Política
Pongámonos Serios con Javier Escalante: 800.000 casos en el Poder Judicial
RESUMEN
Las críticas al Poder Judicial se han vuelto cada vez más fuertes en Costa Rica, y muchas de ellas responden a problemas reales: mora judicial, procesos que se extienden por años y reformas que siguen pendientes. Pero en medio del enojo conviene hacer una pausa para entender algo fundamental: debilitar la institución no resolverá esos problemas. La discusión que el país necesita es otra: cómo modernizar la justicia, reducir su sobrecarga y permitir que el sistema vuelva a cumplir su función principal: garantizar seguridad jurídica y resolver conflictos en un plazo razonable.
El Poder Judicial suele entrar en la conversación pública cuando algo falla: una resolución polémica, un proceso que tarda años o una noticia más sobre la mora judicial. Muchas de esas críticas tienen fundamento. Sin embargo, existe un riesgo en dejar que el enojo domine la discusión: terminar debilitando una institución que sigue siendo fundamental para proteger derechos, propiedad y reglas básicas de convivencia democrática.
En nuestra conversación con Javier Escalante, surgió una idea clave: el problema de la justicia costarricense no es solo de recursos o de personas, sino también de diseño institucional. Durante años el sistema ha acumulado una enorme carga de expedientes, muchos de los cuales corresponden a asuntos que probablemente no deberían estar en la vía judicial.
Cuando todo termina judicializándose, la justicia se vuelve lenta. Y cuando se vuelve lenta, la seguridad jurídica comienza a deteriorarse. Un derecho que tarda años en reconocerse pierde fuerza. Una controversia que se arrastra indefinidamente erosiona la confianza en el sistema.
Parte de la discusión, entonces, pasa por reconocer que no todo conflicto necesita un juez. En muchos países existen vías alternas para resolver disputas patrimoniales o asuntos menores de manera más rápida y eficiente. En Costa Rica, en cambio, hemos desarrollado una cultura donde casi cualquier conflicto termina en tribunales, saturando un sistema que luego no logra responder con la rapidez que la ciudadanía espera.
Esto no significa debilitar al Poder Judicial ni restarle importancia. Significa algo más sensato: permitirle concentrarse en lo que realmente le corresponde. Liberar al sistema de cargas innecesarias, fortalecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos y rediseñar procesos podría ayudar a que los tribunales se enfoquen en los casos que sí requieren su intervención.
Porque al final, una democracia madura no destruye sus instituciones cuando enfrentan problemas. Las corrige, las moderniza y las obliga a funcionar mejor. Y en el caso de la justicia costarricense, el desafío no es dinamitar el sistema, sino reformarlo con seriedad para que pueda cumplir lo que promete: una justicia pronta y cumplida.
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