Ambiente
Hacer la tarea
Durante los últimos cuarenta años Costa Rica hizo la tarea en materia ambiental: erradicó la deforestación, estimuló la reforestación, aumentó la conservación, creó cientos de miles de fuentes de empleo en una nueva industria como lo fue el turismo orientado a la naturaleza, aceleró la penetración de la matriz eléctrica de fuentes renovables, y clasificó todas las especies que encontró en su exuberante biodiversidad, para mencionar algunos avances.
Gracias a estos esfuerzos hechos un par de generaciones atrás, hoy vivimos en condiciones ambientales viables. Quiere decir que en Costa Rica hay tierra muy fértil, abundante agua potable, condiciones climáticas agradables, emergencias naturales de costos moderados, producción agrícola y recursos pesqueros suficientes para sostener a la población actual, si dependiéramos de estas industrias.
Esto también quiere decir que en un contexto global de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad también por la emergencia climática, nuestro país se ha convertido en un destino muy apetecido para migrantes e inversionistas en busca de un lugar seguro adonde residir con sus familias por los próximos cuarenta años.
Millones de personas en el mundo hoy en día, viven en ciudades o comunidades cuyos riesgos y amenazas climáticas atentan contra la viabilidad comunitaria. Podría ser que dentro de muy pocos años, miles o millones de personas deban migrar de sus residencias habituales por condiciones climáticas inhóspitas. Cuando Arizona rompe el registro de más días consecutivos con temperaturas por encima de los cincuenta grados centígrados al inicio de este verano, es hora de imaginarse cómo lucirá la vida en ese estado dentro de diez, veinte o cuarenta años.
Menciono cuarenta años como una cifra relevante porque los procesos de adaptación al cambio climático suelen ser lentos. Lo menciono también, porque nos halaga saber que Costa Rica hizo la tarea de adaptarse al cambio climático antes de que fuera un verdadero problema. Ahora que lo es, debemos preguntarnos cuál es la tarea que debe hacerse para garantizar la viabilidad para toda la nación costarricense de coexistir en este territorio, en el contexto climático que se vivirá en el año 2063.
Para entonces, la tarea que debe hacer Costa Rica es diferente a lo que se hizo desde 1983. Para empezar, debe proteger las comunidades costeras del aumento en los niveles del mar, sobre todo en el Caribe, el mar de mayor aumento en el mundo a consecuencia del cambio climático. Esto quiere decir muy probablemente, tener que desplazar grandes poblaciones y comunidades enteras de su lugar de residencia actual a uno que esté a resguardo de los nuevos niveles del mar. Un sobrevuelo por la punta de la provincia de Puntarenas es elocuente si imaginamos cuarenta o cincuenta centímetros de nivel del mar por encima del actual para la segunda mitad del siglo.
Luego debe mejorarse de manera profunda la gestión de aguas residuales, fluviales, pluviales y de uso humano. En Costa Rica hay suficiente agua para que habiten varios millones de personas más, que podrían inmigrar al país en las próximas décadas, pero no podrían sostenerse con la gestión de aguas que se realiza en la actualidad. El tratamiento de aguas se agravará de manera severa cada década que transcurra. Es una alta prioridad si queremos mantener la viabilidad comunitaria y continuar siendo un destino apetecido por nómadas y migrantes.
También debe diversificarse la agricultura y pensar en cómo podemos transformar este sector para que sean más productivos y eficientes. Estamos claros en que las reglas del comercio internacional favorecen la producción de bienes que se venden con facilidad y a buen precio en el exterior. También es claro que estas reglas fueron creadas antes de que tuviéramos claridad de las condiciones climáticas que tendríamos hoy. Debemos proyectar a futuro nuestra enorme capacidad de producción de alimentos y programar la diversificación anticipada, pues no podemos alimentar a nuestra población con café, banano y piña todos los días, si fuera requerido.
En cuanto a cobertura boscosa, se ha hecho un trabajo estupendo duplicándola en los últimos cuarenta años. Sin embargo, debería existir una meta muy ambiciosa de cubrir el 70% del territorio nacional en bosques y áreas protegidas público-privadas. Las ciudades deben crecer de manera vertical y no seguir ampliando la huella urbana que degrada los ecosistemas circundantes. El transporte público masivo y eficiente de personas debe ser una opción mucho más atractiva que el transporte privado que exige cada vez más carreteras. La agricultura debe modernizarse y automatizarse de manera que se produzca de manera descentralizada más alimentos saludables en menor área territorial. Las cuencas de los ríos deberían regenerarse, reforestarse y habilitarse por completo, convirtiéndose en mitigadores de riesgos climáticos, tales como las cabezas de agua que son una amenaza constante.
Lo más importante es bio-alfabetizar a la población joven para que se conviertan en agentes de transformación y transformen a Costa Rica en un líder pionero en adaptación climática. Pensemos más allá: nuestra nación siendo capaz de exportar servicios, prácticas y conocimientos a otras latitudes, muy necesitadas de intervenciones urgentes para robustecer vulnerabilidades climáticas y aumentar la viabilidad comunitaria.
Ambiente
El país discute mientras la basura avanza
RESUMEN
La basura avanza mientras las instituciones discuten. Resolver la crisis exige dejar atrás el pleito y adoptar un sistema moderno que reduzca residuos, impulse la economía circular y convierta la gestión de desechos en una política seria, no en una disputa interminable.
Costa Rica está atrapada en una discusión que no resuelve nada mientras la basura sigue acumulándose. El nuevo reglamento del Ministerio de Salud busca ordenar un sistema que hace años perdió rumbo, pero la respuesta inmediata fue un choque institucional que desvía la atención del problema central: los residuos crecen más rápido que nuestra capacidad para gestionarlos.
La Procuraduría defiende la urgencia de las normas; las municipalidades alegan falta de recursos y capacidad operativa. Ambas posiciones tienen elementos válidos, pero ninguna evita la realidad más evidente: la basura no espera.
Cada día que el país dedica a pelear por competencias en lugar de actuar, el costo ambiental, sanitario y financiero aumenta.
Superar este estancamiento exige más que un reglamento y más que voluntad política. Implica reconocer que Costa Rica necesita un modelo moderno de economía circular, alianzas público–privadas que permitan innovar, y tecnologías que vuelvan eficiente una tarea que hoy es cara, fragmentada e ineficaz.
Los países que han avanzado no lo hicieron discutiendo quién debe recoger la basura, sino construyendo sistemas que la reducen, la clasifican y la transforman.
La pregunta no es quién gana la disputa legal, sino quién asume el liderazgo para que el país deje de reaccionar y comience a planificar. En la gestión de residuos, quedarse en el ring es perder tiempo; apostar por soluciones integrales es recuperar el futuro. Porque cuando la institucionalidad se empantana, la basura —y sus consecuencias— no se detienen.




Ambiente
Crucitas: el costo de la inacción
RESUMEN
Costa Rica enfrenta en Crucitas una prueba que expone el fracaso de prohibir en lugar de gobernar. La ausencia de un marco legal para una actividad que de todas formas ocurre permitió que el crimen organizado ocupara el territorio, destruyera los ecosistemas y convirtiera el oro en un motor financiero ilegal. La salida no está en más prohibiciones, sino en recuperar el control con seguridad jurídica, lineamientos ambientales estrictos y una formalización responsable que detenga el daño y rompa el vínculo entre minería ilegal y mafias regionales.
Costa Rica enfrenta en Crucitas una de sus contradicciones más dolorosas: en nombre de la protección ambiental elegimos un modelo que terminó destruyendo justamente aquello que buscábamos preservar. La prohibición absoluta de la minería formal —celebrada en su momento como una victoria moral— solo abrió la puerta a la anarquía, mientras quienes promovieron esa narrativa hoy guardan silencio frente al colapso ambiental que dejaron atrás.
El vacío institucional no detuvo la extracción; la dejó sin reglas.
Y en ese espacio crecieron redes que arrasan con los bosques, contaminan con mercurio y cianuro, destruyen suelos y ríos, y se llevan el oro sin dejar un solo beneficio para las comunidades. Pero lo más grave es que esa actividad ilegal se convirtió en un motor financiero del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero florecen donde el Estado renunció a gobernar.
Crucitas ya no admite eufemismos ni parches. Recuperar el territorio no es un debate ideológico, es una urgencia nacional.
La única salida realista es establecer un marco jurídico y ambiental de primer nivel que permita una explotación responsable, regulada y supervisada. Solo formalizando la actividad podremos detener el desastre ecológico, cortar el flujo de recursos a las mafias y restituir soberanía en una zona que hoy pertenece, de facto, a quienes operan fuera de la ley.




Ambiente
El mito de la energía limpia en Costa Rica
RESUMEN
Costa Rica enfrenta una contradicción profunda entre la imagen verde que proyecta y la realidad energética que sostiene su economía. La dependencia del petróleo frena nuestro desarrollo, compromete recursos públicos y nos aleja de la soberanía que tanto proclamamos. La discusión urgente no es sobre defender el modelo actual, sino sobre modernizarlo: asumir nuevas tecnologías, diversificar la oferta y planificar un sistema capaz de acompañar el crecimiento del país. El reto no es ambiental; es estratégico. Y aplazarlo solo encarece el futuro.
Costa Rica lleva décadas vendiéndose al mundo como un país verde, pero nuestra matriz energética cuenta otra historia. Detrás del discurso ambiental sofisticado —y del marketing que tanto repetimos— se esconde un dato incómodo: el 65 % de toda la energía que consumimos proviene del petróleo.
La electricidad, que sí es mayoritariamente renovable, representa apenas un 35 %, una proporción que no alcanza para sostener la vida moderna ni para respaldar un crecimiento económico de apenas 3 % anual sin caer, una y otra vez, en combustibles fósiles.

La ironía es grande: mientras presumimos liderazgo ambiental, hemos gastado ₡408.000 millones en solo diez años importando energía o quemando diésel y búnker para suplir la demanda. Un país que se autoproclama ejemplo mundial no puede depender de prácticas que contradicen su propio relato. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Y seguiremos haciéndolo si no rediseñamos nuestro sistema energético con la misma seriedad con la que se diseñan las campañas de imagen.

Porque el problema no es solo de narrativa; es de estructura. Represas y geotermia, por más valiosas que sean, no podrán sostener el consumo futuro. Y mantener el modelo actual nos condena a pagar más, contaminar más y depender más de fuentes externas. La soberanía energética no se logra con discursos inspiradores ni con fotos de bosques: se logra con decisiones tecnológicas audaces.
Eso implica una combinación de apuestas estratégicas: electrificar el 100 % de la flota liviana, usar gas natural local como solución de transición para el transporte pesado —más limpio y hasta cuatro veces más barato que el diésel— e incorporar tecnologías modernas como los Reactores Modulares Pequeños, capaces de ofrecer electricidad estable 24/7, segura y competitiva, algo que hoy no podemos garantizar.

La verdadera pregunta es si queremos seguir disfrutando del prestigio verde mientras nuestra realidad se deteriora, o si estamos listos para construir un modelo energético que realmente esté a la altura del país que decimos ser. Porque por más bonita que sea la narrativa, la energía no se genera con slogans.
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