Imagínese intentando nadar en el océano entre ballenas. Aunque nunca lo hayamos hecho, esta imagen ilustra perfectamente la dificultad de transitar en el universo financiero cuando hay participantes dominantes que impiden una competencia real.

Intentar obtener tasas competitivas, un diferencial cambiario razonable y servicios de calidad en nuestras instituciones financieras es como tratar de respirar entre estos enormes mamíferos. Tal vez usted diría: “¡Pero tenemos más de 40 instituciones financieras! ¿Cómo es posible que no haya competencia?” Pues precisamente de eso trata este artículo.

La historia comienza entendiendo que hemos sido un país gobernado por estatistas feroces, quienes han favorecido a ciertos sectores en lugar de implementar políticas públicas enfocadas en promover el progreso y el desarrollo del país en su conjunto. El ámbito financiero no es ajeno a esta realidad; se divide en cuatro grupos principales, a los cuales se les aplican condiciones muy diferentes: bancos estatales, bancos privados, cooperativas y mutuales. 

Cada uno de estos grupos enfrenta obstáculos distintos para ejercer sus funciones, lo que resulta en costos variables y fijos diferentes y una cancha dispareja que frena la competencia, que tanto nos beneficiaría. 

Las ballenas estatales: bancos que no deberían existir.

En mi opinión, el Estado no debería participar en actividades que el sector privado podría realizar mejor. Sin embargo, tenemos tres grandes bancos estatales operando en el sistema financiero bajo condiciones especiales y privilegiadas.

• Cuentan con una garantía explícita e ilimitada de sus depósitos, lo cual genera dos implicaciones principales: primero, una concentración de negocios de clientes que ven en esto un incentivo para centralizar sus operaciones en ellos; segundo, un incremento en el riesgo moral, ya que, si gestionan mal sus créditos e inversiones, los costarricenses terminamos pagando sus tortas mediante mayores impuestos.

• Tienen el monopolio en servicios estatales, como la emisión de licencias y pasaportes, además de servicios en el sector judicial.

Esto indiscutiblemente afecta la competencia, ya que no necesitan esforzarse para conseguir clientes. No por casualidad manejan el 45% del total de activos del sistema financiero, es decir, cerca de 35 mil millones de dólares.

¿Imagínese, si usted -sin importar lo que haga- tiene garantizado un volumen de negocios cautivo, y una garantía ilimitada de los depósitos del público solo por ser un banco estatal? ¿Dónde queda la motivación para buscar la excelencia y un manejo prudente de sus actividades?  

Condiciones desiguales entre bancos estatales

Por otra parte, dentro de los mismos bancos estatales, existen diferencias de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso del Banco Popular (BP) estamos obligados a regalarle plata, sin una razón lógica.  Los defensores de estas instituciones, costosas e ineficientes, dicen que es para “fortalecerlo”, pero estos recursos realmente benefician a los políticos y empleados de la institución, sin aportar nada positivo a los consumidores.

De igual manera, ese banco goza de la condición de que sus depósitos no son embargables, por lo que maneja gran parte de la planilla de los empleados públicos, quienes pueden ser sujetos a demandas por su cargo.

Luego están el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), con casos recurrentes de corrupción y privilegios como pensiones de lujo o vacaciones eternas para sus empleados, costos que impactan directamente en las tasas que pagamos.

Cargas parafiscales: una distorsión más.

Si bien las cargas parafiscales, afectan tanto a bancos públicos como privados, merecen mención especial porque también inciden en el funcionamiento del mercado.

Mediante ellas se financian, entre otros: el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE).

¿Alguien se ha detenido siquiera a cuestionar si algo de esto tiene sentido? ¿Si esas instituciones cumplen su propósito? ¿Si manejan adecuadamente los recursos públicos?

Las cooperativas: los privilegiados que no pagan impuestos.

Otro de los actores en la obra son las cooperativas de ahorro y crédito, exentas del impuesto sobre la renta. En su lugar, pagan cargas parafiscales para sostener sus propios beneficios. Esas cargas financian al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), para representarlas y promocionarlas, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para que les dé préstamos y asesoría técnica; y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP),  para la educación y capacitación de sus miembros. 

Reflexione. Imagine que, en lugar de pagar impuestos sobre la renta para sostener a burócratas que solo entorpecen, pudiera utilizar esos recursos para capacitar a sus empleados o para obtener créditos a tasas razonables y trámites más rápidos. Pues eso es precisamente lo que ocurre con las cooperativas.

Posteriormente, con el noble objetivo de atender mercados cautivos, las cooperativas decidieron convertirse prácticamente en bancos comerciales, promoviendo la intermediación financiera, pero sin contar con la preparación, el conocimiento y la idoneidad necesarios en sus cuerpos administrativos y directivos.

Las mutuales: empresas sin fines de lucro, pero con trato preferencial.

Las mutuales se constituyen como empresas sin fines de lucro, lo cual es irónico, si consideramos que operan en el mercado financiero. A pesar de tener un mercado cautivo, es decir, los bonos de vivienda de interés social, y contar con la garantía subsidiaria del Estado, estuvieron exentas de impuestos durante décadas. 

Es increíble cómo se hacen las concesiones a favor de determinados sectores sin fundamento técnico alguno. 

No fue sino hasta 2018 que se les aplicó una tasa reducida de impuesto sobre la renta, siendo que pagan únicamente un 7%. Después de tantos años, se consideró conveniente que cooperaran con la estructura tributaria, como cualquier otra empresa, pero manteniéndoles un trato preferencial.  Sería conveniente cuestionarnos cuál es la lógica de esta decisión.

Una cancha dispareja que perjudica al consumidor.

El resultado es un sistema donde las regulaciones varían según el tipo de institución: unos pagan impuestos y otros no, y así cada participante está en una grada diferente. Lo que es claro es que al final el consumidor es el principal perjudicado, porque no obtiene los mejores servicios al mejor precio.

Además, en días recientes, nos dimos cuenta de que ni la SUGEF ni la SUGEVAL hicieron bien su tarea, con actuaciones nulas o tardías en verdaderas estafas modernas de cuello blanco, a vista y paciencia de los supervisores. 

Y la cereza en el pastel es que -de múltiples maneras y por variados canales- los defensores del statu quo, en pleno siglo XXI y en medio de la Cuarta Revolución Industrial, se rasgan las vestiduras y tratan de que nos opongamos a la venta del BCR. Según ellos, debemos hacerlo porque existe para promover el desarrollo, y le pertenece a todos los costarricenses ¿Es en serio?

Conclusión.

¿Quiere obtener mejores tasas y un mejor servicio? ¿Quiere ser tratado como un cliente, y que no le cobren por cosas tan absurdas como un estado de cuenta, o que no lo hagan ir a la entidad financiera para resolver cualquier tontería? Entonces, luchemos por una cancha pareja. Esto pasa por:

1. Eliminar el ahorro obligatorio, el respaldo estatal, y la inembargabilidad que se aplica al BP. 
2. Vender los bancos estatales BICSA y BCR, dejando que un banco internacional de primer orden ingrese al mercado y cambie realmente las reglas del juego. Hasta el momento los bancos privados simplemente se aprovechan de la ineficiencia estatal y ganan más.  ¿Para qué esforzarse si pueden aplicar la ley del mínimo esfuerzo?
3. Transformar al BN en un verdadero banco de desarrollo, que absorba al INFOCOOP, el Banvhi, a CONAPE, y a todo el resto de fondos y entes que se dedican a préstamos para sectores específicos. Y que también se encargue del otorgamiento de bonos de vivienda en lugar de las mutuales.
4. Facilitar el establecimiento de sucursales de bancos internacionales. Resulta curioso, por decir lo menos, que no exista ni una sola aún.
5. Eliminar las cargas parafiscales y ajustar el sistema de supervisión para que realmente cumpla su función.
6. Que las cooperativas y las mutuales paguen impuestos dependiendo de sus ingresos, igual que cualquier empresa. Acabemos con el cobro diferenciado dependiendo de la razón social.

En resumen, no deberíamos conformarnos con chapotear en el océano de las finanzas entre ballenas. 

Necesitamos una reforma que nos permita nadar libremente, en competencia justa y con servicios de calidad. Para seguir con la analogía: ¡luchemos por una cancha pareja o un mar calmo donde todos podamos nadar!

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En un nuevo capítulo de la prolongada novela sobre el arroz en Costa Rica, la reciente opinión de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto de ley que propone la creación de Fonarroz ofrece una valiosa perspectiva técnica sobre los riesgos y vacíos de esta propuesta. En mi columna anterior en Ala Liberal, titulada “Así no es el arroz”, ya había cuestionado este proyecto como un intento fallido de perpetuar las mismas prácticas proteccionistas que han estancado al sector durante décadas.

La CGR advierte, con claridad contundente, sobre la falta de precisión en la naturaleza jurídica del fondo propuesto lo cual puede generar incertidumbre institucional al no definir si se creará un ente público no estatal o un órgano desconcentrado de Conarroz. 

Esta confusión legislativa refleja una falta de rigor en el diseño que, lejos de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas, amenaza con replicar los mismos errores de gobernanza que han afectado al sector arrocero desde la creación de Conarroz.

La oportunidad que Costa Rica no puede dejar pasar

En lugar de crear un nuevo fondo que aumente la fragmentación institucional y la burocracia innecesaria, la solución es cerrar Conarroz y redireccionar los recursos hacia iniciativas que promuevan competitividad y reconversión productiva. 

Durante mi gestión como diputado, presenté el proyecto de ley 23.951, enfocado precisamente en el cierre de esta entidad ineficiente. Este proyecto propone una ruta más sensata: destinar los fondos acumulados por Conarroz hacia asistencia técnica para pequeños productores y fortalecer la competencia mediante recursos para COPROCOM.

Es evidente que la existencia de Conarroz ha sido un lastre para la economía arrocera y para los consumidores costarricenses. 

A pesar de múltiples protecciones y subsidios, el sector ha mostrado una disminución sostenida en producción, área cultivada y número de productores. La CGR refuerza esta postura al señalar que el nuevo fondo no garantiza viabilidad financiera ni un impacto positivo para los consumidores.

El peso del proteccionismo disfrazado

El proyecto de creación de Fonarroz es, en esencia, otro intento de amiguismo y populismo por parte del Partido Liberación Nacional, que busca preservar estructuras obsoletas que solo benefician a sus partidarios mediante puestos bien remunerados en instituciones innecesarias. Como mencioné en mi columna anterior, “es fundamental cuestionar proyectos que, bajo el disfraz de la competitividad, buscan preservar privilegios sectoriales”.

Esta dinámica perpetúa una red de clientelismo que socava el desarrollo económico y la competitividad del país. No podemos seguir cediendo ante discursos populistas que apelan a una falsa justicia social mientras ignoran las realidades del mercado y los acuerdos internacionales que Costa Rica ha suscrito. 

La política agrícola necesita una transformación radical, y mantener instituciones como Conarroz es incompatible con este objetivo. 

La propia CGR advierte que la duplicidad de funciones entre Fonarroz y el Sistema de Banca para el Desarrollo es un riesgo significativo, además de señalar la falta de estudios de impacto que demuestren la sostenibilidad de los nuevos impuestos propuestos para financiar este fondo.

Hacia una política agrícola sostenible

La respuesta a los retos del sector arrocero no reside en más burocracia ni en subsidios ineficaces, sino en reformas que promuevan eficiencia y reduzcan los costos de producción. Tal como propuse en mi proyecto de ley, los recursos deberían enfocarse en la transformación productiva y en mejorar el acceso al crédito para los pequeños productores. Además, es fundamental fortalecer COPROCOM para promover prácticas comerciales justas y evitar monopolios perjudiciales para los consumidores.

Cerrar Conarroz y reorientar sus recursos es la única vía viable para liberar al sector arrocero de las cadenas del proteccionismo y la ineficiencia. Continuar con el proyecto de Fonarroz no solo sería un desperdicio de recursos, sino una traición a los principios de libre mercado que deberían guiar nuestras políticas públicas.

Conclusión

Costa Rica se encuentra en una encrucijada: seguir atada a estructuras institucionales arcaicas o avanzar hacia un modelo agrícola moderno y competitivo. 

La opinión de la CGR es un llamado a la sensatez. No podemos permitir que el clientelismo político frene el desarrollo del sector arrocero y, por extensión, de toda la economía nacional.

Es momento de enfrentar la realidad con valentía. Costa Rica no necesita más fondos que perpetúen el inmovilismo; necesita reformas que impulsen la productividad, reduzcan los costos y liberen al mercado de las amarras del monopolio. Como señalé en mi columna anterior, nuestras políticas públicas deben enfocarse en fomentar la reconversión productiva y en brindar herramientas reales a los productores para competir en un mercado abierto. Solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Hace unos días, tuve la oportunidad de conversar con una persona de la administración Chaves Robles, quien, en tono mitad broma, mitad verdad, me recordó el impacto que mis proyectos de reducción y eliminación de impuestos han generado.

“Tus iniciativas son la pesadilla de Nogui”

comentó con una mezcla de respeto y humor. Este comentario me llevó a reflexionar sobre el camino recorrido y los obstáculos que enfrenté al intentar impulsar reformas fiscales significativas.

A pesar de nuestras diferencias ideológicas, debo reconocer el respeto que desarrollé por el ministro de Hacienda. Siempre fui claro, tanto con él como con el pueblo costarricense, respecto a mi visión ideológica: en Costa Rica, pagamos demasiados impuestos, y gran parte de esos recursos se destinan a mantener un Estado que no siempre responde a las necesidades de los ciudadanos.

Esta situación no es responsabilidad del Gobierno actual, sino el resultado de 70 años de un estatismo que ha idealizado a las instituciones públicas convirtiéndolas en intocables. Sin embargo, es imperativo girar el timón de forma radical: cerrar el grifo de los impuestos y la deuda, y abordar de lleno una profunda reforma del Estado.

Creo firmemente que debemos devolver los recursos a los bolsillos de los costarricenses. Solo así, forzaremos a los actores políticos a reevaluar en qué se debe gastar y en qué no.

En cualquier hogar, es el presupuesto limitado lo que nos obliga a elegir qué comemos, dónde vivimos y cómo nos entretenemos. El Estado no debería funcionar de manera distinta. No obstante, intentar racionalizar y reducir el tamaño del Estado es, a menudo, una tarea titánica.

Lo experimenté de primera mano cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) boicoteó uno de mis proyectos para cerrar la Agencia Espacial Costarricense, una institución ‘aspiracional’ que nunca ha cumplido su propósito y que, probablemente, solo existe para financiar conferencias de uno de sus defensores más cercanos en el PLN. Si no podemos cerrar una entidad sin empleados ni instalaciones, ¿cómo podríamos esperar hacerlo con instituciones consolidadas donde laboran burócratas leales al sistema tradicional?

En medio de estas reflexiones sobre la frustración de impulsar una reforma del Estado, recordé un tema que me ha rondado desde hace tiempo: la existencia de dos autoridades de competencia en Costa Rica.

Por un lado, está la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM) y, por otro, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

La diferencia es que SUTEL no solo tiene competencia exclusiva como autoridad de competencia en el sector de telecomunicaciones, sino que también actúa como su regulador. Esta dualidad me parece un conflicto de interés evidente: el organismo que regula el mercado no debería ser el mismo que promueve la competencia, ya que los reguladores tienden a evitar “olas” que puedan alterar la calma del mercado. Y un mercado en calma es, con frecuencia, un mercado sin competencia real.

Una revisión rápida de los casos tramitados por SUTEL deja entrever esta paradoja.

Más del 90% de los casos investigados no han arrojado violaciones a las normas de competencia.

Este patrón, cuanto menos, resulta sospechoso. Los invito a explorar su sitio web y confirmar cómo, una y otra vez, SUTEL concluye que no existe infracción alguna. ¿Se trata de simple coincidencia o estamos ante un sistema que, al evitar conflictos, perpetúa una falta de competencia efectiva?

Esta realidad subraya la necesidad urgente de consolidar ambas autoridades de competencia en un solo organismo independiente y eficiente.

Unificar COPROCOM y a la división de competencia de SUTEL (SUTEL debe permanecer como regulador del mercado) no solo resolvería los conflictos de interés inherentes al modelo actual, sino que permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos y garantizaría una regulación más coherente en todos los sectores. Esta consolidación representaría un paso firme hacia la modernización institucional que tanto necesita Costa Rica, alineándonos con las mejores prácticas internacionales y ofreciendo un entorno más transparente y competitivo para todos.

La estructura fragmentada actual

La existencia de dos autoridades de competencia en Costa Rica responde a desarrollos históricos y sectoriales específicos. COPROCOM regula la competencia general, mientras que SUTEL supervisa el sector de telecomunicaciones, que requiere una supervisión específica dada su complejidad. Sin embargo, esta división introduce desafíos como la superposición de competencias, inconsistencias en la toma de decisiones y un uso ineficiente de los recursos.

La experiencia internacional demuestra que la coexistencia de múltiples autoridades de competencia puede generar confusión entre los actores del mercado y complicar la aplicación efectiva de las leyes. La necesidad de mecanismos de coordinación entre COPROCOM y SUTEL retrasa las decisiones y reduce la previsibilidad de la regulación.

¿Por qué la consolidación es el camino a seguir?

1. Consistencia regulatoria. Una única autoridad de competencia eliminaría las superposiciones de competencias y garantizaría que la ley se aplique de manera coherente en todos los sectores. Esto es esencial para generar confianza en el mercado y atraer inversión.
2. Eficiencia en el uso de recursos. Operar dos entidades separadas implica duplicación de estructuras administrativas y costos operativos. La consolidación permitiría optimizar los recursos disponibles, destinándolos a funciones esenciales como investigaciones y medidas de cumplimiento. Además, un organismo unificado podría desarrollar una mayor especialización interna, mejorando la calidad de sus decisiones.  Actualmente, COPROCOM sufre por la falta de asignación de recursos, mientras la unidad de competencia de SUTEL recibe parte del canon destinado al regulador para operar. Esto se podría mantener en una autoridad de competencia consolidada.
3. Mayor autonomía e influencia. Un regulador unificado tendría mayor independencia y visibilidad tanto en el ámbito nacional como internacional. Con un mandato claro y un marco robusto, podría influir de manera más efectiva en la formulación de políticas, alineándose plenamente con los estándares de la OCDE.
4. Mejora en la supervisión del mercado y la aplicación de la ley. Una autoridad consolidada permitiría una visión integral de las dinámicas del mercado, evitando que prácticas anticompetitivas pasen desapercibidas en sectores específicos. Esto garantizaría una supervisión más exhaustiva en todas las industrias y promovería un entorno de competencia justa.

Precedentes internacionales

Varios países han optado por consolidar sus autoridades de competencia como parte de sus esfuerzos de modernización regulatoria. En Chile, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) supervisa la competencia en todos los sectores, lo que ha permitido una aplicación consistente de las políticas y el desarrollo de conocimiento especializado dentro de la institución. Colombia también ha adoptado un enfoque similar con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que combina la regulación de la competencia y la protección al consumidor.

Costa Rica podría seguir estos ejemplos, aprendiendo de sus lecciones para fortalecer su marco institucional y enviar una señal positiva a la comunidad internacional, demostrando su compromiso con la excelencia regulatoria.

Abordando las preocupaciones

Una posible preocupación respecto a la consolidación es la necesidad de preservar la especialización sectorial, especialmente en telecomunicaciones. Ahora bien, esto se puede resolver creando unidades especializadas dentro de la autoridad unificada, manteniendo el conocimiento técnico necesario sin sacrificar la coherencia normativa.

Otro desafío potencial es el proceso de transición, que requeriría reformas legales y reorganización administrativa. No obstante, Costa Rica ha demostrado ser capaz de implementar reformas significativas, como lo demuestra la Ley de Reforma de Competencia de 2019. Con voluntad política y apoyo de las partes interesadas, la transición hacia una autoridad unificada puede gestionarse de manera eficiente.

Conclusión

La estructura dual del régimen de competencia en Costa Rica responde a su evolución regulatoria, pero ya no satisface las necesidades de una economía cada vez más dinámica e interconectada. La consolidación de COPROCOM y SUTEL en una única autoridad mejoraría la consistencia normativa, la eficiencia en el uso de recursos y la efectividad en la supervisión del mercado.

La experiencia internacional demuestra que la consolidación de las autoridades de competencia fortalece la supervisión del mercado y la capacidad de influencia en la formulación de políticas. Esta medida no solo permitiría alinear el marco de competencia con las mejores prácticas internacionales, sino también posicionar a Costa Rica como líder regional en modernización regulatoria.

Costa Rica tiene ante sí una oportunidad única. Aprovechar la consolidación permitirá superar las ineficiencias del sistema fragmentado actual y construir una autoridad capaz de enfrentar los desafíos futuros. Es hora de establecer una autoridad de competencia unificada que refleje las mejores prácticas del siglo XXI y garantice un campo de juego equilibrado para todos los participantes del mercado.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.