Política

El dedo en la llaga: insuficiente desarrollo económico y el retroceso social de Costa Rica

Publicado

Hace 1 año

febrero 22, 2024

Por

Walter Gutiérrez Picado

Tiempo de lectura: 8 min

RESUMEN

El sector más dinámico de la economía de Costa Rica es el que representan las empresas de alta tecnología, mano de obra calificada y fuerte inversión extranjera, básicamente cubierto bajo el Régimen de Zonas Francas. El resto de la actividad económica, por fuera de ese régimen fiscal y donde se genera la mayor parte de la producción nacional, está marcado por el estancamiento, la informalidad y problemas que a futuro, afectarán las ventajas competitivas en las que se apoya la actividad de Zonas Francas.

Si se ha mantenido atento al acontecer político de Costa Rica, se habrá dado cuenta que la última Encuesta del Consumidor de la Escuela de Estadística de la UCR indica que la población no está satisfecha con la política económica del Gobierno. Aunque el populismo pueda tocar fibras sensibles de los costarricenses mediante discursos revanchistas contra las élites económicas y políticas que por años le han fallado a la ciudadanía, no logra ocultar algo que a los ticos nos viene doliendo desde hace unos 15 años: el bolsillo. Desde la crisis de 2008, en el país se han ido deteriorando de forma acelerada las condiciones para ganarse la vida. El costo de producir está inevitablemente ligado a la necesidad de recursos del Estado para funcionar, así como a la calidad de los servicios que este suple.

Ese dolor no ha hecho más que empeorar. Desde antes de la Pandemia, Costa Rica contaba con cifras preocupantes en materia de empleo y formalidad. No en vano durante la presidencia de Carlos Alvarado se hicieron más anuncios de reactivación económica que conferencias de prensa de lo definido en el Consejo de Gobierno. La situación en Pandemia hizo más profunda y dramática esa herida. Hemos cambiado de administración, han cambiado los discursos y las prioridades. Pero nos sigue doliendo el bolsillo ¿por qué?

La respuesta es más sencilla de lo que cualquier economista podría argumentar: nadie ha querido poner el dedo en la llaga. Para entender esto hay que tener claro cómo funciona eso de formalizarse y qué significa. Básicamente si usted quiere poner un negocio tiene que hacer dos cosas esenciales: inscribirse en Hacienda y en la CCSS. Después, dependiendo de las particularidades de su actividad, habrá más o menos pasos, pero esos dos son los que cualquier mortal que quiera ejercer su actividad económica “en regla” debe cumplir.

Hablemos de Hacienda, y más que de Hacienda, de los impuestos y del sistema tributario. En Costa Rica existen, por así decirlo, dos realidades: aquella de las empresas/personas que desarrollan su actividad desde y para el mercado nacional, es decir el régimen definitivo; y los que la desarrollan acá pero su objetivo es la exportación. Este último sector tiene el famosísimo Régimen de Zonas Francas, que es uno de los regímenes existentes en la legislación aduanera al que se acogen empresas exportadoras.

El sistema tributario

Probablemente usted haya escuchado que el Régimen de Zonas Francas (RZF) genera empleo bien remunerado y es el principal motor de atracción de inversión extranjera directa. Si bien eso es completamente cierto, debemos tener claro de qué se trata. El RZF es el que utilizan las empresas, generalmente transnacionales, para producir bienes y servicios que posteriormente saldrán del país, ya sea para ser vendidas en el mercado o para seguir otros procesos productivos. Tal es el caso de los dispositivos médicos que se fabrican en el país y que son nuestro principal producto de exportación.

¿Cuál es el problema con este régimen? Hay quienes no consideran que tenga problema alguno, pero también hay otros que le ven grandes desventajas. El Régimen de Zonas Francas exonera del pago de algunos impuestos y brinda condiciones especiales a las empresas que se acogen a él. Aquellos que ven en esto un problema, entienden que son son empresas que no están aportando a las finanzas del Estado, al menos vía impuesto sobre la renta o utilidades. Otros obvian este tema, ya que bajo el régimen se atraen empresas que generan empleo y aportan a la seguridad social. Se tiene comprobado que bajo el RZF, por cada dólar que el país exonera a estas empresas, estas producen 6 dólares en retribución vía empleo y otro tipo de inversión en el país. Si usted es más “liberal” dirá que eso es positivo porque es empleo que no tendríamos sin esas condiciones, mientras que si usted es más “de izquierda” considerará eso injusto porque las compañías no contribuyen como sí lo hacen otras empresas fuera de ese régimen y que el país necesita recursos para invertir y desarrollarse.

Lo gracioso de todo esto es que en ambos casos hay algo de razón. Sin este régimen el país difícilmente podría generar tanto empleo calificado, generar exportaciones de alto valor agregado e ingresar divisas por esas actividades. Por otra parte, también es cierto que la carga del Estado no se reparte de forma equitativa, ya que las empresas que no se acogen a ese régimen cargan con todo el peso de la inversión y gasto público. Estas últimas son la mayoría de empresas (alrededor de un 90%), las cuales dedican su producción al mercado local total o parcialmente, y porque para aplicar al régimen de zona franca se debe realizar una inversión mínima bastante alta.

Más allá del amparo del Régimen de Zonas Francas, donde habitan el resto de los mortales, todo se rige bajo un sistema tributario complejo y confiscatorio. Cuando se analiza la carga tributaria de este país, muchas personas se quedan en los impuestos que gravan la renta pero existe una variedad enorme de cargas fiscales y parafiscales. En renta, con datos del 2018, Costa Rica tenía la tasa de impuesto corporativo más alta de la OCDE; actualmente se paga un 30% de impuesto a las utilidades y un 15% adicional en caso de que se distribuyan los dividendos. A esto se debe sumar que los empleadores pagaban en contribuciones a la seguridad social alrededor de un 26,33% de los ingresos brutos, cuando el promedio de la OCDE es alrededor de 27,2% en total. Al aporte de las empresas hay que sumarle un 9,34% por el empleado y el 0,82% por el gobierno. Esto se traduce en un 36,5% en el total de los aportes, lo que se traduce, según la OCDE, en un obstáculo para la formalización.

La seguridad social

La otra llaga recae en los procesos de inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Toda persona, física o jurídica, debe inscribirse ante esta institución para operar, ya sea como patrono o como trabajador independiente. Este proceso no está exento de complicaciones, tanto por los costos que representa como por la complejidad del sistema de seguridad social.

Por ejemplo, los cálculos realizados para determinar los montos de contribución social que deben realizar los patronos y trabajadores independientes se hacen con una base de cálculo incierta como lo es la Base Mínima Contributiva (BMC). La BMC es un monto mínimo establecido por la CCSS para el cálculo de los aportes de los patronos y trabajadores independientes. En primera instancia, un patrono o trabajador independiente debe reportar sus ingresos para dicho cálculo, no obstante, si el monto reportado es menor a la BMC, el cálculo se hará sobre el monto de la BMC definida por la CCSS.

Este tipo de procedimientos constituyen barreras perversas para la formalización, pues las personas que quedan excluidas son las que menores ingresos generan por su actividad económica. Esto va en contra de los propios intereses de la institución, ya que mediante el aporte de trabajadores y patronos se sostiene el modelo de seguridad social. La lógica de un modelo como este no debería ser la de ahuyentar a las personas, no obstante, esa es la norma. Actualmente, una persona que haya contraído una deuda con la institución por deudas por servicios médicos, no puede formalizar una actividad económica hasta cancelar dicha deuda. Y si una persona ha tenido actividad económica previo a la formalización ante la CCSS, esta puede realizar un estimado de las rentas no reportadas, por lo que la persona al registrarse, inicia su actividad económica formal con una deuda aunque no haya utilizado los servicios de la institución. En un país como Costa Rica donde la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y, por ende, en caso de enfermedad debe acudir al sistema de salud sin contar con seguro médico, no tiene sentido penalizar a las personas con el impedimento de formalizar sus actividades económicas. Como agravante, esas deudas pueden permanecer vigentes hasta por diez años, lo que se traduce en que una persona durante una década quedará excluida de la seguridad social, la salud pública y los mercados formales.

Si nos adentramos en los problemas de la CCSS, evidentemente vamos a encontrar aspectos que suman a la problemática del desarrollo económico y social del país, pero lo hacen de forma indirecta. Por ejemplo, la ausencia de claridad en cuanto a los costos de atención a los usuarios por falta de una contabilidad de costos con criterios actuariales, genera incertidumbre sobre la situación financiera de la institución y eso, de una u otra forma, incide en los costos de la seguridad social. Otro ejemplo es la complejidad para que las personas usuarias hagan uso de los servicios; una atención médica deficiente obliga a las personas a recurrir a servicios privados e incurrir en costos extras.

Pérdida de competitividad

Lo complicado que es formalizarse se une a las falencias que tiene el país en materia de competitividad. Costa Rica, desde la década de 1990, optó por una agresiva estrategia de atracción de inversiones con un alto componente de valor agregado, aspecto que demanda mano de obra calificada y condiciones óptimas para el desarrollo de industrias de alta tecnología. Estas industrias, dada su alta generación de valor agregado y su demanda de mano de obra calificada, pueden afrontar los altos costos que supone el tema de las cargas sociales, debido a las bondades del régimen de zona franca. En contraposición, aquellas industrias dedicadas a la producción para el mercado local y demandantes de mano de obra poco calificada, se enfrentan al escenario del régimen definitivo.

El tema con esto es que no somos un país barato para las industrias de mano de obra poco calificada y no hemos hecho la tarea para que más personas puedan incorporarse a las industrias de alta tecnología. De hecho, el Estado de la Educación señala tantas deficiencias en nuestro sistema educativo que es totalmente realista pensar que la “gallina de los huevos de oro” que sostiene el crecimiento económico del país, pueda dejar de estar ahí debido a la falta de personal calificado y que demos retrocesos en la que fue una de las ventajas comparativas.

En términos generales, el país atraviesa un retroceso. En amplios sectores y temas, estamos peor que hace una década, lo cual constata el último Informe del Estado de la Nación. La situación fiscal también resta competitividad al país, pues no sólo se reducen los recursos destinados a inversión social e infraestructura, sino que los mecanismos de inversión en estos rubros son deficientes y no se toman medidas para que lo invertido rinda frutos. Esta situación sólo empeora si se le reducen los recursos. En términos sencillos, a un carro viejo se le está quitando combustible.

Formalizar la economía: primer paso para ver la luz

Para poder salir de este pozo en el que se encuentra el país, es trascendental formalizar a la fuerza laboral. Esto no es posible mediante un enfoque amenazante, sino que es necesario que la Junta Directiva de la CCSS entienda que la institución urge de atraer a las personas y mejorar las condiciones para la inscripción de trabajadores independientes y patronos. El Poder Ejecutivo tiene influencia en ese tema, ya que tiene tres representantes en la Junta Directiva y nombra a la Presidencia Ejecutiva. ¿Qué espera para gestionar acciones en esa dirección?

Por otro lado, el país necesita tener discusiones de altura sobre el modelo tributario de Costa Rica. Somos un país dependiente de la inversión extranjera y es necesario generar políticas públicas para fortalecer los incentivos competitivos para su atracción, pero es evidente que del otro lado de la ecuación es necesario tomar decisiones para aliviar las condiciones de la economía local. Para reducir la carga fiscal a este sector, es necesario optimizar el gasto público y lograr una reducción que responda a eficiencia y no a recortes sin meditación, que terminan impactando negativamente en la sociedad y agravando el retroceso social. En la Asamblea Legislativa se discuten proyectos sobre la estructura del impuesto de renta, la territorialidad de este, así como reformas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para tratar temas como la prescripción de deudas. No obstante, conviene tener una discusión amplia sobre el futuro del modelo de Zona Franca y estandarizar el sistema tributario, manteniendo atractivo al país para la inversión extranjera y la inversión local.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

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Guanacasteco. Politólogo y profesional de comercio exterior y aduanas. Graduado de la Universidad de Costa Rica. Asesor político en procesos de construcción de política pública.

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Política

Cómo salir del ciclo empobrecedor

Publicado

Hace 2 días

abril 1, 2025

Por

Laura Sauma

Tiempo de lectura: 4 min

RESUMEN

Mientras se insiste en que reformar el Estado es un atentado contra los derechos, se ignora que mantenerlo como está es lo que más perjudica a los ciudadanos. La deuda no es solo un problema financiero, es el reflejo de un modelo que protege estructuras ineficientes a costa del bienestar colectivo. Discutir el tamaño, el rol y la forma del Estado no debería ser tabú, sino una exigencia democrática.

El aparato estatal costarricense opera como un motor descompuesto: impulsado por deuda, consumo ineficiente y un gasto excesivo que no se traduce en mejores servicios ni en bienestar para la población.

Durante décadas, hemos enfrentado un ciclo repetitivo que nos mantiene estancados: el dinero nunca alcanza, y las soluciones propuestas se limitan a aumentar o crear impuestos.

Cuando esta medida es rechazada por la mayor parte de la población, los políticos de turno recurren a endeudarnos aún más para sostener un sistema fallido.

Un modelo insostenible

El modelo actual del Estado costarricense se sostiene de la misma manera que lo hace quien vive, en forma irresponsable, de una tarjeta de crédito: gastando más de lo que gana y acumulando deudas que terminan asfixiando a la ciudadanía.

En lugar de optimizar y digitalizar procesos, despedir empleados, tercerizar servicios o reducir privilegios, el gobierno recurre a financiarse con deuda, lo que nos tiene literalmente ahogados. A medida que aumentan los intereses de esa deuda, los servicios básicos se deterioran, mientras los ciudadanos cargan con el peso de sostener una burocracia inflada.

A pesar de las promesas de los gobiernos, los nuevos préstamos e impuestos no resuelven los problemas estructurales que nos aquejan. El dinero se destina a cubrir salarios desproporcionados, beneficios desconectados del rendimiento y una burocracia que no rinde cuentas, dejando menos espacio para invertir en áreas críticas como salud, educación, seguridad e infraestructura.

El costo de no reformar

La crisis fiscal del año 2018 fue solo el punto más visible de un problema que lleva décadas gestándose. Y es que cada colapso fiscal ha sido respondido con la misma fórmula, siendo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no fue la excepción. A pesar de que fue “vendida” a la población como una tabla de salvación, las instituciones rápidamente encontraron huecos legales para evadir los límites establecidos por la regla fiscal y la Ley de Empleo Público.

El resultado: el gasto sigue creciendo mientras los ciudadanos continúan pagando la factura y viendo cómo sus necesidades siguen insatisfechas a pesar de pagar más.

Proponer una reforma estatal es, para muchos, un tabú. Proponer que el Estado deje de gastar en lo innecesario, que optimice procesos, que aproveche los avances tecnológicos o que elimine puestos que no generan valor es considerado políticamente incorrecto.

Sin embargo, mantener un Estado sobredimensionado tiene un costo muy alto: los intereses de la deuda pública aumentan, los servicios se deterioran y la competitividad del país disminuye.

Mantener privilegios injustificados o evitar despidos necesarios no significa que “no perdemos”; al contrario, ese inmovilismo nos hunde más en el ciclo empobrecedor.

Además, los gremios que se benefician del sistema han perfeccionado el discurso del secuestro emocional, presentando a todos los empleados públicos como indispensables y excelentes, aunque las listas de espera en la Caja, los retrasos en el Poder Judicial y la ineficiencia general de los servicios públicos contradicen esa narrativa.

Esta estrategia busca paralizar cualquier intento de reforma, perpetuando un sistema que no funciona.

La reforma del Estado

La única manera de salir del ciclo empobrecedor es reformar el aparato estatal. Esto no significa desmantelarlo, sino optimizarlo. Si el Estado se concentra únicamente en funciones esenciales y reduce los abusos y la burocracia innecesaria, podría liberar recursos para mejorar los servicios que impactan directamente la calidad de vida de las personas.

Esto requiere una reingeniería institucional: digitalizar procesos, eliminar duplicidades, eliminar o reestructurar entes y ajustar las planillas a las necesidades reales.

Se puede incluso considerar crear centros de servicios compartidos para optimizar funciones como recursos humanos, contabilidad y proveeduría, entre otros.

En un proceso como ese, la valentía política será esencial, así como el apoyo ciudadano para exigir los cambios necesarios. Entre las medidas indispensables para llevarlo a cabo están:

Reducción de la burocracia. Al reducir el tamaño de la planilla pública, los salarios podrían ajustarse. Si bien deben ser competitivos, también deben definirse con base en el aporte de cada quien al bienestar ciudadano.
Focalización en objetivos claros. Definir cuáles servicios debe brindar el Estado, respondiendo preguntas como “¿por qué?” y “¿para qué?”. Esto requiere, entre otras cosas, unificar labores por ente y eliminar programas redundantes. Una vez definidos, todos los entes que no se dediquen a alguna de las actividades prioritarias deben ser cerrados, vendidos o reestructurados.
Simplificación tributaria. Eliminar exoneraciones e impuestos injustificados. Además, bajar las tasas para combatir la evasión y elusión fiscal.
Evaluación del desempeño. Implementar sistemas que midan el rendimiento de los empleados públicos, premiando el mérito en lugar de la antigüedad o el amiguismo.

Costa Rica no puede seguir sosteniendo un sistema que consume recursos sin resultados. Reformar el Estado es el primer paso para romper el ciclo empobrecedor y avanzar hacia un modelo que nos permita crecer y prosperar como sociedad.

La pregunta entonces es:

¿Seguiremos tolerando este sistema fallido o exigiremos el cambio que tanto necesitamos?

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Política

Costa Rica: ¿supervisión financiera?

Publicado

Hace 1 semana

marzo 25, 2025

Por

Laura Sauma

Tiempo de lectura: 5 min

RESUMEN

Como reacción a los casos de intervenciones en varias instituciones financieras costarricenses, generadas desde los organismos de supervisión, en el Congreso se proponen nuevas iniciativas de ley que, como solución, recurren al adverbio “más”. Estos proyectos reproducen un lugar común en la administración pública: ante la sensación de que algo falla, lo que se necesita son más regulaciones y más instituciones que se involucren en el asunto. En resumen, los estatistas se invocan a sí mismos como solución, dando continuidad a esa casi letanía: “más de nosotros será mejor… más de nosotros será mejor…”. Hay opciones mejores.

Costa Rica cuenta con un sistema de supervisión financiera diseñado para garantizar la estabilidad del sector y proteger a los consumidores, el cual incluye cuatro superintendencias especializadas: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE; todas coordinadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).

Este modelo enfrenta críticas por su complejidad, altos costos operativos y fallos en la prevención de escándalos financieros. A pesar de ello, en la actualidad, se debate en la Asamblea Legislativa la posibilidad de otorgar nuevas facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para la protección del consumidor financiero, como complemento al sistema descrito.

Ante esta realidad surge la pregunta: ¿necesitamos más regulaciones, o es momento de reformar un sistema que ya es excesivamente burocrático?

Esquema sobredimensionado

Con poco más de cinco millones de habitantes, mantenemos una estructura regulatoria que es desproporcionada para el tamaño de nuestro mercado financiero. Por esa razón, en lugar de seguir expandiendo la regulación, deberíamos consolidar funciones y optimizar procesos, adaptando elementos de modelos internacionales.

En otros países con mercados financieros más grandes y desarrollados, los sistemas de supervisión son más simples y eficientes:

Reino Unido (69 millones de habitantes): Utiliza el modelo twin peaks, con dos organismos principales: la Financial Conduct Authority (FCA), para la protección del consumidor, y la Prudential Regulation Authority (PRA) para la estabilidad financiera.
Alemania (84 millones de habitantes): La BaFin es la entidad principal de supervisión, con apoyo del Deutsche Bundesbank, y el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos más grandes.
Japón (124 millones de habitantes): La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa todo el sistema financiero.
Suiza (9 millones de habitantes): Cuenta con un regulador único, la FINMA, que supervisa todos los aspectos del sector financiero.

La multiplicidad de organismos no garantiza una mejor supervisión. Por el contrario, la falta de coordinación y la duplicidad de funciones, incrementan la carga administrativa y generan confusión entre las entidades reguladas.

Además, cuando ocurren fallos, como en los casos de ALDESA o COOPEMEX, no queda claro quién es responsable, debilitando la confianza en el sistema.

Escándalos financieros

Los casos de ALDESA, COOPEMEX, BANCRÉDITO, COOPESERVIDORES y DESYFIN, han evidenciado la falta de una supervisión eficaz, lo que ha generado pérdidas millonarias, afectando a inversionistas y ahorrantes. En cifras aproximadas:

ALDESA: ¢140.000 millones.
BANCREDITO: ¢52.000 millones
COOPEMEX: ¢25.000 millones.
COOPESERVIDORES: ¢152.000 millones.
DESYFiN: ¢22.000 millones

Estos casos reflejan un sistema más reactivo que preventivo, enfocado en regular procesos internos en lugar de identificar riesgos sistémicos a tiempo.

Por otro lado, este sistema crea barreras a la competencia y a la innovación, imponiendo requisitos y trámites, que aumentan los costos operativos de las entidades financieras, costos que terminan trasladándose a los consumidores.

Además, las trabas burocráticas desincentivan la entrada de nuevos actores, limitando la competencia y la innovación, en un entorno donde la digitalización y las fintech están transformando el sector a nivel mundial.

¿También el MEIC?

Como si fuera poco, actualmente en la corriente legislativa existen dos propuestas para ampliar la intervención del MEIC, en la supervisión financiera: , el proyecto 24136 y el 24616.

Si bien el objetivo es proteger al consumidor, estas iniciativas ignoran problemas estructurales del sistema y pueden generar efectos adversos:

Duplicidad de funciones: las superintendencias ya regulan aspectos clave del sector financiero. Crear un nuevo regulador, dentro del MEIC, solo aumentaría la burocracia.
Falta de independencia técnica: a diferencia de las superintendencias, que tienen mayor autonomía, el MEIC es parte del Poder Ejecutivo, lo que lo expone a posibles interferencias políticas.
Impacto en los consumidores: más regulación implica mayores costos para las entidades financieras, lo que terminaría reflejándose en precios más altos para los usuarios.

Si el problema es que las superintendencias tienen un alcance limitado sobre ciertos actores financieros, la solución no es crear un nuevo regulador, sino fortalecer y ampliar las funciones de los existentes.

Propuestas de reforma

Un sistema financiero saludable requiere un equilibrio entre regulación y eficiencia. Algunas medidas que podrían mejorar la supervisión en Costa Rica incluyen:

Consolidación de superintendencias: integrarlas bajo una sola estructura dentro del CONASSIF permitiría reducir redundancias y fortalecer la coordinación, alineando la supervisión con modelos de economías avanzadas.
Ampliar el alcance de supervisión: actualmente, las superintendencias solo regulan entidades registradas y autorizadas. Se debe incluir fintechs, emisores de crédito no bancarios, remesadoras y plataformas digitales de préstamos.
Protección del consumidor desde las superintendencias: en lugar de trasladar esta función al MEIC, se podría crear una unidad dentro de las superintendencias, encargada de supervisar prácticas comerciales abusivas, regular cláusulas contractuales en productos financieros, y resolver quejas de consumidores.
Transparencia y rendición de cuentas: implementar mecanismos de evaluación externa y publicar informes periódicos sobre la gestión de las superintendencias, para mejorar su desempeño.
Fomento de la innovación financiera: establecer un marco regulatorio más flexible para impulsar la adopción de nuevas tecnologías, y permitir la creación de sandbox regulatorios, donde startups puedan operar bajo un esquema de supervisión adaptado.
Simplificación de trámites: revisar y eliminar procesos innecesarios para reducir la carga administrativa de entidades y consumidores.

Un sistema más eficiente

No necesitamos más regulaciones ni nuevos reguladores, sino una supervisión más eficaz, menos burocrática y más transparente.

En lugar de crear un nuevo esquema dentro del MEIC, lo lógico es reestructurar los entes existentes para que asuman también la protección del consumidor financiero.

Esto permitiría:

Un solo ente regulador para todo el sector financiero, evitando duplicidades.
Un marco de regulación claro y eficiente, reduciendo costos administrativos.
Mayor independencia técnica, evitando interferencias políticas.
Mejor supervisión de riesgos sistémicos, en lugar de cumplir solo con formalismos burocráticos.

Si el objetivo es proteger al consumidor financiero, la clave no es aumentar la burocracia, sino mejorar la regulación para que sea más efectiva y accesible.

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de impulsar una reforma real, garantizando protección sin caer en la trampa de la sobrerregulación.

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Política

Costa Rica 2025: Claves para avanzar

Publicado

Hace 3 semanas

marzo 13, 2025

Por

Jorge Dengo Rosabal

Tiempo de lectura: 4 min

RESUMEN

Costa Rica avanza, pero aún enfrenta retos clave en empleo, educación e infraestructura. La diversificación económica, la reducción de la informalidad y la modernización educativa son esenciales para fortalecer su competitividad. Además, la sostenibilidad fiscal y la transición energética requieren decisiones urgentes para garantizar un desarrollo sostenible.

La reciente publicación del estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica 2025 ofrece una radiografía clara y objetiva de la situación actual del país. Destaca avances significativos, pero también evidencia desafíos fundamentales que requieren acciones estratégicas.

Avances Económicos y Retos Fiscales

Costa Rica ha logrado avances significativos en términos económicos, especialmente si se compara con sus pares regionales. Según el informe de la OCDE, el crecimiento económico ha sido robusto y más estable que el de otros países de América Latina, impulsado principalmente por un sector exportador vigoroso, especialmente en manufactura avanzada y servicios empresariales.

Es innegable que Comex y Procomer han hecho un gran trabajo poniendo al país en el mapa mundial, reflejado en el aumento sostenido de exportaciones de alto valor agregado, particularmente dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Este éxito se ha visto complementado por políticas comerciales efectivas y una fuerte atracción de inversión extranjera. Las zonas francas han desempeñado un papel clave en este crecimiento, atrayendo empresas multinacionales que encuentran en Costa Rica un entorno regulatorio favorable y una fuerza laboral calificada.

Sin embargo, la concentración del comercio en pocos mercados, principalmente Estados Unidos, representa un riesgo latente. Por ello, es fundamental diversificar las relaciones comerciales, explorando nuevos mercados y participando en acuerdos como el Acuerdo Transpacífico, que podrían abrir oportunidades adicionales para el país.

En el ámbito fiscal, la situación ha mejorado gracias al cumplimiento de la regla fiscal y la contención del gasto público, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública en torno al 60% del PIB.

No obstante, los altos costos en intereses siguen limitando el margen de maniobra fiscal, restringiendo recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Para garantizar la sostenibilidad fiscal, es necesario realizar revisiones periódicas del gasto público y asegurar una asignación eficiente de los recursos.

Desafíos en el Empleo, Educación e Infraestructura

Uno de los mayores desafíos es la alta informalidad laboral, que afecta al 40% de la población ocupada. Esto no solo limita el acceso a servicios esenciales, sino que también reduce la capacidad tributaria del Estado y afecta la productividad.

Para combatirla, Costa Rica debe simplificar regulaciones, reducir cargas sociales—especialmente para trabajadores de baja calificación—y mejorar los incentivos para la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Además, un enfoque integral que incluya una mejor aplicación de las leyes laborales y mayor acceso al crédito formal contribuiría considerablemente a reducir el trabajo informal.

Otro aspecto preocupante es la baja participación laboral femenina, que está por debajo del promedio de la OCDE. Esta brecha limita el potencial económico de muchas mujeres y afecta el crecimiento del país.

Una de las principales causas es la escasez de servicios de cuidado infantil y educación temprana. Solo el 7% de los niños entre 0 y 2 años accede a estos servicios.

Expandir significativamente la red de cuidados debe ser una prioridad absoluta, especialmente para familias de menores ingresos.

Esto permitiría que más mujeres ingresen al mercado laboral, incrementando los ingresos familiares y fortaleciendo la economía.

En términos educativos, aunque Costa Rica ha priorizado este sector en la asignación presupuestaria, los resultados recientes reflejan desafíos importantes en la calidad educativa. Las habilidades técnicas y especializadas necesarias para el mercado laboral actual no se están desarrollando adecuadamente, generando una brecha significativa entre la demanda de competencias por parte del sector privado y la oferta educativa disponible.

Es indispensable una reforma profunda y bien estructurada del sistema educativo, y de la asignación presupuestaria (no es más dinero, sino invertirlo donde importa), enfocada en educación técnica y vocacional, así como en el impulso de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La colaboración entre instituciones educativas y empresas es clave para que los programas académicos respondan a las necesidades reales del mercado.

Por otro lado, la sostenibilidad ambiental sigue siendo un área donde Costa Rica ha demostrado liderazgo regional, con metas ambiciosas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica representa un desafío creciente ante sequías más frecuentes, que afectan la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Es necesario acelerar la diversificación energética, apostando por energía solar, eólica y geotérmica, con mayor participación del sector privado y la inversión extranjera.

Además, mejorar la gestión de recursos hídricos y residuos sigue siendo una asignatura pendiente, con un impacto directo en la calidad ambiental y la salud pública.

Finalmente, el informe destaca la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del país, especialmente en el ámbito del transporte, donde la calidad actual es deficiente y los proyectos suelen sufrir retrasos y sobrecostos..

Fortalecer la planificación estratégica y optimizar la ejecución de proyectos mediante estudios rigurosos y cronogramas detallados debe ser una prioridad para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad nacional.

Un Futuro por Construir

Costa Rica cuenta con bases sólidas y ha logrado avances importantes en múltiples áreas. No obstante, enfrenta desafíos críticos que podrían comprometer su desarrollo futuro. La implementación de reformas estratégicas en sostenibilidad fiscal, empleo formal, equidad de género, educación, transición energética e infraestructura será determinante en los próximos años.

La tarea pendiente es clara y exige compromiso político, liderazgo decisivo y una visión estratégica que permita consolidar los avances logrados y enfrentar con éxito los retos futuros.