Opinión
Nada es gratis
RESUMEN
Una de las ideas más extendidas entre las personas es que la salud o la educación públicas son gratuitas, de hecho, se afirma que la educación pública es “gratuita y obligatoria.” No obstante, tales servicios y otros más no son gratuitos, alguien los paga de una u otra manera.“En pleno Siglo XXI y todavía hay quien cree que…”, es una expresión que usamos para resaltar que haya quien todavía crea en ideas que consideramos absurdas en la actualidad o mejor dicho, que ya debieron haber sido superadas. Uso esta frase como introducción a este artículo tomándome el atrevimiento de completarla con algo que encontramos aún hoy con frecuencia:
“En pleno Siglo XXI y todavía hay quien cree que los servicios públicos son gratis.”
La mayoría hemos asistido a la educación pública, visitado centros de salud del Seguro Social e incluso, quizás hemos tenido la necesidad de llamar a la policía para poner una denuncia. En todas esas ocasiones recibimos un servicio y a cambio, no nos cobraron nada.
Todos esos servicios, que en el momento de recibirlos parecen gratuitos, de alguna forma ya fueron pagados y es más, se pagan todos los días y entre todos los mantenemos.
El mecanismo por excelencia por el que pagamos por los servicios públicos son los impuestos y a través de ellos, el Estado cubre el costo de los servicios que brinda. Se generan impuestos en muchas ocasiones y de diferentes formas:
- Cuando una empresa declara sus ganancias (impuesto sobre la renta de personas jurídicas).
- Cuando una persona declara sus ingresos (impuesto sobre la renta de personas físicas).
- Cuando nos cobran un porcentaje extra al final de cada factura que pagamos (impuesto al valor agregado).
- Cuando compramos una propiedad o un carro (impuestos sobre el traspaso de bienes muebles e inmuebles).
- Cuando se importan productos en el exterior (impuestos arancelarios).
- Cuando cada año debe pagarse por una propiedad (impuestos sobre bienes inmuebles).
- Cuando … .En fin, hay muchísimos más “cuandos”.
En general, podemos decir que todo aquello que sea susceptible de ser gravado, puede o si no lo es aún, podrá caber dentro del alcance de algún impuesto. Son tan omnipresentes los impuestos, que se nos presentan en formas que podríamos no percibirlos como tales. Un ejemplo de esto son las cargas sociales, las cuales no son más que pagos obligatorios repartidos entre empresas y trabajadores que suelen destinarse para financiar programas de seguridad social, atención médica y las pensiones y que más allá de instituciones, sus autonomías o las regulaciones, las cargas sociales no son más que otro impuesto, en este caso, sobre el salario.
La existencia o inexistencia de determinados impuestos, el porcentaje a gravar, el esquema tributario y cualquier aspecto de la política fiscal estará sujeta al tamaño del sector público y a la orientación ideológica del gobierno de turno.
Lo que tienen en común todos los impuestos es que se traducen en pagos obligatorios que hacen las personas y las empresas. El mismo término “impuesto” nos indica que son obligatorios y por su naturaleza, al no ser voluntarios, el no pagarlos puede exponer a una persona o a una empresa a multas o a penas de cárcel. La obligación de pago, forzada por la amenaza de sufrir un castigo en caso de no hacerlo, nos demuestra un carácter de coacción necesaria para que las personas y empresas los cancelen en tiempo y forma. Esa necesidad de ejercer coacción, forzando a que otros hagan lo que libremente no harían, provoca que algunos afirmen, quizá con razón, que los impuestos son un robo legalizado.
Cuando los impuestos no son suficientes para sufragar el gasto que asume el Estado para proveer y mantener los servicios públicos, lo cual sucede muy a menudo por no decir siempre, se echa mano del endeudamiento. En este caso, el Estado solicita préstamos a entidades que le puedan facilitar ese dinero. Todos hemos oído los nombres del FMI, Banco Mundial o el BCIE, ya que estas entidades están diseñadas para prestar dinero a los países o más específicamente, a sus gobiernos.
Hay que señalar que también se le puede pedir préstamos a otros países directamente. En los años setenta, por ejemplo, se le pidió un préstamo a la entonces República Federal de Alemania para impulsar una política educativa, la cual, quizá no le sorprenda el hecho, nunca se ejecutó (la política, ya que los fondos sí se recibieron y se asumió la deuda). Entre otros muchos casos, también se le ha llegado a pedir dinero prestado a China.
Igual como le sucede a una persona que no administra bien sus gastos, dado que el endeudamiento es básicamente obtener dinero fácil y rápido, se suele caer en la irresponsabilidad de abusar de este mecanismo, a la vez que la posibilidad de recibir dinero por esta vía, retrasa la decisión de subir impuestos para aumentar los ingresos del Estado. Dado que es menos impopular endeudar al país que subir impuestos, se prefiere recurrir al endeudamiento, siempre que haya alguien dispuesto a prestar el dinero. El financiamiento por deuda, al igual que los impuestos, tiene un costo que recae sobre todos a excepción de los políticos, pero a futuro, se tendrán que pagar más impuestos para hacerle frente a las obligaciones adquiridas (pagar por lo prestado y sus intereses).
Respecto al endeudamiento entonces, le recomiendo memorizar esta frase:
El aumento de impuestos que no paga hoy, lo pagará mañana.
Más allá de los impuestos, también hay otras formas por las cuales el Estado obtiene ingresos para sufragar el gasto de los servicios públicos. Ejemplos de formas alternativas son las siguientes:
- Aprovechando las utilidades de las empresas estatales, si es que las generan ya que de lo contrario, sus pérdidas se convierten en otro gasto por cubrir.
- Ir a la guerra contra otro Estado, vencerle, conquistarle, saquear sus reservas monetarias, recursos y hacerle pagar costes de ocupación y reparaciones de guerra (si pierden la guerra pues todo sería al revés)
- Lo que hacen los países árabes, Noruega y Singapur por medio de fondos soberanos de inversión los cuales adquieren acciones de empresas que cotizan en bolsa, obteniendo así parte de las ganancias de esas empresas y como los casos anteriores, también se asume un riesgo.
Es gracias a todos estos mecanismos que el Estado puede proveer educación y salud, estos servicios que algunos consideran “gratuitos”. Es también por medio de ellos que se pueden hacer otras cosas que no he mencionado, tales como la construcción y mantenimiento de obra pública, la compra de equipos e insumos de diversas índoles y el otorgamiento de subsidios y ayudas estatales.
Todo eso, más allá de la ilusión de la gratuidad, lo pagamos todos y en consecuencia, el coste recae sobre cada ciudadano de una u otra forma. Nada es gratis, los servicios públicos y en general todo el gasto público se paga a través de impuestos, endeudamiento y lo que aporten las empresas estatales y en todos estos rubros, el que pone el dinero es el ciudadano, el mal llamado contribuyente.
Entender que nada de lo que da el Estado es gratis nos permite plantearnos las siguientes preguntas:
¿Cuánto nos cuesta mantener al Estado? ¿Recibimos un servicio que justifique lo que pagamos al Estado? ¿Debe mi dinero destinarse a sufragar determinados gastos? ¿Hay que reformar el Estado? ¿Es eficiente el gasto público?
Entender esto debería empujarnos a hacer algunas cosas:
- Exigirle al Estado que cumpla con sus funciones y provea servicios públicos de calidad, acorde a lo que se paga en impuestos y lo que se pagará por el endeudamiento.
- Exigirle al Estado que elimine los gastos totalmente innecesarios a través de la eliminación de burocracia, privilegios y programas innecesarios.
- Demandar al Estado por publicidad engañosa cada vez que diga que la educación o la salud son gratis.
La imagen de lo “gratis” nos llevaría quizás a no exigir, acorde con el refrán; “A caballo regalado no se le mira el diente”. Recordemos con lo que iniciamos el artículo; que estamos en pleno Siglo XXI y ya deberíamos tener claro a esta altura, que todos estos caballos no son regalados.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Opinión
Un llamado a la calma
RESUMEN
El reciente hackeo al sistema de correo de la Universidad de Costa Rica expone una creciente vulnerabilidad en la ciberseguridad de instituciones públicas, donde se han enviado amenazas de bomba y mensajes que incitan a la violencia. Este evento pone de manifiesto un clima de odio y polarización en el país, exacerbado por discursos públicos y tensiones políticas. La reflexión sobre el futuro de Costa Rica resalta la urgencia de frenar estos llamados al conflicto y reconstruir un ambiente de respeto y civilidad para recuperar
Otro hackeo en un sistema de correo electrónico de una entidad pública. Esta vez, el blanco fue la Universidad de Costa Rica (UCR). Mi hijo me contó que enviaron una amenaza de bomba —tres, para ser exactos— a todos los estudiantes de la universidad. El correo, titulado “Este correo ha sido intervenido”, lanzaba amenazas contra los rectores y estudiantes que defienden el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Como especialista en seguridad de sistemas de correos electrónicos, lo primero que pensé fue en analizar la vulnerabilidad del sistema. El hecho de que el correo se haya enviado desde una cuenta oficial indica que alguien accedió a ella, lo cual plantea muchas preguntas: ¿Fue el administrador del sistema? ¿El propietario de la cuenta? ¿Hackearon el sistema de correo? ¿Se dejó desatendida una computadora desde la que se enviaron esos correos?
Este es un caso perfecto para debatir sobre ciberseguridad y la importancia de proteger la información en las instituciones públicas. Aunque hoy no hablaré de ese tema, lo dejaré para otra ocasión.
Este incidente presenta un aspecto mucho más peligroso: el clima de odio y violencia que cada vez es más frecuente en nuestro país.
La política costarricense se ha llenado de odio, resentimiento y amenazas. Sí, estoy de acuerdo en que urge un cambio en los privilegios y en la gestión del FEES. Sin embargo, las amenazas y la violencia jamás deben ser la solución a esa problemática. Durante años, hemos permitido que las universidades públicas actúen con una autonomía que, a todas luces, hoy se debe reevaluar. Pero ¿realmente queremos que esta causa termine en violencia? ¿Queremos ver a costarricenses desplazados solo porque no piensan igual que el Gobierno?
Me preocupa enormemente el discurso de odio que hemos tolerado durante años. Este mismo discurso ha encendido una chispa que, si no apagamos pronto, será muy difícil de extinguir. La lucha de los poderes del Estado comienza a reflejarse en las calles, y los llamados de los gobernantes se replican entre el pueblo, que al final será víctima de sus propias acciones.
No podemos permitir que esto continúe. Amenazar con bombas o incitar a las armas solo por pertenecer a una universidad o sostener una causa ideológica debería preocuparnos a todos. ¿Cómo podemos detener este impulso? ¿Será ya tarde o aún estamos a tiempo de recuperar la Costa Rica de paz que tanto nos ha llenado de orgullo?
Creo que aún estamos a tiempo, pero solo si dejamos de lado la violencia que nos rodea. Debemos trabajar juntos para encontrar soluciones en conjunto, debatir de manera civilizada y, sobre todo, respetarnos los unos a los otros. La violencia no nos llevará al país que soñamos para nuestros hijos.
Ellos merecen un país como en el que crecimos, donde puedan caminar por las calles a cualquier hora, salir con amigos y sentirse seguros, y expresar sus puntos de vista sin miedo a represalias. Necesitamos recuperar esos espacios de diálogo en los cuales debatir diferentes puntos de vista sea una oportunidad para crecer todos, como país. Seguiré luchando para que todos puedan expresar sus pensamientos, aunque no comparta sus ideas.
Defenderé siempre el derecho a opinar sin temor a ser amenazado, porque ahí reside nuestra fuerza: en el respeto y en nuestra capacidad para construir.
Reitero que es crucial dejar de lado los insultos y la polarización y abrir más espacios de diálogo y discusión ciudadana. Invitemos a las personas a participar, a involucrarse en comités regionales, cantonales y provinciales, ya sean de índole social o política, para que sus voces sean escuchadas y formen parte de las soluciones.
También necesitamos crear espacios de meditación y relajación donde las personas puedan aprender a gestionar sus emociones en lugar de caer en la violencia. Además, necesitamos más parques y centros recreativos o deportivos donde la comunidad pueda interactuar de manera positiva, fortaleciendo el tejido social y creando un ambiente de respeto y colaboración.
La construcción de un país pacífico, justo y próspero solo es posible cuando todos participamos activamente, desde el respeto y la empatía.
Juntos podemos recuperar esa Costa Rica que nos llenó de orgullo durante generaciones, pero solo si actuamos con inteligencia, civismo y unión. El futuro de Costa Rica depende de nuestras acciones hoy. Debemos detener la violencia, abandonar el odio y construir juntos el país que tanto anhelamos. La respuesta está en nuestras manos y es una responsabilidad que no podemos ignorar.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Opinión
Libertad y responsabilidad en carretera
RESUMEN
Defender las ideas de la libertad implica asumir la responsabilidad que conlleva ser libres. Eso aplica para la conducción en carretera y, de la misma forma, sirve para explicar por qué estamos ante un aumento en el costo del marchamo.
“Con gran poder, viene una gran responsabilidad”, es una expresión que forma parte de uno de los diálogos más icónicos de las películas del Hombre Araña. Si llevamos esta frase a un contexto más amplio, en un mundo donde el liberalismo sea la guía, podríamos decir: “con nuestra libertad individual viene gran responsabilidad.”
Este parece ser el estigma que acompaña a la libertad: no es fácil tenerla porque hay que protegerla, defenderla y, sobre todo, usarla con responsabilidad, respetando también las libertades de los demás.
Se plantea aquí una realidad fundamental que debemos reconocer: la libertad, en cualquier ámbito, conlleva compromisos y obligaciones.
Ser libre no significa actuar sin consecuencias; más bien, implica un constante equilibrio entre el ejercicio de derechos individuales y la consideración hacia el colectivo. Este concepto se aplica a todos los ámbitos de la vida, y uno de los ejemplos más claros en nuestra cotidianidad, es el debate en torno al marchamo vehicular.
El Debate sobre el Marchamo
Antes de que comiencen las críticas sobre que este año los vehículos pagarán más por el marchamo, y me pregunten por qué, siendo uno de los impulsores de la rebaja del impuesto a la propiedad vehicular, es necesario aclarar algunas cosas. Es momento de hablar utilizando la razón, los hechos y las estadísticas, que son la base para una política pública efectiva y coherente.
Para quienes no están familiarizados con el término, el famoso “marchamo” se compone principalmente de tres elementos: un impuesto primario a la propiedad de los vehículos, varias cargas parafiscales (otros impuestos menores) y el cobro del seguro obligatorio automotor (SOA).
En mi tiempo en la Asamblea Legislativa, impulsé un proyecto de ley que modificó específicamente el cálculo del impuesto a la propiedad vehicular como componente principal del marchamo. Este fue el cambio que, en su momento, se aprobó. Sin embargo, es fundamental entender que el resto de los componentes del marchamo, como las cargas parafiscales y el seguro obligatorio automotor, permanecieron inalterados bajo otras normativas.
Este es uno de los motivos por los cuales muchos conductores, en particular los motociclistas, no han visto una reducción significativa en el costo del marchamo. Aunque logramos ajustar el impuesto a la propiedad y su fórmula, el componente que pesa más para muchos de ellos es el seguro obligatorio automotor, el cual está directamente vinculado a la siniestralidad en las vías.
La Siniestralidad y el Seguro Obligatorio
Como sucede con cualquier seguro, las primas se calculan en función del riesgo. Si un colectivo genera una mayor cantidad de siniestros, el costo de asegurar a ese grupo se incrementa. En este caso, los motociclistas, como colectivo, han visto cómo las tarifas del SOA aumentan, debido al elevado número de accidentes en los que están involucrados. Esto no es una especulación, sino un hecho respaldado por las estadísticas.
Después de años de ser conductor en las calles y carreteras del país, puedo afirmar con seguridad que existe un desafío considerable en la manera en que se conduce, particularmente en el caso de los motociclistas. Con todo respeto para aquellos que sí manejan con responsabilidad, es evidente que muchos no lo hacen. Es común observar motociclistas que invaden carriles, rayan por la derecha, circulan a altas velocidades, utilizan el arcén de las carreteras y, en general, no respetan las normas básicas de tránsito. Estas conductas incrementan su riesgo y, como resultado dada la cantidad de accidentes asociados, elevan el costo del seguro para todo el colectivo.
Este no es un problema que el Instituto Nacional de Seguros (INS) esté inventando para justificar el aumento de tarifas. Basta ser un conductor habitual para darse cuenta de la cantidad de motociclistas involucrados en los accidentes que ocurren diariamente en nuestras vías. Así, la prima del SOA no es una cifra fortuita, sino una consecuencia directa de un problema de responsabilidad en el uso de la libertad que tienen los motociclistas para circular por nuestras carreteras.
Propuestas para Reducir la Siniestralidad
La pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo abordamos este problema? No podemos continuar por este camino, donde los accidentes siguen ocurriendo a un ritmo alarmante y los costos de los seguros se disparan, afectando a quienes sí manejan con responsabilidad. Aquí propongo algunas medidas concretas que podrían implementarse para reducir la siniestralidad y, en consecuencia, disminuir el costo del SOA para los motociclistas.
- Campañas de Educación Vial Específicas para Motociclistas: El primer paso es educar. Necesitamos campañas de concienciación que se enfoquen en el respeto a las normas de tránsito y la importancia de la conducción segura. Estas campañas deben estar orientadas específicamente a los motociclistas y deben ser amplias, utilizando medios de comunicación masiva, redes sociales, y eventos comunitarios. Aquí hago un llamado a las compañías de economía colaborativa quienes tienen una gran cantidad de socios repartidores. El que no haya accidentes es algo que beneficia a estas empresas, a sus socios y al consumidor en general. No solo hay que premiar la eficiencia en el envío, sino también podrían incluir alguna métrica que reconozca la conducción responsable.
- Incentivos para la Conducción Responsable: El INS podría explorar la creación de un sistema de incentivos para aquellos motociclistas que tengan un historial de conducción sin accidentes. Este tipo de mecanismos ya se utilizan en otros países y podrían ser una manera efectiva de recompensar a los conductores responsables, disminuyendo sus costos de seguro.
- Mayor Fiscalización en Zonas de Alto Riesgo: Las autoridades de tránsito deben intensificar la fiscalización en las zonas donde se registran más accidentes, no solo mediante multas, sino también con la implementación de cámaras de vigilancia que registren infracciones como el adelantamiento indebido, la circulación por el arcén y el exceso de velocidad. Estas medidas ayudarían a disuadir comportamientos peligrosos y reducir la cantidad de accidentes. Sobre esto, debería revivirse bajo la óptica de la seguridad, el proyecto de fotomultas que en un balbuceo incoherente fue enterrado por la Sala Constitucional.
- Cursos Obligatorios de Manejo Defensivo: Implementar cursos de manejo defensivo obligatorios para todos los motociclistas sería una medida preventiva crucial. Estos cursos podrían formar parte del proceso de renovación de licencias y estarían orientados a enseñar técnicas de conducción segura, así como a recalcar la importancia de respetar las reglas de tránsito.
- Mejoras en la Infraestructura Vial: Aunque las conductas individuales son parte del problema, también debemos reconocer que la infraestructura vial en muchas zonas del país no está diseñada para soportar el creciente número de motocicletas en nuestras calles. Es necesario invertir en mejoras viales, como la creación de carriles exclusivos para motocicletas en las carreteras más transitadas.
- Tecnología y Monitoreo del Tránsito: Aprovechar la tecnología es esencial. El uso de aplicaciones que monitorean el comportamiento de los motociclistas, brindando reportes en tiempo real sobre su conducción, podría ser una herramienta valiosa. Estas apps podrían estar conectadas con el INS y ofrecer descuentos en el SOA para quienes mantengan una conducción segura durante períodos prolongados.
Conclusión
El debate sobre el marchamo y el costo del seguro obligatorio para los motociclistas es, en última instancia, un reflejo de un problema más amplio: el uso responsable de la libertad. Si queremos ver una disminución en los costos del SOA, debemos atacar la raíz del problema, que es la alta siniestralidad asociada con los motociclistas.
Conducir es un derecho, pero también una responsabilidad que no todos ejercen de la manera correcta.
No quiero dejar de mencionarnos a nosotros, los conductores de vehículos particulares, sobre todo aquellos que circulan por la vía uno o la veintisiete: señores, no es necesario manejar respirándole en la nuca al conductor de adelante. Eso solo produce accidentes sin sentido que elevan también el costo del SOA para los vehículos particulares.La implementación de las propuestas aquí planteadas no solo ayudaría a reducir el número de accidentes, sino que también tendría un impacto positivo en la economía de los conductores responsables, quienes verían una disminución en sus primas de seguro. La libertad de conducir debe ir acompañada de un profundo respeto por la seguridad propia y la de los demás. Solo así lograremos un sistema de transporte más seguro, eficiente y justo para todos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Opinión
El futuro nos alcanzó: Costa Rica en la era del nexo tecnológico
RESUMEN
El avance tecnológico está cambiando las reglas del juego a nivel mundial y Costa Rica no está exenta de enfrentar estos desafíos. En un entorno donde la inteligencia artificial y la biotecnología prometen transformar el trabajo, la economía y la ética, el país debe decidir si aprovechar estas oportunidades para mantener su estabilidad social y sus valores, o correr el riesgo de quedarse rezagado. Adaptarse no es una opción, es una necesidad para proteger lo que somos y lo que queremos ser en un futuro donde el poder ya no se mide en territorio, sino en datos y control de la información.
Prometo no convertir ALA LIBERAL en un espacio para comentar los libros que estoy leyendo, pero Yuval Noah Harari es uno de mis autores favoritos. Sus obras son bien argumentadas, sugestivas y orientadas a producir discusión. En mi caso, Sapiens, Homo Deus, 21 Lecciones para el Siglo 21 y, en esta ocasión, el libro que inspira estas líneas: NEXUS, han cumplido ese propósito.
En una discusión profunda sobre el futuro, Harari presenta un mundo en el que la humanidad se encuentra en una encrucijada. No se trata solo de la continuación de los avances tecnológicos de las últimas décadas; es un cambio radical que cuestiona la esencia misma de lo que significa ser humano. Nada más, ni nada menos.
Sus argumentos, basados en la historia y la filosofía, arrojan luz sobre una realidad donde la inteligencia artificial, la biotecnología y la ciencia de datos podrían redefinir la sociedad tal como la conocemos. Aunque esto podría sonar evidente, me parece que la mayoría del mundo civilizado aún no ha comprendido la profundidad del cambio que estamos viviendo. Decir que “se avecina” es negar lo que ya está ocurriendo. La pregunta es: ¿qué implica esto para un país como Costa Rica?
Costa Rica en la Encrucijada Tecnológica
Como nación retratada por su énfasis en la paz, la sostenibilidad y los derechos humanos, Costa Rica debe participar activamente en esta conversación para asegurarse de que estos principios no se queden atrás en la carrera por la supremacía tecnológica.
La tesis central del libro gira en torno a la idea de un “Nexo Tecnológico”: un punto donde la historia, la tecnología y la ética se cruzan de formas impredecibles. Costa Rica, un país con un desarrollo basado en un contrato social sólido, compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos, ahora debe reflexionar sobre su lugar en este nuevo nexo.
Es fácil ver la tecnología como una simple herramienta: una forma de aumentar la productividad, generar empleos o incluso impulsar los esfuerzos de sostenibilidad. Sin embargo, Harari sostiene que es mucho más que eso.
La tecnología es una fuerza que redefine las normas sociales, reconfigura nuestras identidades y altera el poder dentro de las sociedades.
Pensemos en el papel que los macrodatos jugaron en las elecciones de EE. UU. en 2016 o en cómo los algoritmos impulsados por IA influyen en lo que vemos y creemos en las plataformas de redes sociales.
Desafíos para Costa Rica en la Era Digital
Para Costa Rica, las implicaciones son claras. Como pequeña nación con una tradición de participación democrática, debemos mantenernos vigilantes para asegurarnos de que nuestras estructuras políticas y sociales no se vean erosionadas por la mano invisible de la tecnología. ¿Significa esto tener miedo y caer en un ánimo negacionista? Jamás. Lo que significa es que debemos educarnos y seguir la ruta de la alfabetización digital. Solo así podremos potenciar a nuestro país y todas sus fortalezas en un mundo cambiante.
Desde la abolición del ejército en 1948 hasta el liderazgo en energía renovable, Costa Rica ha adoptado posiciones visionarias. Pero, en el ámbito de la biotecnología, Harari anticipa un futuro con “superhumanos” mejorados física y cognitivamente. Aunque parezca ciencia ficción, los avances recientes indican que estamos más cerca de esta realidad de lo que pensamos.
Costa Rica, como nación que valora la igualdad e inclusividad, enfrenta un dilema ético: ¿deberíamos aceptar estos avances si pueden curar enfermedades y prolongar la vida, o resistirnos sabiendo que estas tecnologías podrían aumentar las desigualdades?
Personalmente, prefiero la primera opción, pero me preocupa que el acceso limitado profundice las divisiones en nuestra sociedad, especialmente considerando nuestro debilitado sistema de seguridad social. Un sistema que muchos dicen defender, cuando en realidad buscan perpetuar un modelo que protege a sectores sindicales y mandos medios. Después se sorprenden por el alto porcentaje de informalidad en el país…bueno, no me desvío.
Preparando a Costa Rica para el Futuro
Hemos dependido de nuestra fuerza laboral bien capacitada para atraer inversiones, particularmente en tecnología, pero las predicciones de Harari sugieren que incluso el trabajo altamente calificado podría ser superado por máquinas que aprenden y se adaptan más rápido. Esto no se trata solo de la pérdida de empleos, es una pérdida de identidad.
¿Qué hace una sociedad construida alrededor del conocimiento y la innovación cuando su principal activo, el talento humano, deja de ser necesario? Debemos pensar en esto ahora. En el contexto reciente de la discusión del FEES, más que nunca, debemos decidir si destinamos recursos a programas de recalificación o a nuevas industrias que complementen, en lugar de competir con la IA.
Las decisiones políticas determinarán si Costa Rica emerge como una sociedad resiliente y adaptativa o cae en la trampa del desempleo masivo y la agitación social.
Datos: La Nueva Religión del Siglo XXI
Una de las observaciones más impactantes de Harari es que los datos se han convertido en la “nueva religión” del siglo XXI. Como un país conocido por su sólida democracia y fuertes libertades civiles, Costa Rica debe preguntarse: ¿Cómo aseguramos que el uso de los datos sea transparente y responsable?
En este nuevo orden mundial, el poder no pertenece a quienes poseen tierras o capital, sino a quienes controlan el flujo de la información.
En la Asamblea Legislativa hay un buen proyecto de ley para la protección de los datos personales, pero la visión estatista y anquilosada que romantiza una Segunda República agotada no deja avanzar estas iniciativas con la celeridad necesaria.
Si queremos prosperar en esta era, debemos aprobar un marco regulatorio que proteja la privacidad de los ciudadanos sin frenar la innovación. Esto es particularmente relevante a medida que desarrollamos nuestra propia economía digital. Un error aquí podría conducir a una sociedad en la que unas pocas grandes corporaciones o gobiernos extranjeros tengan un poder desmedido sobre nuestras vidas diarias.
El mensaje global de Harari es claro: los desafíos que plantean estas nuevas tecnologías no pueden ser resueltos por países individuales que actúan de manera aislada. Aunque la presencia de Costa Rica en el escenario global puede parecer pequeña, nuestra historia de liderazgo en áreas como la política ambiental y los derechos humanos nos otorgan una voz única en el contexto internacional.
Sin embargo, la cooperación global comienza con la acción local. Debemos fomentar debates públicos SERIOS (sí, lo escribí en mayúscula a propósito, especialmente al recordar un proyecto de ley presentado en este cuatrienio para regular la IA hecho con CHAT GPT). Es fundamental que discutamos cómo estas tecnologías nos afectarán e involucremos a todos los sectores de la sociedad—academia, gobierno, empresas privadas y organizaciones civiles—en la formulación de políticas.
No podemos, ni debemos, ser meros espectadores en un juego donde las reglas se están escribiendo en otros lugares.
Las ideas de Harari no son solo advertencias para un futuro lejano, sino un llamado a la acción hoy mismo. Costa Rica debe decidir si será un consumidor pasivo de tecnología o un protagonista activo de su propio destino. Las decisiones sobre IA, biotecnología y datos determinarán nuestro futuro y el significado de ser humano. En un mundo donde el control sobre nuestro destino es incierto, Costa Rica debe abogar por un progreso tecnológico ético y respetuoso con la dignidad humana. No es solo una responsabilidad nacional, sino un imperativo moral.
Aceptemos el desafío y forjemos un futuro donde los valores costarricenses sean un ejemplo para el mundo.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
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