El caos vial en Costa Rica no es una sorpresa: es la consecuencia directa de décadas de decisiones inconexas, visiones parciales y una cultura que ha normalizado depender del carro incluso para los trayectos más simples.

Resolverlo exige reconocer que el problema no es únicamente técnico; es también cultural, institucional y estratégico.

Durante años se ha apostado a grandes proyectos que nunca arrancan o a obras costosas sin impacto estructural, mientras se ignoran soluciones más inmediatas que podrían transformar la experiencia de movilidad de miles de personas. Mejorar el transporte público existente, intervenir puntos críticos y crear espacios caminables no requieren megaproyectos ni presupuestos imposibles: requieren voluntad, coordinación y prioridades claras.

Pero el corto plazo no basta. El país arrastra vestigios del pasado que siguen dictando cómo nos movemos: rutas obsoletas, desorden institucional y ausencia de planificación integral. Incorporar tecnología en los buses, ordenar las rutas según las necesidades reales del país y coordinar mejor con las municipalidades no es una opción; es una condición mínima para que la movilidad deje de ser un obstáculo para la productividad y la calidad de vida.

A largo plazo, la conversación debe cambiar por completo. No se trata solo de ampliar carreteras: se trata de planificar multimodalidad, de entender que trenes, buses rápidos, ciclovías y peatones no compiten entre sí, sino que se complementan. Eso implica reformar entes públicos, darle al MOPT una visión moderna de movilidad y abandonar la idea de que cada institución trabaja en su propio carril.

Costa Rica puede resolver su caos vial, pero no lo hará con soluciones aisladas ni con la promesa eterna de proyectos que nunca llegan.

Lo hará cuando adopte una visión integral: inversiones inteligentes en el corto plazo, correcciones estructurales en el mediano y planificación multimodal en el largo. Ese es el camino para recuperar movilidad, eficiencia y, sobre todo, sentido común.

Costa Rica es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Mientras un cantón apuesta por la densificación vertical, su vecino expande suburbios; uno protege zonas de recarga acuífera, otro urbaniza sin control. Las costas, por su parte, esperan orden mientras proliferan concesiones improvisadas. El resultado son ciudades desconectadas, infraestructura saturada, servicios insuficientes, un alto costo ambiental y un país que pierde cohesión y competitividad.

El problema no se limita a la Ley de Planificación Urbana de 1968. La Constitución Política otorgó amplia autonomía a las municipalidades, lo que ha generado 84 enfoques distintos sin un marco vinculante que asegure la coherencia nacional. 

Si bien la autonomía municipal es valiosa, no es absoluta: las municipalidades forman parte de un sistema interdependiente financiado por toda la ciudadanía, y sus decisiones deben alinearse con una visión de país. 

Esto exige reformas constitucionales puntuales para que, en materia territorial, el interés colectivo prevalezca bajo parámetros claros y democráticos.

Actualmente, solo 43 cantones cuentan con un plan regulador vigente. El resto opera con normas generales o instrumentos obsoletos. En las costas, los planes avanzan sin coordinación regional, lo que dificulta ordenar el crecimiento y proteger el ambiente.

Es fundamental que el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) salga del proceso de aprobación de planes reguladores. Su esquema ha demostrado ser lento e ineficiente. Esta no es una medida punitiva, sino una reestructuración necesaria para establecer una rectoría ágil, técnica y alineada con una visión nacional.

El MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) debe asumir la autoridad de planificación territorial, con potestad vinculante y el respaldo técnico y financiero para ejercerla.

Esto implica dotarlo de personal especializado, sistemas actualizados, herramientas digitales, convenios estratégicos y un presupuesto suficiente. Además, deberá articular y supervisar proyectos con alianzas público-privadas, financiamiento internacional y cooperación, bajo reglas claras que garanticen equidad social y sostenibilidad.

Esto incluye la creación de un Plan Nacional de Infraestructura que integre puertos, aeropuertos, ferrocarriles y corredores logísticos, alineado con la conectividad regional y global. La competitividad del país depende de cómo articule su territorio con el comercio exterior, el turismo y la movilidad, con criterios técnicos que trasciendan las fronteras cantonales y los ciclos políticos. Si un cantón no tiene un plan regulador, debe regirse por un plan nacional hasta que cuente con el suyo.

La viabilidad técnica nunca ha sido tan alta. Con 51 000 km² y 5,5 millones de habitantes, Costa Rica es diminuta comparada con regiones que gestionan más territorio y población bajo sistemas centralizados y eficientes. Sin embargo, esta escala reducida no ha evitado décadas de desorden y desarticulación.

En plena era de la información y la inteligencia artificial, el territorio está mapeado, la infraestructura y los servicios georreferenciados, y existen datos para medir densidades, fragilidad ambiental, talento humano, servicios y movilidad con precisión. Si algún dato no existe, debe recolectarse. Ciudades como Singapur, Seúl, Ámsterdam o Copenhague utilizan redes 5G, sensores y medición en tiempo real para ajustar su desarrollo al instante. 

La meta no es solo corregir rezagos, sino igualar y superar esos estándares, planificando un país capaz de adaptarse continuamente a la tecnología, la virtualidad, la automatización y los retos ambientales.

La planificación debe abandonar modelos que fomentan desplazamientos diarios masivos. Muchas labores pueden migrar a la virtualidad, lo que reduce el tráfico y las emisiones. La movilidad debe ser el eje, con corredores masivos, renovación urbana y vivienda bien ubicada.

Hoja de ruta

• Reforma constitucional: El interés general y las políticas nacionales deben prevalecer en el ordenamiento territorial, respetando la autonomía municipal en su ámbito.
• Reforma a la Ley de Planificación Urbana: Establecer un alineamiento obligatorio, revisiones cada cinco años y plazos claros.
• Transferencia de responsabilidades: La aprobación de planes reguladores debe pasar del INVU al MIDEPLAN, fortalecido técnica y financieramente.
• Meta 2030: Todos los cantones deben contar con un plan regulador vigente o aplicar el plan nacional.
• Integración coordinada: MIDEPLAN, municipalidades y entes de infraestructura y servicios deben coordinar sus acciones bajo un esquema único y vinculante.
• Crecimiento planificado: Priorizar el desarrollo en corredores de transporte masivo, fomentando el teletrabajo y los servicios digitales.
• Resiliencia climática: Implementar control de inundaciones, parques inundables y protección costera.
• Alianzas público-privadas: Impulsar el desarrollo urbano y la infraestructura clave con reglas claras y equidad social.
  

El ordenamiento territorial no puede seguir siendo rehén de intereses fragmentados ni de visiones cortoplacistas. 

Es un asunto de urgencia nacional que debe fijarse desde ahora para que el próximo gobierno y el Congreso reciban una hoja de ruta consensuada, con bases legales y financieras sólidas. Costa Rica tiene la información, la escala y la tecnología para decidir con evidencia. Lo que falta es voluntad política y disciplina para sostener una visión compartida más allá de los ciclos electorales.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Hablar de ciudades en Costa Rica es hablar de un vacío que se ha normalizado. Durante décadas construimos pensando en el carro y en la reja, no en la persona. Llenamos la Gran Área Metropolitana de calles anchas, condominios cerrados y paredones que separan, convencidos de que ese era el camino al progreso. El resultado lo vivimos cada día: presas interminables, inseguridad en los barrios y una creciente sensación de que el espacio público es tierra de nadie.

El economista Federico Cartín nos explica como el urbanismo no es un lujo estético, sino una estrategia de transformación social y económica. El diseño urbano influye en nuestra salud mental, en la seguridad de los niños cuando caminan a la escuela, en la forma en que nos relacionamos con los vecinos y hasta en la productividad del país. Una ciudad mal pensada multiplica la desigualdad; una ciudad bien planificada abre oportunidades, conecta comunidades y mejora la calidad de vida.

La experiencia internacional lo demuestra. Barcelona reorganizó sus barrios para priorizar al peatón. Medellín logró reducir las temperaturas urbanas reverdeciendo sus calles. Toronto transformó un sector deteriorado en un modelo de integración social. Todas estas experiencias parten de una premisa sencilla: la ciudad es un bien común que moldea la convivencia. Y Costa Rica, con su clima privilegiado y sus ríos atravesando la GAM, tiene todo para hacerlo mejor, si decide aprovechar ese potencial.

Proyectos como Rutas Naturbanas muestran que es posible reconectar a la ciudadanía con la naturaleza en medio de la ciudad, generando espacios que no distinguen entre clases sociales y que devuelven seguridad, salud y cohesión. Lo mismo ocurre con la necesidad de fortalecer y subsidiar el transporte público: no como un gasto, sino como una inversión tan esencial como la educación o la salud.

El gran cambio pendiente es mental. Pasar de la lógica del encierro y el carro a una visión de ciudad abierta, verde y compartida. Porque las ciudades no son neutras: nos forman tanto como nosotros las formamos. Una calle arbolada nos invita a bajar el paso y a convivir; una ciudad hostil nos empuja al aislamiento y la desconfianza.

De todo esto conversamos en Pongámonos Serios con el urbanista y economista Federico Cartín. Una reflexión urgente para entender que, si queremos un país que funcione, tenemos que empezar por transformar el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas: la ciudad.

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