La reciente autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recolectar firmas con miras a convocar un referéndum que busca “despolitizar” la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe hacernos reflexionar seriamente. Lo que a primera vista parece una propuesta atractiva podría encerrar riesgos considerables para el bienestar de todos los costarricenses.

El problema no es que la CCSS deba reformarse. 

Por el contrario, es evidente que necesita cambios estructurales profundos, pero no bajo los términos superficiales y peligrosos que propone este referéndum. Ya existían propuestas serias para modernizar la gobernanza de la CCSS y hacerla más representativa, pero, lamentablemente, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa decidió archivar en octubre de 2024 un proyecto de ley que hubiera significado un verdadero avance: la inclusión de los trabajadores independientes en la Junta Directiva de la CCSS.

La CCSS y su autonomía constitucional

La CCSS nació con un propósito tripartito de protección a los trabajadores frente a diversas contingencias y se consolidó como piedra angular del sistema de bienestar social costarricense. Su evolución, al gestionar seguros, hospitales y pensiones, le confirió una complejidad que, sumada a la autonomía especial reconocida en el artículo 73 de la Constitución, ha dificultado reformas internas. La CCSS posee una autonomía superior a la de otras entidades, abarcando la gestión de los seguros sociales y la prestación de servicios de salud.

Esta autonomía, que impide que esta institución funcione de manera coherente dentro del engranaje estatal, ha derivado en choques frecuentes con las necesidades reales del país y de los ciudadanos, así como en dificultades de coordinación con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Para nadie es un secreto que reformar una entidad tan compleja y burocrática es una tarea titánica, pero lo que no se debe hacer es caer en soluciones populistas que generan más problemas de los que resuelven.

El riesgo de reducir la representación estatal

La propuesta del referéndum se centra en recortar de tres a uno los representantes del Estado en la Junta Directiva de la CCSS, además de eliminar la potestad del Poder Ejecutivo de nombrar a la persona que ejerza la presidencia ejecutiva. Para algunos, esto “despolitizaría” la entidad; sin embargo, la representación del Estado cumple el rol de asegurar que las políticas y decisiones de la CCSS estén en sintonía con los objetivos nacionales de salud pública y bienestar social que son dictados desde el Poder Ejecutivo. 

Reducir esa presencia podría conducir a una desconexión entre las políticas de desarrollo y las necesidades efectivas de la población.

Desplazar por completo la participación política podría llevar a un desequilibrio en la Junta Directiva, facilitando que intereses sectoriales, sobre todo los sindicales, cobren más peso que una visión integral. Además, la presidencia rotativa propuesta podría generar falta de continuidad, obstaculizando la ejecución de planes de mediano y largo plazo y frenando la coherencia en la toma de decisiones.

Pero no basta con oponerse a este referéndum. También es necesario hablar de lo que realmente se debe cambiar. La representación en la Junta Directiva de la CCSS no es justa ni equitativa, y la mejor forma de modernizarla no es debilitando la supervisión estatal, sino incluyendo a los sectores que hasta ahora han sido marginados de la toma de decisiones.

Error legislativo: archivar la representación de los trabajadores independientes

El verdadero debate no debería girar en torno a si se reduce la representación del Estado, sino en cómo lograr que los sectores que sostienen financieramente a la CCSS tengan voz en su dirección. En octubre de 2024, la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley N.° 23.647, que proponía darle representación a los trabajadores independientes en la Junta Directiva de la CCSS.

Este era un paso en la dirección correcta, pero fue bloqueado por la falta de voluntad política y la incapacidad de ciertos sectores de entender la urgencia de una reforma estructural bien diseñada.

Este proyecto no solo era necesario, sino que era justo. Actualmente, los trabajadores independientes representan una parte significativa de la fuerza laboral costarricense y contribuyen directamente al financiamiento de la CCSS. No obstante, no tienen voz en su Junta Directiva, lo que significa que las decisiones que afectan sus derechos y obligaciones se toman sin su participación. 

Esto ha resultado en reglas de aseguramiento que no reflejan la realidad económica de este grupo y que han incentivado la informalidad en lugar de la inclusión.

Si en verdad queremos modernizar la CCSS, es urgente retomar la discusión sobre este tipo de reformas. La falta de representación de los trabajadores independientes es una deuda pendiente que se sigue postergando, mientras que propuestas populistas como este referéndum desvían la atención de los verdaderos problemas.

Conclusión: reformar, no aislar ni desmantelar

La iniciativa de “despolitizar” la CCSS, al prescindir de la representación estatal y del nombramiento de la presidencia ejecutiva por parte del Poder Ejecutivo, ignora que el problema real no es la presencia del Estado (por extraño que esto parezca), sino la falta de un balance adecuado y de mecanismos eficientes de rendición de cuentas.

Este es uno de esos casos raros donde reducir la participación gubernamental no conlleva automáticamente una mejora de la institución; puede, por el contrario, derivar en un gobierno corporativo sesgado y sin la debida supervisión.

Si en verdad se quiere reformar la Caja, se requiere:

1. Garantizar la participación equilibrada de actores estatales, asegurados y patronos, con el propósito de armonizar las decisiones de la CCSS con las políticas públicas nacionales.

2. Dar representación a los trabajadores independientes, para que sus necesidades y realidades sean consideradas en la toma de decisiones.

3. Promover la rendición de cuentas y la transparencia, para que cualquier decisión sea objeto de escrutinio público y propicie la modernización y sostenibilidad de la institución.

4. Revisar el marco constitucional y legal para permitir reformas que fortalezcan la eficiencia y la transparencia, sin perder de vista la misión social de la CCSS.

En lugar de lanzar propuestas populistas de “despolitización” que no atienden las raíces del problema, debemos redefinir y perfeccionar la autonomía de la CCSS con herramientas de control político y técnico que aseguren su adaptación a las necesidades reales de la población.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En los últimos días, he observado cómo el debate sobre la gentrificación ha cobrado fuerza en distintos espacios. Este fenómeno, tradicionalmente asociado a entornos urbanos, es cada vez más evidente en Costa Rica, no solo en ciudades, sino también en zonas rurales y costeras. 

Mientras que barrios históricos como Escalante, Amón y Otoya han sido testigos de un proceso acelerado de transformación, con la llegada de desarrollos inmobiliarios de alto valor, comercios exclusivos y un incremento en la demanda de vivienda, el fenómeno se ha extendido más allá de la Gran Área Metropolitana. Siempre dentro de la GAM, Escazú y Santa Ana, por ejemplo, han pasado de ser comunidades con un marcado arraigo local a polos de crecimiento inmobiliario, lo que ha cambiado su composición social y económica.

Pero la gentrificación no se limita a las ciudades. 

Las playas de Guanacaste y Puntarenas, como Tamarindo, Nosara y Santa Teresa, son casos paradigmáticos del impacto que tienen las inversiones extranjeras y el turismo de lujo en la estructura de las comunidades. Lo que antes eran pueblos costeros con una economía basada en la pesca artesanal y pequeños comercios familiares, hoy son epicentros de desarrollos turísticos y residenciales de alto perfil, con hoteles boutique, restaurantes de cocina internacional y viviendas cuyos precios han alcanzado niveles prohibitivos para los residentes originales. 

Un proceso similar ocurre en el Pacífico Central, en zonas como Jacó, Herradura y Esterillos, donde el crecimiento de la inversión extranjera ha traído consigo infraestructura moderna, pero también un incremento en el costo de vida y una transformación en la dinámica económica local.

¿Cómo se manifiesta su impacto en Costa Rica?

Para entender su impacto en nuestro país, es esencial partir de una reflexión desde los principios de libertad, justicia y responsabilidad, pilares del liberalismo clásico.

La gentrificación, en su esencia, refleja el poder transformador del mercado libre y la iniciativa privada. 

Al permitir que los individuos tomen decisiones sobre dónde vivir, trabajar e invertir, los barrios o comunidades rurales, que por años habían sido relegados, comienzan a experimentar una revitalización. En teoría, esto no solo mejora la infraestructura física, sino que dinamiza la economía, atrae empleo y ofrece acceso a más servicios a los residentes. 

Sin embargo, la realidad es más compleja. En San José, por ejemplo, calles que hace apenas una década languidecían ahora albergan cafés, galerías de arte y restaurantes que enriquecen nuestra vida cultural y aportan al turismo. Del mismo modo, en la costa del Pacífico, pequeñas localidades como Pavones o Malpaís han visto un auge en infraestructura turística y desarrollos residenciales, pero a un costo que no todos los habitantes originales pueden asumir.

¿Cómo lograr un equilibrio entre desarrollo y equidad?

Este proceso nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental: ¿cómo garantizamos que la transformación urbana y rural impulse el desarrollo económico sin dejar atrás a quienes han sido parte de estas comunidades por generaciones?

La gentrificación, cuando no se gestiona adecuadamente, puede conducir al desplazamiento de comunidades históricas que enfrentan el aumento del costo de vida y la exclusión de los beneficios del desarrollo. 

Este fenómeno genera tensiones sociales, especialmente en un país como Costa Rica, donde el tejido comunitario y la identidad son fundamentales.

Desde la perspectiva liberal, que es la que ocupa a esta columna, el debate no debería girar en torno a detener o fomentar la gentrificación, sino en cómo garantizar que este fenómeno se desarrolle respetando los derechos individuales y sin eliminar la igualdad de oportunidades. 

Esto implica, en primer lugar, tener un marco legal donde las reglas del juego sean claras y justas. Los gobiernos locales deben centrarse en garantizar procesos de planificación urbana que equilibren las dinámicas de mercado con la preservación del patrimonio cultural y social.

Asimismo, es necesario que las políticas públicas promuevan la inclusión, no mediante subsidios o controles excesivos, sino facilitando oportunidades para todos. Por ejemplo, programas de financiamiento flexibles que permitan a los residentes originales mantener o acceder a la propiedad de vivienda, apoyar el emprendimiento local y fomentar la participación comunitaria en los proyectos de desarrollo pueden ayudar a minimizar los efectos adversos de la gentrificación.

Ni demonizar el cambio ni paralizar el progreso

La solución no radica en ninguno de esos extremos. Más bien, debemos asumir la responsabilidad de garantizar que las transformaciones urbanas y rurales reflejen nuestros valores como sociedad. 

La gentrificación en Costa Rica tiene el potencial de ser una historia de éxito, donde el desarrollo económico y el progreso comunitario se den de la mano. 

Pero para lograrlo, debemos ser conscientes de los riesgos y actuar de manera estratégica, asegurando que cada acción respete la libertad individual y fortalezca la cohesión social.

Este tema debe ser definitivamente abordado con seriedad, alejándonos de las dicotomías simplistas que a menudo dominan el discurso público. En la gentrificación no hay villanos ni héroes absolutos, sino oportunidades y desafíos que exigen nuestra atención. 
Que estas transformaciones sirvan como un recordatorio de que el desarrollo económico, cuando se combina con un compromiso con la justicia y la igualdad de oportunidades, puede ser el motor de una sociedad más próspera y cohesionada.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La ceremonia de investidura del dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el 10 de enero de 2025, es un triste recordatorio de cómo un régimen autoritario puede manipular las instituciones para perpetuarse en el poder. Este acto, que se llevó a cabo bajo un manto de ilegitimidad, representa la consolidación de un proyecto autocrático que se fundamenta en el fraude electoral, la represión brutal de la disidencia y la negación de los derechos humanos más básicos. 

Resulta alarmante observar cómo, tras años de crisis política y humanitaria, el régimen de Maduro logra sostener su poder gracias a un complejo entramado de corrupción y complicidades que, pese al creciente aislamiento internacional, le permite continuar oprimiendo a su pueblo. 

En lo personal sueño con verlo salir, pero como dice el dicho “boca arriba y con los pies por delante”.

Desde una perspectiva internacional, cada vez son más los gobiernos y organismos multilaterales que desconocen la legitimidad de este nuevo mandato. Los pronunciamientos de nuestro país (muy oportunos, por cierto) y países como Estados Unidos, varias naciones de la Unión Europea y numerosos gobiernos latinoamericanos —incluidos líderes progresistas y de izquierda como Gabriel Boric de Chile y Bernardo Arévalo de Guatemala— señalan la gravedad de la situación: estamos ante una dictadura que viola sistemáticamente la voluntad popular y asfixia a quienes levantan la voz en su contra. 

Lamento mucho la actitud complaciente de México, donde, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidente de ese país, decidió hacerse la tonta y darle la espalda a María Corina Machado. Sobre los gobernantes que apoyan a Maduro, ni para qué referirse, son los mismos impresentables de siempre. 

La condena moral de la comunidad internacional no basta. La impunidad con la que opera el régimen solo puede frenarse con acciones coordinadas, vigorosas y persistentes que hagan sentir el peso de la presión global.

Para profundizar en la realidad venezolana, debemos abordar el desastre económico y humanitario que ha sumido a millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Mientras la cúpula del régimen se enriquece con la corrupción y el manejo indiscriminado de los recursos del Estado, la población enfrenta escasez de alimentos, falta de medicamentos esenciales y una hiperinflación galopante que destruye por completo el poder adquisitivo. La consecuencia de esta crisis es un éxodo masivo de venezolanos que buscan en otros países una oportunidad de vida digna, generando tensiones migratorias y repercusiones en toda la región.

El panorama en Venezuela ya no es solo una preocupación local, sino un asunto que compete a la comunidad internacional. La inestabilidad política en la región y la amenaza a la democracia en el hemisferio son factores que obligan a las naciones comprometidas con la libertad y los derechos humanos a intervenir con mayor decisión.

En ese sentido, considero que las siguientes acciones deben constituir la columna vertebral de una respuesta más sólida de la comunidad internacional:

1. Aumento de la presión diplomática: La retirada de embajadores, la suspensión de relaciones diplomáticas y la exclusión de Venezuela de organismos internacionales, hasta que se restablezca la democracia, envían un mensaje inequívoco de repudio y aislamiento.
2. Apoyo efectivo a la oposición democrática: Es esencial brindar respaldo político y financiero a las fuerzas opositoras y organizaciones civiles que se juegan la vida defendiendo la libertad. Además, es indispensable garantizar su acceso a foros internacionales y su protección contra persecuciones y represalias.
3. Mediación internacional creíble: El diálogo con Maduro, sin presión real, ha sido inútil. No obstante, un proceso de negociación firme, con la mediación de actores imparciales y el acompañamiento de potencias internacionales, podría abrir las puertas a una transición democrática.  Costa Rica podría tomar la bandera de esta mediación. Su tradición democrática es la mejor carta de presentación.
4. Fortalecimiento de sanciones dirigidas: Mientras las sanciones económicas generales tienden a repercutir en la población más vulnerable, los castigos selectivos dirigidos a la élite chavista y a sus familiares pueden resultar más efectivos. Congelamiento de activos, prohibición de ingreso a países democráticos y otras acciones concretas deben enfocarse en los responsables directos de la represión y el saqueo de la riqueza nacional, aumentando su costo político y económico.

Estas propuestas, desde luego, no representan una fórmula mágica ni garantizan resultados inmediatos. Sin embargo, cualquier estrategia viable hacia la restauración de la democracia en Venezuela exige voluntad política y un compromiso firme de la comunidad internacional. 

Resulta inaceptable quedarse en la neutralidad o la resignación. El pueblo venezolano merece algo mejor que el silencio cómplice. Sabemos que los regímenes autoritarios prosperan cuando sus crímenes pasan inadvertidos o se minimizan por conveniencia. Hoy es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otra nación que caiga en manos de un tirano y experimente el mismo círculo vicioso de terror y miseria.

El objetivo último debe ser la celebración de elecciones libres, transparentes y supervisadas internacionalmente, en las que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad sin temor a represalias. Para alcanzarlo, se deben sentar bases sólidas a través de la liberación de presos políticos, el cese de la represión y la restitución de los poderes al Parlamento legítimo. Cualquier salida negociada que ignore estos puntos esenciales carece de seriedad y solo prolonga la agonía colectiva.

Desconocer la dictadura de Maduro es solo el primer paso; ahora toca actuar con determinación para que la justicia, la paz y la libertad retornen a un país que clama ayuda a gritos. 

La historia no perdonará a quienes, teniendo la oportunidad de frenar el avance de un régimen autoritario, optaron por la indiferencia o por un cómodo silencio.

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