Recientemente, se generó una controversia cuando se filtró un documento del Comité de Vigilancia del IVM; única instancia que tiene la Superintendencia de Pensiones para plantear temas sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque sin carácter vinculante. Es importante recalcar que este comité es la única entidad existente para que el régimen de pensiones más grande del país rinda cuentas sobre su estado. ¿Sorprendente, verdad? 

En ese documento se discutía un estudio actuarial que simplemente proyecta escenarios para evaluar los cambios paramétricos necesarios para evitar el colapso del sistema. La aclaración es importante, pues muchas veces estos estudios se toman como verdades absolutas.

Estos estudios parten de supuestos; en este caso, uno de ellos es que el Estado cumplirá con su deuda ante la CCSS, algo que no ha sucedido en años debido al desbordamiento de los costos de la seguridad social, lo cual erosiona la validez de sus conclusiones.  Ese incremento en costos se debe, en parte, a que la CCSS administra tanto el seguro de salud como el de pensiones, dos esquemas de naturaleza distinta que operan bajo lógicas e indicadores de riesgo muy diferentes. Numerosas recomendaciones internacionales señalan la necesidad de separarlos, pero aquí, como se defiende a la institución por encima de los servicios, se sigue con el discurso de que “la CCSS no se toca”.

Del otro lado de la ecuación, los costos asociados a la formalización sanitaria y el monto mínimo de cotización asfixian a los pequeños emprendimientos y a los trabajadores independientes, quienes, en muchos casos, terminan en la informalidad o quedan fuera de la cobertura del IVM. Esto perjudica la sostenibilidad del fondo, pues cada vez menos personas contribuyen.

Separar ambas administraciones y diseñar un sistema que priorice a la persona en lugar de a la institución serían  pasos clave para reducir la duplicidad de funciones, disminuir costos y aumentar la transparencia. Actualmente, la insostenibilidad financiera del IVM se agrava con cada decisión interna, pues el objetivo es cubrir sus gastos sin importar cuánto aumenten.

Un sistema basado en supuestos obsoletos 

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se creó bajo el principio de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos financian a los jubilados, esperando recibir el mismo apoyo en el futuro. Sin embargo, esta estructura ha derivado en exclusión, desigualdad y una insostenibilidad progresiva.

El IVM fue concebido en un contexto demográfico muy distinto al actual. En los años 70, había 30 trabajadores por cada pensionado; hoy la cifra es inferior a cinco y sigue disminuyendo. Con una tasa de fecundidad de 1.2 hijos por mujer, lejos del 2.1 necesario para mantener la población estable, el sistema enfrenta un déficit estructural de cotizantes. Esto significa que, en un futuro no muy lejano, cada trabajador tendrá que financiar la pensión de un jubilado, algo económicamente insostenible.

Actualmente, la tasa de cotización tripartita (trabajador, patrono y Estado) es de 11% y pronto aumentará a 13%, según la última reforma. Sin embargo, los estudios actuariales indican que se requiere al menos un 20% para garantizar la sostenibilidad del fondo. En términos simples, los jubilados actuales solo han financiado la mitad de su pensión con sus propios aportes; el resto se ha cubierto con una pirámide generacional que ya no existe.

Si se insiste en realizar pequeños ajustes —como aumentar la edad de jubilación o elevar las cuotas— se perpetúa la crisis sin una solución real. La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto depende de la entrada constante de nuevos cotizantes, algo irreal en la actualidad.

Decirlo es fuerte, pero la comparación con una estafa piramidal no es arbitraria: un fondo que requiere generación tras generación de más cotizantes para sostener a los jubilados, cuando esas nuevas generaciones no existen en el número requerido, está en riesgo de colapsar.

En los últimos años, el IVM ha recurrido cada vez más a los intereses generados por su reserva para pagar las pensiones actuales, en lugar de reinvertirlos para garantizar su sostenibilidad futura. De mantenerse esta tendencia, en menos de una década el fondo no contará con los recursos suficientes para cubrir las pensiones, confirmando los pronósticos de los que alertan sobre su inviabilidad. 

Consecuencias para el empleo y la pobreza

El impacto de este sistema no se puede analizar de forma aislada, pues sus arbitrariedades en cuanto a la definición de las cuotas de cotización y la edad de retiro afectan la economía de diversas maneras:

• Desempleo: Costos laborales más altos desincentivan la contratación y fomentan la informalidad.
• Desigualdad: El régimen beneficia a quienes tienen empleos formales y estables, pues sí logran acumular las cuotas requeridas para una pensión. Las personas con trabajos informales, temporales o inestables —generalmente de menores recursos— quedan fuera. Con el tiempo, la brecha de ingresos entre jubilados formales y adultos mayores sin pensión se amplía.
• Pobreza: La mitad de los adultos mayores no recibe ninguna pensión, una situación que continuará agravándose si no hay una reforma profunda.

Falta de transparencia y decisiones tardías

Desde 2008, diversos estudios actuariales han advertido sobre la insostenibilidad del IVM, pero las autoridades de la CCSS minimizaron el problema e incluso recurrieron a la OIT para validar la solidez del fondo. Proyectaron que los intereses de la reserva durarían hasta la década de 2030, algo que, como hemos visto, no se está cumpliendo.

Aun así, la CCSS persiste en exigir que el Estado salde su deuda histórica, cuando este carece de recursos para cubrirla sin sacrificar otras áreas del presupuesto. Al continuar negándose a discutir reformas estructurales, se agrava la crisis financiera del régimen, algo que no sorprende, pues todos los sistemas de reparto en el mundo enfrentan crisis similares debido a supuestos irreales y precisamente por eso deben reformarse.

Aplazar las decisiones solo eleva los costos de la futura transición y reduce la posibilidad de hacerlo de manera ordenada.

Una reforma que mire a la persona y no a la institución

El mayor obstáculo para solucionar este problema es mental, pues se discute cómo “salvar el fondo” en lugar de centrarse en proteger a los adultos mayores de la pobreza. En vez de basarse exclusivamente en un esquema de reparto inviable, el sistema de pensiones debería sostenerse en múltiples pilares.

Uno de ellos sería una pensión básica para todos los costarricenses, equivalente a la línea de pobreza y financiada con impuestos generales, con el fin de eliminar la pobreza en la vejez.

Sobre esa base, se puede implementar un sistema de reparto con cuentas nocionales, complementado con capitalización individual (obligatoria y voluntaria), permitiendo que cada persona ahorre según sus posibilidades. Esto garantiza un ingreso mínimo para todos y, al mismo tiempo, permite que quienes lo deseen, mejoren sus ingresos más allá de los 65 años.

Además de asegurar un ingreso básico, esta reforma no implicaría un aumento del IVA ni de otras cargas tributarias generales que pueden desatar fuerte oposición social y política. A diferencia de otras propuestas —que sugieren más impuestos o ajustes paramétricos— esta idea eliminará los privilegios dentro del propio sistema y empleará impuestos generales para financiar las cargas sociales (ejemplo: todo lo que va a FODESAF), aliviando las planillas e incentivando la formalidad.

Un pilar universal aliviaría la presión sobre el IVM sin sobrecargar a empleadores y empleados. Según un estudio del BID de 2010, este pilar costaría alrededor del 1.4% del PIB y alcanzaría el 1.9% en 2050

Los recursos extra podrían provenir de varias fuentes mal distribuidas hoy:

• Impuestos a pensiones de lujo: Ajustando la contribución de jubilaciones elevadas, que quedaron fuera de la reforma y que están por encima del tope de la CCSS, pero debajo de los ₡2.2 millones para el Magisterio y ¢2.6 millones para el Poder Judicial. Revisando además que la retención aplicada sea del 50% para todos, tal y como lo permite la ley.
• Reasignación de recursos estatales: Redirigir fondos de regímenes privilegiados para que el Estado como patrono aporte de manera equitativa a todos los fondos.
• Analizar el convenio de la discordia de la OIT: Revisar en qué condiciones se puede aplicar un tope al rebajo del 55% y además la base para la resolución de la Sala IV que lo bajo a 50%. De ser necesario se podría elevar la consulta internacionalmente o simplemente denunciarlo.
• Eliminar los multipensionados: Se debe dejar únicamente la pensión más alta, aplicando sobre ella la rebaja correspondiente, y eliminar el resto. La clave está en que para ninguna de las pensiones se cotizo lo suficiente y por tanto se le está recargando ese desbalance al resto de la ciudadanía.
• Acabar con los pensionados juveniles por herencia: Poner el mismo tope que en la CCSS: 25 años si se mantiene estudiando. Además, debe aplicarse lo estipulado en el artículo 26 del Convenio 102 de la OIT, que permite suspender o reducir la prestación si el beneficiario recibe ingresos superiores a un monto definido.
• Cerrar o liquidar los regímenes de privilegio y prohibir la creación de nuevos.  Todos los existentes se deben migrar y viendo lo que acaba de pasar con el OIJ, parece indispensable establecer la prohibición para que los Diputados no puedan inventar más.

Lejos de debilitar la solidaridad, esto la fortalece, porque cada instancia cumpliría su función: la CCSS se enfocaría en administrar con eficiencia los aportes de patronos y trabajadores, mientras el Estado garantizaría cobertura a quienes no completen las cotizaciones necesarias, sin perpetuar las desigualdades del sistema actual.

Conclusión

El régimen de pensiones de la CCSS es a la vez insostenible y excluyente. Y los demás son injustos e inmorales. Por eso debemos pensar en una reforma integral.

Si se sigue aplazando la discusión, llegará un punto en que las pensiones sencillamente dejen de pagarse o se recurra a medidas extremas: impuestos generalizados, reformas constitucionales de emergencia o recortes masivos de beneficios.

La duda no es si habrá que reformar el IVM y los otros regímenes de privilegio sino cuándo y cómo se hará.

Aplazarlo solo perjudica a los trabajadores, que con cada alza de cuotas reciben menos salario neto, y a los futuros pensionados, cuyas promesas de jubilación probablemente no se cumplan.

El momento de un cambio de rumbo es ahora. De lo contrario, el costo social y económico seguirá aumentando, y el país enfrentará mayores tasas de desempleo, pobreza y desigualdad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En febrero de este año, se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el Expediente 24337 del diputado Jonathan Acuña, el cual impedirá que el monto por deuda política se triplique respecto a las últimas elecciones de 2024. Comparto la preocupación que llevó al diputado a la presentación de la iniciativa, pues no tiene sentido un aumento de esa magnitud en momentos donde las políticas de reducción del gasto público afectan directamente la inversión social del Estado.  A pesar de ello, cabe preguntarse:  ¿la deuda política no es algo más que un simple gasto?  Podemos ir más allá:    ¿el método para asignarla puede mejorarse para que ayude a lograr el fin por el cual existe?

“Poderoso caballero es Don Dinero” cierra cada verso de un poema en forma de letrilla satírica que Francisco de Quevedo (1580-1645) escribió en el Siglo de Oro español.  En una de sus estrofas dice:

“y, pues él rompe recatos, y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don Dinero.”

Aunque en la sátira de Quevedo se destaca el poder de Don Dinero para condicionar y torcer voluntades, ese poder puede usarse a favor de los propios fines de la deuda política, brindando oportunidades. 

Existen temas que deben discutirse respecto al financiamiento de partidos políticos y las cuales deben ir más allá de limitar el crecimiento.  

Cómo funciona la deuda política

¿Cuánto es el monto a asignar? 

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 96 que la contribución estatal al proceso electoral será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. También detalla la constitución que la ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Es por ello que en el periodo previo al inicio de la campaña de los últimos procesos electorales los diputados han modificado el monto a destinar.

Para las elecciones del año 2026, gracias a la aprobación del proyecto N° 24337, el monto destinado a dicho proceso electoral será del 0,11% del PIB. Cabe aclarar que este porcentaje pudo haber sido el 0,085% de haberse aprobado la propuesta original que se presentó en su momento.

¿Quiénes tienen acceso  a la deuda política?

Los partidos políticos debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones deben cumplir dos condiciones esenciales para acceder a los fondos: 

• Haber participado en elecciones nacionales (elección presidencial o para diputados a nivel nacional o provincial)  
• Haber recibido al menos el 4% de los votos en el nivel que hayan participado (nacional o provincial) o bien, haber elegido al menos un diputado. 

Posterior a ello, para recibir el dinero los partidos deben justificar ante el TSE mediante comprobantes que cumplan con los requisitos establecidos, aquellos gastos administrativos, para capacitación o de campaña. Además, los partidos deben presentar informes financieros que demuestren el uso correcto de los recursos.

¿Cómo se distribuye el monto de deuda política entre los partidos?

Hasta aquí tenemos un monto total y, por otra parte, un conjunto de partidos que cumplieron con los requisitos de acceso a deuda política.  Inicia entonces un proceso independiente para asignar ese monto y que utiliza los dos procedimientos anteriores (definición del monto y de cuáles partidos tienen derecho al financiamiento).

El artículo 90 del Código Electoral establece el procedimiento para la distribución del aporte a través de dos pasos:

• Se obtiene un costo o valor en dinero por voto, tomando el monto total de la contribución y dividiéndolo entre la suma de todos los votos válidos obtenidos por los partidos con derecho a financiamiento (votos tanto de la elección presidencial como de la de diputados).
• Teniendo el valor por voto, cada partido obtendrá como máximo el dinero que resulte de multiplicar votos válidos por el valor en dinero por voto definido en el paso anterior.

Del primer punto se infiere que cuantos menos votos válidos haya, mayor será el valor por voto, por lo que el nivel de participación de los votantes no afecta el monto de contribución estatal.  Por otra parte, si se disuelve el porcentaje de la votación entre muchos partidos que no llegan al 4%, también subirá ese valor monetario por voto.

Decimos “obtendrá como máximo” un monto de dinero ya que lo que se reciba en términos efectivos depende de la liquidación de gastos electorales y su correspondiente verificación por parte del Tribunal.

Crisis del sistema de partidos

El sistema de partidos políticos enfrenta un deterioro que me atrevería a calificar de alta letalidad, pues el auge de la política personalista amenaza con sustituir este sistema y todo el entramado institucional de la democracia costarricense. Esto no sucede por arte de magia, sino que es producto de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema político democrático ante la incapacidad del mismo por proveer soluciones a los problemas públicos. 

Pero ¿por qué son importantes los partidos políticos? ¿Por qué valdría la pena rescatar un sistema de partidos políticos si estos no han resuelto los problemas de la ciudadanía? Lo primero es que si los actores políticos no están enfocados en mejorar la realidad de las personas, ningún sistema político vale la pena, por lo que esto es de esencial entendimiento para quienes conforman este sistema.

Hay que ser tajante con esto: el poder político debe tener como único fin el bien común, por lo que cualquier otro fin distinto significa que dicho sistema se ha pervertido.

Los partidos políticos como organizaciones tienen un rol fundamental en la sociedad, pues es la asociación de personas con ideas y objetivos similares, con todo lo que ello implica, lo que da vida a la acción política. Una ventaja respecto a la política personalista es que, un partido político es un espacio donde puede y debe haber discusión, entendimiento y acuerdo para la consecución de los objetivos electorales. Incluso en los partidos más cuestionados esto es una regla, pues los procesos internos así lo demandan.

Por su parte, la política personalista borra del mapa todo esto, pues lo que importa es la figura personalísima del candidato o líder y el órgano colectivo responde en exclusiva a los intereses y objetivos de este, lo que demanda una fe ciega ante la imposibilidad de conocer realmente las verdaderas intenciones de quienes ejercerán en un futuro el Poder.

Dicho esto, no creo que el cambio venga de la buena voluntad de los partidos políticos y sus militantes, pues estos han demostrado una desconexión muy grande de la realidad y parecen favorecer el uso de estas entidades como simples vehículos de poder.  El cambio debe promoverse desde los incentivos que ofrece el sistema y la exigencia ciudadana. El financiamiento es una herramienta que puede contribuir a corregir el sistema de partidos y como ciudadanía es nuestra obligación presionar por una reforma al Código Electoral en esa línea.

Reformas necesarias: financiamiento

Visto el funcionamiento de la deuda política y algo del contexto en lo que hace a los partidos políticos, sugiero algunas reformas para que sean consideradas.  Las planteo como puntos de discusión, toda vez que la formalidad de una reforma legal requiere la participación de múltiples sectores y niveles de revisión, como corresponde a los fueros del Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones e incluso, la Sala Constitucional.

De entrada, existen aspectos de la determinación del monto que podríamos analizar. Al igual que otras formas de financiamiento que quedaron plasmadas en la Constitución, como la deuda política o el financiamiento a la educación, la configuración de ese monto no es clara y no queda claro que responda a las necesidades reales. Es por esto que los diputados han modificado de forma recurrente el monto que será destinado a los procesos electorales, pasando de un 0.19% del PIB establecido en la Constitución a un 0.11% del PIB desde 2014.

Conviene que la discusión de una reforma electoral robusta sobre el financiamiento identifique correctamente las necesidades del TSE para llevar a cabo los procesos electorales, así como un monto adecuado y balanceado destinado al financiamiento de los partidos políticos.

Sobre el acceso y distribución, convendría sostener una discusión que considere algunos de los siguientes aspectos:

• Para incentivar la consolidación de los partidos y desincentivar la fragmentación, se podrían fomentar las alianzas y fusiones mediante el condicionamiento de parte del financiamiento público a la conformación de las mismas. Por ejemplo, establecer oportunidades para el acceso a recursos adicionales a aquellos partidos que superen determinados umbrales de participación, incentivando a grupos con afinidades ideológicas y programáticas a la conformación de coaliciones. Para esto también convendría modificar las condiciones de acceso y distribución, elevando el umbral de votos recibidos que otorga derecho de participación.
• Para involucrar a los movimientos políticos en la reducción del alto abstencionismo, convendría la vinculación entre financiamiento y participación ciudadana.  Para este fin se puede modificar el procedimiento para determinar el costo individual del voto, dividiendo el total del aporte estatal no entre la cantidad de votos válidos que recibieron los partidos, sino entre el total de electores con el que contará el padrón electoral para cada elección. Esto podría enfrentar algunos inconvenientes respecto al cronograma electoral, pero es un ajuste que cambiará absolutamente el rumbo de los partidos, al obligarlos a desarrollar estrategias para la atracción de los electores.  Con la legislación actual, los partidos no requieren incentivar una mayor votación y pueden recostarse en el clientelismo, sin aumentar la base electoral.
• Para fortalecer el rol de los partidos como agentes de formación política, se puede condicionar otra parte del financiamiento al que tienen derecho, a la capacitación política y electoral de las personas afiliadas y de sus estructuras formales. El TSE establecería alianzas interinstitucionales y público-privadas para el desarrollo de capacitaciones relacionadas con educación cívica, desarrollo de políticas públicas, realidad nacional y temas de interés para la cultura político-electoral del país, estableciendo un calendario y temario para estos espacios. Los partidos políticos podrían gestionar sus propios espacios acorde a sus lineamientos ideológicos y perspectivas propias. El desembolso de estos recursos puede depender de la cantidad de personas que asistan a estos espacios, contra verificación o supervisión de asistencia por parte del TSE.
• Para combatir el clientelismo y la excesiva injerencia de agentes particulares en la labor de los actores políticos electos popularmente, es necesario reducir la dependencia del financiamiento privado. Aunque para muchas personas suponga una propuesta fuertemente impopular, sobre todo en tendencias liberales y libertarias, considero esencial restringir o incluso eliminar las contribuciones privadas. Esto obligaría a los partidos a buscar financiamiento principalmente a través de recursos públicos por los que, bajo las condiciones anteriormente propuestas, les obliga a conseguir resultados en sus gestiones públicas en puestos de poder, disminuyendo la presión de intereses particulares y reduciendo el riesgo de que estos fondos se traduzcan en políticas clientelistas. En caso de que se permita algún financiamiento privado, se necesita limitar de forma estricta el monto permitido así como el origen de los recursos.
• Para mejorar los mecanismos de control y evitar fraudes al TSE, es preciso implementar auditorías realizadas por organismos externos independientes y  avalados y registrados ante el TSE para dichos fines, que revisen tanto la distribución como el uso de los fondos, asegurando que la rendición de cuentas sea clara y accesible para la ciudadanía.

De manera complementaria para este fin, hay que desarrollar plataformas digitales en las que se publiquen en tiempo real todos los movimientos financieros de los partidos, permitiendo el escrutinio público y facilitando la detección temprana de intentos de fraude o malversación.

Aunque como dije antes, esta no sea un propuesta de reforma con todas las formalidades que requiere, es una propuesta de ruta para una conversación honesta sobre cómo incentivar la competencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las estructuras democráticas a lo interno de los partidos, así como combatir tanto la personalización de la política como la dependencia de financiamiento privado que podría condicionar el accionar de los actores en puestos de poder.  En este punto, también aplica la última estrofa del poema de Quevedo:

“Más valen en cualquier tierra (mirad si es harto sagaz), sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don Dinero.”

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En nombre de la lucha contra la delincuencia organizada, el Expediente 22834 abre la puerta a una peligrosa regresión en nuestro Estado de Derecho. Este proyecto permitiría que el Estado actúe contra cualquier ciudadano sin pruebas previas, con solo una sospecha, congelando sus cuentas, embargando sus bienes y obligándolo a demostrar su inocencia… en tres días.

No se trata de proteger a la ciudadanía, sino de darle poder absoluto a burócratas sin rendición de cuentas. ¿Qué pasa si se equivocan? ¿Quién responde por el daño causado? Este tipo de legislación no combate la impunidad: la traslada al propio Estado.

La seguridad no se construye debilitando las garantías fundamentales ni permitiendo detenciones para notificar procesos. El verdadero desafío es fortalecer nuestras instituciones sin caer en el autoritarismo disfrazado de eficiencia.

Presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad no son obstáculos para combatir el crimen; son los pilares que impiden que nos convirtamos en víctimas del sistema que dice protegernos.