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Durante la campaña, cuando se puso sobre la mesa el objetivo del oficialismo de alcanzar una mayoría de 40 diputados, las preguntas sobre lo que podría hacer un partido con tal respaldo dejaron ver algo importante: aunque la Asamblea Legislativa se mantenga en la discusión pública, se desconoce mucho del procedimiento legislativo.

Esta es una serie de artículos que busca explicar, de forma sencilla, el qué y el porqué de las cosas que suceden en el primer poder de la República. Y, para empezar, surge una pregunta básica: ¿por qué es el primero?

El pueblo y la representatividad

La palabra democracia proviene del griego antiguo dēmokratía, formada por dēmos (pueblo o ciudadanía) y kratos (poder, autoridad o gobierno). Su sentido literal se traduce como «poder del pueblo». En términos generales, es el sistema en el que el poder reside en las personas consideradas ciudadanas de una nación y las decisiones de las autoridades responden al mandato ciudadano que, en teoría, busca el bienestar social.

Al leer esto, es evidente que surgen cuestionamientos. En primer lugar, si la democracia significa el poder del pueblo, ¿por qué son unas pocas personas las que toman las decisiones?

La respuesta puede ir desde lo más complejo —como entender las dinámicas de desigualdad social, en las cuales, cuantos más recursos se tengan, mayor es la influencia— hasta lo más sencillo, como una cuestión funcional. Debido a que el interés de esta serie es entender la concepción de nuestro sistema político, se puede responder de forma simple: la democracia de hoy no es la griega. No es directa y es mucho más compleja porque, primero, somos muchísimas más personas consideradas ciudadanía y, segundo, es imposible que la sociedad en su conjunto se dedique a tiempo completo a la toma de decisiones políticas.

La democracia actual es denominada «democracia liberal» y, como otras aplicaciones del concepto original, es una adaptación a los cambios sociales. 

Por ejemplo, en la antigua Grecia, la ciudadanía era apenas una fracción de la población, pues solo se consideraba como tales a los hombres libres y propietarios. En la actualidad, esa consideración se extiende a todas las personas nacidas en un territorio, con lazos de consanguinidad o que hayan adquirido la nacionalidad por naturalización.

La división de poderes

El adjetivo «liberal» nace del hecho de que la organización del poder en nuestro modelo busca un equilibrio entre quienes lo ejercen. El sistema democrático liberal posee una división tripartita:

• Poder Legislativo: primer poder, pues representa al pueblo.
• Poder Ejecutivo: segundo poder, encargado de ejecutar las leyes que emanan del primero.
• Poder Judicial: tercer poder, administrador de la justicia y encargado de velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las normas.

Una democracia es liberal cuando cumple, además, otros aspectos, como la representatividad. Esto significa que debe existir espacio para una pluralidad de personas e ideas en los espacios de poder. También debe ser participativa; es decir, que la ciudadanía pueda ejercer su rol dentro del sistema político desde la sociedad civil.

¿Existen democracias no liberales? Sí. China, por ejemplo, tiene una estructura en la que incorpora aspectos similares a la división de poderes, pero no así la pluralidad ni nuestro sistema de elecciones. 

A diferencia de ese modelo, el nuestro pone en el centro la libertad y los derechos del individuo, mientras que en el chino prima el interés nacional (colectivo).

Legislar y parlamentar

El Poder Legislativo tiene dos funciones esenciales: crear leyes y realizar el control político de los otros dos poderes. Esto se debe a que el Legislativo es la delegación del poder popular en representantes que diseñan leyes en nombre de la voluntad ciudadana.

Para ejercer el control político, la Asamblea Legislativa cuenta con diversas herramientas e instituciones auxiliares:

• Contraloría General de la República: analiza el uso de los fondos públicos.
• Defensoría de los Habitantes: vela por los derechos y libertades de los ciudadanos.
• Potestad de investigación: facultad para convocar a jerarcas y solicitar información pública.

La otra función es legislar. Para esto, cada representante tiene la potestad de presentar proyectos de ley, los cuales aspiran a convertirse en normas jurídicas tras seguir un procedimiento que culmina con el visto bueno de una mayoría de diputaciones.

A grandes rasgos, esta es la naturaleza del llamado primer poder de la República. No quería entrar directamente a explicar cuestiones más técnicas o procedimientos específicos sin que antes se comprendiera por qué esta institución es como es.

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Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

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Costa Rica tiene una manía peligrosa: cuando un instrumento de política pública se contamina por una contratación fallida, la reacción inmediata es declarar “muerto” el instrumento. Se condena la figura, no el proceso. Se dispara contra el martillo, no contra la mano que lo sostuvo.

El caso “barrenador”, con todo el ruido, la indignación y los titulares, está siendo usado así: como prueba automática de que la tercerización de EBAIS es mala, que “lo privado” es sinónimo de abuso y que el único camino “seguro” es volver a concentrar toda la operación en gestión directa. Esa lectura es emocional. Y, peor aún, es un mal diagnóstico.

Porque lo que el caso realmente desnuda no es un pecado original de la tercerización. Lo que desnuda es algo mucho más incómodo: la CCSS, en su rol de compradora pública, ha venido operando con debilidades estructurales para diseñar, licitar, evaluar, adjudicar y supervisar contratos complejos de servicios de salud. 

Y si uno no sabe comprar, no sabe gobernar. 

Y aun así, hay quienes proponen que administre un banco estatal…

No confundamos la discusión: modelo vs. gobernanza

La política pública no se evalúa por anécdotas. Se evalúa por resultados y capacidad institucional.

Tercerizar EBAIS no es “privatizar la salud”. Es un mecanismo de provisión dentro de un sistema público universal, donde el Estado mantiene rectoría, financiamiento y supervisión. 

Es, en esencia, una forma de administrar capacidad instalada y continuidad operativa cuando la institución no puede —o no logra, evidentemente— expandirse con la velocidad, flexibilidad y eficiencia que la demanda exige.

El problema aparece cuando ese mecanismo se ejecuta sin una arquitectura de control robusta: sin estudios de razonabilidad de precio que resistan auditoría; sin trazabilidad impecable de cambios; sin cláusulas contractuales que premien desempeño y castiguen incumplimientos; sin supervisión clínica y administrativa real; sin gestión de riesgos; sin segregación efectiva de funciones.

Eso es gobernanza. Eso es lo que falla. No el concepto. No es mala intención. Es mal diseño. O, más bien, un diseño que han querido mantener, sobre todo, los mandos medios.

Y aquí viene un punto esencial, sobre todo en un país donde la reputación se destruye con una filtración y se reconstruye con años: la responsabilidad penal es individual, se prueba y la determina un juez. No un “clima” mediático. No una narrativa. No una indignación colectiva.

Pretender que, por el solo hecho de existir detenciones o investigaciones, ya podemos “asignar culpa” a una expresidenta o a miembros de Junta Directiva, además de ser jurídicamente incorrecto, es estratégicamente torpe. 

En instituciones grandes, muchas veces la falla es sistémica: son los procedimientos, los mandos medios que controlan el flujo de información, las unidades técnicas que redactan y modifican pliegos, los comités que procesan ofertas, las jefaturas que administran el día a día de la contratación. Ahí es donde se juega la integridad del proceso. Ahí está la captura, cuando la hay. Ahí se siembra el riesgo.

La Junta Directiva decide, sí. Pero decide sobre insumos. Y si los insumos están sesgados, incompletos o diseñados para inducir una conclusión, el problema no es solo “quién firma”. Es quién arma el expediente, quién controla la cocina, quién domina la letra menuda.

La realidad incómoda: sin tercerización no hay cobertura

Ahora vayamos a la discusión que de verdad importa: ¿qué alternativa real tiene hoy la CCSS para asegurar cobertura y continuidad en atención primaria? ¿Para disminuir esas listas de espera interminables?

La atención primaria es la base de la sostenibilidad financiera del sistema. Si el primer nivel falla, todo se desplaza hacia urgencias y especialidades. Eso es carísimo. Y eso alimenta listas de espera.

La CCSS enfrenta restricciones que no desaparecen gracias a la red de protección interna:

• Rigidez administrativa y laboral para ajustar rápidamente recursos donde la demanda crece.
• Dificultad para abrir, expandir o reconfigurar servicios con la velocidad que requieren ciertos territorios.
• Incentivos internos débiles para premiar productividad y calidad, y para corregir bajo desempeño.
• Presión fiscal y costos crecientes.

En ese contexto, la tercerización bien hecha no es un “capricho ideológico”. Es una herramienta pragmática de gestión pública. Los países serios no discuten esto como dogma. Discuten cómo se contrata, cómo se mide, cómo se controla.

Y hay algo que se ha perdido en el debate: los EBAIS tercerizados no son, por definición, peores. La evidencia institucional muestra, de hecho, lo contrario.

La pregunta correcta no es “¿tercerización sí o no?”. La pregunta correcta es: ¿cómo diseñamos un modelo contractual que obligue a rendir cuentas y a entregar resultados verificables?

El verdadero escándalo: comprar servicios de salud como si fueran fotocopias

La contratación de servicios de salud no es una compra de bienes. Es una compra de resultados: acceso oportuno, continuidad, prevención, control de enfermedades crónicas, vacunación, seguimiento materno-infantil, referencia adecuada, calidad clínica y satisfacción del usuario.

Sin embargo, demasiadas veces el Estado compra estos servicios como si estuviera adquiriendo horas-hombre, metros cuadrados y checklists. Se define el “cómo” y se olvida el “para qué”. Se licita con lógica formalista, no con lógica humana. Y luego nos sorprende que haya sobrecostos, disputas, arbitrariedades o zonas grises.

El caso “barrenador” debe leerse como una alerta roja sobre compra pública estratégica: la CCSS tiene que profesionalizar, blindar y modernizar la forma en que contrata servicios complejos. No para “favorecer” proveedores. Para proteger al asegurado. Para evitar capturas. Para evitar, precisamente, que un caso como este se repita.

Lo que hay que hacer: tercerizar, sí; pero con dientes

La CCSS debe defender y sostener la tercerización como parte de su caja de herramientas. Pero tiene que cambiar el estándar. No con discursos. Con reglas.

Un paquete mínimo de reformas debería incluir:

1. Razonabilidad de precios verificable
   • Metodología pública, replicable y auditada.
   • Benchmarking serio (canasta de servicios, complejidad poblacional, costos unitarios).
   • Trazabilidad de cualquier ajuste al pliego o al presupuesto de referencia.
2. Contratos por resultados
   • Indicadores clínicos y de acceso como KPI contractuales.
   • Pagos con componente variable según desempeño.
   • Penalidades automáticas por incumplimientos críticos.
   • Cláusulas de terminación por desempeño, no solo por formalidades.
3. Supervisión independiente y permanente
   • Auditoría clínica y de datos, no solo administrativa.
   • Verificación en campo, con capacidad sancionatoria real.
   • Tableros públicos por área de salud: transparencia radical.
4. Integridad y anticaptura
   • Debida diligencia reforzada del proveedor (historial, estructuras, conflictos).
   • Segregación estricta de funciones internas (quien diseña pliego no decide adjudicación).
   • Rotación de personal en posiciones críticas de contratación.
   • Registro y trazabilidad de reuniones y comunicaciones relevantes del proceso.
5. Unidad especializada de compra de servicios de salud
   • No más improvisación administrativa.
   • Perfil técnico multidisciplinario: salud pública, economía, derecho, datos, gestión.

Si el Estado no hace esto, el debate no es “tercerizar o no”. El debate será, inevitablemente: ¿cuándo será el próximo escándalo?

Cerrar filas con lo correcto: debido proceso y reforma institucional

Costa Rica necesita dos cosas al mismo tiempo, y tiene que sostener ambas con la misma firmeza.

Primero: debido proceso. Presunción de inocencia. Seriedad institucional. Que las investigaciones avancen, que se determinen responsabilidades donde corresponda y que no se convierta la justicia en espectáculo. Criminalizar por reflejo a jerarcas o directivos, sin sentencia y sin prueba pública, es un atajo que le hace daño a todos: a la institución, a la democracia y al estándar mínimo de justicia.

Segundo: reforma estructural. Porque si todo se reduce a “quién cayó” y “quién se salva”, perdimos la oportunidad. El aprendizaje relevante no es moralista. Es técnico: la CCSS tiene que convertirse en un comprador público competente, moderno y difícil de capturar.

“Barrenador”, entonces, no debería empujarnos a destruir la tercerización. Debería obligarnos a construir algo mejor: un modelo con reglas claras, contratos inteligentes, transparencia y control.

Lo demás es lo de siempre: indignación, titulares… y listas de espera. Y eso, francamente, es lo que la gente ya no aguanta.

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Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

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Hace tiempo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene una mala reputación. Para muchos, es sinónimo de ineficiencia, ruido político y decisiones sujetas a intereses más que a razones. Sin embargo, más allá de la percepción popular, pocas veces se entiende qué pasa adentro realmente, cómo se toman las decisiones y por qué muchas buenas ideas se estrellan incluso antes de llegar a votación.

En nuestra conversación con Daniela Rojas, una diputada que conoce el sistema desde adentro y desde afuera, se revela un fenómeno profundo: no es solo burocracia o mala voluntad. Es que el diseño institucional aún responde a una realidad que ya no existe —el bipartidismo como eje imperante— y eso dificulta que la Asamblea funcione con agilidad y coherencia. Entre mociones que atrasan iniciativas, reglamentos pensados para otros tiempos y una cultura política que evita el debate honesto, lo que vemos desde afuera es solo la punta del iceberg.

Esto no es una defensa de quienes están dentro ni una crítica superficial. Es la constatación de que las reglas del juego importan tanto como las personas que las juegan. Un sistema más transparente y adaptado a la pluralidad actual no solo permitiría que buenas leyes avancen; también devolvería a la ciudadanía la confianza en la política como herramienta de solución, no de frustración. Porque si la Asamblea no se transforma, seguirá siendo un lugar donde el cambio se traba antes de nacer.

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