Solo si uno ha estado bajo una roca en las últimas semanas, es posible que no se haya percatado de que la Universidad de Costa Rica (UCR) enfrenta hoy una de las mayores crisis institucionales de su historia. 

Una universidad que, en papel, al menos, durante décadas fue sinónimo de transparencia y excelencia académica se encuentra ahora inmersa en un escándalo que pone en duda su integridad y su compromiso con los principios que siempre ha defendido. 

El epicentro de esta crisis es su rector, Carlos Araya Leandro, cuya gestión está marcada por decisiones administrativas cuestionables, aumentos salariales dudosos, nombramientos polémicos y una alarmante alianza con el sindicato que pone en entredicho —una vez más— la autonomía universitaria.

¿Qué sucedió?

Carlos Araya asumió la rectoría de la UCR en enero de 2025, tras una campaña en la que prometió mejorar las condiciones salariales de los docentes más jóvenes. Sin embargo, lo que parecía un compromiso genuino con el personal académico se convirtió rápidamente en una red de privilegios para sus allegados. Muy a lo que tradicionalmente podría haberse presumido de Liberación Nacional, por ejemplo. 

Mediante la resolución R-13-2025, Araya abrió la puerta para trasladar a salario global a cientos de funcionarios, muchos de ellos sin cumplir los requisitos que establece la Ley Marco de Empleo Público. A esto se sumó la resolución R-75-2025, que otorgó aumentos salariales de hasta 4 millones de colones para 22 puestos de confianza designados directamente por el rector.

Lo que en un principio parecía una mejora administrativa resultó ser un acto arbitrario que vulnera principios básicos de legalidad, ética y meritocracia. 

El propio Consejo Universitario ha tenido que reconocer, de forma tardía y con bastante torpeza, que aprobar el Reglamento de Régimen Salarial Académico (RRSA) sin contar con estudios técnicos fue un error que la comunidad universitaria no puede tolerar.

El poder concentrado y las redes de lealtades

Araya ha demostrado un claro patrón de concentración de poder que va más allá de sus decisiones salariales. Desde su llegada, no solo nombró a personas de su círculo cercano en puestos estratégicos, sino que creó nuevos cargos de confianza que concentran aún más el control administrativo en su figura. Un ejemplo claro es el caso de su pareja, Jessy Reyes, a quien designó como “rectora adjunta”, un puesto que nunca antes había existido en la estructura universitaria.

Esta tendencia al clientelismo también se observa en otros casos, como el de Alonso Castro Mattei, quien tras ser sancionado en 2020 por faltas éticas, fue nombrado nuevamente en un puesto de confianza bajo la administración Araya. Las investigaciones en curso sobre la influencia indebida en nombramientos y aumentos salariales revelan que el rector no solo ha quebrantado normas internas, sino que también ha desvirtuado principios básicos como el sentido común, la moral y la autonomía universitaria.

La autonomía como pretexto para la opacidad

La autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza la independencia académica y administrativa de la UCR. 

No obstante, cuando esta autonomía se utiliza como excusa para evitar la rendición de cuentas, se convierte en un escudo para la impunidad. 

Durante los últimos meses, hemos visto cómo el rector ha intentado utilizar este principio para justificar decisiones administrativas claramente contrarias a la ley y a los principios éticos que la universidad debe defender. En lo personal, pienso que esta autonomía no debería ir más allá del plano académico. Ahí ha radicado nuestro error como sociedad.

El reciente pacto con el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU), que busca revivir el escalafón administrativo declarado ilegal por la Oficina Jurídica, refleja una preocupante alianza política que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. Aceptar estos acuerdos con el sindicato no solo es irresponsable, sino que podría comprometer el financiamiento estatal en momentos en que el presupuesto universitario ya enfrenta importantes presiones.

El silencio de Araya y la respuesta pública

A pesar de la gravedad de los hechos, Carlos Araya ha optado por un silencio institucional que solo agrava la crisis de confianza. En lugar de asumir responsabilidades, ha preferido cuestionar a los medios de comunicación y atacar a quienes han denunciado sus irregularidades. Este intento de victimización, que pretende desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales, es inaceptable en un líder académico.

El país y la comunidad universitaria merecen respuestas claras y decisiones contundentes que restablezcan la integridad de la rectoría. En lugar de defenderse atacando, el rector debería asumir las consecuencias de sus actos y presentar su renuncia inmediata. Su permanencia en el cargo no solo erosiona la credibilidad de la UCR, sino que daña la confianza de los estudiantes, docentes y de la sociedad costarricense en su conjunto.

Por otra parte, lo que también resulta desconcertante es el silencio casi absoluto de la Asamblea Legislativa ante esta crisis.

No he visto, hasta ahora, a ningún diputado o fracción asumir este tema con la seriedad que amerita. Estamos hablando de presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, de nombramientos cuestionables y de un manejo administrativo que podría comprometer no solo la legitimidad de la UCR, sino la credibilidad del sistema universitario costarricense.

El Congreso no puede seguir actuando como si la autonomía universitaria implicara inmunidad absoluta. Hay canales institucionales para ejercer control político, exigir cuentas y proteger el interés público sin violentar la Constitución. Ignorar este tema, por cálculo o por indiferencia, también es una forma de complicidad.

Una oportunidad para la refundación universitaria

Este escándalo no debe verse solo como un problema administrativo, sino como una llamada de atención sobre los problemas estructurales de la universidad. La excesiva concentración de poder en la figura del rector, la falta de controles internos efectivos y el uso político de la autonomía universitaria deben ser revisados con seriedad y valentía.

Es imperativo que el Consejo Universitario actúe con determinación, promoviendo reformas que limiten el poder discrecional del rector y garanticen procesos de selección basados en mérito y transparencia. Asimismo, se deben establecer mecanismos claros para que cualquier acto contrario a la ética sea sancionado, sin importar el cargo o la influencia del infractor.

Por una universidad que rinda cuentas

La UCR ha sido históricamente la conciencia crítica del país y un baluarte de la educación pública. No podemos permitir que decisiones arbitrarias y manejos oscuros comprometan ese legado. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas deben volver a ser los principios rectores de nuestra universidad.

Como ciudadano y exlegislador, hago un llamado al rector Carlos Araya para que asuma su responsabilidad y dé un paso al costado. La UCR debe recuperar su dignidad institucional y, para ello, necesitamos una administración que sea ejemplo de integridad y responsabilidad. La comunidad universitaria y el país lo exigen. 

Es momento de rectificar el rumbo antes de que el daño sea irreparable.  Rector: renuncie. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Los estudios generales (en latín, studia generalia) son la institución de la que surgieron las primeras universidades en la cristiandad latina (un espacio a grandes rasgos coincidente con Europa occidental). Desde la Alta Edad Media, tras el breve período en que funcionó la escuela palatina carolingia, existían las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias, que servían para la formación del clero. A falta de otras instituciones educativas, también acudían a ellas los seglares que deseaban instruirse.

En Costa Rica, Rodrigo Facio y su equipo de trabajo introdujeron, a mediados del siglo pasado, una reforma que incluía los Estudios Generales (humanidades) como parte del plan de estudios universitarios, constituyendo un conjunto de cursos basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo del pensamiento crítico.

Cabe destacar que el humanismo es la reflexión sobre el ser humano y su condición en el mundo.

Todo ello —nos recuerdan sus documentos fundacionales— con el fin de buscar de manera permanente y libre la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia. 

En esta línea, la educación general y humanística buscaba contribuir a formar profesionales sensibles, no sólo bien preparados en un área específica del conocimiento, sino también capaces de contribuir, de manera reflexiva y crítica, a desarrollar un mundo más digno para los seres humanos. Por otra parte, en lo específico, su implementación buscaba solventar algunas carencias que, desde entonces, se percibían en la enseñanza secundaria.

Algunas reflexiones

Con toda sinceridad, considero que, después de más de medio siglo de existencia, los estudios generales han sido una herramienta útil para el cumplimiento de las expectativas académicas de sus ilustres fundadores. Su implementación coincidió con la llegada de célebres educadores extranjeros, entre los más connotados, los filósofos españoles Constantino Lascaris y Teodoro Olarte. Con el tiempo, grandes pensadores locales como Guillermo Malavassi, Francisco Antonio Pacheco, Roberto Murillo, Nini Chinchilla, Vladimir de la Cruz, Isaac Felipe Azofeifa y Luis Fernando Fauaz han dejado, a su vez, su propia impronta.

Su desarrollo, sin embargo, se ha visto envuelto en una lucha de contrastes. Siguiendo a Agustín Laje, la modernidad se caracteriza como un contexto sociohistórico cuyas notas distintivas, íntimamente interrelacionadas entre sí, están marcadas por un proceso de racionalización creciente que llevó al mercado, en la economía; al Estado Burocrático, en la política; y a la racionalización pluralista, en la cultura.

La cultura ha llegado a ser el botín principal del poder, lo que ha llevado a apoderarse de las cátedras universitarias con la intención de convertirlas en centros de adoctrinamiento marxista-leninista, a pesar de ser una ideología marcada por cien años de fracasos y cien millones de muertos.

Luego del estrepitoso descalabro del socialismo real en la URSS, Cuba, la RDA y algunos países africanos, los neomarxistas reinstalaron su narrativa, ahora a través del control de múltiples “istmos” como el ambientalismo, el feminismo, el indigenismo y la ideología de género, de la mano de pensadores como Antonio Gramsci, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Michel Foucault.

Si bien los estudios generales procuran, en esencia, la universalidad del conocimiento humano, considero que, en la práctica, muchos alumnos fuimos inundados de teorías fracasadas y generadoras de pobreza, sin el necesario contrapeso.

De esta manera, autores como Louis Althusser, Marta Harnecker y Eduardo Galeano llenaron nuestras cabezas de narrativa corporativista y de sociedades centradas en el gasto y no en la productividad, sin que sus tesis fueran acompañadas de posiciones distintas como las de Karl Popper, Adam Smith, Frederick Hayek y, por qué no, la pensadora liberal más influyente de todos los tiempos, Ayn Rand.

Ayn Rand y “La rebelión de Atlas”.

Nacida rusa como Alisa Zinóvievna Rosenbaum (San Petersburgo, 1905-Nueva York, 1982), Ayn Rand fue historiadora, filósofa y escritora nacionalizada estadounidense, país al que emigró a los 21 años.

Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez-faire, argumentando que este último es el único sistema económico que permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En consecuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión.

Desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo, cuyos principios sostenían que el hombre debe elegir sus valores y acciones mediante la razón; que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificar a otros para sí; y que nadie tiene derecho a obtener valores de otros recurriendo a la fuerza física.

Finalmente, Ayn Rand es autora de novelas como “El manantial” y su obra más importante, “La rebelión de Atlas”(1957), por la que muchos individuos confiesan haber llegado a ser libertarios.

El libro narra la decadencia de los Estados Unidos como consecuencia del excesivo intervencionismo del gobierno. Esta obra divide la fibra social del país en dos clases: la de los “saqueadores” y la de los “no saqueadores”.

• Los saqueadores están representados por la clase política (místicos del músculo) y los cultos religiosos(místicos del espíritu) que piensan que toda actividad económica debe estar regulada y sometida a una fuerte imposición fiscal.
• Los no saqueadores son emprendedores, capitanes de empresa e intelectuales que consideran que la solución está justamente en todo lo contrario.

En el espíritu inclusivo de los Estudios Generales, cuyos documentos fundacionales aspiran a propiciar “de manera reflexiva y crítica, un mundo más digno para los seres humanos”, lamento no haber conocido esta obra en 1973, cuando inicié mis estudios en la UCR, o al menos haber leído el capítulo II, parte 2, “La aristocracia del pillaje”.

En él, la autora nos presenta la riqueza como la capacidad del hombre de pensar y el dinero como su instrumento. Pero también nos advierte con la siguiente reflexión:

“Cuando adviertes que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; (…) entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

Admito que los cantos de sirena del marxismo populista embelesan a los jóvenes, y yo no fui la excepción. Beber de las revistas cubanas Bohemia y Verde Oliva, Le Monde Diplomatique y sin el debido contrapeso libertario fue difícil. Por suerte, pude beber posteriormente de otras fuentes, y hoy comparto lo que anota aquella famosa frase atribuida a Churchill:

“Quien no es de izquierda de joven no tiene corazón. Quien no es de derecha de adulto no tiene cerebro”.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La reciente denuncia de la diputada Rosaura Méndez, quien ha sido objeto de ataques mediante la difusión de una fotografía en redes sociales donde aparece dormida en el Plenario, nos invita a reflexionar sobre el uso adecuado de las normativas que condenan la violencia política por razón de género. Es esencial abordar este tema con la seriedad que merece, diferenciando entre verdaderos actos de violencia de género y situaciones que, aunque reprochables, no encajan en esta categoría.

Violencia política de género

La violencia política contra las mujeres es una realidad que obstaculiza su participación plena en la vida pública. Esta forma de violencia se manifiesta en acciones que buscan menoscabar, anular o restringir los derechos políticos de las mujeres, basándose en estereotipos de género y prácticas discriminatorias. La Ley N.° 10235 de Costa Rica, titulada “Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política”, tiene como objetivo garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en un entorno libre de violencia y discriminación.

Esta legislación es resultado de un esfuerzo significativo de la sociedad costarricense para promover la igualdad de género y asegurar que las mujeres puedan participar en la política sin temor a represalias o agresiones. La correcta aplicación de esta ley es esencial para proteger a las mujeres de actos de violencia política de género.

La denuncia de Rosaura Méndez: ¿Violencia de género o crítica política?

En este caso, la diputada Rosaura Méndez ha denunciado ser víctima de violencia política de género tras la difusión de la imagen mencionada. Ciertamente, cualquier ataque personal que busque menospreciar o dañar la dignidad de una persona es condenable. No obstante, es necesario analizar si este incidente se ajusta a lo que la ley define como violencia política de género.

La Ley N.° 10235 establece que esta forma de violencia incluye acciones destinadas a forzar la renuncia de una mujer a su cargo, afectar su integridad personal o perjudicar su reputación con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus derechos políticos. En este contexto, resulta pertinente evaluar si la difusión de la fotografía de la diputada Méndez tuvo como propósito socavar su participación política por su condición de mujer, o si se trató de una crítica política que, aunque cuestionable, no constituye violencia de género.

Personalmente, considero que independientemente del género, una imagen similar de un legislador varón habría provocado una reacción comparable en la opinión pública.

El riesgo de la banalización

Utilizar las normativas diseñadas para proteger a las mujeres como herramienta para justificar situaciones que no corresponden a la categoría de violencia de género puede tener consecuencias negativas. En primer lugar, se corre el riesgo de banalizar la gravedad de la violencia de género, restándole importancia a las situaciones que realmente ponen en peligro la integridad y vida de las mujeres.

En segundo lugar, este uso indebido puede generar la percepción de que las leyes de protección son empleadas de forma oportunista, lo que afectaría la credibilidad de futuras denuncias legítimas.

Por ello, es fundamental que las instituciones responsables de aplicar estas normativas realicen un análisis riguroso de cada caso. Esto asegura que la ley se utilice en situaciones reales de violencia de género, protegiendo así su integridad y garantizando que los recursos disponibles se destinen a quienes verdaderamente lo necesiten.

La importancia de un sistema judicial eficiente

El sistema judicial costarricense enfrenta diversos desafíos, como la sobrecarga de casos y la limitada disponibilidad de recursos. Presentar denuncias que no cumplen con los criterios para ser consideradas violencia de género puede contribuir a la saturación del sistema, dificultando la atención oportuna de casos verdaderamente críticos.

Es responsabilidad de los actores políticos y sociales utilizar las herramientas legales de manera responsable, evitando denuncias superfluas que desvíen la atención de situaciones urgentes. Un sistema judicial eficiente es aquel que responde de forma efectiva a las necesidades de la población, pero esto solo es posible si las normativas se aplican con rigurosidad y coherencia.

La delgada línea entre la crítica política y la violencia de género

En una sociedad democrática, la crítica política es un componente esencial del debate público. Los funcionarios públicos están sujetos a la evaluación ciudadana, lo que fortalece la democracia. Sin embargo, es vital distinguir entre una crítica legítima y una agresión basada en estereotipos de género.

La crítica debe enfocarse en las acciones, decisiones y posturas de los actores políticos, evitando los ataques personales que perpetúan la discriminación de género. Cuestionar la gestión de una diputada por su desempeño legislativo es válido; sin embargo, atacar su apariencia física o su vida personal con base en estereotipos es inaceptable.

Conclusión

La protección contra la violencia política de género es un logro significativo en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, para preservar su efectividad, es imprescindible que estas normativas se aplique

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