El aparato estatal costarricense opera como un motor descompuesto: impulsado por deuda, consumo ineficiente y un gasto excesivo que no se traduce en mejores servicios ni en bienestar para la población.

Durante décadas, hemos enfrentado un ciclo repetitivo que nos mantiene estancados: el dinero nunca alcanza, y las soluciones propuestas se limitan a aumentar o crear impuestos. 

Cuando esta medida es rechazada por la mayor parte de la población, los políticos de turno recurren a endeudarnos aún más para sostener un sistema fallido.

Un modelo insostenible

El modelo actual del Estado costarricense se sostiene de la misma manera que lo hace quien vive, en forma irresponsable, de una tarjeta de crédito: gastando más de lo que gana y acumulando deudas que terminan asfixiando a la ciudadanía.

En lugar de optimizar y digitalizar procesos, despedir empleados, tercerizar servicios o reducir privilegios, el gobierno recurre a financiarse con deuda, lo que nos tiene literalmente ahogados. A medida que aumentan los intereses de esa deuda, los servicios básicos se deterioran, mientras los ciudadanos cargan con el peso de sostener una burocracia inflada.

A pesar de las promesas de los gobiernos, los nuevos préstamos e impuestos no resuelven los problemas estructurales que nos aquejan. El dinero se destina a cubrir salarios desproporcionados, beneficios desconectados del rendimiento y una burocracia que no rinde cuentas, dejando menos espacio para invertir en áreas críticas como salud, educación, seguridad e infraestructura.

El costo de no reformar

La crisis fiscal del año 2018 fue solo el punto más visible de un problema que lleva décadas gestándose. Y es que cada colapso fiscal ha sido respondido con la misma fórmula, siendo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no fue la excepción. A pesar de que fue “vendida” a la población como una tabla de salvación, las instituciones rápidamente encontraron huecos legales para evadir los límites establecidos por la regla fiscal y la Ley de Empleo Público. 

El resultado: el gasto sigue creciendo mientras los ciudadanos continúan pagando la factura y viendo cómo sus necesidades siguen insatisfechas a pesar de pagar más.

Proponer una reforma estatal es, para muchos, un tabú. Proponer que el Estado deje de gastar en lo innecesario, que optimice procesos, que aproveche los avances tecnológicos o que elimine puestos que no generan valor es considerado políticamente incorrecto.

Sin embargo, mantener un Estado sobredimensionado tiene un costo muy alto: los intereses de la deuda pública aumentan, los servicios se deterioran y la competitividad del país disminuye. 

Mantener privilegios injustificados o evitar despidos necesarios no significa que “no perdemos”; al contrario, ese inmovilismo nos hunde más en el ciclo empobrecedor.

Además, los gremios que se benefician del sistema han perfeccionado el discurso del secuestro emocional, presentando a todos los empleados públicos como indispensables y excelentes, aunque las listas de espera en la Caja, los retrasos en el Poder Judicial y la ineficiencia general de los servicios públicos contradicen esa narrativa. 

Esta estrategia busca paralizar cualquier intento de reforma, perpetuando un sistema que no funciona.

La reforma del Estado

La única manera de salir del ciclo empobrecedor es reformar el aparato estatal. Esto no significa desmantelarlo, sino optimizarlo. Si el Estado se concentra únicamente en funciones esenciales y reduce los abusos y la burocracia innecesaria, podría liberar recursos para mejorar los servicios que impactan directamente la calidad de vida de las personas.

Esto requiere una reingeniería institucional: digitalizar procesos, eliminar duplicidades, eliminar o reestructurar entes y ajustar las planillas a las necesidades reales. 

Se puede incluso considerar crear centros de servicios compartidos para optimizar funciones como recursos humanos, contabilidad y proveeduría, entre otros.

En un proceso como ese, la valentía política será esencial, así como el apoyo ciudadano para exigir los cambios necesarios. Entre las medidas indispensables para llevarlo a cabo están:

• Reducción de la burocracia. Al reducir el tamaño de la planilla pública, los salarios podrían ajustarse. Si bien deben ser competitivos, también deben definirse con base en el aporte de cada quien al bienestar ciudadano.
• Focalización en objetivos claros. Definir cuáles servicios debe brindar el Estado, respondiendo preguntas como “¿por qué?” y “¿para qué?”. Esto requiere, entre otras cosas, unificar labores por ente y eliminar programas redundantes. Una vez definidos, todos los entes que no se dediquen a alguna de las actividades prioritarias deben ser cerrados, vendidos o reestructurados.
• Simplificación tributaria. Eliminar exoneraciones e impuestos injustificados. Además, bajar las tasas para combatir la evasión y elusión fiscal.
• Evaluación del desempeño. Implementar sistemas que midan el rendimiento de los empleados públicos, premiando el mérito en lugar de la antigüedad o el amiguismo.

Costa Rica no puede seguir sosteniendo un sistema que consume recursos sin resultados. Reformar el Estado es el primer paso para romper el ciclo empobrecedor y avanzar hacia un modelo que nos permita crecer y prosperar como sociedad.

La pregunta entonces es:

¿Seguiremos tolerando este sistema fallido o exigiremos el cambio que tanto necesitamos?

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La reciente publicación del estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica 2025 ofrece una radiografía clara y objetiva de la situación actual del país. Destaca avances significativos, pero también evidencia desafíos fundamentales que requieren acciones estratégicas.

Avances Económicos y Retos Fiscales

Costa Rica ha logrado avances significativos en términos económicos, especialmente si se compara con sus pares regionales. Según el informe de la OCDE, el crecimiento económico ha sido robusto y más estable que el de otros países de América Latina, impulsado principalmente por un sector exportador vigoroso, especialmente en manufactura avanzada y servicios empresariales. 

Es innegable que Comex y Procomer han hecho un gran trabajo poniendo al país en el mapa mundial, reflejado en el aumento sostenido de exportaciones de alto valor agregado, particularmente dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Este éxito se ha visto complementado por políticas comerciales efectivas y una fuerte atracción de inversión extranjera. Las zonas francas han desempeñado un papel clave en este crecimiento, atrayendo empresas multinacionales que encuentran en Costa Rica un entorno regulatorio favorable y una fuerza laboral calificada. 

Sin embargo, la concentración del comercio en pocos mercados, principalmente Estados Unidos, representa un riesgo latente. Por ello, es fundamental diversificar las relaciones comerciales,  explorando nuevos mercados y participando en acuerdos como el Acuerdo Transpacífico, que podrían abrir oportunidades adicionales para el país.

En el ámbito fiscal, la situación ha mejorado gracias al cumplimiento de la regla fiscal y la contención del gasto público, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública en torno al 60% del PIB. 

No obstante, los altos costos en intereses siguen limitando el margen de maniobra fiscal, restringiendo recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Para garantizar la sostenibilidad fiscal, es necesario realizar revisiones periódicas del gasto público y asegurar una asignación eficiente de los recursos.

Desafíos en el Empleo, Educación e Infraestructura

Uno de los mayores desafíos es la alta informalidad laboral, que afecta al 40% de la población ocupada. Esto no solo limita el acceso a servicios esenciales, sino que también reduce la capacidad tributaria del Estado y afecta la productividad. 

Para combatirla, Costa Rica debe simplificar regulaciones, reducir cargas sociales—especialmente para trabajadores de baja calificación—y mejorar los incentivos para la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Además, un enfoque integral que incluya una mejor aplicación de las leyes laborales y mayor acceso al crédito formal contribuiría considerablemente a reducir el trabajo informal.

Otro aspecto preocupante es la baja participación laboral femenina, que está por debajo del  promedio de la OCDE. Esta brecha limita el potencial económico de muchas mujeres y afecta el crecimiento del país. 

Una de las principales causas es la escasez de servicios de cuidado infantil y educación temprana. Solo el 7% de los niños entre 0 y 2 años accede a estos servicios. 

Expandir significativamente la red de cuidados debe ser una prioridad absoluta, especialmente para familias de menores ingresos.

Esto permitiría que más mujeres ingresen al mercado laboral, incrementando los ingresos familiares y fortaleciendo la economía.

En términos educativos, aunque Costa Rica ha priorizado este sector en la asignación presupuestaria, los resultados recientes reflejan desafíos importantes en la calidad educativa. Las habilidades técnicas y especializadas necesarias para el mercado laboral actual no se están desarrollando adecuadamente, generando una brecha significativa entre la demanda de competencias por parte del sector privado y la oferta educativa disponible. 

Es indispensable una reforma profunda y bien estructurada del sistema educativo, y de la asignación presupuestaria (no es más dinero, sino invertirlo donde importa), enfocada en educación técnica y vocacional, así como en el impulso de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

La colaboración entre instituciones educativas y empresas es clave para que los programas académicos respondan a las necesidades reales del mercado.

Por otro lado, la sostenibilidad ambiental sigue siendo un área donde Costa Rica ha demostrado liderazgo regional, con metas ambiciosas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica representa un desafío creciente ante sequías más frecuentes, que afectan la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico. 

Es necesario acelerar la diversificación energética, apostando por energía solar, eólica y geotérmica, con mayor participación del sector privado y la inversión extranjera. 

Además, mejorar la gestión de recursos hídricos y residuos sigue siendo una asignatura pendiente, con un impacto directo en la calidad ambiental y la salud pública.

Finalmente, el informe destaca la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del país, especialmente en el ámbito del transporte, donde la calidad actual es deficiente y los proyectos suelen sufrir retrasos y sobrecostos.. 

Fortalecer la planificación estratégica y optimizar la ejecución de proyectos mediante estudios rigurosos y cronogramas detallados debe ser una prioridad para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad nacional.

Un Futuro por Construir

Costa Rica cuenta con bases sólidas y ha logrado avances importantes en múltiples áreas. No obstante, enfrenta desafíos críticos que podrían comprometer su desarrollo futuro. La implementación de reformas estratégicas en sostenibilidad fiscal, empleo formal, equidad de género, educación, transición energética e infraestructura será determinante en los próximos años.

La tarea pendiente es clara y exige compromiso político, liderazgo decisivo y una visión estratégica que permita consolidar los avances logrados y enfrentar con éxito los retos futuros.  

De cara a las elecciones del 2026 la pregunta es: ¿Quién es la persona (y el equipo) capaz de asumir estos retos?

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La reciente decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de dictaminar positivamente el expediente 23.974, que busca excluir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la Ley Marco de Empleo Público, es un retroceso inaceptable que socava los principios de equidad y transparencia en la administración pública.

Este proyecto de ley, impulsado por el partido Liberación Nacional, pretende mantener un régimen de privilegios para los funcionarios de la CCSS, argumentando que su naturaleza institucional justifica la excepción. 

Sin embargo, esta exclusión no responde a criterios técnicos ni a la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios de salud, sino a presiones sindicales y a una visión arcaica y desgastada de la función pública.

La Falsa Justificación de la Autonomía

Uno de los principales argumentos es que la CCSS goza de una autonomía constitucional especial, lo que le permitiría regular de manera independiente la contratación y administración de su personal. Es cierto que el artículo 73 de la Constitución le otorga autonomía en la administración de los seguros sociales, pero eso no significa que deba operar como un feudo intocable dentro del Estado.

La autonomía administrativa no puede ser utilizada como excusa para evitar la fiscalización, la rendición de cuentas y la aplicación de principios de equidad en la gestión de los recursos humanos. 

No hay ninguna razón válida para que los casi 65.000 funcionarios de la CCSS operen bajo reglas diferentes a las del resto del sector público. 

Sus salarios y condiciones laborales son financiados con fondos públicos y las contribuciones de trabajadores y empleadores.

Privilegios Injustificados y Falta de Control

La exclusión de la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público mantiene un régimen laboral fragmentado y opaco, donde los beneficios y condiciones varían arbitrariamente en comparación con otras instituciones estatales. Esta desigualdad no solo es un problema de justicia administrativa, sino que además encarece el sistema y dificulta la implementación de reformas urgentes para mejorar la calidad del servicio.

En lugar de fortalecer la meritocracia y la eficiencia, esta reforma protege un esquema en el que los nombramientos, ascensos y condiciones laborales pueden seguir dependiendo de intereses políticos y sindicales. 

La CCSS necesita modernización y eficiencia, no más barreras para la transparencia y la rendición de cuentas.

El Impacto en las Finanzas Públicas y la Equidad

La exclusión de la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público también tiene implicaciones financieras serias. La fragmentación del sistema de empleo público impide la implementación de medidas de contención del gasto en momentos en que la sostenibilidad fiscal del país es crítica. 

Mientras se exige a otras instituciones disciplina presupuestaria, se permite que una de las más grandes y costosas opere sin los controles que se aplican al resto del Estado.

Esto genera inequidad entre los servidores públicos, creando ciudadanos de primera y segunda categoría dentro del propio aparato estatal. ¿Por qué un funcionario de la CCSS debe tener reglas distintas a un trabajador del Ministerio de Salud, que cumple funciones esenciales para la población?

Un Proyecto en la Dirección Equivocada

El expediente 23.974 representa un grave error legislativo y un retroceso en la modernización del empleo público en Costa Rica. En lugar de avanzar hacia un sistema más transparente y equitativo, los diputados que lo respaldan están perpetuando desigualdades y debilitando la capacidad del Estado para administrar con eficiencia los recursos humanos.

Si la CCSS realmente quiere fortalecer su capacidad de servicio, debe hacerlo a través de una mejor gestión, procesos más eficientes y una verdadera cultura de rendición de cuentas, no aislándose de las normas que rigen al resto del sector público. La Asamblea Legislativa aún tiene la oportunidad de corregir este rumbo equivocado en el Plenario. 

Costa Rica merece instituciones modernas, eficientes y equitativas, no feudos de privilegios.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.