Nuestro país celebra una fecha trascendental en su historia patria, marcada por una dicotomía atípica en el istmo centroamericano. Por un lado, Costa Rica ha sido promovida como un país de paz, pero históricamente contaba con un ejército preparado y funcional. Por otro lado, en 1828, el jefe de Estado Juan Mora Fernández abolió el fuero militar, estableciendo que los militares estuvieran subordinados a la autoridad civil, un rasgo distintivo que ha persistido en nuestra historia.

Antecedentes

1. Las reformas borbónicas

Las reformas borbónicas fueron un conjunto de disposiciones jurídicas y económicas impulsadas por la Corona española en el siglo XVIII, con el propósito de recuperar el control de los territorios americanos frente a amenazas como la piratería y el contrabando. En nuestra región, esta militarización se concentró en el Virreinato de Nueva España, dejando a Costa Rica con una fuerza militar mínima de apenas 1000 efectivos.

Previo a la independencia en 1821, José Santos Lombardo desarmó al gobernador Juan Manuel de Cañas, marcando un inicio pacífico en la historia costarricense.

Con el Pacto de Concordia del 1.° de diciembre de 1821, Costa Rica optó por una vía civil y legal, diferenciándose de sus vecinos centroamericanos.

Con la creación de la República Federal Centroamericana, se constituyó un ejército federal, aunque Costa Rica desarrolló cuerpos milicianos propios. En 1828, Juan Mora Fernández abolió el fuero militar, señalando que los militares serían juzgados bajo las mismas leyes que los civiles. Este principio de subordinación quedó ratificado en la Constitución de 1871 durante el gobierno de Tomás Guardia, que limitó las actividades militares exclusivamente a las permitidas por la ley.

Desde 1824, la mayoría de los gobernantes han sido civiles, como educadores, abogados y médicos, salvo excepciones como Federico Tinoco, quien no respetó esta tradición. Incluso, figuras como Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto integraron gabinetes mayoritariamente civiles.

2. El papel del ejército en el siglo XIX

El ejército costarricense tuvo un rol importante en momentos clave del siglo XIX, como la Campaña Nacional contra los filibusteros liderados por William Walker. En esa época, el ejército alcanzó casi 10 000 efectivos, representando el 10 % de la población nacional. Esto fue posible gracias al apoyo de instructores europeos, tecnología de punta inglesa y un manejo ordenado de recursos, como los préstamos otorgados por Perú.

Las victorias en Santa Rosa y Rivas consolidaron la reputación del ejército costarricense como una fuerza respetada en el istmo. Juan Rafael Mora Porras, al frente de una economía de guerra, movilizó al país para defender su soberanía.

Esto desmiente la creencia de que los filibusteros enfrentaron únicamente campesinos. El ejército costarricense, en ese momento, era una institución sólida y clave para la defensa nacional.

Sin embargo, el ejército demandaba una proporción significativa del presupuesto estatal. Antes de las reformas educativas de Mauro Fernández (1886-1889), bajo el gobierno de Bernardo Soto, los gastos militares representaban más del 35 % del presupuesto estatal, como lo documenta Esteban Corella en su estudio El gasto militar del Estado costarricense en el siglo XIX.

3. El declive del ejército

A finales del siglo XIX, la reforma educativa de Mauro Fernández (1886-1889) marcó un punto de inflexión. Los recursos del Estado se redirigieron hacia la educación, reduciendo progresivamente el presupuesto militar. En 1914, el presidente Alfredo González Flores rechazó las presiones de Estados Unidos para militarizar el istmo durante la Primera Guerra Mundial, consolidando aún más la idea de un país civilista.

Llegamos a la década de 1940, con una Europa ardiendo en llamas por la Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos, en pro de proteger sus intereses en la región, influyó en las políticas internas de los Estados del istmo, particularmente para proteger el Canal de Panamá, donde Costa Rica era primordial por su vecindad.

El ejército costarricense, para entonces, era prácticamente un cascarón vacío, lo que permitió a José Figueres Ferrer aprovechar esta condición durante la guerra civil de 1948, desencadenada por el fraude electoral que favoreció a Rafael Ángel Calderón Guardia en perjuicio de Otilio Ulate. Tras obtener la victoria, Figueres entregó el poder a Otilio Ulate el 8 de noviembre de 1949.

Abolición del ejército: 1.° de diciembre de 1948

En 1947, la seguridad de Costa Rica estaba prácticamente bajo la protección de Estados Unidos, que fungía como una “sombrilla” militar. Ese mismo año, los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieron eliminar el ejército suspendiendo las partidas presupuestarias para armamento.

Aunque Figueres, en 1948, gobernaba con su propio ejército: el de Liberación Nacional, Edgar Cardona, ministro de Seguridad, comenzó a señalar la necesidad de eliminarlo, no solo por considerarlo débil, sino también porque Costa Rica había firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que ofrecía defensa ante amenazas externas.

Por lo anterior, el 1.° de diciembre de 1948, la Junta Fundadora entregó el Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica, transformándolo en el Museo Nacional.

Este acto simbólico marcó el inicio de una nueva era, aunque la abolición del ejército quedó ratificada formalmente en la Constitución de 1949.

Posteriormente, el TIAR permitió a Costa Rica enfrentar intentos de invasión, como los liderados por Rafael Ángel Calderón Guardia, reforzando la decisión de mantener al país sin fuerzas armadas. Desde entonces, la seguridad ha estado a cargo de una policía civil, con posibilidad de reorganización en casos de emergencia.

En las siguientes décadas, los cuerpos policiales fueron reorganizados, destacándose la creación de la Fuerza Pública durante la administración de Francisco Orlich (1962-1966) y la eliminación de rangos militares en el primer gobierno de Óscar Arias.

Conclusiones

Desde el Pacto de Concordia en 1821, Costa Rica optó por un modelo civilista, priorizando la educación y el bienestar social sobre la militarización. La reforma educativa de finales del siglo XIX marcó el declive del presupuesto militar, redirigiendo esos recursos hacia áreas esenciales para el desarrollo.

Sin embargo, el modelo del Estado Benefactor, implementado desde 1949, enfrenta desafíos debido al crecimiento de la burocracia estatal, que compromete la sostenibilidad de inversiones en educación y seguridad, pilares fundamentales para la movilidad social y el desarrollo.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El 7 de noviembre es una fecha significativa para la democracia costarricense por dos razones importantes. La primera, en 1889, cuando el pueblo exigió al presidente de turno, Bernardo Soto Alfaro, que respetara el resultado de una elección que favoreció al opositor José Joaquín Rodríguez. La segunda, en 1949, cuando entró en vigor la actual Constitución Política de Costa Rica.

A menudo, pasamos por alto el significado de la palabra democracia, un sistema político que nació en la antigua Grecia y que los griegos definieron como “autoridad del pueblo”. Sin embargo, la democracia ha evolucionado con el tiempo, adquiriendo características muy distintas a las de su creación.

Orígenes de la democracia costarricense

En el caso de Costa Rica, la construcción de la democracia se inicia desde la Colonia. Tras los procesos de independencia, mientras otras naciones americanas enfrentaban guerras y conflictos internos liderados por ejércitos, Costa Rica optó por una organización jurídica basada en lo civil, marcando el inicio de una identidad nacional distinta.

Los fundadores de Costa Rica eligieron el republicanismo con división de poderes. 

Un modelo que se mantuvo incluso cuando el país fue parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. Sin embargo, el ejercicio democrático estuvo restringido a una élite económica a lo largo del siglo XIX, como han señalado estudios históricos recientes.

Restricciones del voto en el siglo XIX

En Costa Rica, durante la mayor parte del siglo XIX, el derecho al voto estaba limitado a una minoría de personas, mayormente dueñas de tierras y con recursos. Este grupo, perteneciente a una incipiente oligarquía cafetalera, ostentaba el poder y decidía quiénes podían votar, exigiendo una renta anual de 200 pesos y propiedades por 500 pesos. Estas condiciones excluían a la mayoría de la población, de la cual más del 90% no sabía leer ni escribir en las primeras décadas del siglo XIX.

A medida que avanzaba el siglo, aunque de forma muy limitada, el derecho al sufragio se fue extendiendo a ciertos profesionales, como profesores de ciencias. Luego se implementó el voto censitario e indirecto, permitiendo a algunos ciudadanos elegir electores que, a su vez, votaban en representación de ellos.

Con la llegada de Tomás Guardia al poder en la década de 1870, Costa Rica logró estabilidad política y terminó con la inestabilidad de sus primeros años de independencia. Durante su mandato, se emitió la Constitución de 1871, que consolidó un Estado liberal y permitió una transición gradual hacia un modelo civil y democrático.

Los cambios en la dictadura militar (1871-1890)

Durante la dictadura militar (1871-1890) y bajo los gobiernos de Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto, Costa Rica experimentó cambios importantes en los campos religioso, jurídico, educativo y político. Estas reformas impulsaron una mayor conciencia de derechos entre los ciudadanos. Fue en este contexto que surgió el descontento social que llevaría a los acontecimientos del 7 de noviembre de 1889.

El conflicto se generó porque el Poder Ejecutivo controlaba el proceso electoral y el presidente Soto intentó imponer como sucesor a Ascensión Esquivel del Partido Liberal Progresista. La oposición, liderada por José Joaquín Rodríguez y Rafael Yglesias Castro del Partido Constitucional Democrático, movilizó a sus seguidores para exigir el respeto de los resultados electorales. Miles de personas tomaron las calles de San José, y Soto, ante la posibilidad de una guerra civil, decidió ceder el poder temporalmente a Carlos Durán hasta el 8 de mayo de 1890.

Este levantamiento marcó un punto de inflexión en Costa Rica, estableciendo las elecciones y alianzas políticas como las formas principales de acceso al poder y consolidando un sistema de partidos políticos y la alternancia en el poder.

Avances en el sufragio y consolidación democrática

Aunque el Poder Ejecutivo seguía controlando el proceso electoral, el siglo XX trajo reformas significativas. En 1913, bajo el gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, se aprobó el sufragio directo, permitiendo que los ciudadanos eligieran a sus gobernantes de forma directa. 

Este cambio, aunque fundamental, mantuvo el voto oral y público hasta la Ley Electoral de 1925, que instauró el voto secreto, asegurando la libertad de elección.

En 1925 también se implementó el Registro Cívico y, en 1927, la identificación fotográfica para todos los ciudadanos. A pesar de estos avances, los fraudes electorales continuaron, ya que el Poder Ejecutivo controlaba el órgano electoral. 

No fue sino hasta 1946, en el gobierno de Teodoro Picado, que se creó el Tribunal Nacional Electoral, un precursor del Tribunal Supremo de Elecciones que otorgó el voto a las mujeres, universalizó el sufragio y garantizó la imparcialidad del proceso electoral, desligándolo del Ejecutivo.

Conclusiones

La democracia costarricense no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso de aproximadamente 130 años (1821-1949), lleno de obstáculos, en el cual los ciudadanos lucharon por sus derechos políticos. El levantamiento del 7 de noviembre de 1889 fue una de esas luchas, logrando que el voto se convirtiera en un derecho para sectores más amplios de la población.

El camino democrático permitió la participación política progresiva: primero los más acaudalados, luego algunos profesionales y finalmente la ciudadanía en general, aunque las mujeres tuvieron que esperar hasta 1949 para ejercer plenamente su derecho al voto.

En 2024, debemos recordar que estos derechos democráticos no fueron gratuitos; fueron el resultado de luchas históricas y el esfuerzo de generaciones anteriores. Frente a los desafíos actuales, como el resurgimiento de actitudes autoritarias, es esencial que los ciudadanos costarricenses permanezcan vigilantes, defendiendo los derechos conquistados. La democracia es un legado que demanda protección constante y compromiso ciudadano.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El 12 de octubre, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, sigue despertando sentimientos encontrados en toda la región. Desde México hasta Argentina y Chile, este día ha sido conocido por varios nombres, siendo el más popular el Día del Encuentro de Culturas, una referencia al “descubrimiento” de América por los españoles en 1492.

No obstante, lo que en un principio fue considerado un encuentro entre mundos, con el tiempo ha sido sometido a una revisión crítica, especialmente a partir de los 500 años de la llegada de Colón en 1992. Este proceso de revisionismo histórico se ha centrado en cuestionar el legado de los conquistadores españoles y en resaltar los abusos cometidos contra los pueblos indígenas. 

En este contexto, figuras como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador han exigido a España disculpas por los daños ocasionados durante la conquista, una demanda que ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sin embargo, es importante preguntarse si esta postura crítica toma en cuenta el contexto histórico o si, en cambio, observamos los acontecimientos del siglo XVI con los ojos del siglo XXI.

No se puede justificar la violencia y los abusos de la conquista, pero también debemos recordar que las sociedades precolombinas no eran utopías de paz y fraternidad.

¿Cómo se consolidó la conquista?

Un aspecto que a menudo se pasa por alto en la narrativa de la conquista es el papel que jugaron las alianzas indígenas.

En México, Hernán Cortés logró someter al poderoso imperio azteca no solo por la fuerza de sus armas, sino por su habilidad para forjar alianzas con pueblos indígenas que eran enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas, cempoaltecas y tepanecas. De igual manera, en Perú, Francisco Pizarro aprovechó la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, lo que debilitó al imperio inca y facilitó su conquista.

Este es un punto que muchas veces se omite en las universidades y centros educativos de América Latina, donde se ha promovido una visión romántica de los pueblos indígenas precolombinos, como si vivieran en armonía antes de la llegada de los españoles. La realidad es mucho más compleja. Antes de la llegada de los europeos, ya existían conflictos internos y rivalidades entre los diversos pueblos de la región, lo que facilitó la expansión de los conquistadores.

Herencia española: Más allá de los abusos

Es innegable que la herencia española ha dejado una profunda marca en toda América Latina. Aunque se critica con razón los abusos cometidos durante la conquista, también es importante reconocer los legados positivos que dejó el imperio español. Por ejemplo, gran parte de la riqueza extraída de América fue reinvertida en los propios virreinatos, donde se construyeron palacios, universidades y centros educativos. De hecho, antes de que finalizara el siglo XVI, ya existían universidades en México y Santo Domingo, mucho antes de la fundación de Harvard en las colonias inglesas.

Además, España introdujo el sistema legal que, adaptado a las particularidades de cada país, sigue vigente en muchas partes de América Latina hasta hoy. También se introdujo la religión católica, y aunque se critica el papel de la Inquisición, no se puede olvidar la labor evangelizadora de los frailes, que llegaron a regiones tan remotas como Nuevo México o Paraguay. Incluso, las Leyes Nuevas de 1542 fueron un intento por parte de la corona española para proteger a los indígenas de los abusos de los encomenderos, aunque en la práctica esto no siempre fue posible.

Un llamado a la responsabilidad

A pesar de las críticas a la conquista y la herencia española, algunos historiadores, tanto en América Latina como en España, coinciden en que es momento de dejar de culpar a España por todos los males de la región. Como señalan estudiosos como Fernando Cervantes y Ángel María Ríos Espáriz, gran parte de los problemas actuales de Hispanoamérica se deben a decisiones tomadas después de la independencia. 

Las élites criollas que tomaron el control de los estados emergentes tras la independencia endeudaron a sus países con potencias extranjeras, sumiendo a la región en disputas entre liberales y conservadores, lo que exacerbó las desigualdades sociales.

En Costa Rica, al igual que en el resto de América Latina, los problemas actuales no pueden atribuirse únicamente al pasado colonial. Las tensiones políticas, la corrupción y la desigualdad que persisten en el país son, en gran parte, producto de decisiones tomadas en siglos posteriores. Culpar a España por estos problemas es una forma de evitar asumir nuestra propia responsabilidad.

En conclusión, el 12 de octubre debe ser un día para reflexionar no solo sobre la historia, sino también sobre nuestra responsabilidad en los problemas actuales. En 1821, Costa Rica alcanzó la mayoría de edad como nación, y en 1848, se consolidó como una república independiente. Ahora es el momento de mirar hacia adelante y enfrentar los desafíos contemporáneos con la determinación de no repetir los errores del pasado. 

No debemos seguir recurriendo a la fácil excusa de culpar a otros; es hora de asumir nuestra responsabilidad y actuar.

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