Costa Rica podría ver su reputación financiera afectada este año si no actuamos ya.

En 2024, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos indicó que debíamos corregir el hueco en la regulación de las empresas que trabajan en criptoactivos, para evitar el lavado de dinero y financiamiento del crimen.

De no hacerlo, podemos caer en la lista gris, lo que implica una afectación tangible:

• Los préstamos internacionales del país salen más caros. Bancos y organismos internacionales cobran más intereses porque ven al país como “riesgoso”.
• Los bancos extranjeros desconfían. A los bancos de Costa Rica les cuesta más trabajar con bancos de afuera, o algunos simplemente cortan la relación.
• Enviar y recibir plata se vuelve lento y caro. Transferencias internacionales tardan más, cuestan más y a veces se bloquean “para revisión”.
• Menos empresas quieren invertir aquí. Los inversionistas prefieren países donde mover dinero y operar es más sencillo y predecible.
• Los exportadores y empresas formales son los más golpeados. Cobrar desde el exterior se complica, se atrasa el flujo de caja y se pierden negocios.

El GAFI nos vuelve a evaluar este año y, si no corregimos a tiempo, vamos a sufrir el impacto de caer en esa lista gris.

El expediente 22.837 era un intento para resolver esta situación, sin embargo, por diversas razones, a pesar de tener apoyo en el actual Congreso, quedó en el congelador y no se avanzó.

Este tema no se trata de que nos gusten o no las criptomonedas y los activos digitales. Ya existen empresas que trabajan en el intercambio, custodia y transferencia de criptomonedas y criptoactivos, por ende, deben estar registradas, vigiladas y con obligaciones claras contra lavado de dinero.

A nadie se le obliga a usar las criptomonedas ni se “legalizan” como monedas. Pero sí se evita que la falta de regulación nos genere problemas.

Se requiere un proyecto de ley similar (o el mismo 22.837 pero corregido) para reducir significativamente el riesgo de caer en la lista gris y así:

• Definir qué es un activo virtual.
• Definir quién es un proveedor de servicios.
• Someterlos a registro.
• Imponerles obligaciones de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo).
• Permitir la supervisión basada en riesgo.

Aunque este tema suene como algo sumamente técnico, necesitamos adelantarnos a este riesgo, porque podría traer afectaciones reales en las vidas de todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Costa Rica necesita modernizar el uso del espectro radioeléctrico, y la subasta de frecuencias es, sin duda, un paso en la dirección correcta.

Ordenar el bien demanial, promover mayor competencia y dar transparencia a un recurso finito es indispensable para un país que aspira a un ecosistema mediático más abierto y dinámico.

Pero la forma también importa. Y los términos planteados hasta ahora revelan un riesgo evidente: en lugar de democratizar el acceso, pueden terminar concentrando aún más el mercado en manos de unos pocos grupos con capacidad financiera para absorber precios elevados. Esa dinámica no solo distorsiona la competencia; empobrece la diversidad de voces que sostienen una democracia saludable.

El diseño institucional no puede limitarse a maximizar la recaudación.

Debe considerar objetivos mucho más amplios: pluralidad, representación cultural, promoción de contenidos locales y apertura para medios emergentes. Un proceso que excluya a proyectos comunitarios, regionales o independientes sería, en la práctica, un retroceso disfrazado de avance.

Una subasta bien hecha fortalece la libertad. Una mal diseñada la estrecha. Por eso es indispensable ajustar los términos antes de seguir adelante: para que las frecuencias lleguen a la mayor cantidad de medios posible, no solo a quienes pueden pagar más; para que el espectro refleje la diversidad cultural y étnica del país, y no se convierta en un privilegio reservado para unos cuantos.

Costa Rica tiene la oportunidad de actualizar su marco de telecomunicaciones con visión de futuro.

Aprovecharla depende de que entendamos que el espectro radioeléctrico no es solo un activo económico: es un instrumento de participación ciudadana, de pluralidad y de libertad. Y estos principios deben guiar su asignación.

En Costa Rica, la radio y la televisión abiertas no son un lujo ni un accesorio: son un pilar constitucional para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Así lo ha dicho la Sala Constitucional en repetidas ocasiones y es reconocido internacionalmente. Son medios gratuitos, accesibles e inmediatos. No dependen del precio del internet, de algoritmos ni de plataformas privadas. 

Para miles de personas —especialmente en zonas rurales o en condición de vulnerabilidad— estos son los únicos medios disponibles, porque no pueden pagar conexión a internet o porque su calidad es insuficiente. Por eso, la radio y la televisión abiertas siguen siendo fundamentales para sostener una ciudadanía informada.

Pero el país está a punto de dar un paso en falso.

Y uno grande.

Una licitación que nace excluyendo

El MICITT decidió abrir una licitación solo para radioemisoras comerciales, dejando por fuera a las radios culturales, pese a que la propia Ley de Radio establece ambas figuras. ¿La razón? No fueron incluidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, una política pública que las ignoró por completo. 

Ese simple detalle tiene consecuencias profundas: significa renunciar a espacios esenciales para voces comunitarias, culturales, educativas y hasta religiosas. Radios que históricamente han dado contenido que los grandes consorcios no producen.

Excluirlas no solo contradice la política pública; violenta la obligación del Estado de promover pluralidad y diversidad en los medios. ¿Cómo se garantiza la libertad de expresión si se reduce deliberadamente la variedad de emisoras posibles?

El segundo problema es más crudo: los precios fijados para acceder al espectro son tan altos que varios operadores han anunciado que simplemente no van a participar. 

Y si los pequeños salen, ¿quién queda? Los grandes. Los que pueden pagar.

El resultado es una licitación que no promueve competencia, sino concentración. Y en radio y televisión, la concentración no se mide por cantidad de usuarios —porque es un servicio abierto—, sino por quién controla la pauta publicitaria. Si el mercado queda reducido a pocos jugadores, el acceso a la información también se reduce, aunque nadie cambie de estación.

A esto se suman requisitos técnicos innecesarios que encarecen aún más el despliegue de las redes. No es solo pagar por la frecuencia: es costear una infraestructura sobredimensionada, que los grandes grupos pueden absorber… pero que operadores culturales, comunitarios o religiosos no podrán afrontar.

La Iglesia Católica ya advirtió que Radio Fides no participará. No es un caso aislado: es la señal de que este proceso podría apagar emisoras con décadas de aporte social.

Un país sin pluralidad pierde su voz

Si la licitación avanza tal como está diseñada, Costa Rica corre el riesgo de entregar un recurso público —el espectro radioeléctrico— a un grupo muy limitado de actores. No porque tengan mejores proyectos, sino porque son los únicos que pueden pagar el precio de entrada.

Y un país donde las voces pequeñas desaparecen termina escuchando solo un eco.

Costa Rica necesita una política de radio y televisión plural, diversa y realista, que respete la Constitución y promueva la competencia. No una puerta que se abre solo a quienes pueden costearla.

Porque cuando el Estado diseña procesos que expulsan a los pequeños, limita la libertad de todos. Y para quienes solo pueden informarse a través de medios abiertos y gratuitos, ese silencio impuesto no es solo una injusticia: es una forma de exclusión.