El dedo en la llaga:  insuficiente desarrollo económico y el retroceso social de Costa Rica

Si se ha mantenido atento al acontecer político de Costa Rica, se habrá dado cuenta que la última Encuesta del Consumidor de la Escuela de Estadística de la UCR indica que la población no está satisfecha con la política económica del Gobierno. Aunque el populismo pueda tocar fibras sensibles de los costarricenses mediante discursos revanchistas contra las élites económicas y políticas que por años le han fallado a la ciudadanía, no logra ocultar algo que a los ticos nos viene doliendo desde hace unos 15 años: el bolsillo. Desde la crisis de 2008, en el país se han ido deteriorando de forma acelerada las condiciones para ganarse la vida. El costo de producir está inevitablemente ligado a la necesidad de recursos del Estado para funcionar, así como a la calidad de los servicios que este suple.

Ese dolor no ha hecho más que empeorar.  Desde antes de la Pandemia, Costa Rica contaba con cifras preocupantes en materia de empleo y formalidad. No en vano durante la presidencia de Carlos Alvarado se hicieron más anuncios de reactivación económica que conferencias de prensa de lo definido en el Consejo de Gobierno. La situación en Pandemia hizo más profunda y dramática esa herida. Hemos cambiado de administración, han cambiado los discursos y las prioridades. Pero nos sigue doliendo el bolsillo ¿por qué?

La respuesta es más sencilla de lo que cualquier economista podría argumentar: nadie ha querido poner el dedo en la llaga. Para entender esto hay que tener claro cómo funciona eso de formalizarse y qué significa. Básicamente si usted quiere poner un negocio tiene que hacer dos cosas esenciales: inscribirse en Hacienda y en la CCSS. Después, dependiendo de las particularidades de su actividad, habrá más o menos pasos, pero esos dos son los que cualquier mortal que quiera ejercer su actividad económica “en regla” debe cumplir.

Hablemos de Hacienda, y más que de Hacienda, de los impuestos y del sistema tributario. En Costa Rica existen, por así decirlo, dos realidades: aquella de las empresas/personas que desarrollan su actividad desde y para el mercado nacional, es decir el régimen definitivo; y los que la desarrollan acá pero su objetivo es la exportación. Este último sector tiene el famosísimo Régimen de Zonas Francas, que es uno de los regímenes existentes en la legislación aduanera al que se acogen empresas exportadoras.

El sistema tributario

Probablemente usted haya escuchado que el Régimen de Zonas Francas (RZF) genera empleo bien remunerado y es el principal motor de atracción de inversión extranjera directa. Si bien eso es completamente cierto, debemos tener claro de qué se trata.  El RZF es el que utilizan las empresas, generalmente transnacionales, para producir bienes y servicios que posteriormente saldrán del país, ya sea para ser vendidas en el mercado o para seguir otros procesos productivos. Tal es el caso de los dispositivos médicos que se fabrican en el país y que son nuestro principal producto de exportación.

¿Cuál es el problema con este régimen?  Hay quienes  no consideran que tenga problema alguno, pero también hay otros que le ven grandes desventajas.  El Régimen de Zonas Francas exonera del pago de algunos impuestos y brinda condiciones especiales a las empresas que se acogen a él.  Aquellos que ven en esto un problema, entienden que son son empresas que no están aportando a las finanzas del Estado, al menos vía impuesto sobre la renta o utilidades. Otros obvian este tema, ya que bajo el régimen se atraen empresas que generan empleo y aportan a la seguridad social. Se tiene comprobado que bajo el RZF, por cada dólar que el país exonera a estas empresas, estas producen 6 dólares en retribución vía empleo y otro tipo de inversión en el país. Si usted es más “liberal” dirá que eso es positivo porque es empleo que no tendríamos sin esas condiciones, mientras que si usted es más “de izquierda” considerará eso injusto porque las compañías no contribuyen como sí lo hacen otras empresas fuera de ese régimen y que el país necesita recursos para invertir y desarrollarse.

Lo gracioso de todo esto es que en ambos casos hay algo de razón. Sin este régimen el país difícilmente podría generar tanto empleo calificado, generar exportaciones de alto valor agregado e ingresar divisas por esas actividades. Por otra parte, también es cierto que la carga del Estado no se reparte de forma equitativa, ya que  las empresas que no se acogen a ese régimen cargan con todo el peso de la inversión y gasto público. Estas últimas son la mayoría de empresas (alrededor de un 90%), las cuales dedican su producción al mercado local total o parcialmente, y porque para aplicar al régimen de zona franca se debe realizar una inversión mínima bastante alta.

Más allá del amparo del Régimen de Zonas Francas, donde habitan el resto de los mortales, todo se rige bajo un sistema tributario complejo y confiscatorio. Cuando se analiza la carga tributaria de este país, muchas personas se quedan en los impuestos que gravan la renta pero existe una variedad enorme de cargas fiscales y parafiscales. En renta, con datos del 2018, Costa Rica tenía la tasa de impuesto corporativo más alta de la OCDE; actualmente se paga un 30% de impuesto a las utilidades y un 15% adicional en caso de que se distribuyan los dividendos. A esto se debe sumar que los empleadores pagaban en contribuciones a la seguridad social alrededor de un 26,33% de los ingresos brutos, cuando el promedio de la OCDE es alrededor de 27,2% en total. Al aporte de las empresas hay que sumarle un 9,34% por el empleado y el 0,82% por el gobierno. Esto se traduce en un 36,5% en el total de los aportes, lo que se traduce, según la OCDE, en un obstáculo para la formalización.

La seguridad social

La otra llaga recae en los procesos de inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Toda persona, física o jurídica, debe inscribirse ante esta institución para operar, ya sea como patrono o como trabajador independiente. Este proceso no está exento de complicaciones, tanto por los costos que representa como por la complejidad del sistema de seguridad social.   

Por ejemplo, los cálculos realizados para determinar los montos de contribución social que deben realizar los patronos y trabajadores independientes se hacen con una base de cálculo incierta como lo es la Base Mínima Contributiva (BMC). La BMC es un monto mínimo establecido por la CCSS para el cálculo de los aportes de los patronos y trabajadores independientes. En primera instancia, un patrono o trabajador independiente debe reportar sus ingresos para dicho cálculo, no obstante, si el monto reportado es menor a la BMC, el cálculo se hará sobre el monto de la BMC definida por la CCSS. 

Este tipo de procedimientos constituyen barreras perversas para la formalización, pues las personas que quedan excluidas son las que menores ingresos generan por su actividad económica.  Esto va en contra de los propios intereses de la institución, ya que mediante el aporte de trabajadores y patronos se sostiene el modelo de seguridad social. La lógica de un modelo como este no debería ser la de ahuyentar a las personas, no obstante, esa es la norma. Actualmente, una persona que haya contraído una deuda con la institución por deudas por servicios médicos, no puede formalizar una actividad económica hasta cancelar dicha deuda. Y si una persona ha tenido actividad económica previo a la formalización ante la CCSS, esta puede realizar un estimado de las rentas no reportadas, por lo que la persona al registrarse, inicia su actividad económica formal con una deuda aunque no haya utilizado los servicios de la institución. En un país como Costa Rica donde la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y, por ende, en caso de enfermedad debe acudir al sistema de salud sin contar con seguro médico, no tiene sentido penalizar a las personas con el impedimento de formalizar sus actividades económicas. Como agravante, esas deudas pueden permanecer vigentes hasta por diez años, lo que se traduce en que una persona durante una década quedará excluida de la seguridad social, la salud pública y los mercados formales.

Si nos adentramos en los problemas de la CCSS, evidentemente vamos a encontrar aspectos que suman a la problemática del desarrollo económico y social del país, pero lo hacen de forma indirecta. Por ejemplo, la ausencia de claridad en cuanto a los costos de atención a los usuarios por falta de una  contabilidad de costos con criterios actuariales, genera incertidumbre sobre la situación financiera de la institución y eso, de una u otra forma, incide en los costos de la seguridad social. Otro ejemplo es la complejidad para que las personas usuarias hagan uso de los servicios; una atención médica deficiente obliga a las personas a recurrir a servicios privados e incurrir en costos extras.

Pérdida de competitividad

Lo complicado que es formalizarse se une a las falencias que tiene el país en materia de competitividad. Costa Rica, desde la década de 1990, optó por una agresiva estrategia de atracción de inversiones con un alto componente de valor agregado, aspecto que demanda mano de obra calificada y condiciones óptimas para el desarrollo de industrias de alta tecnología. Estas industrias, dada su alta generación de valor agregado y su demanda de mano de obra calificada, pueden afrontar los altos costos que supone el tema de las cargas sociales, debido a las bondades del régimen de zona franca. En contraposición, aquellas industrias dedicadas a la producción para el mercado local y demandantes de mano de obra poco calificada, se enfrentan al escenario del régimen definitivo.

El tema con esto es que no somos un país barato para las industrias de mano de obra poco calificada y no hemos hecho la tarea para que más personas puedan incorporarse a las industrias de alta tecnología. De hecho, el Estado de la Educación señala tantas deficiencias en nuestro sistema educativo que es totalmente realista pensar que la “gallina de los huevos de oro” que sostiene el crecimiento económico del país, pueda dejar de estar ahí debido a la falta de personal calificado y que demos retrocesos en la que fue una de las ventajas comparativas.

En términos generales, el país atraviesa un retroceso. En amplios sectores y temas, estamos peor que hace una década, lo cual constata el último Informe del Estado de la Nación. La situación fiscal también resta competitividad al país, pues no sólo se reducen los recursos destinados a inversión social e infraestructura, sino que los mecanismos de inversión en estos rubros son deficientes y no se toman medidas para que lo invertido rinda frutos. Esta situación sólo empeora si se le reducen los recursos. En términos sencillos, a un carro viejo se le está quitando combustible.

Formalizar la economía: primer paso para ver la luz

Para poder salir de este pozo en el que se encuentra el país, es trascendental formalizar a la fuerza laboral. Esto no es posible mediante un enfoque amenazante, sino que es necesario que la Junta Directiva de la CCSS entienda que la institución urge de atraer a las personas y mejorar las condiciones para la inscripción de trabajadores independientes y patronos. El Poder Ejecutivo tiene influencia en ese tema, ya que tiene tres representantes en la Junta Directiva y nombra a la Presidencia Ejecutiva. ¿Qué espera para gestionar acciones en esa dirección?

Por otro lado, el país necesita tener discusiones de altura sobre el modelo tributario de Costa Rica. Somos un país dependiente de la inversión extranjera y es necesario generar políticas públicas para fortalecer los incentivos competitivos para su atracción, pero es evidente que del otro lado de la ecuación es necesario tomar decisiones para aliviar las condiciones de la economía local. Para reducir la carga fiscal a este sector, es necesario optimizar el gasto público y lograr una reducción que responda a eficiencia y no a recortes sin meditación, que terminan impactando negativamente en la sociedad y agravando el retroceso social. En la Asamblea Legislativa se discuten proyectos sobre la estructura del impuesto de renta, la territorialidad de este, así como reformas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para tratar temas como la prescripción de deudas. No obstante, conviene tener una discusión amplia sobre el futuro del modelo de Zona Franca y estandarizar el sistema tributario, manteniendo atractivo al país para la inversión extranjera y la inversión local.

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