir consensos científicos en posiciones morales absolutas y etiquetar el disenso como “anticiencia” no protege la ciencia: la transforma en un arma política que erosiona su propia autoridad epistémica. 

La desconfianza en la ciencia es un problema mundial bien estudiado y con efectos tangibles en la salud y el progreso. Esto no se resolverá con buenas intenciones ni con indignación moral, sino con una comunicación científica más cuidadosa que reconozca que la confianza pública se construye explicando, no etiquetando; mostrando el proceso, no solo las conclusiones; y distinguiendo siempre entre lo que la evidencia muestra y lo que las políticas proponen.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Hay proyectos de ley que dicen más por lo que prometen que por lo que realmente pueden entregar. El expediente 25.309, que recientemente fue presentado en la corriente legislativa, busca prohibir absolutamente los vapeadores y dispositivos similares, pertenece a esa categoría. Es la típica respuesta rápida y no pensada a un problema complejo: prohibir algo esperando que, por arte de magia, desaparezca. 

Y, sin embargo, la evidencia es brutalmente clara: las prohibiciones nunca; pero nunca, eliminan un mercado; lo empujan hacia la clandestinidad, donde el Estado pierde toda capacidad de control.

Costa Rica ya vivió este tipo de discusiones. Y, si algo hemos aprendido en política pública, es que las soluciones fáciles suelen ser las menos efectivas. En este caso, además, el camino escogido tiene un efecto colateral gravísimo: una prohibición absoluta no reduce el consumo, pero sí crea un negocio paralelo donde la violencia, el contrabando y la informalidad encuentran terreno fértil.

Lo hemos visto en la región. Ocho países latinoamericanos han intentado prohibir los vapeadores. Ninguno logró disminuir su uso. En todos, sin excepción, aparecieron mercados negros administrados por redes criminales (como las que queremos erradicar en esta campaña electoral).

México es probablemente el ejemplo más evidente: la prohibición no bajó el consumo, pero sí convirtió los vapeadores en un producto manejado por al menos siete organizaciones criminales que hoy lo incorporaron a su portafolio de ingresos. Cuando un país coloca un producto de alta demanda y liquidez al margen de la ley, lo que hace es entregarle la llave a quienes operan sin factura, sin controles sanitarios y sin escrúpulos. Es prácticamente una ecuación matemática.

Brasil siguió el mismo camino. La prohibición lleva más de una década y, mientras tanto, los consumidores crecieron exponencialmente. Millones de brasileños compran sus dispositivos en un mercado donde nadie sabe qué contienen, de dónde vienen o quién los fabrica.

Argentina, que prohibió el vapeo desde 2011, vive la misma contradicción: el consumo aumentó y los productos circulan sin trazabilidad, sin estándares y sin responsabilidad alguna por parte de quienes los venden. En los tres casos, el patrón es idéntico: la demanda no desaparece, simplemente cambia de manos.

Entonces, ¿qué nos hace pensar que en Costa Rica la historia será distinta?

Soluciones equivocadas para problemas reales

La exposición de motivos del proyecto reconoce un problema real: los adolescentes están accediendo a sustancias que no deberían consumir. Eso es cierto. Pero la respuesta escogida parte de un supuesto que no se sostiene empíricamente: que si se prohíbe todo, se acaba el acceso. La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario.

Cuando los jugadores formales salen del mercado, quienes “entran” son los actores que no rinden cuentas, que no pagan impuestos, que no controlan calidad, que no piden cédula, que no responden ante nadie y que encuentran en la prohibición un incentivo económico más atractivo que en cualquier otra actividad.

Lo que está en juego no es un debate moral ni de salud sobre los vapeadores. Es algo mucho más serio: cómo diseñamos política pública basada en evidencia, no en impulsos o ocurrencias.

Prohibir es lo más sencillo de redactar en un papel, pero lo más difícil de ejecutar. De hecho, es casi imposible de cumplir sin generar externalidades negativas.

Cuando un país prohíbe un producto que ya circula ampliamente, lo que hace es desplazar su comercialización a un entorno donde el Estado no puede vigilar, regular, retirar productos riesgosos, sancionar ingredientes peligrosos ni controlar su distribución.

Y eso abre la puerta a un riesgo sanitario superior al que pretende resolver. Hoy al menos existe un marco básico con etiquetas, advertencias y puntos de venta visibles. Si el proyecto se aprueba, pasaremos a un escenario donde nadie sabe qué contiene un líquido de vapeo, quién lo fabricó, con qué estándares, con qué sustancias o en qué condiciones. 

La oscuridad no es protección; es vulnerabilidad.

Tampoco resuelve el problema de fondo: el acceso de menores de edad. En un mercado legal, el Estado puede exigir verificación de identidad y fiscalizar. En un mercado ilegal, la venta se mueve a redes sociales, mensajería instantánea o distribuidores clandestinos que no le niegan nada a nadie. Varios países reconocen que, tras la prohibición, el acceso para adolescentes no disminuyó; simplemente se volvió imposible de rastrear. Es decir, peor.

El incentivo perfecto para el crimen organizado

Lo más preocupante es que la iniciativa no parece considerar el incentivo que esta prohibición genera para estructuras criminales, el tema principal de esta campaña electoral. Cuando el comercio de un producto pasa a ser clandestino, se vuelve un activo perfecto para financiar actividades ilícitas: bajo costo, alta demanda, baja penalidad y alto margen.

Basta ver cómo, en México, las rutas por donde históricamente se movían drogas hoy transportan vapeadores. Donde había cargamentos de armas, ahora hay cajas de cigarrillos electrónicos reempacados.

Y lo hacen con la misma lógica de siempre: control de territorio, extorsión, cobro de “derecho de piso” y violencia para asegurar exclusividad. No porque les interese el producto, sino porque todo mercado no regulado es un incentivo irresistible para el crimen organizado.

Costa Rica no está blindada frente a estas dinámicas. Nuestra geografía, nuestro sistema aduanero y nuestras propias limitaciones de fiscalización ya enfrentan presiones suficientes. Crear un mercado negro de esta magnitud solo agregaría una carga adicional a instituciones que ya operan al límite. Es ingenuo pensar que una prohibición genera cumplimiento automático. Lo que genera es una cadena de incentivos donde el Estado siempre queda un paso atrás.

Este proyecto, además, deroga por completo la ley vigente, que podría mejorarse en lugar de descartarse. El argumento de que “fracasó” porque no evitó el consumo adolescente es débil y simplista si se compara con cualquier otra política pública que enfrentó el mismo desafío.

Ninguna medida aislada puede resolver por sí sola un fenómeno complejo con dinámicas sociales, tecnológicas y culturales tan profundas. El fracaso no está en la regulación: está en creer que la alternativa es prohibir y esperar que el problema desaparezca.

Costa Rica debe cuidar su tradición de políticas públicas basadas en evidencia, no en impulsos prohibicionistas que ya demostraron fracasar en todas partes. 

Este proyecto no protege la salud pública, no reduce el consumo adolescente, no fortalece al Estado y no genera un entorno más seguro. Hace exactamente lo contrario: abre un mercado ilegal, debilita la fiscalización, expone a los consumidores a más riesgos y crea condiciones ideales para actividades criminales.

Decirlo con claridad no es defender el vapeo. Es defender el principio básico de que las políticas públicas deben funcionar en la realidad, no en el papel. Y la realidad es contundente: las prohibiciones absolutas nunca; pero nunca, producen efectos beneficiosos.

En un país donde insistimos en la importancia de fortalecer instituciones, promover transparencia y combatir la criminalidad, sería un error aprobar una ley que empuja un mercado entero a la clandestinidad. La evidencia está ahí. Ignorarla no es prudencia legislativa; es renunciar a ella.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Terminé hace poco How Contempt Destroys Democracy (2024), libro de Zachary Elwood. El autor plantea una advertencia simple e inquietante: la mayor amenaza para la democracia contemporánea no está necesariamente en la corrupción, en la concentración del poder o en la manipulación electoral, sino en algo más cotidiano y a la vez más corrosivo: el desprecio mutuo entre ciudadanos.

Elwood describe el desprecio como una combinación de burla, deshumanización y descalificación automática del adversario. 

No es simplemente desacuerdo. Es ver al otro como alguien indigno de respeto, como un enemigo al que se debe derrotar en lugar de un interlocutor con quien negociar. Esa actitud, sostiene, está erosionando las bases de la democracia.

El análisis del libro se centra en el contexto estadounidense, en particular en la polarización entre los movimientos MAGA y woke. No obstante, el valor de la obra trasciende esas fronteras. Elwood identifica patrones reconocibles en cualquier democracia contemporánea:

• Medios y redes sociales que premian el contenido más extremo y polarizante, pues es el que más atención genera.
• Líderes políticos que recurren al lenguaje incendiario para movilizar a sus bases y deslegitimar al contrario.
• La ciudadanía misma, que replica y amplifica esa lógica mediante insultos, memes y discursos de odio que circulan sin filtros.
  

El resultado es un círculo vicioso donde cada bando justifica su desprecio como reacción al desprecio previo del otro, profundizando una espiral de hostilidad que debilita las instituciones democráticas.

Las consecuencias, advierte Elwood, son graves. La política se paraliza cuando los consensos se vuelven imposibles. 

La confianza en el sistema se erosiona porque cada sector percibe que las reglas están amañadas. Y la violencia política se vuelve una posibilidad real cuando el adversario es concebido como un enemigo absoluto.

Frente a este panorama, el autor no ofrece soluciones mágicas. No obstante, sí propone cambios de actitud: distinguir entre el desacuerdo legítimo y el desprecio que deshumaniza; promover un lenguaje político más equilibrado; y crear espacios de diálogo transversal donde el objetivo no sea convencer al otro, sino comprenderlo. 

La democracia, insiste, requiere de ciudadanos capaces de disentir sin descalificarse.

En un momento en que las sociedades, incluida la costarricense, atraviesan tensiones políticas y sociales cada vez más visibles, conviene recordar que el mayor riesgo para la democracia no siempre viene de afuera. A veces, se gesta en el modo en que hablamos o dejamos de hablar entre nosotros.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.