Jueces a la carta: ¿seguirá Costa Rica el ejemplo mexicano?

México implementó recientemente un cambio profundo en la forma en que se elegirá, en adelante, a los jueces; una decisión que ha generado críticas internas y externas, por sus posibles implicaciones en la independencia judicial.

Lejos de ser el resultado de un clamor ciudadano, esta reforma responde al deseo de una parte específica de la clase política mexicana —la del izquierdista partido Morena— que busca consolidar su control sobre los poderes del Estado, desoyendo las voces que exigen una justicia imparcial y transparente.

A pesar de su orgullosa trayectoria republicana, Costa Rica no está exenta de ese riesgo. 

De manera que, si lo ocurrido en México no se discute a tiempo, ni se corrigen las causas que lo originaron, podríamos enfrentar un escenario donde la democracia y el Estado de derecho se debiliten considerablemente.

Consecuencias de una justicia manipulada

La reforma ocurrida en México, que otorga a la esfera política gobernante un mayor control sobre la elección de los jueces, refleja un problema más profundo: la impunidad, tanto administrativa como política. 

En la medida en que el poder para elegir a los jueces se concentre en manos de los gobernantes, el sistema judicial corre el riesgo de convertirse en un mero instrumento para servir a sus intereses, y perpetuar esta situación.

Es así como los jueces, que deberían ser la última línea de defensa de los ciudadanos frente a los abusos de poder, pueden acabar siendo seleccionados por su lealtad política hacia el gobernante de turno y no por su idoneidad. 

El resultado de ello sería un ciclo vicioso en el que los delitos administrativos o políticos, cometidos desde el poder, queden impunes, fomentando más corrupción e injusticia en contra de los gobernados.

Reducir los requisitos a simplemente ser abogado, y delegar en la ciudadanía la elección de la persona idónea para ejercer el cargo —considerando los resultados de otros puestos de elección popular donde se prioriza la simpatía o el beneficio inmediato— no augura un futuro prometedor al sistema judicial mexicano.

El espejo costarricense

En Costa Rica, aunque el método de selección de los jueces es distinto al sistema recientemente adoptado en México, la sombra de la politización y los conflictos de interés no le son ajenos. 

La falta de consecuencias reales para quienes cometen actos de corrupción, y el tráfico de influencias en la designación de puestos clave, crean un ambiente donde la justicia no siempre es equitativa.

Tampoco ayuda la posibilidad de que existan cargos vitalicios en las magistraturas, y el hecho de que en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa puedan inclinar la balanza aspectos tan subjetivos como una entrevista.

La ciudadanía percibe un sistema judicial que, en muchos casos, no responde a sus necesidades, y parece proteger a quienes tienen conexiones políticas o poder económico; y, aunque el sistema judicial costarricense ha gozado históricamente de mayor autonomía, ya se evidencian signos de agotamiento que parecieran ser ignorados por quienes están a su mando.

Lecciones y oportunidades

El paralelismo entre México y Costa Rica no es casual. En ambos países, los problemas de justicia e impunidad son el resultado de una clase política que antepone sus intereses a las demandas ciudadanas.

Cuando la justicia no es equitativa, se desmantela la confianza en las instituciones, lo que puede derivar en una proliferación de delitos sin castigo y, en consecuencia, en una crisis de gobernabilidad. 

La corrupción y la distribución de cargos entre allegados se vuelven parte del sistema, mientras que las reformas que podrían mejorar la forma de impartir justicia son ignoradas o postergadas indefinidamente.

En ese sentido, el Informe del Estado de la Justicia en Costa Rica señaló varios puntos críticos que deben atenderse para evitar el deterioro del sistema judicial. Entre sus principales recomendaciones destaca la separación entre la parte administrativa y la judicial, cosa que no sucede en la actualidad, ya que la Corte Suprema de Justicia asume ambos roles, lo que genera conflictos de interés y una gestión ineficiente.

Al transferir la administración a un ente autónomo, la Corte podría enfocarse exclusivamente en impartir justicia, mejorando tanto su capacidad técnica como su transparencia administrativa.

Otra propuesta clave es la implementación de evaluaciones periódicas y transparentes para los jueces, algo que ha sido limitado y poco efectivo hasta ahora. 

En paralelo, el informe también sugiere la creación de mecanismos de auditoría externa y control ciudadano en relación con el sistema judicial, medidas que incrementarían la confianza pública.

Si Costa Rica no adopta estas recomendaciones e ignora las demandas ciudadanas de reforma, enfrentará lamentablemente el mismo riesgo que México: un sistema judicial bajo el control político que perpetúa la corrupción y la impunidad. Ante este panorama, es necesario actuar con firmeza.

¿Qué podemos hacer?

Es urgente implementar reformas que fortalezcan la independencia judicial, fomentando que los jueces sean seleccionados por su capacidad técnica y ética, y no por sus conexiones políticas.

Al mismo tiempo, es necesario crear mecanismos de participación ciudadana reales, para que las voces de quienes exigen justicia no sean ignoradas.

Pareciera indispensable proponer una reforma constitucional que limite la reelección de los magistrados, situación que actualmente se produce de manera casi automática, pues se requieren 38 votos en contra, algo prácticamente imposible debido a la conformación de la Asamblea Legislativa.

Dado que las reformas constitucionales son lentas, sería conveniente que la Asamblea Legislativa adoptara un acuerdo para no reelegir a nadie más a partir de ahora, permitiendo así la renovación necesaria. Gente con nuevas ideas y perspectivas es crucial si queremos aspirar a una justicia pronta y cumplida.

Tras décadas con las mismas personas al mando, lo que tenemos es ineficiencia, desorden, abusos e intereses creados. Continuar por el mismo camino no producirá resultados distintos.

También se podría considerar limitar el mandato a un solo periodo de 12 años. Y, por supuesto, eliminar las puertas giratorias, ya que, de lo contrario, continuaremos fomentando las malas prácticas que nos tienen donde estamos.

Resulta esencial revisar los criterios de la Comisión de Nombramientos, ya que aspectos tan subjetivos como una entrevista no deberían ser determinantes para una elección de esta naturaleza. Habría que priorizar criterios técnicos como el tiempo de respuesta, el trabajo en equipo, la cantidad de trámites resueltos y, sobre todo, la calidad de las resoluciones.

Costa Rica, al igual que México, debe resistir la tentación de caer en una justicia manipulada desde el poder político; pero, para ello, debemos asegurarnos de que el sistema funcione para todos y no solo para unos pocos.

La falta de independencia judicial y la corrupción amenazan la estabilidad de cualquier país: ¿estamos dispuestos a ignorar estas señales o tomaremos acciones antes de que sea demasiado tarde?

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