El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International es uno de los principales referentes globales para evaluar la transparencia y el buen gobierno en el sector público. En su última edición, Costa Rica ha dado un importante paso adelante, mejorando su puntaje de 55 a 58, lo que nos coloca en la posición 42 de 180 países evaluados.

Esta es una noticia que merece reconocimiento y análisis. No solo porque nos posiciona como el país mejor calificado de Centroamérica y el tercero en Latinoamérica, sino porque refleja un esfuerzo conjunto de las instituciones, la sociedad civil y el sector privado por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Como señala Steven Pinker en su libro “Enlightment Now”, pese a que el mundo viene mejorando continuamente en casi todos los indicadores donde hay datos disponibles, la prensa por alguna razón empeora el tono de las noticias y no comunica lo positivo. Por eso es importante ver datos puntuales.

La corrupción sigue siendo un desafío global, y Costa Rica no es la excepción. 

Este avance no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir mejorando. , más que nunca, es momento de consolidar estos logros y mirar hacia adelante con ambición y determinación.

Un camino de avances: la evolución de Costa Rica en el IPC

A lo largo de los años, la posición de Costa Rica en el IPC ha experimentado altibajos. En 1997, nuestro puntaje alcanzó 64.5, una de las mejores calificaciones registradas. No obstante, en 2006 descendimos a 41, reflejando una época de desafíos en materia de gobernanza y control de la corrupción. La reciente subida a 58 puntos es una señal alentadora de que los esfuerzos de fortalecimiento institucional y participación ciudadana están dando resultados.

Esta mejora también se alinea con tendencias globales, en las que las democracias más consolidadas han fortalecido sus mecanismos de rendición de cuentas, mientras que en muchos países de la región se ha observado un retroceso. Costa Rica se destaca como un ejemplo positivo en América Latina, donde la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población.

¿Por qué hemos mejorado? Factores clave de este avance

El progreso de Costa Rica en el IPC no es casualidad. Varios factores han contribuido a esta mejora, entre ellos:

1. Fortalecimiento institucional y normativo. En los últimos años, el país ha reforzado sus mecanismos de control con la aprobación y aplicación de leyes clave, como la Ley de Acceso a la Información Pública.
2. Mayor vigilancia y fiscalización ciudadana. La presión de la ciudadanía y de los medios de comunicación ha sido determinante en la lucha contra la corrupción. La denuncia de casos de irregularidades y el escrutinio público han generado un entorno en el cual es más difícil ocultar prácticas corruptas. La ciudadanía ha demostrado que no está dispuesta a tolerar la impunidad, y eso se refleja en una mayor exigencia de rendición de cuentas.
3. Compromiso del sector privado con la ética empresarial. Cada vez más empresas han adoptado programas de cumplimiento y buenas prácticas de gobernanza corporativa. La transparencia en el sector privado no solo genera confianza en los inversionistas, sino que también contribuye a la reducción de oportunidades para la corrupción en la relación con el sector público.
4. Una prensa libre y activa. Costa Rica sigue siendo un bastión de la libertad de prensa en la región, pese a que algunos señalan que no. Medios de comunicación independientes han desempeñado un rol fundamental en la investigación y exposición de casos de corrupción, promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
5. Alianzas internacionales y cooperación en transparencia. El país ha fortalecido su colaboración con organismos internacionales en la lucha contra la corrupción, adoptando estándares y mejores prácticas recomendadas por entidades como la OCDE. Este compromiso ha permitido mejorar los sistemas de control y prevención de la corrupción en diversas instituciones.

El caso Diamante: un recordatorio de los desafíos persistentes

Si bien Costa Rica ha mostrado avances, casos recientes como el caso Diamante evidencian que aún existen desafíos en la lucha contra la corrupción. Este escándalo, que involucra a varios alcaldes y exalcaldes en presuntas redes de sobornos relacionados con contratos de obra pública, ha generado un intenso debate en la Asamblea Legislativa.

Recientemente, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa rechazó un informe elaborado por la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, que proponía sanciones severas contra los implicados en el caso Diamante. Este informe señalaba directamente a figuras como el exalcalde de San José, Johnny Araya, y recomendaba acciones contundentes para abordar las irregularidades detectadas.

La decisión de rechazar este informe fue respaldada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República. Posteriormente, se presentaron informes alternativos que, según denuncias, suavizaban las conclusiones y omitían audiencias clave. La diputada Guillén expresó su preocupación al respecto, señalando que estos nuevos informes reducían la severidad de las recomendaciones y excluían elementos fundamentales para una evaluación completa del caso.

Este tipo de maniobras políticas pone en entredicho el compromiso real de algunos sectores con la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

Si queremos consolidar los avances reflejados en el IPC, la Asamblea Legislativa no puede convertirse en un obstáculo para la rendición de cuentas.

Oportunidades de mejora: lo que debemos fortalecer

Si bien la mejora en el IPC es un logro significativo, aún queda trabajo por hacer para consolidar una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad. Algunas áreas clave que requieren mayor atención incluyen:

• Independencia y eficiencia del Poder Judicial
• Protección a denunciantes de corrupción
• Mayor transparencia en el financiamiento de campañas políticas
• Digitalización y acceso a la información pública
• Educación en valores de transparencia y ética

Reflexión final: un compromiso de todos

La corrupción es un enemigo silencioso que erosiona las instituciones, debilita la democracia y frena el desarrollo económico y social. Sin embargo, los datos recientes del IPC nos muestran que es posible avanzar cuando hay compromiso y acciones concretas.

Costa Rica ha demostrado que tiene las herramientas, la voluntad y la capacidad para construir un país más íntegro. Pero el desafío no recae solo en las instituciones públicas; es una tarea de toda la sociedad. 

Empresas, medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanos tienen un papel clave en la construcción de una cultura de transparencia.

Este resultado en el IPC debe servir como un punto de partida, no de llegada. 

La integridad y el buen gobierno no se alcanzan con una medición anual, sino con un esfuerzo constante, con la convicción de que un país más transparente es también un país más próspero, más justo y con mayores oportunidades para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El inicio del 2025 encuentra a Costa Rica en un momento crucial para su política y gobernanza. Frente a las elecciones más complejas hasta ahora, el país enfrenta desafíos en seguridad, educación, salud, infraestructura, etc. lo que hace que surjan preguntas fundamentales sobre el papel de las instituciones, la capacidad del Gobierno para ejecutar políticas públicas y el impacto de nuestras debilidades estructurales en el desempeño gubernamental.

Si bien es fácil criticar los resultados de una administración, es imprescindible comprender el contexto en el que ésta opera. En muchos sentidos, los defectos estructurales de Costa Rica —acumulados durante décadas “socialdemócratas”— presentan una barrera significativa para cualquier gobierno, independientemente de su popularidad, visión o liderazgo.

Un contexto desafiante para gobernar

El Gobierno actual enfrenta un panorama complejo, marcado por la herencia de problemas históricos que dificultan la implementación de soluciones eficaces y sostenibles. Áreas críticas como la educación, la infraestructura y la salud han sufrido décadas de rezago estructural que no pueden resolverse en un solo ciclo administrativo.

Por ejemplo, en educación, la falta de un plan estratégico a largo plazo ha creado vacíos en la calidad del sistema. Las brechas educativas en zonas rurales y urbanas persisten, y la desconexión entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral evidencia un modelo desactualizado, el cual obliga a regalar dinero a las universidades públicas para fomentar carreras que no corresponden con las demandas del mercado. Además, la ausencia de datos confiables y accesibles, para los actores académicos y sociales, añade una capa adicional de complejidad.

En infraestructura, los problemas son igualmente profundos. Obras públicas de baja calidad o inacabadas, como la Punta Norte de la Ruta 39, reflejan la dificultad de avanzar en un sector marcado por trámites burocráticos, presupuestos insuficientes y escasa planificación a largo plazo. Según datos oficiales, la inversión en infraestructura en los últimos años ha sido una de las más bajas en décadas, un desafío que trasciende la administración actual.

En salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta problemas que han sido señalados durante años: corrupción, toma sindical, listas de espera interminables y una crisis de recursos humanos. Estos obstáculos estructurales no son nuevos, pero se han intensificado con el tiempo, afectando la percepción de las capacidades estatales para garantizar derechos básicos.

Popularidad y desempeño: ¿un divorcio inevitable?

El fenómeno de la “paradoja de la popularidad” ha sido clave para entender la dinámica actual de la política costarricense. Este concepto describe la desconexión entre el respaldo popular del cual disfruta un gobierno y las críticas sobre su desempeño en áreas clave. 

Según estudios recientes, el presidente mantiene niveles altos de aceptación, pero gran parte de la ciudadanía percibe que los resultados en áreas como la seguridad y la infraestructura no cumplen con las expectativas. No obstante, sería injusto atribuir esta paradoja únicamente a una falta de acción gubernamental. 

Gobernar Costa Rica en el contexto actual implica navegar entre los límites de instituciones lentas, procesos administrativos arcaicos y una ciudadanía cada vez más exigente. 

La polarización política también juega un papel importante, dificultando la búsqueda de consensos y convirtiendo en una batalla cada decisión o política pública. El Ejecutivo ha demostrado destreza en el manejo de las narrativas, estableciendo una agenda pública que, semana tras semana, logra captar la atención de la ciudadanía. 

Sin embargo, esta estrategia enfrenta un doble filo: por un lado, mantiene la relevancia política y refuerza la percepción de cercanía con la población; por otro, puede dar la impresión de que los problemas estructurales se relegan a un segundo plano.

Los obstáculos estructurales y su impacto en la gobernabilidad

Gran parte de las críticas hacia el desempeño gubernamental ignoran un punto central: los defectos estructurales del país limitan la capacidad de cualquier administración para poner en marcha cambios profundos y sostenibles.

Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad enfrenta un sistema judicial y de seguridad pública sobrecargado. Los índices de criminalidad han alcanzado cifras récord, con niveles históricos de homicidios. Este problema, aunque alarmante, no puede resolverse de manera aislada, ya que requiere un enfoque integral que incluya educación, oportunidades económicas y eficiencia institucional.

En infraestructura, la burocracia y la falta de coordinación entre instituciones han frenado proyectos esenciales. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo para avanzar en esta área, el rezago acumulado y las limitaciones presupuestarias presentan retos significativos.

La educación, por su parte, necesita más que simples políticas de corto plazo. Requiere una transformación estructural que trascienda ciclos políticos y se enfoque en la calidad, equidad y modernización del sistema.

Lo que Costa Rica necesita en 2025

En lugar de buscar culpables, el enfoque debe estar en identificar soluciones. 

Costa Rica necesita un debate público que vaya más allá de las narrativas mediáticas y se enfoque en los problemas reales y sus soluciones estructurales. Necesita personas serias y técnicas en esta nueva campaña electoral. Para lograrlo, debemos priorizar tres pilares fundamentales:

• Consensos políticos. La oposición y el Gobierno deben superar la polarización y encontrar puntos en común para avanzar en políticas públicas significativas.
• Planificación a largo plazo. Es crucial establecer estrategias que trasciendan administraciones y permitan avances sostenidos en áreas clave como educación e infraestructura.
• Participación ciudadana. La ciudadanía tiene un papel central al exigir transparencia, evaluar objetivamente las acciones gubernamentales y participar activamente en la construcción del país.

Un llamado a la perspectiva

Es fácil criticar desde la distancia. Sin embargo, entender el contexto en el que opera el Gobierno es clave para una evaluación justa. Gobernar Costa Rica no es sencillo: las expectativas ciudadanas son altas, los desafíos estructurales son profundos y la polarización política dificulta la acción colectiva.

Para que Costa Rica avance, necesitamos un enfoque colectivo que reconozca que los problemas estructurales no tienen soluciones mágicas.

Estos desafíos, por su complejidad, requieren un compromiso sostenido, no solo del Gobierno, sino de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales.

El 2025 es un año de retos, pero también de oportunidades. Aprovecharlas requiere un esfuerzo compartido y la disposición de todos los sectores para construir un futuro más sólido, equitativo y sostenible para el país.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La decisión de la Sala Constitucional N.º 31179 – 2023 en conjunto con la resolución N.º 31691 – 2023, de anular la reforma al régimen de empleo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) —introducida mediante la Ley N.º 9931— generó una ola de reacciones que, en mi criterio, no fueron lo suficientemente debatidas el año pasado desde una perspectiva técnica y de modernización institucional. 

Si bien el fallo se respaldó en una interpretación formal de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, existen también argumentos sólidos para afirmar que el criterio utilizado por la Sala se sustentó en una visión sumamente estatista que, lejos de procurar un equilibrio entre lo público y lo privado, podría implicar un retroceso en la competitividad y en la evolución de la educación técnica en Costa Rica.

1. Una visión estatista frente a un mundo cambiante

El INA, desde su creación, ha sido uno de los baluartes de la formación técnica en el país, atendiendo la necesidad de desarrollar competencias para los diferentes sectores productivos. Aun así, es innegable que el contexto actual de la llamada Cuarta Revolución Industrial demanda ajustes importantes en la manera de reclutar y retener talento, diseñar planes de estudio, remunerar a instructores especializados y, sobre todo, flexibilizar la estructura de contratación para poder adaptarse a cambios vertiginosos.

La anulación por parte de la Sala Constitucional de los artículos de la Ley 9931 que permitían esa flexibilidad (creación de un régimen de derecho laboral común para nuevas contrataciones, modalidad de pago por hora/servicios especiales, etc.) se sustentó en la tesis de que el INA es, por naturaleza, una institución pública que, salvo circunstancias muy calificadas, debe regirse por el régimen estatutario del servicio civil. 

Para la Sala, permitir un régimen laboral privado constituiría una “despublificación” de la institución, o una afrenta a la literalidad de los artículos 191 y 192 de la Constitución. Sin embargo, en mi opinión, esta óptica muestra una desactualización que antepone la uniformidad y el control burocrático por encima de la eficiencia y la competitividad.

Es cierto que la Constitución se redactó con el espíritu de salvaguardar la estabilidad y profesionalización del empleo público, pero no deja de ser cierto también que las exigencias de nuestros tiempos han variado sustancialmente. 

La capacidad de contar con técnicos especializados, actualizados y bien remunerados en la era digital resulta un imperativo tanto para la relevancia como para la sobrevivencia de cualquier institución educativa de corte técnico.

2. Falencias técnicas y jurídicas en la interpretación constitucional

Uno de los pilares del argumento de la Sala es que la ley reformada delegaba, de forma “absoluta”, a la Junta Directiva del INA la potestad de definir por reglamento las condiciones de empleo (nombramientos, despidos, salarios, etc.) bajo las normas del derecho laboral común, lo cual, en su criterio, carece de justificación suficiente para evadir el régimen del servicio civil. 

No obstante, hay que preguntarnos: ¿por qué es, en realidad, inconstitucional que una institución autónoma —creada por ley— recurra a modalidades de contratación más ágiles? ¿Acaso no podrían existir mecanismos de contrapeso y transparencia, sin sacrificar los principios de idoneidad y eficiencia?

El fallo principal invocó una aparente contravención a los artículos 191 y 192 de la Constitución, que exigen la aplicación de un régimen de servicio público o estatutario a la mayoría de empleados del Estado. Pero esta misma Constitución posibilita excepciones para ciertos supuestos, especialmente para entidades que requieren un componente de gestión empresarial o que se desenvuelven en competencia con el sector privado. 

No es descabellado argumentar que, para cumplir sus cometidos formativos frente a la Revolución Industrial 4.0, el INA necesita resortes de gestión mucho más dinámicos que el rígido servicio civil de hace décadas. De no flexibilizar su gestión de personal, ¿cómo podrá competir con la velocidad de las empresas tecnológicas, atraer instructores con conocimientos de vanguardia y retenerlos frente a sueldos más competitivos en la empresa privada?

Al leer la sentencia, salta a la vista la carencia de un test de proporcionalidad o de razonabilidad que sopesara la necesidad de que el INA tuviese un régimen laboral diferenciado, al menos para personal especializado o por proyectos específicos. 

En su lugar, la Sala adopta un criterio binario: o se rige por el Estatuto de Servicio Civil, o se es un caso excepcionalísimo puntualmente definido por la ley. No considera soluciones intermedias que la Ley 9931 exploraba, al permitir distintas modalidades de contratación y pago que no niegan la naturaleza pública de la institución, pero sí le conferían una flexibilidad que es indispensable en la coyuntura actual.

Dicho de otro modo, la Sala partió de una concepción muy formalista: “el INA es un ente público y, en consecuencia, todos sus funcionarios, salvo unos pocos, deben regirse por la normativa de empleo público”. El criterio ignora la realidad de la competencia global y la urgencia de contar con marcos que promuevan excelencia y eficacia en un campo tan dinámico como la capacitación técnica.

3. Retroceso en la modernización del INA y la educación técnica

Aunque la Sala Constitucional argumentó que con su fallo protege la estabilidad del servidor y la eficiencia en el servicio público, hay un claro riesgo de que el efecto real sea contraproducente: un retroceso en la modernización del INA y, por ende, en la calidad de la educación técnica para miles de estudiantes o profesionales en formación.

• Freno a la contratación de expertos. El INA necesita instructores con dominio en programación, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, energías renovables y otras áreas donde la capacitación evoluciona a un ritmo acelerado. Con un régimen de servicio civil —lento en trámites y burocrático en escalas salariales—, atraer a esos expertos es mucho más difícil. A menudo, los salarios tope del sector público no pueden competir con remuneraciones en la empresa privada o con esquemas por hora que son usuales en consultores de alto nivel. Con la anulación de la reforma, la Junta Directiva pierde la posibilidad de pactar salarios globales competitivos o contratos modulares, alejando el recurso humano calificado. El resultado será una formación técnica desfasada y con menor vinculación a la realidad empresarial.

• Desincentivo a la innovación en la oferta académica. El régimen de empleo público tradicional limita la capacidad institucional para moverse rápido. En un mercado que exige acciones inmediatas para abrir cursos, expandir sedes e incorporar nuevas tecnologías, someter cada nombramiento a los concursos formales del estatuto de servicio civil puede generar retrasos incompatibles con la velocidad de la disrupción tecnológica. La rigidez laboral se traduce en rigidez académica.

• Desigualdad de oportunidades. La Sala indica que se busca evitar la discriminación entre empleados nuevos y antiguos; pero, con su resolución, se genera la imposibilidad de que surja un nuevo tipo de profesional docente que, por ejemplo, trabaje en la empresa privada y dé lecciones por horas en el INA, compartiendo experiencia de vanguardia. Este tipo de contratación flexible, lejos de representar precarización, puede enriquecer la docencia y elevar la calidad de la formación. Ahora, esa colaboración queda maniatada por la inflexibilidad del régimen estatutario.

4. El falso dilema: “público” vs. “privado”

Un error frecuente en el debate es suponer que la única forma de garantizar la naturaleza pública de la institución y sus principios (estabilidad, idoneidad, transparencia) es rigiéndose exclusivamente por el Estatuto de Servicio Civil y la Ley de Salarios de la Administración Pública, ley que, dicho sea de paso, data de 1957. La nueva ley reformada nunca implicó convertir al INA en un ente privado; simplemente optaba por un marco laboral más moderno y flexible, manteniendo controles como la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) y la supervisión de la Contraloría General de la República en lo que corresponde.

La Sala ha sobreinterpretado la necesidad de la reserva legal: asume que, si la Constitución consagra el principio del servicio público, entonces la ley no podría delegar a la Junta Directiva la regulación de contratos de trabajo “ordinarios”. No obstante, la Ley 9931 sí establecía lineamientos e indicaba que la Junta Directiva debía garantizar la idoneidad y la transparencia en la selección. Además, cabe recordar que la autonomía del INA es un rango constitucional (Arts. 188 y 189) y es plenamente posible que el legislador, utilizando su libertad de configuración, defina esquemas laborales mixtos que respeten la naturaleza pública y a la vez posibiliten la agilidad demandada por el mercado.

5. Repercusiones económicas y sociales

La formación técnica es una palanca de movilidad social y la base para atraer inversiones de alto valor agregado. Si el INA, principal responsable estatal de la capacitación para el empleo, no se moderniza, sufriremos consecuencias, a saber:

• Menor competitividad. Las empresas del sector manufacturero avanzado y de servicios podrían optar por instalarse en otros países o limitar sus inversiones si perciben que Costa Rica no forma el talento necesario con rapidez y calidad.
• Brecha tecnológica creciente. Al no poder contar con instructores y programas permanentemente actualizados, los graduados del INA corren el riesgo de quedar rezagados respecto de lo que exige la industria 4.0. Se generará una fuerza laboral con deficiencias que frenarán la innovación en el país.
• Aumento del gasto público y la burocracia. Un régimen laboral público más rígido implica el crecimiento de plantillas más formales y la imposibilidad de hacer contrataciones puntuales para proyectos específicos. Con menos versatilidad, se recurre a estructuras más costosas y con mayor permanencia, no necesariamente ajustadas a la demanda real. Paradójicamente, esto podría ir contra la eficiencia financiera y la buena administración.

6. ¿Hacia dónde debería encaminarse la discusión?

Sin duda, el INA no es una empresa privada: es y debe seguir siendo un ente público que cumpla un mandato social fundamental. Pero el país necesita revaluar el balance entre control público y eficacia. Otros sectores estatales, como la banca o las telecomunicaciones, han adoptado regímenes laborales mixtos o esquemas especiales para competir con rivales globales, respetando al mismo tiempo principios como el mérito y la transparencia.

En lugar de un fallo que, de forma tajante, anula la reforma y obliga a retornar a un modelo del siglo pasado, la Sala —en mi criterio— pudo haber analizado cláusulas específicas, valorado la inclusión de salvaguardas y controles, o exigido una mayor fundamentación de la ley, pero sin descartar por completo la posibilidad de un régimen de contratación flexible para al menos una parte del personal especializado. Esa habría sido una lectura equilibrada, que armonizara la constitucionalidad con la necesidad real de modernización institucional.

7. Conclusión: un llamado a la reforma integral y la visión de futuro

La decisión de la Sala Constitucional, en la práctica, despoja al INA de las herramientas para adaptarse con rapidez a los retos de la Revolución Industrial 4.0. Se arraiga en un criterio que, a mi juicio, está permeado por un estatismo exacerbado: la doctrina de que todo, salvo lo muy excepcional, debe pasar por los engorrosos trámites de servicio civil. Esa rigidez podría llevar a un INA incapaz de reclutar e innovar con la inmediatez requerida por la globalización.

El razonamiento de la Sala podría entenderse como un afán de proteger principios laborales y de control sobre el aparato estatal, pero en la práctica, y sin mecanismos de modernización, el país corre el riesgo de acentuar su rezago técnico y educativo. 

No se trata de privatizar ni de precarizar, se trata de flexibilizar y profesionalizar, con rangos de autonomía bien definidos. Justo allí recae el punto neurálgico de la crítica: la visión legalista de la Sala, sin matices, anula el debate sobre cómo equilibrar la demanda de estabilidad pública con la necesidad de competitividad global.

Por ende, el panorama que deja este fallo es preocupante. Tenemos un INA con las alas cortadas en materia de contratación y de escalas salariales, lo que redundará en un menor acceso a expertos y en la dificultad de instaurar nuevos programas técnicos acordes con los tiempos. A mediano y largo plazo, el perjuicio se traslada a los estudiantes, a las empresas que requieren personal más capacitado y, en última instancia, al desarrollo socioeconómico del país.

Costa Rica no puede darse el lujo de quedarse rezagada. 

Necesitamos retomar con urgencia el diálogo para buscar una legislación equilibrada que permita al INA mantener su naturaleza pública y su deber de transparencia, pero sin asfixiar su vocación formadora en un mundo hipercompetitivo. El llamado es a no convertir la Constitución en una muralla infranqueable al cambio, sino en la base sobre la que construimos, con la prudencia y la visión necesaria, un futuro de prosperidad para la educación técnica nacional.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.