Si me hubieran preguntado antes de leer el reporte del estudio, o incluso antes de que se realizara, habría apostado sin dudar sobre lo que la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) acaba de confirmar: en el mercado del azúcar de Costa Rica existe un MONOPOLIO (sí, en mayúsculas). 

Este monopolio no solo distorsiona la competencia, sino que, al igual que sucede con el arroz, perjudica directamente a los consumidores. 

En este caso, la figura que perpetúa esta distorsión no es CONARROZ, sino la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA). Aunque los actores cambian, la protección que ambos han recibido históricamente de la política tradicional, en especial del Partido Liberación Nacional, se mantiene intacta.

El estudio de mercado sobre la caña de azúcar y sus derivados en Costa Rica expone sin tapujos un sistema altamente regulado y controlado por LAICA, un ente público no estatal que domina toda la cadena de producción, distribución y comercialización del azúcar en el país. Este marco legal, establecido principalmente por la Ley N°7818, ha creado un mercado cerrado y monopólico, plagado de ineficiencias económicas y barreras a la competencia. Este diagnóstico no debería sorprendernos. Ya la OCDE nos lo había advertido durante nuestro proceso de adhesión al organismo. Lo novedoso es la profundidad del análisis presentado en este estudio, el cual recomiendo leer detenidamente.

La COPROCOM hizo un gran trabajo y podemos anticipar que lo mismo sucederá en el caso de los medicamentos.  Por esta razón es que es tan importante que este ente, meramente técnico e independiente, tenga el financiamiento adecuado para que se realicen este tipo de estudios y se accione como se debe, para así garantizar una libre competencia, lo que sin duda representa beneficios para todos nosotros: los consumidores.

Un análisis contundente del sector azucarero en Costa Rica

Históricamente el sector azucarero ha sido una pieza clave de la economía agrícola costarricense. Sin embargo, su relevancia ha disminuido en las últimas décadas, tanto en términos de empleo como de extensión cultivada. A pesar de su importancia, el sector enfrenta desafíos críticos en términos de eficiencia y competitividad. A nivel global, la producción de azúcar en Costa Rica es minúscula en comparación con gigantes como Brasil y Estados Unidos, lo que nos coloca como tomadores de precios, vulnerables a las fluctuaciones del mercado internacional.

Uno de los hallazgos más impactantes del estudio es la identificación de ineficiencias productivas y asignativas, resultado directo del marco regulatorio vigente. Bajo la sombrilla de LAICA, los ingenios azucareros operan como un cártel, repartiéndose la “Cuota Nacional de Producción de Azúcar” y fijando precios muy por encima de los niveles competitivos. Esta práctica no solo encarece el azúcar para los consumidores, sino que también aumenta los costos para industrias que dependen de este insumo, como la alimentaria y la farmacéutica.

La estructura monopólica de LAICA ha cerrado prácticamente todas las puertas a nuevos actores en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional, mediante la imposición de barreras elevadas a la importación y un control férreo de la producción interna. Estas barreras incluyen aranceles del 45% al azúcar importado y medidas de salvaguardia que, en lugar de proteger a los consumidores, perpetúan la falta de competencia en el sector. 

Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué no se aplica el mismo tratamiento al sector azucarero que al sector arrocero? Ciertamente, la “Ruta del Azúcar” es una iniciativa que recibiría con entusiasmo. 

Será interesante ver cómo los economistas que tradicionalmente abogan por la libre competencia intentan justificar este monopolio.  No duden que pronto veremos artículos defendiendo estos intereses sectoriales.

El impacto devastador en la competencia y el bienestar del consumidor

El impacto negativo de este sistema sobre la competencia es profundo y evidente. Las restricciones a la importación, combinadas con la estructura de cuotas, resultan en precios artificialmente elevados para el azúcar, afectando desproporcionadamente a los consumidores de menores ingresos. 

El estudio subraya que la política de protección sectorial beneficia principalmente a los productores de caña y a los ingenios, mientras que los consumidores financian esta protección a través de precios más altos. Como he sostenido en otras ocasiones, y lo reitero ahora: los consumidores somos mayoría, por lo que las decisiones de política pública deben tomarse en nuestro beneficio. 

No es aceptable ni justificable proteger sectores o productores si eso significa perjudicar a la mayoría. Además, las ineficiencias productivas son alarmantes. 

La productividad de los ingenios azucareros costarricenses es baja en comparación con sus contrapartes internacionales. Estas ineficiencias conducen a una asignación ineficiente de recursos, donde la producción de azúcar para consumo humano se prioriza sobre la producción de etanol, a pesar de las tendencias globales que favorecen la producción de biocombustibles como una estrategia para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Recomendaciones urgentes para mejorar la competitividad del sector

Para que el mercado del azúcar en Costa Rica opere en condiciones de verdadera competencia, es imperativo implementar reformas profundas que eliminen las distorsiones actuales y promuevan un entorno más abierto y dinámico. Las recomendaciones clave del estudio incluyen:

• Eliminación de las Cuotas de Producción: La Ley N°7818 debe ser derogada o profundamente modificada para eliminar las cuotas de producción asignadas a los ingenios y liberar la comercialización del azúcar a nivel minorista. Esta medida permitiría que la producción y los precios se rijan por las señales del mercado, en lugar de estar dictados por un ente centralizado como LAICA.
• Reducción de Barreras a la Importación: Es esencial reducir significativamente los aranceles y eliminar las medidas antidumping y de salvaguardia que actualmente protegen al sector azucarero local. Esto abriría el mercado a la competencia internacional, incentivando a los productores locales a mejorar su eficiencia y reducir sus costos.
• Fortificación del Azúcar Importado en Costa Rica: Actualmente, el azúcar importado debe llegar al país ya fortificado, lo que incrementa los costos de importación. Modificar el Decreto 39020-S para permitir la fortificación en Costa Rica nivelaría el campo de juego para los importadores, reduciendo costos y fomentando la competencia.
• Liberalización de la Producción y Comercialización de Alcoholes: Para fomentar un mercado competitivo, es necesario eliminar el monopsonio de FANAL sobre el alcohol producido por LAICA y los ingenios. Esto requeriría la derogación o modificación de los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, permitiendo que otros actores puedan producir y comercializar alcohol etílico para fines licoreros y otros usos industriales.

Conclusión: un llamado a la acción

El estudio es claro: el modelo actual del sector azucarero en Costa Rica, basado en una fuerte intervención estatal y un esquema que favorece el monopolio, no produce los resultados esperados en términos de eficiencia y competitividad. La reestructuración del sector no es solo urgente, sino necesaria para alinear la industria con las tendencias globales hacia mercados más abiertos y competitivos, donde la innovación y la eficiencia son recompensadas.

Implementar las recomendaciones propuestas no solo beneficiará a los consumidores al reducir los precios, sino que también incentivará a los productores a mejorar su productividad y diversificar sus productos, como el etanol, con beneficios adicionales en términos de sostenibilidad ambiental. En definitiva, replantear el ecosistema del azúcar en Costa Rica podría transformar al sector en un verdadero motor de crecimiento económico sostenible, alineado con las mejores prácticas internacionales y las expectativas modernas de libre competencia.

Es hora de que Costa Rica deje atrás los monopolios y abrace la competencia. Solo así podremos garantizar un futuro próspero y justo para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El reciente fallo del juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que suspendió la aplicación de la Ruta del Arroz ha reanimado el debate en torno al apoyo del sector agropecuario en el país. Recordemos que el Poder Ejecutivo decretó una rebaja sustancial en el arancel de importación, pasando de 35% a 3.5% para granza y 4% para arroz pilado. Los objetivos de la medida son, textualmente: “promover condiciones que se traduzcan en un mejor precio al consumidor y, dados los encadenamientos existentes del sector arrocero y su función en la economía costarricense, mantener niveles arancelarios que permitan también la producción nacional y el aprovechamiento simultáneo de los beneficios que conlleva el comercio internacional, todo ello dentro del margen de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la actividad administrativa que el Estado debe tutelar y fomentar.”

De esta forma, el decreto promueve un equilibrio entre objetivos contrapuestos. No es posible bajar el precio al consumidor y al mismo tiempo mantener la producción doméstica utilizando el arancel como única medida definida.

Un principio en políticas públicas sostiene que, para reconciliar objetivos en conflicto, se deben utilizar múltiples instrumentos.

Esto se conoce como la regla de oro de las políticas públicas, propuesta por el premio Nobel de Economía Jan Tinbergen. Para alcanzar con éxito múltiples objetivos, debe haber al menos un instrumento disponible para cada objetivo.

En diversas oportunidades he afirmado que es posible que Costa Rica tenga una producción de arroz competitiva y sostenible. El país tiene condiciones naturales de luminosidad, agua para riego y tierras disponibles, posee agricultores con conocimiento, disposición y compromiso, así como agroindustrias modernas que pueden competir a nivel global.

Se puede desarrollar una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad del sector arrocero y proteger el bienestar del consumidor.

Esta debe abarcar aspectos de productividad, zonificación basada en la disponibilidad de agua y sol, así como la ejecución de programas de financiamiento, investigación, extensión y apoyo tecnológico. Además, debe considerar la importancia de las economías de escala en la producción y comercialización, así como la necesidad de garantizar una transmisión efectiva de los precios internacionales hacia el mercado interno.

Es crucial tener en cuenta los desafíos actuales relacionados con la seguridad alimentaria: los conflictos geopolíticos, el cambio climático, la certeza y la facilitación de las importaciones y la concentración de importadores y minoristas en el mercado nacional.

Por supuesto que para realizar estas acciones se necesitan múltiples instrumentos, la acción de diferentes instituciones, el apoyo de la academia, el gremio y por supuesto, recursos económicos necesarios. Desgraciadamente, el énfasis de los gobiernos y los productores ha estado siempre en el arancel, que como ya vimos, tiene capacidades limitadas.

Lo expuesto hasta ahora puede generalizarse para proponer una ruta para la agricultura. Pese a todos los sesgos en su contra, la agricultura costarricense (incluyendo ganadería, acuacultura, pesca y alimentos), cumple múltiples funciones de máxima importancia para el país. Garantiza la seguridad alimentaria de los costarricenses y provee insumos para diversas industrias, desde fábricas de alimentos, a las de dispositivos médicos. Las divisas generadas por los 5 mil millones de dólares de productos agroalimentarios que se exportan son suficientes para pagar la factura petrolera e importar el resto de los alimentos que se consumen y los insumos para la producción que se necesitan.

El sector agropecuario es el empleador por excelencia en las costas y las fronteras, lo cual además nutre el tejido social de los territorios, tan expuestos últimamente al flagelo del desempleo y las actividades criminales. Es también garante y protector de los recursos naturales al implementar prácticas que conservan el suelo, gestionan eficientemente el agua, fomentan la biodiversidad, aumentan el secuestro de carbono, utilizan los recursos de manera eficiente y preservan los hábitats naturales.

En este contexto, uno de los hechos más relevantes de las últimas décadas es que el crecimiento relativo de otros sectores de la economía hace que el peso de la agricultura en el PIB sea relativamente pequeño. Esto hace que haya más recursos disponibles, generados por otros sectores, que pueden destinarse a apoyar las actividades agropecuarias en el país y de alguna manera recompensar el extenso período en que el sector fue la base y sustento de la economía de la nación.

Un estimado profesor que tuve en la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica explicaba que la agricultura requiere de políticas diferenciadas y acciones positivas. Hoy esto es más cierto que nunca. A continuación, detallo tres elementos generales de lo que puede ser la Ruta de la Agricultura de Costa Rica:

1. Elevar el posicionamiento estratégico del sector. Esto debe reflejarse en todas las instituciones públicas y niveles de organización, así como manifestarse en todos los territorios. Al definirse la agricultura como prioridad estratégica se facilitará el flujo de recursos, la ejecución de programas de apoyo y la conformación de alianzas y colaboraciones entre la academia, los gremios, las empresas del sector privado y las organizaciones de cooperación.
2. Abordar la maraña institucional y la falta de liderazgo que obstaculizan la toma de decisiones coherentes con el desarrollo del sector. Esto implica establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional y liderazgo dentro del Estado, especialmente en el Poder Ejecutivo, para garantizar una dirección unificada y coherente en políticas agrícolas. Es fundamental resolver los conflictos recurrentes entre los sectores de agricultura, ambiente, salud y comercio exterior adoptando enfoques integrados que consideren los impactos interrelacionados en estos ámbitos.
3. Ejecutar políticas diferenciadas y acciones positivas. Aprovechando su posicionamiento estratégico y respondiendo a su carácter multifuncional, la agricultura debe ser beneficiaria de políticas explícitas y acciones positivas que promuevan la productividad, aumenten el bienestar de los productores, utilicen las capacidades instaladas de producción en las costas y fronteras, fomenten la seguridad alimentaria y beneficien a los consumidores. Aquí me refiero al crédito, atracción de inversiones, tratamiento tributario, simplificación de trámites, apoyo productivo, compras públicas, construcción de infraestructura y facilitación del comercio, entre otras.

La agricultura ha sido pilar fundamental del desarrollo del país por 200 años. Con el enfoque estratégico y las políticas adecuadas podrá seguir cumpliendo sus funciones en las décadas por venir, respondiendo a los desafíos nacionales y globales, para continuar creando riqueza y bienestar para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.