Una Asamblea Constituyente implica reflexionar sobre el momento histórico que atraviesa el país.

Este es un tema complejo y sensible, a menudo abordado desde una perspectiva emocional y visceral en lugar de académica o reflexiva. ALA LIBERAL busca ser un espacio de análisis y propuesta alejado de las discusiones impulsivas que dominan la política tradicional, donde la madurez para debatir se sustituye con frecuencia por epítetos y descalificaciones. El debate sobre una Asamblea Constituyente no tiene una respuesta absoluta; no es blanco o negro, sino una cuestión con múltiples matices de gris. 

Sin embargo, es indudable que en los últimos años esta idea ha ganado terreno, promovida por sectores que consideran que el pacto político, económico y social del país ha quedado rezagado y es incapaz de responder a las nuevas realidades de una sociedad dinámica, moderna y cambiante.

La mera convocatoria de una Asamblea Constituyente implica reflexionar sobre el momento histórico que atraviesa el país y sobre los objetivos que se buscan alcanzar con un cambio profundo en la Carta Magna.

A raíz de una presentación reciente organizada por Primera Línea del historiador Andrés Fernández, y los argumentos que expone sobre la manipulación de la historia y los mitos políticos en Costa Rica, me surgió la pregunta de si una Constituyente es realmente la solución que el país necesita o si, por el contrario, podría profundizar sus problemas. 

Esta charla es sumamente interesante, y para quienes no la vieron en vivo, aquí incluyo el enlace. Andrés es un historiador riguroso y sin rodeos, lo cual se evidencia en esta sesión. De lo que se comenta ahí, hay cinco puntos con los que se argumenta la necesidad de una Asamblea Constituyente.  Profundizo a continuación en cada uno de ellos.

1. Superación de un marco constitucional obsoleto

Uno de los argumentos más sólidos a favor de una Asamblea Constituyente es la necesidad de actualizar una Constitución que data de 1949. En ese entonces, Costa Rica emergía de una guerra civil y la prioridad era consolidar un nuevo orden institucional que garantizara la paz. Este marco sirvió bien a su propósito en un contexto de posguerra, pero las condiciones actuales del país son radicalmente distintas. 

Una Asamblea Constituyente podría ofrecer la oportunidad de diseñar un marco fundamental que incorpore estos desafíos y redefina las competencias del Estado para responder mejor a las necesidades contemporáneas.

2. Revisión de las autonomías constitucionales y la centralización estatal

Otro argumento relevante es la necesidad de descentralizar el poder político y económico. Desde la creación de la Segunda República, instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han concentrado un poder desmesurado. Aunque han sido fundamentales en la historia del país, hoy operan de manera autónoma y sin coordinación con otras políticas públicas.

Reformar estas instituciones dentro de un marco coherente podría hacer que el Estado funcione como un aparato bien engranado y alineado hacia un fin común.

No obstante, se debe evaluar si el país está preparado para un proceso de este tipo sin caer en la polarización extrema. La intervención de estas instituciones no debe interpretarse como un debilitamiento del Estado, sino como una reestructuración que permita una mayor coherencia en las políticas de desarrollo. 

3. Desmantelamiento de mitos históricos

Uno de los puntos más interesantes que plantea Fernández es la forma en que los partidos políticos tradicionales han utilizado mitos históricos para justificar su permanencia en el poder y sus decisiones políticas.

La abolición del ejército en 1948, por ejemplo, se ha presentado como una especie de acto heroico que convirtió a Costa Rica en un “ejemplo de paz” en América Latina. Sin embargo, Fernández argumenta que esta medida también se implementó para consolidar el poder de José Figueres y evitar la amenaza de futuros golpes de Estado. Así, la abolición del ejército fue un acto que, aunque promovido bajo el discurso de la paz, también respondió a intereses políticos de mantener el control del país.

Del mismo modo, el concepto de la “Segunda República” ha sido empleado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otras fuerzas políticas para justificar la supremacía de su visión y excluir del debate a otras voces. Fernández critica este uso de la historia, la cual se convierte en una herramienta de legitimación que ha impedido que se debatan abiertamente otros modelos de desarrollo y gobernanza.

Una Asamblea Constituyente podría ser el espacio ideal para confrontar estos mitos y para desmantelar la narrativa oficial que ha dominado el imaginario político costarricense. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el proceso se convierta en un campo de batalla ideológico, donde cada grupo intente imponer su propia versión de la historia en la nueva Constitución.

El peligro radica en que el debate histórico se utilice como un instrumento de poder, en lugar de servir para construir un proyecto de país inclusivo y representativo. 

4. Reformar el sistema educativo para promover una ciudadanía crítica

Fernández menciona con preocupación la manera en que el sistema educativo y las instituciones culturales del país han sido cooptados por ciertas ideologías que distorsionan la historia y promueven una visión simplista de los problemas del país. En este sentido, una Asamblea Constituyente podría ser la oportunidad para reformar profundamente el sistema educativo, no solo en cuanto a la estructura y el contenido, sino también para garantizar que se convierta en un verdadero motor de pensamiento crítico e independiente.

No obstante, es ingenuo pensar que una nueva Constitución, por sí sola, podrá reformar un sistema educativo que ha sido moldeado durante décadas. Los cambios requerirían más que un nuevo marco legal; se necesitaría una transformación cultural y una reestructuración institucional que no necesariamente pueden lograrse a través de una Asamblea Constituyente.

Si no se aborda con la seriedad que requiere, la Asamblea podría convertirse en una plataforma para imponer ideologías aún más polarizadoras, en lugar de abrir un espacio para la diversidad de pensamiento. 

5. Promover una mayor representatividad y participación ciudadana

Finalmente, una Asamblea Constituyente podría ayudar a reformar el sistema político para garantizar una mayor representatividad. El sistema electoral actual ha sido diseñado de manera que favorece a los partidos tradicionales, dificultando la entrada de nuevas fuerzas políticas y manteniendo a la clase política en una suerte de monopolio de poder.

La creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana podría revitalizar la democracia costarricense y darle voz a sectores históricamente excluidos. Sin embargo, este es un proceso delicado que requiere un equilibrio entre la representación y la gobernabilidad.

La proliferación de partidos y movimientos podría llevar a una fragmentación extrema del poder, haciendo aún más difícil alcanzar consensos y mantener la estabilidad política del país. Además, es importante recordar que una Constituyente no es una panacea que resolverá automáticamente los problemas de representatividad y participación. Si no se manejan adecuadamente, las reformas electorales podrían llevar a un sistema más disfuncional y menos capaz de generar soluciones a los problemas reales del país. 

Conclusión

La idea de una Asamblea Nacional Constituyente para Costa Rica es, sin duda, atractiva. Una idea con la cual comulgo y que considero necesaria ante realidades innegables como la inminente extinción del sistema de seguridad social. No por estar tomado por mandos medios o sindicales, no por tener una estructura amorfa sin una debida gobernanza, sino por una realidad sociodemográfica: 

Costa Rica está envejeciendo y nuestro sistema de Seguridad Social supone una sociedad joven. Esta no es la realidad de nuestro país. El otro día participé de una charla donde se compartió que dadas las proyecciones de natalidad en nuestro país, Costa Rica no va a alcanzar los seis millones de habitantes. Eso anticipa una sociedad envejecida donde el sistema de seguridad social debe cambiar. 

La idea de una Asamblea Constituyente, ofrece la posibilidad de reformar profundamente el Estado y su funcionamiento, de revisar la historia y de actualizar las instituciones a las realidades contemporáneas. Sin embargo, el camino hacia una Constituyente no está exento de peligros. 

La convocatoria de una Asamblea debe hacerse con una visión clara de los objetivos a alcanzar y con la certeza de que no se convertirá en un espacio de imposición ideológica o en un campo de batalla entre grupos de poder. 

Costa Rica debe reflexionar detenidamente sobre si está preparada para enfrentar el reto de una Asamblea Constituyente y sobre si existen otras vías, quizás menos disruptivas, para lograr las reformas que el país necesita. Pero para eso se requiere madurez. No solo emocional, sino profesional. 

Una Constitución no es solo un documento legal; es la expresión de un consenso social. 

Antes de cambiarla, es necesario preguntarse si realmente se cuenta con el consenso necesario, y las ideas correctas, para construir una nueva y mejor visión de país.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Cuando un líder populista irrumpe en la escena política de un país, las élites de los sectores político, empresarial e intelectual se escandalizan y se apresuran a rechazar ese camino como incorrecto. Sin embargo, estas élites a menudo ignoran que su inacción y sus abusos han sido, en gran medida, responsables de la aparición del populismo. Al enfocarse solo en su propio beneficio y al descuidar el desarrollo nacional, estas élites se han convertido en cómplices de la llegada de líderes populistas.

Es importante reconocer que los problemas actuales no surgieron de manera espontánea. Las prácticas de repartir recursos públicos en forma de privilegios injustos, poner obstáculos al desarrollo económico, favorecer a los amigos, mantener instituciones ineficientes, permitir la impunidad y abandonar a la ciudadanía a su suerte tienen consecuencias. Estamos pagando el precio de estas acciones. 

La existencia de pensiones de lujo, diferencias salariales extremas entre instituciones y privilegios absurdos en convenciones colectivas es un reflejo de un sistema político e institucional que no ha funcionado correctamente.

Durante los años ochenta, en lugar de tomar decisiones difíciles, las élites optaron por la estrategia del “nadadito de perro”, donde unos pocos se enriquecieron a expensas de la mayoría, bajo la premisa de que “el pueblo” seguiría soportando. Cada sector buscó su propio beneficio sin considerar que “no hay almuerzo gratis” y que las exoneraciones e incentivos se cargarían eventualmente al resto de la población.

Como dice el refrán, “tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe”. La gente se ha cansado de un sistema educativo que expulsa a los estudiantes, un sistema de salud con listas de espera de 500 días, el 60% de los adultos mayores sin pensión y un 40% de informalidad laboral. ¿Cómo se espera que alguien mantenga un sistema costoso que no satisface sus necesidades básicas?

Reformas estructurales urgentes

Mientras algunos líderes logran conectar efectivamente con la ciudadanía frustrada, sus opositores continúan con discursos sobre la importancia de la democracia y la institucionalidad, conceptos que poco importan a quienes enfrentan hambre e injusticias. Para tener una democracia funcional, se requiere institucionalidad, pero esto no implica mantener el sistema tal como está.

El desfile de políticos tradicionales, muchos de ellos responsables de la actual debacle, sigue con discursos sobre la importancia de mantener el diálogo y volver a nuestras raíces. Sin embargo, estas raíces están marcadas por el cinismo y la negligencia.

En lugar de solo defender el sistema actual, las élites deberían invertir su tiempo en proponer mejoras que busquen satisfacer las necesidades ciudadanas. Deberían trabajar en reformas para acabar con la impunidad y la corrupción en el sector público, y reconocer que los sistemas de salud y educación han colapsado y requieren reformas estructurales. Estas iniciativas serían revolucionarias en nuestro contexto y conectarían con la ciudadanía.

Sin embargo, continuar apoyando instituciones públicas sin reconocer sus fallos es inútil. La CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) y el MEP (Ministerio de Educación Pública) son responsables del desempleo estructural: una por ser cara y la otra por no proporcionar herramientas adecuadas. Si no partimos de estas realidades amargas, no podremos cambiar el rumbo del país.

Propuestas concretas para el cambio

En materia electoral, impedir que los partidos políticos desaparezcan por inacción mantiene vivos los vehículos para cualquier aventurero político. Pero tampoco ayuda su complejo sistema de financiamiento ni la falta de exigencia en lo referente a la calidad de sus programas de gobierno o de sus exponentes individuales.

En lugar de tratar de vender la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sería mucho más conveniente que los actores políticos tradicionales aceptaran su responsabilidad en la situación actual, dieran paso a nuevos liderazgos y aportaran su experiencia para trabajar en las reformas estructurales que necesitamos, aunque sean dolorosas e impopulares.

Algunas de estas reformas podrían incluir lo siguiente:

• Dividir la CCSS en tres áreas y sacarla de la operación de los hospitales, como lo establece la Constitución.
• Intervenir el AyA (Acueductos y Alcantarillados) y el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) para evitar los racionamientos que ya se producen en la primera y prevenirlos en el segundo.
• Implementar un sistema de vales o cupones en la educación, que permita a los padres elegir la escuela y el colegio de sus hijos.
• Debatir sobre los servicios que brinda el Estado (cuáles, por qué, para qué y cómo medirlos), para ajustar su estructura a nuestra realidad. Esto podría implicar el cierre de instituciones innecesarias y el despido de empleados públicos.
• Realizar una verdadera reforma del empleo público con el fin de responsabilizar a los empleados de sus acciones y acabar con la impunidad.
• Simplificar el sistema tributario, eliminando exoneraciones, reduciendo tasas y ampliando la base fiscal.
• Automatizar y digitalizar procesos, lo cual mejoraría la gestión de los recursos públicos y facilitaría el control ciudadano.
• Trabajar en la implementación de un sistema de compras públicas eficaz y amigable, que permita mejorar el control ciudadano y evitar contrataciones fraudulentas.

Estos cambios afectarían a los grupos que se han beneficiado del sistema durante décadas. Implican abandonar el “enamoramiento institucional” que tanto daño ha hecho, y exigir servicios eficientes en lugar de defender instituciones fallidas. Estas acciones requieren coraje y valentía, ya que enfrentarán la resistencia de las élites que se han enriquecido del desorden. Sin embargo, si se implementan correctamente, traerán beneficios tangibles para la mayoría y obtendrán el apoyo ciudadano necesario para progresar.

En conclusión, el populismo no habría surgido si quienes tenían el poder no hubieran abusado de él. Las élites políticas deben aceptar que sus métodos son la causa del problema y dar espacio a líderes que propongan soluciones diferentes. 

Su momento de figurar ya pasó: ese es su amargo banquete. Si realmente quieren dejar un país mejor, deben aportar su experiencia para implementar un nuevo modelo de desarrollo, o dejar el camino libre para quienes estén dispuestos a enfrentar los desafíos actuales.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

He estado debatiéndome sobre cuál debería ser el tema de mi columna de hoy. Claramente, el caso alrededor de la tercerización de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social es lo que ocupa los titulares del día. Sin embargo, me parecería irresponsable y hasta temerario subirme al tren de los que opinan sin contar con todos los hechos, o sin haber leído un análisis experto que permita valorar la situación con el rigor que merece. 

Después de todo, la materia penal no es un juego, y cualquier opinión que se emita desde una plataforma pública debe ser mesurada y fundamentada.

Lo que sí lamento, en este punto, es que un mecanismo legítimo y necesario como la tercerización de servicios públicos —en manos de empresas privadas, bajo una adecuada supervisión— pueda haber quedado irreparablemente dañado en el imaginario colectivo.

La tercerización, bien gestionada, es una herramienta que ha demostrado ser útil en muchas partes del mundo para mejorar la eficiencia de los servicios. No obstante, si en este caso se han cometido errores, el impacto va mucho más allá del hecho puntual. Se corre el riesgo de minar la confianza en un mecanismo que podría ser beneficioso para el país.

El tiempo y los hechos determinarán la verdad en este caso, y espero que las explicaciones que se den sean claras y sustentadas en la realidad. Hasta aquí el tema de moda. Quisiera pasar a algo más profundo y que, a mi juicio, tiene implicaciones más duraderas en nuestra democracia.

El desencanto político y el ruido mediático

No sé ustedes, pero cada vez se me hace más difícil seguir el contenido noticioso en Costa Rica, sin importar el “bando” que lo emita. Parece que, en todos los casos, lo que prevalece es el ruido y la polarización. Sin embargo, el hecho más revelador de la reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) no es el apoyo a tal o cual figura política, sino el abrumador desencanto de la población con la clase política en general. 

Ocho de cada diez costarricenses se sienten decepcionados de los partidos políticos. Y no es difícil entender el porqué.

Como ha señalado acertadamente mi buen amigo Mario Quirós en sus análisis, los partidos políticos han olvidado el lado más importante de la ecuación: lo que la gente quiere, sus demandas. El enfoque de las agrupaciones políticas está únicamente en la oferta: quién es el candidato, cuáles son las promesas del momento, qué anécdotas o nostalgias pueden revivir para atraer a las bases tradicionales.

Si se trata de uno de los partidos más viejos, recurren a los recuerdos de caudillos de antaño o expresidentes que ya no resuenan con las generaciones más jóvenes, quienes, dicho sea de paso, son quienes decidirán las próximas elecciones.

Este enfoque limitado, centrado solo en la oferta y no en la demanda, ha llevado a que los partidos políticos sean hoy una de las instituciones peores valoradas del país. Y muy cerca en esa triste clasificación está la Asamblea Legislativa, el foro político por excelencia. 

Este desencanto generalizado es una señal de advertencia que no puede ni debe ser ignorada.

Durante mi tiempo en la función pública, me esforcé por presentar propuestas de política pública basadas en datos. Creía, y aún creo, que esto otorga autenticidad a los planteamientos y permite debatir con detractores de manera educada y sensata. Aun así, parece que en Costa Rica hemos perdido de vista la importancia de la discusión fundamentada.

Las decisiones basadas en datos, lejos de ser una regla, se han convertido en la excepción. Y, lamentablemente, esa es una de las razones por las cuales nuestra política se ha desconectado tanto de la ciudadanía.

Claramente, como dirían los anglosajones: That ship has sailed.

Así que, pensando en los políticos que asumirán responsabilidades en el 2026 (todos los que hemos pasado por la función pública sabemos que tenemos fecha de expiración, aunque algunos prefieran ignorarlo y sigan regresando como una mala secuela cinematográfica), me permito ofrecer un consejo.

Es un consejo sencillo, pero creo que fundamental. Lo hago desde la perspectiva de alguien que por azar terminó en la política, que por razones personales tuvo forzadamente que dejarla, y que por razones de lógica no optará por regresar a un puesto de elección popular. Sin embargo, siempre estaré dispuesto a colaborar desde la academia o el sector privado, consciente de que en este esfuerzo estamos todos involucrados.

Mi consejo es simple: escuchen. No a sus asesores de campaña o a las encuestas del momento. Escuchen de verdad a la gente. Si hoy el 83 % de las personas en edad de votar no se identifican con ningún partido político, es porque estos partidos han olvidado lo esencial: lo que la ciudadanía demanda. Escuchar no es solo una estrategia política, es la base de una democracia saludable. 

Y cuando hablo de escuchar, me refiero a una escucha activa, donde las opiniones y preocupaciones de los electores se toman en cuenta no solo para ganar votos, sino para diseñar políticas que realmente respondan a sus necesidades.

Pero la escucha, por sí sola, no es suficiente. También deben ser auténticos en su discurso. Tener una ideología es legítimo, y si esta guía su visión política, debe marcar el rumbo de su vida pública. Sin embargo, no se puede intentar agradar a todos, menos en las redes sociales. El algoritmo no lo permite, y mucho menos el sentido común.

Los políticos que intentan ajustarse a cada tendencia o corriente de opinión terminan siendo percibidos como vacíos o inconsistentes. Y en un contexto de tanta desconfianza, la autenticidad es más valorada que nunca.

Así que, políticos del mañana, escuchen a sus electores, sean genuinos en sus propuestas y, sobre todo, recuerden que la política es un servicio, no un escenario.

Solo así podremos recuperar la confianza en nuestras instituciones y avanzar hacia una democracia más sólida y representativa.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.