Un proyecto de ley de la envergadura del Exp 25336 (LEY PARA REGULAR EL ACCESO Y USO DE PLATAFORMAS DIGITALES POR PARTE DE MENORES DE EDAD) requiere un respaldo robusto, ya que implicaría permitirle al Estado traspasar varios límites y libertades bajo la premisa de que los beneficios serán en pro de la niñez y juventud del país.

En otro artículo de diciembre del 2025 desarrollé las razones por las cuales este expediente me preocupa. Pero dado que esta semana se anunció que el mismo está avanzando en comisión en la Asamblea Legislativa, quise adentrarme más en la literatura y evidencias que supuestamente respaldan tales restricciones.

Literatura

Entonces, revisemos las principales piezas de literatura que se referencian en el Exp 25336 para poder decidir si tiene el consenso científico que intenta dar a entender.

El primero es un artículo, no es un estudio (como dice el proyecto de ley incorrectamente), de la Johns Hopkins denominado Social Media And Mental Health In Children And Teens.

Según el proyecto de ley este es uno de los “estudios” que “… evidencian tanto los efectos negativos del uso como del acceso en sí a plataformas digitales en personas menores de edad”. Pero un párrafo más abajo, el mismo proyecto reconoce que ese artículo indica que “… está correlacionado con síntomas de depresión”.

La diferencia entre correlación y causalidad no es una distinción menor. Tomar una correlación y utilizarla como “evidencia” de algo es no comprender los términos. El mismo artículo es claro en que ese vínculo no es causal.

Cuando las personas confunden estos términos, suele ser porque piensan que es un tema del “grado” de relación. Como si “correlacionado” implicara una causalidad leve o suave. Pero no es así. Una correlación dicta que dos fenómenos aparecen juntos, pero no permite establecer que uno es la causa del otro.

De hecho el mismo artículo deja abierta la pregunta de si las redes causan la depresión o si las personas deprimidas tienden a usarlas más. Es decir, que el vínculo causal va en la dirección contraria o inclusive podrían tener una causa común.

El proyecto también indica que “… hay riesgo de disrupciones en el cerebro” pero omite la parte del artículo donde el Cirujano General de los Estados Unidos aclara que esto podría ocurrir en casos de uso excesivo. Ignorar eso, hace que esa afirmación deja de referirse a un subconjunto de usuarios y se presenta como si aplicara en forma general. Es decir, la exagera.

La segunda referencia sí corresponde a un estudio denominado “The Impact of Social Media on Children’s Mental Health: A Systematic Scoping Review”. De ahí, el proyecto dice “… se estima que el 70% de menores de edad entre 8 y 12 años usan plataformas digitales”. Esto no es un hallazgo del estudio, es una referencia del 2016 centrada únicamente en el uso de Facebook, es decir, difícilmente puede considerarse representativa o relevante 10 años después.

El proyecto afirma que “se hallaron asociaciones entre uso prolongado, comportamiento pasivo (scrolling) y aumento de síntomas depresivos.”. Pero el proyecto elimina la mitad de las conclusiones del estudio donde indica que el uso moderado facilita interacciones sociales y expresión emocional, y puede tener influencia positiva en la salud mental.

Además, esta referencia corresponde a una revisión exploratoria, no a un metaanálisis. Es decir, el nivel del mismo es muy limitado (de 6.714 artículos revisados, solo 16 pasaron los criterios de inclusión). A esto se suma que el propio estudio concluye que no es posible inferir de manera conclusiva el impacto.

Estas dos piezas de literatura no respaldan una prohibición de redes sociales. A lo sumo, respaldan la teoría de que hay una correlación pero no establecen vínculos causales ni proponen prohibiciones del nivel que plantea este proyecto. Esto debería, como mínimo, generar dudas sobre si los autores del proyecto de ley realmente leyeron los estudios.

Legislación comparada

El otro punto que vale la pena mencionar es el uso de la legislación comparada y sus errores. Este enfoque consiste en analizar que han hecho en otros países como referencia o respaldo para la creación de una nueva ley.

El proyecto hace referencia a Australia, España, Francia, Reino Unido, Brasil, Chile y Ecuador. Mezcla como mínimo 3 categorías distintas: la prohibición de celulares en escuelas, la regulación de contenido en plataformas y la prohibición de acceso a plataformas por edad.

De los siete países citados como precedente, cuatro (Francia, Brasil, Chile y Ecuador) prohibieron celulares en escuelas, que es algo completamente diferente a prohibir el acceso a plataformas digitales. Dos (España y Reino Unido) optaron por regular el contenido y el diseño de plataformas, sin prohibir el acceso de menores. El único caso comparable es Australia, que implementó un modelo radicalmente distinto al de este proyecto: excluyó mensajería, videojuegos y plataformas educativas, invirtió millones en tecnología de verificación, y aún así el 61% de los menores australianos continúan accediendo a redes sociales cuatro meses después de la prohibición (Molly Rose Foundation, 2026).

A pesar de esas diferencias, el proyecto presenta todos los casos como si fueran la misma cosa (“países que ya han tomado medidas”) para crear la impresión de un consenso global que no existe en los términos específicos que propone.

Conclusión

La exposición de motivos del Expediente 25.336 construye un caso que aparenta solidez documental, pero que, al examinarse de cerca revela errores conceptuales, una selección sesgada de hechos y datos, la exageración de conclusiones de estudios, y una lista de precedentes internacionales que, en su mayoría, no respaldan lo que el proyecto realmente propone.

Debido a esa débil justificación, debemos evitar que tal proyecto avance y ponga en riesgo, como mínimo, lo siguiente:

• La libertad de expresión y acceso a la información. (art. 29 Constitución, art. 13 Convención Americana). Prohibir el acceso a “plataformas digitales” (definidas de forma tan amplia que abarcan prácticamente todo el internet) a menores de 14 años restringe su derecho a buscar, recibir y difundir información. La propia Convención sobre los Derechos del Niño (art. 13) reconoce ese derecho.
• El derecho a la privacidad. (art. 24 Constitución, art. 11 CADH). El mecanismo de verificación por TIM obliga a que menores y sus familias entreguen datos de identidad a plataformas privadas extranjeras como condición para ejercer un derecho. Se trata de una recolección masiva de datos de menores para “proteger” menores.
• La libertad de asociación. (art. 25 Constitución). Si la definición abarca cualquier sistema que permita interacción entre dos o más usuarios, estamos prohibiendo que un menor de 14 años participe en grupos de estudio en línea (aunque supuestamente existe una excepción a este), comunidades religiosas digitales, foros de interés o cualquier forma de asociación que ocurra en internet.
• Autonomía familiar y patria potestad. El proyecto impone obligaciones a los padres, pero simultáneamente les quita la capacidad de decidir. Un padre que considere que su hijo de 12 años puede usar responsablemente una plataforma educativa con componente social estaría incumpliendo la ley. El Estado sustituye el criterio parental por una prohibición absoluta por edad.
• Proporcionalidad como principio constitucional. Incluso aceptando que existe un interés legítimo en proteger menores, una prohibición de acceso a todas las plataforma con interacción social para menores de 14 (sin gradualidad, sin excepciones funcionales, sin distinción por tipo de plataforma) no supera un test de proporcionalidad.

Lo que la literatura sí respalda, incluidos los propios estudios que este proyecto cita, es un enfoque radicalmente diferente al de la prohibición. Por ejemplo, concluyen que, para mejorar la salud mental infantil es esencial guiar a los niños en el uso adecuado de redes sociales y asegurar un fuerte acompañamiento familiar y social. No recomiendan prohibiciones de acceso.

La evidencia apunta a una combinación de educación digital desde edades tempranas, regulación del diseño adictivo de las plataformas (scroll infinito, autoplay, algoritmos de engagement), fortalecimiento de herramientas de control parental voluntarias y persecución penal efectiva de los delitos que ya existen en nuestro Código Penal: grooming, sextorsión, ciberacoso.

España incluyó reformas penales y programas de alfabetización digital. Reino Unido está incorporando educación en medios como contenido obligatorio del currículo. Eso es lo que hace una legislación seria.

Prohibir el acceso a “plataformas digitales” para menores de 14 años no es protección. Es la simulación de protección. Y cuando un proyecto de ley usa evidencia que no entiende para justificar restricciones que no funcionan, el costo no lo pagan las plataformas: lo pagan los menores, que se quedan sin herramientas, sin educación y sin derechos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Durante los últimos meses he participado en muchas conversaciones sobre inteligencia artificial y tecnologías de última frontera. En empresas, foros gremiales, ante autoridades políticas, en juntas directivas y con emprendedores, en casi todas aparece la misma mezcla de emociones: fascinación y un poco de vértigo.

Hoy la IA no solo escribe textos o diseña imágenes. Ya está programando software completo, depurando código, generando arquitecturas, ejecutando pruebas y hasta desplegando aplicaciones. Herramientas recientes permiten tener agentes autónomos trabajando directamente en nuestras computadoras: leyendo correos, ejecutando tareas, navegando sistemas, conectando aplicaciones y tomando acciones como si fueran asistentes digitales con criterio operativo. Incluso pueden coordinarse entre ellos para resolver procesos complejos.

Cada semana aparece algo nuevo que hace cosas que, hace apenas un año, parecían ciencia ficción. Pero el cambio no se queda solo en lo que vemos en una pantalla; la inteligencia artificial ya está empezando a transformar cómo operan las empresas, cómo toman decisiones los gobiernos y cómo funcionan industrias completas, pasando de ser una herramienta de apoyo a convertirse en una capa activa que ejecuta, decide y optimiza en tiempo real.

En otras palabras, no estamos simplemente frente a una nueva herramienta digital. 

Estamos presenciando el comienzo de una transformación mucho más profunda en la forma en que producimos, decidimos, gobernamos y creamos valor en la sociedad, pero también en la forma en que entendemos el mundo y socializamos. 

Es, en realidad, un cambio de paradigma para la humanidad y, desde mi perspectiva, un experimento social global.

Cuando la tecnología avanza, lo humano se revaloriza

Pero, mientras más avanzamos hacia ese mundo hiper-digital, empiezan a surgir otras conversaciones, con menos hype, pero definitivamente más profundas: conversaciones sobre lo humano.

Yo no sé si todo esto tenga que ver con mi propia experiencia y formación. Soy ingeniero y llevo más de 25 años trabajando en la industria de la tecnología, construyendo empresas y exportando servicios de alto valor agregado a los mercados más competitivos del mundo. Además, soy generación X, lo que significa que me ha tocado vivir en primera fila algunos de los cambios tecnológicos más radicales de las últimas décadas.

Crecí jugando con las primeras consolas de Atari, cuando la computación todavía era algo casi mágico y muy lejano para la mayoría de las personas. Luego… ¡boom!, vinieron las computadoras personales, el internet, los teléfonos inteligentes, el cloud computing… y ahora la inteligencia artificial generativa que recién inicia.

Haber recorrido ese camino deja inevitablemente el sesgo de creer profundamente en la tecnología y en su enorme potencial para hacer el bien, para ampliar nuestras capacidades y para abrir oportunidades que antes simplemente no existían. Pero, al mismo tiempo, presenciar tantas transformaciones me ha dado también cierta perspectiva sobre cómo cada gran ola tecnológica termina cambiando no solo lo que hacemos, sino también nuestro pensamiento sobre lo que significa ser humanos.

Por eso, cuando pienso en la inteligencia artificial, me interesa tanto lo que las máquinas van a ser capaces de hacer como lo que eso podría provocar en nosotros como personas.

Y es que, cuando una tecnología se vuelve omnipresente, normalmente pasa algo interesante en la cultura… aparece el deseo de lo contrario.

Pasó con la industrialización. Cuando todo empezó a producirse en masa, nació el valor de lo artesanal. Pasó con la comida. Mientras más dominaban los alimentos procesados, más valor empezaron a tener lo orgánico, lo local y lo hecho a mano, el slow food.

Pienso que algo parecido va a pasar con la inteligencia artificial.

La IA produce, o pronto llegará a producir, algo muy particular que yo llamaría “perfección estadística”: textos correctos, imágenes impecables, respuestas optimizadas, análisis sofisticados y profundos.

Pero, precisamente por eso, en un mundo lleno de contenido generado por máquinas y software, pienso que las personas, al menos de vez en cuando, vamos a empezar a valorar más las cosas profundamente humanas.

Las cosas imperfectas, las que no están optimizadas por un algoritmo, las que nacen 100% de una mente humana.

Como ese momento en el que uno dijo: “no sé exactamente cómo, pero esto puede funcionar”… y, contra toda lógica, funcionó. O el cuaderno lleno de tachones donde se apuntaron las ideas y presupuestos que luego se convirtieron en un nuevo negocio, una casa o un proyecto. O el dibujo de tu hijo, con cabezas y brazos gigantes, sin reglas de colores ni proporciones. O la receta de mi mamá escrita a mano en un papel desgastado.

Básicamente, las cosas tangibles que llevan una huella 100% humana.

Menos IA, más creatividad

De hecho, no me sorprendería que en algunos años aparezca una nueva etiqueta en los productos: “human-made” (porque de fijo será en inglés). Un libro escrito completamente por una persona, una pintura, una canción que tal vez no rime perfecto, pero que cuenta una historia profundamente humana.

Y no creo que esto nazca como nostalgia. Lo veo más bien como diferenciación.

Porque la IA está produciendo una abundancia casi infinita de contenido: artículos, imágenes, música, ideas, empresas, productos… y, cuando algo se vuelve infinito, lo escaso y lo exclusivo siempre ganan valor.

En ese contexto, el otro día hablaba con una amiga de que podría surgir algo que los influencers podrían llamar back to human, y que en Tiquicia posiblemente podríamos traducir como: “menos IA, más jupa…”.

Y ojo, no digo que esto signifique rechazar la tecnología. La IA será, queramos o no, parte integral y empotrada de nuestra vida cotidiana, como lo es hoy internet o los dispositivos móviles. Pero sí podría aparecer un gusto creciente por espacios donde la experiencia humana no esté completamente mediada por algoritmos, y donde la imperfección tenga un valor especial. Quién sabe, de pronto veremos negocios de “AI detox”, espacios donde, a propósito, se suspenda la asistencia algorítmica.

Lugares donde pensar, crear o conversar vuelva a ser una experiencia completamente humana… y altamente gratificante. No porque la tecnología sea mala, sino porque la mente humana también necesita pensar, necesita silencio, necesita prueba y error. Tal vez porque no todo lo valioso deba estar optimizado.

En un mundo lleno de inteligencia artificial, lo verdaderamente extraordinario podría seguir siendo ser humano.

Y lo que más me emociona es que en Costa Rica ya hasta tenemos el eslogan perfecto para ese mundo: Costa Rica, sin ingredientes artificiales.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Costa Rica podría ver su reputación financiera afectada este año si no actuamos ya.

En 2024, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos indicó que debíamos corregir el hueco en la regulación de las empresas que trabajan en criptoactivos, para evitar el lavado de dinero y financiamiento del crimen.

De no hacerlo, podemos caer en la lista gris, lo que implica una afectación tangible:

• Los préstamos internacionales del país salen más caros. Bancos y organismos internacionales cobran más intereses porque ven al país como “riesgoso”.
• Los bancos extranjeros desconfían. A los bancos de Costa Rica les cuesta más trabajar con bancos de afuera, o algunos simplemente cortan la relación.
• Enviar y recibir plata se vuelve lento y caro. Transferencias internacionales tardan más, cuestan más y a veces se bloquean “para revisión”.
• Menos empresas quieren invertir aquí. Los inversionistas prefieren países donde mover dinero y operar es más sencillo y predecible.
• Los exportadores y empresas formales son los más golpeados. Cobrar desde el exterior se complica, se atrasa el flujo de caja y se pierden negocios.

El GAFI nos vuelve a evaluar este año y, si no corregimos a tiempo, vamos a sufrir el impacto de caer en esa lista gris.

El expediente 22.837 era un intento para resolver esta situación, sin embargo, por diversas razones, a pesar de tener apoyo en el actual Congreso, quedó en el congelador y no se avanzó.

Este tema no se trata de que nos gusten o no las criptomonedas y los activos digitales. Ya existen empresas que trabajan en el intercambio, custodia y transferencia de criptomonedas y criptoactivos, por ende, deben estar registradas, vigiladas y con obligaciones claras contra lavado de dinero.

A nadie se le obliga a usar las criptomonedas ni se “legalizan” como monedas. Pero sí se evita que la falta de regulación nos genere problemas.

Se requiere un proyecto de ley similar (o el mismo 22.837 pero corregido) para reducir significativamente el riesgo de caer en la lista gris y así:

• Definir qué es un activo virtual.
• Definir quién es un proveedor de servicios.
• Someterlos a registro.
• Imponerles obligaciones de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo).
• Permitir la supervisión basada en riesgo.

Aunque este tema suene como algo sumamente técnico, necesitamos adelantarnos a este riesgo, porque podría traer afectaciones reales en las vidas de todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.