Quienes eligen a los jueces, eligen el destino del país

El medio Delfino señaló la semana pasada algo de suma relevancia: el próximo período legislativo traerá consigo la responsabilidad monumental de la designación de 14 de las 22 magistraturas del Poder Judicial, incluyendo una recomposición sustancial de la Sala Constitucional. Esto no es un cambio menor; es, en realidad, una oportunidad única para redibujar el marco de interpretación de nuestra Constitución, una que podría alterar significativamente la dirección política, económica y social de Costa Rica en los años venideros. 

Lo que ha sido una Sala estatista, con inclinación a la centro-izquierda, podría cambiar.

Para quienes entienden el sistema de pesos y contrapesos, no es un secreto que la Sala Constitucional es el verdadero árbitro final del juego democrático. Aunque formalmente es un tribunal de derecho, su función es esencialmente política. No porque responda a partidos o ideologías de manera abierta (digamos), sino porque su labor consiste en interpretar la Constitución, y en la interpretación hay espacio para la subjetividad, la doctrina y, sí, la conveniencia política de los magistrados. 

Lo que la Sala Constitucional diga es vinculante para todos, excepto para ella misma. Es decir, un criterio que hoy es dogma, mañana puede ser desechado sin mayor trámite que una nueva votación con una nueva conformación.

En este contexto, la composición de la Sala Constitucional no es un asunto menor ni una simple cuestión de reemplazos rutinarios. La próxima Asamblea Legislativa tendrá en sus manos la capacidad de moldear, indirectamente, el futuro del país, porque el Poder Judicial—y en particular la Sala IV—no es simplemente un ente de aplicación técnica del derecho, sino un actor de primer orden en la construcción del marco jurídico, económico y social del país.

La Sala IV: un poder en sí mismo

La Sala Constitucional tiene un poder inmenso en Costa Rica. Basta ver su historial para entender que sus resoluciones han tenido un impacto profundo en la economía, la estructura institucional y hasta en la vida cotidiana de los costarricenses. Desde la decisión de anular la reelección presidencial prohibida en la Constitución hasta la resolución que “legisló” sobre la existencia de impuestos sobre rentas extraterritoriales, la Sala ha demostrado que su voz no solo pesa, sino que define el rumbo del país.

Sin embargo, lo más relevante es su capacidad para cambiar de criterio sin mayor explicación que el voto de sus magistrados. A diferencia de otras instancias del Poder Judicial, la Sala Constitucional no está atada de manera estricta a la doctrina del precedente. Puede revisar y modificar sus criterios según lo considere pertinente, lo que significa que su línea jurisprudencial no es una roca inamovible, sino más bien un barco que cambia de rumbo según quién lleve el timón.

En el ámbito del derecho convencional, es cierto que la Sala tiene ciertas restricciones, ya que debe respetar los estándares de derechos humanos establecidos por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en todo lo demás, la Sala tiene un margen de maniobra que le permite definir su postura conforme a los criterios predominantes entre sus magistrados en un momento dado.

El riesgo de la volatilidad y la oportunidad del cambio

Esta característica de la Sala IV genera dos efectos: uno riesgoso y otro estratégico.

El riesgo radica en la volatilidad institucional. Un país donde las reglas del juego pueden ser reinterpretadas constantemente por el máximo tribunal de justicia es un país donde la estabilidad jurídica se debilita. La certeza del derecho es fundamental para la seguridad jurídica, las inversiones y la planificación de largo plazo. 

Si la Sala IV cambia de opinión cada vez que cambia su integración, se genera un ambiente de incertidumbre donde nada está realmente definido.

Por otro lado, el aspecto estratégico es innegable. La posibilidad de un cambio de criterio permite que una nueva conformación de la Sala Constitucional pueda corregir o redirigir decisiones que en el pasado pudieron haber sido controversiales o problemáticas. Y es aquí donde la próxima Asamblea Legislativa tiene una oportunidad sin precedentes.

Si los diputados electos logran coordinar una visión clara sobre el tipo de magistrados que deben integrar la Sala Constitucional, podrán influir de manera determinante en el futuro del país sin necesidad de pasar una sola ley. 

La verdadera transformación no se dará en la aprobación de proyectos en el Plenario, sino en la designación de quienes interpretarán la Carta Magna en la próxima década.

Esperemos que la época en que el bipartidismo se repartía los nombramientos de la Corte haya llegado a su fin.

¿Hacia dónde vamos?

El problema es que, históricamente, la Asamblea Legislativa ha demostrado ser errática y poco estratégica en la elección de magistrados. Muchas veces las designaciones se han hecho más por cuotas de poder o acuerdos políticos inmediatos que por una visión de largo plazo sobre el papel de la Sala Constitucional. 

Esto ha permitido la llegada de magistrados sin un criterio sólido o con posiciones altamente fluctuantes, que responden más a coyunturas que a una interpretación coherente de la Constitución.

Pero la coyuntura actual exige un cambio de enfoque. La próxima Asamblea debe asumir que la designación de magistrados no es un trámite secundario, sino una de las decisiones más trascendentales que tomarán.

Deben comprender que están eligiendo a quienes decidirán sobre la institucionalidad del país en los años por venir.

Si los diputados entrantes entienden el peso de esta responsabilidad, podrán orientar la Sala IV hacia una mayor estabilidad y coherencia en sus resoluciones. Pero si caen en la trampa del reparto de cuotas políticas sin un criterio claro, el país seguirá a merced de una Sala Constitucional cuya interpretación de la ley dependerá del humor del momento.

El impacto de una decisión silenciosa

La ironía de todo esto es que, mientras la atención pública suele centrarse en debates legislativos sobre proyectos de ley específicos, el verdadero cambio estructural se juega en un proceso mucho menos mediático: la elección de magistrados. 

Mientras la gente se enfoca en las discusiones del Plenario, en la elección de contralor o en reformas fiscales, la Asamblea puede estar tomando la decisión más trascendental de todas, sin mayor escrutinio público.

El país se juega mucho en los próximos años, y la recomposición de la Sala Constitucional es, sin duda, uno de los factores más determinantes. 

Si la Asamblea Legislativa entrante actúa con visión y responsabilidad, podría establecer un rumbo claro para el país. Si, por el contrario, cede a los intereses políticos inmediatos, estaríamos sentando las bases para una década de incertidumbre y volatilidad jurídica.

El poder de la Sala Constitucional no es menor. Y el poder de la Asamblea para definir su rumbo es aún mayor. 

Lo que hagan los próximos diputados en este ámbito determinará si avanzamos hacia un sistema más sólido y predecible o si seguimos sujetos a los vaivenes de interpretaciones cambiantes. Costa Rica merece lo primero. La pregunta es si la clase política estará a la altura de esa responsabilidad.

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