Economía
¿Justicia Radiada? La Necesidad de Actualizar los Pagos de los Radiodifusores por el Espectro Radioeléctrico
RESUMEN
Aunque el Poder Ejecutivo posee las herramientas necesarias para actualizar las tarifas que pagan los radiodifusores por el uso del espectro radioeléctrico, no ha existido la iniciativa ni la voluntad para liderar tan importante tarea. Mientras tanto, continúan vigentes los montos establecidos en 1954.Desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de actualizar los montos del impuesto de radiodifusión que pagan los concesionarios de radio y televisión abierta y gratuita, por el uso del espectro radioeléctrico. ¿De dónde provienen dichos montos? ¿Qué debe hacerse para actualizarlos? ¿Quién es el responsable de esta tarea? Conozcamos la respuesta a estas interrogantes.
Antecedentes
Los impuestos que deben pagar los operadores de radiodifusión abierta y gratuita por el uso del espectro radioeléctrico fueron establecidos como un monto fijo en colones, por la Ley de Radio N.° 1758 del año 1954. Por esta razón, la tarifa no solo quedó desactualizada, con el transcurso de los años, sino que solamente puede actualizarse mediante otra ley, cuya iniciativa es de la propia Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo.
En razón de lo anterior, la Contraloría General de la República (CGR), mediante informe CGR N.° DFOE-IFR-IF-6-2012 de 30 de julio del 2012, emitió una directriz para que el Poder Ejecutivo (que para estos efectos está conformado por el presidente de la República y el ministro del MICITT) promoviera, con carácter de prioridad, un proyecto de ley para actualizar las tarifas vigentes del impuesto anual de radiodifusión. De igual manera, mediante Informe N.° DFOE-IFR-IF-05-2013 del 3 de julio de 2013, la CGR reiteró la necesidad de “Elaborar en un plazo de 6 meses, un proyecto de ley orientado a resolver la desactualización de los montos del impuesto de radiodifusión.”
En línea con lo anterior, siendo director de Concesiones y Normas del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) y, posteriormente, viceministro de Telecomunicaciones, procedí a redactar una propuesta de Ley con el fin de actualizar los montos, en conjunto con el equipo técnico del Viceministerio. En esta oportunidad, lo que se hizo fue traer a valor presente los montos estipulados en la Ley, utilizando el índice del Banco Central, e indexarlos con base en un salario mínimo, de tal manera que, a partir de ese momento, pudieran continuar actualizándose en forma automática.
En relación con el tema de las tarifas, es importante aclarar dos cosas:
- Que la actualización de los montos debe estar apegada a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.
- Que no es procedente comparar el uso del espectro radioeléctrico que le dan los operadores de redes de radiodifusión sonora y televisiva, de aquél que le dan los de redes de telecomunicaciones disponibles al público. Mientras los primeros obtienen sus ingresos principalmente de la pauta publicitaria, los segundos mantienen relaciones contractuales con sus clientes y, producto de dichos servicios, obtienen sus mayores fuentes de ingreso.
Pateando la bola
El proyecto de ley para variar las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico fue puesto en consideración del presidente Carlos Alvarado Quesada, desde el primer día de su administración. Sin embargo, a pesar de la insistencia de este servidor (los que me conocen saben cuán insistente puedo ser), durante esa administración, el Poder Ejecutivo no remitió la propuesta al Congreso, tal y como lo había indicado la CGR.
De igual manera, desde el primer día de la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, el MICITT ha tenido la propuesta en su escritorio, con la potestad de modificar la manera de cálculo que se había propuesto, en caso de no estar de acuerdo. Lamentablemente, a pesar de ser disposiciones de acatamiento obligatorio, el Poder Ejecutivo no ha presentado, al día de hoy, proyecto de ley alguno que pretenda aumentar los montos que pagan los radiodifusores por el uso del espectro radioeléctrico. Ante la falta de iniciativa, en el año 2023 un grupo de Diputados presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente N.° 23.673, denominado “Reforma de los artículos 11, 17, 18, 21, 22, 23 y adición de los artículos 23 bis, 28 y 29, a la ley N.° 1758, Ley de Radio, de 19 de junio de 1954.”
Resulta, por decir lo menos, desconcertante, que, a pesar de las menciones que se hacen desde el gobierno de la República sobre el monto tan bajo que se paga por el uso del espectro, el Poder Ejecutivo “no haya movido un dedo” para que dicho monto se actualice; además de la ausencia de una iniciativa propia, el expediente N.° 23.673 supra citado no fue tampoco convocado por el Ejecutivo, durante el período de sesiones extraordinarias pasado, que es cuando tiene la facultad de proponer los proyectos de ley que deben discutir y votar los congresistas.
En línea con lo indicado, puedo afirmar contundentemente lo siguiente:
- El Poder Ejecutivo siempre ha tenido a su disposición las herramientas necesarias para proponer una actualización de los montos que pagan los operadores de radiodifusión sonora y televisora, por concepto de uso del espectro radioeléctrico, y, hasta el día de hoy, no ha echado mano de ellas.
- Mientras tanto, los montos están desactualizados y debe hacerse lo necesario para traerlos a valor presente. En este sentido es urgente que se apruebe la iniciativa de Ley que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente N.° 23.673.
- La Superintendencia de Telecomunicaciones no tiene, dentro de sus competencias, incorporar proyectos de ley a la corriente legislativa.
- El tema de los impuestos no tiene relación alguna con el proceso de prórroga o licitación de las concesiones de radio y televisión.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
RESUMEN
Costa Rica no sufre por falta de instituciones, sino por un modelo que reparte funciones sin repartir responsabilidades. La mezcla de entes sociales y rectores fuera de lugar creó un sistema donde nadie controla el rumbo y todos justifican su existencia. Mientras la pobreza apenas empieza a moverse, seguimos sin una estructura capaz de sostener avances ni de rendir cuentas. Lo urgente no es sumar más organismos, sino exigir dirección, orden y resultados reales para las personas, no para la burocracia.
Costa Rica lleva décadas construyendo una red interminable de instituciones para “atender lo social”. Hoy son 13 sectores y 35 entes públicos que supuestamente deberían combatir pobreza, proteger a la niñez, asegurar vivienda, velar por derechos humanos, impulsar empleo y más. La pregunta es inevitable: ¿y los resultados?
La imagen lo deja en evidencia: estamos ante un sistema fragmentado, duplicado y sin responsables claros. Un rompecabezas institucional donde cada pieza depende de otra, pero ninguna responde por el cuadro completo. Y esa ausencia de rectoría no es casual: es estructural.
Veamos el detalle por sector a atender:
- Adulto Mayor:
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Agro:
- Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Asuntos Indígenas:
- Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
- Derechos Humanos (DDHH):
- Defensoría de los Habitantes
- Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
- Discapacidad/Salud
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Educación:
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Empleo:
- Agencia Nacional de Empleo
- Consejo Nacional de Salarios
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Financiamiento:
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
- Mujeres:
- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente
- Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Niñez/Juventud:
- Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Pobreza:
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)
- Seguridad:
- Ministerio de Justicia y Paz
- Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)
- Vivienda:
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Y para terminar de completar el panorama además de esas 35 instituciones, hay que sumar a los rectores políticos y administrativos que —en teoría— deberían ordenar este desmadre: Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, MAG, JAPDEVA, Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura y Juventud. Y la pregunta obvia es qué hacen estos rectores metidos en este baile cuando sus funciones se enfocan en otro lado. Ahí es donde más fácil queda retratado que la política ha sido: ante un problema, inventemos una institución; si no funciona, inventemos otra. Y así llegamos a este punto.
Todos estos entes tienen poder de decisión, pero operan en una lógica donde la responsabilidad siempre se diluye.
Mientras tanto, la realidad es incómoda:
- La pobreza estuvo estancada por encima del 20% durante años.
- Ahora bajó, pero el Estado de la Nación advierte que no tenemos manera de saber si es sostenible.
- Y el sistema social sigue evaluándose por la cantidad de beneficios otorgados, no por cuántas personas dejan de necesitar los apoyos.
La consecuencia es obvia: El único problema económico que sí estamos resolviendo es el de los burócratas que operan estas instituciones, no el de las familias que quieren salir adelante.
Porque en un país tan pequeño, la fragmentación es más que un defecto de diseño: es una forma de evitar responsabilidades. Cada institución tiene objetivos, presupuestos y mandatos propios, pero nadie responde por los resultados finales. Nadie. Y sin responsables, no hay mejoras, no hay eficiencia y no hay justicia social verdadera.
Costa Rica necesita, con urgencia, una revisión profunda del sistema social.
No para crear más instituciones, sino para exigir:
- Rectoría real
- Coordinación efectiva
- Evaluación por resultados
- Responsables definidos
La pobreza no se combate con más logos. Se combate con decisiones claras, instituciones que funcionen y un Estado que rinda cuentas.
En Primera Línea seguiremos poniendo orden en el mapa.
Porque alguien tiene que hacerlo.
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