La insistente defensa del statu quo: una oportunidad perdida para el sector arrocero

En un nuevo capítulo de la prolongada novela sobre el arroz en Costa Rica, la reciente opinión de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley que propone la creación de Fonarroz ofrece una valiosa perspectiva técnica sobre los riesgos y vacíos de esta propuesta. En mi columna anterior en Ala Liberal, titulada “Así no es el arroz”, ya había cuestionado este proyecto como un intento fallido de perpetuar las mismas prácticas proteccionistas que han estancado al sector durante décadas.

La CGR advierte, con claridad contundente, sobre la falta de precisión en la naturaleza jurídica del fondo propuesto lo cual puede generar incertidumbre institucional al no definir si se creará un ente público no estatal o un órgano desconcentrado de Conarroz. 

Esta confusión legislativa refleja una falta de rigor en el diseño que, lejos de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, amenaza con replicar los mismos errores de gobernanza que han afectado al sector arrocero desde la creación de Conarroz.

La oportunidad que Costa Rica no puede dejar pasar

En lugar de crear un nuevo fondo que aumente la fragmentación institucional y la burocracia innecesaria, la solución es cerrar Conarroz y redireccionar los recursos hacia iniciativas que promuevan competitividad y reconversión productiva. 

Durante mi gestión como diputado, presenté el proyecto de ley 23.951, enfocado precisamente en el cierre de esta entidad ineficiente. Este proyecto propone una ruta más sensata: destinar los fondos acumulados por Conarroz hacia asistencia técnica para pequeños productores y fortalecer la competencia mediante recursos para COPROCOM.

Es evidente que la existencia de Conarroz ha sido un lastre para la economía arrocera y para los consumidores costarricenses. 

A pesar de múltiples protecciones y subsidios, el sector ha mostrado una disminución sostenida en producción, área cultivada y número de productores. La CGR refuerza esta postura al señalar que el nuevo fondo no garantiza viabilidad financiera ni un impacto positivo para los consumidores.

El peso del proteccionismo disfrazado

El proyecto de creación de Fonarroz es, en esencia, otro intento de amiguismo y populismo por parte del Partido Liberación Nacional, que busca preservar estructuras obsoletas que solo benefician a sus partidarios mediante puestos bien remunerados en instituciones innecesarias. Como mencioné en mi columna anterior, “es fundamental cuestionar proyectos que, bajo el disfraz de la competitividad, buscan preservar privilegios sectoriales”.

Esta dinámica perpetúa una red de clientelismo que socava el desarrollo económico y la competitividad del país. No podemos seguir cediendo ante discursos populistas que apelan a una falsa justicia social mientras ignoran las realidades del mercado y los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito. 

La política agrícola necesita una transformación radical, y mantener instituciones como Conarroz es incompatible con este objetivo. 

La propia CGR advierte que la duplicidad de funciones entre Fonarroz y el Sistema de Banca para el Desarrollo es un riesgo significativo, además de señalar la falta de estudios de impacto que demuestren la sostenibilidad de los nuevos impuestos propuestos para financiar este fondo.

Hacia una política agrícola sostenible

La respuesta a los retos del sector arrocero no reside en más burocracia ni en subsidios ineficaces, sino en reformas que promuevan eficiencia y reduzcan los costos de producción. Tal como propuse en mi proyecto de ley, los recursos deberían enfocarse en la transformación productiva y en mejorar el acceso al crédito para los pequeños productores. Además, es fundamental fortalecer COPROCOM para promover prácticas comerciales justas y evitar monopolios perjudiciales para los consumidores.

Cerrar Conarroz y reorientar sus recursos es la única vía viable para liberar al sector arrocero de las cadenas del proteccionismo y la ineficiencia. Continuar con el proyecto de Fonarroz no solo sería un desperdicio de recursos, sino una traición a los principios de libre mercado que deberían guiar nuestras políticas públicas.

Conclusión

Costa Rica se encuentra en una encrucijada: seguir atada a estructuras institucionales arcaicas o avanzar hacia un modelo agrícola moderno y competitivo. 

La opinión de la CGR es un llamado a la sensatez. No podemos permitir que el clientelismo político frene el desarrollo del sector arrocero y, por extensión, de toda la economía nacional.

Es momento de enfrentar la realidad con valentía. Costa Rica no necesita más fondos que perpetúen el inmovilismo; necesita reformas que impulsen la productividad, reduzcan los costos y liberen al mercado de las amarras del monopolio. Como señalé en mi columna anterior, nuestras políticas públicas deben enfocarse en fomentar la reconversión productiva y en brindar herramientas reales a los productores para competir en un mercado abierto. Solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos los costarricenses.

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