Economía
Inversión extranjera directa en Costa Rica
La inversión extranjera directa (IED) es una operación que involucra una relación de largo plazo, en la cual una persona física o jurídica, residente de una economía (inversor directo), tiene una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra economía. Costa Rica dio pasos importantes en la atracción de la IED a partir de los años ochenta del siglo pasado, cuando apostó por la inserción del país en la economía internacional, luego de dejar atrás el modelo económico de sustitución de importaciones.
Entre los beneficios que se han obtenido tras la atracción de IED, se citan:
- Creación de empleos bien remunerados.
- Transferencia de conocimientos, a través de la capacitación de los empleados contratados, quienes adquieren nuevas competencias.
- Estímulo al uso de tecnología avanzada para la producción de bienes de alto valor agregado.
- Encadenamientos productivos, es decir, la venta de insumos y servicios de empresas locales a multinacionales.
- Establecimiento de clústeres (grupo de empresas e instituciones concentradas geográficamente, ligados por intereses comunes y complementarios) que favorecen la atracción de más IED al país.
- Aumento de la complejidad económica del país, lo que a su vez incrementa el producto interno bruto (PIB).
Para el país ha sido posible atraer IED con éxito, debido a una serie de factores competitivos que engloban la propuesta de valor con la que se cuenta:
- Localización geográfica estratégica para los negocios. Costa Rica posee 2 costas y está relativamente cerca de sus principales socios comerciales. Posee conexiones importantes vía aérea y se ubica cerca del Canal de Panamá.
- Plataforma comercial envidiable. El país posee acuerdos preferenciales de comercio con todas las Américas (salvo los países del MERCOSUR) y con países de Europa. Además, cuenta con tratados de libre comercio con países asiáticos como China, Corea del Sur y Singapur. Por otra parte, el país es integrante de la Organización Mundial del Comercio, lo que respalda la amplia plataforma de exportación que este ofrece en condiciones preferenciales.
- Estabilidad política o de las políticas públicas del país. Hay credibilidad en el Estado costarricense.
- El país se rige por el imperio de la Ley, lo que aporta seguridad jurídica.
- Fuerza laboral calificada, que responde a procesos cada vez más complejos.
- Vocación de sostenibilidad. Costa Rica es reconocido como un país verde.
- Política de IED exitosa, lo que ha permitido la conformación de conglomerados de empresas o clústeres que atraen más IED.
No obstante, según el Informe Estado de la Nación, en su apartado Caracterización de la inversión extranjera directa en Costa Rica, indica que la IED en el país muestra una tendencia hacia la consolidación de la industria manufacturera de alto nivel de sofisticación y el sector servicios de soporte de negocios, con una expansión mucho más reciente de los sectores financiero, inmobiliario y turístico.
Según datos aportados por el Banco Central, la mayoría de la IED que ingresa al país se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM). Por lo que cabe preguntarse, ¿qué factores inciden en que esto sea así? En principio, las condiciones de las áreas rurales son distintas a las que se encuentran en la GAM; por ejemplo, la fuerza laboral predominante tiene en promedio menor escolaridad que la de la GAM, por lo que no podría insertarse en industrias de alta complejidad, que es uno de los sectores predominantes de la IED en el país. Por otra parte, las actividades productivas tradicionales en las áreas rurales son de carácter distinto y cuentan con factores de producción diferentes a la GAM.
Debido a lo anterior, es preciso atraer inversión extranjera directa afín a las actividades y capacidades productivas que ya se desarrollan en las áreas rurales; como agroindustria y manufactura liviana intensiva en mano de obra. A su vez, se deben buscar alternativas para vincular sectores como el inmobiliario, la inversión de impacto (servicios ambientales), la atracción de nómadas digitales, entre otros. Además de crear sinergia e interconexión entre sectores, por ejemplo, agricultura y turismo.
No obstante, independientemente de dónde se dirija la IED, para que esta se dé hace falta involucrar una serie de actores, entre ellos:
- Gobierno. Su rol como facilitador es crucial, ya que define la política de inversión, tiene la capacidad y el recurso institucional para mejorar el clima de negocios, colabora en la capacitación de la fuerza laboral. Es la instancia que permite “cerrar la venta”, crea infraestructura, otorga facilidades a los inversionistas para su atracción (como el régimen de zona franca), negocia tratados comerciales que facilitan la IED, representa al país en las negociaciones y tiene un rol protagónico ante disputas comerciales internacionales.
- Gobiernos locales (municipalidades). Mejoran el clima de negocios en su cantón, proveen infraestructura y definen zonas de desarrollo con base en sus planes reguladores.
- Agencias de desarrollo local (privadas). Estas realizan gestión de venta o posicionamiento para la IED, establecen procesos de desarrollo económico local de manera colaborativa con la academia y el Gobierno.
- Academia. Realiza investigación aplicada, forma el recurso humano, transfiere tecnología, promueve la innovación y aumenta el atractivo del país.
- Proveedores. Brindan servicios especializados para el establecimiento y la operación de las empresas (servicios legales, financieros, de capacitación, entre otros).
- Parques de zona franca. Aportan infraestructura y capacidades logísticas.
- Empresas locales. Crean encadenamientos con las empresas multinacionales aumentando su productividad; proveen servicios especializados y tienen la posibilidad de internacionalizarse.
- Clústeres. Por su conformación, tienen una serie de ventajas competitivas, como el acceso a recursos compartidos, la colaboración en la innovación y el intercambio de conocimientos y experiencia. Promueven la IED a través de mecanismos como la atracción de clientes, ampliación de la oferta, aumento de la competitividad de las empresas, facilitar el acceso a los mercados, desarrollo de fuerza laboral calificada y fortalecimiento de la cadena de valor.
Queda claro que la atracción de IED no es producto del esfuerzo de una única entidad, ni se centraliza en un solo actor. El rol de cada uno de estos eslabones es importante, ya que deben trabajar sinérgicamente en función de las políticas públicas del país, dictadas por el Gobierno.
Por último, las alianzas público-privadas son indispensables para ser exitosos en la atracción de IED; cuál actor debe prevalecer no es la discusión más importante. Se deben concentrar los esfuerzos en definir el norte de la IED para el desarrollo económico en todas las regiones del país, así como trabajar coordinadamente para atraer inversión en nuevos sectores de interés.
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
RESUMEN
Costa Rica no sufre por falta de instituciones, sino por un modelo que reparte funciones sin repartir responsabilidades. La mezcla de entes sociales y rectores fuera de lugar creó un sistema donde nadie controla el rumbo y todos justifican su existencia. Mientras la pobreza apenas empieza a moverse, seguimos sin una estructura capaz de sostener avances ni de rendir cuentas. Lo urgente no es sumar más organismos, sino exigir dirección, orden y resultados reales para las personas, no para la burocracia.
Costa Rica lleva décadas construyendo una red interminable de instituciones para “atender lo social”. Hoy son 13 sectores y 35 entes públicos que supuestamente deberían combatir pobreza, proteger a la niñez, asegurar vivienda, velar por derechos humanos, impulsar empleo y más. La pregunta es inevitable: ¿y los resultados?
La imagen lo deja en evidencia: estamos ante un sistema fragmentado, duplicado y sin responsables claros. Un rompecabezas institucional donde cada pieza depende de otra, pero ninguna responde por el cuadro completo. Y esa ausencia de rectoría no es casual: es estructural.
Veamos el detalle por sector a atender:
- Adulto Mayor:
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Agro:
- Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Asuntos Indígenas:
- Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
- Derechos Humanos (DDHH):
- Defensoría de los Habitantes
- Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
- Discapacidad/Salud
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Educación:
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Empleo:
- Agencia Nacional de Empleo
- Consejo Nacional de Salarios
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Financiamiento:
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
- Mujeres:
- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente
- Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Niñez/Juventud:
- Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Pobreza:
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)
- Seguridad:
- Ministerio de Justicia y Paz
- Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)
- Vivienda:
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Y para terminar de completar el panorama además de esas 35 instituciones, hay que sumar a los rectores políticos y administrativos que —en teoría— deberían ordenar este desmadre: Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, MAG, JAPDEVA, Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura y Juventud. Y la pregunta obvia es qué hacen estos rectores metidos en este baile cuando sus funciones se enfocan en otro lado. Ahí es donde más fácil queda retratado que la política ha sido: ante un problema, inventemos una institución; si no funciona, inventemos otra. Y así llegamos a este punto.
Todos estos entes tienen poder de decisión, pero operan en una lógica donde la responsabilidad siempre se diluye.
Mientras tanto, la realidad es incómoda:
- La pobreza estuvo estancada por encima del 20% durante años.
- Ahora bajó, pero el Estado de la Nación advierte que no tenemos manera de saber si es sostenible.
- Y el sistema social sigue evaluándose por la cantidad de beneficios otorgados, no por cuántas personas dejan de necesitar los apoyos.
La consecuencia es obvia: El único problema económico que sí estamos resolviendo es el de los burócratas que operan estas instituciones, no el de las familias que quieren salir adelante.
Porque en un país tan pequeño, la fragmentación es más que un defecto de diseño: es una forma de evitar responsabilidades. Cada institución tiene objetivos, presupuestos y mandatos propios, pero nadie responde por los resultados finales. Nadie. Y sin responsables, no hay mejoras, no hay eficiencia y no hay justicia social verdadera.
Costa Rica necesita, con urgencia, una revisión profunda del sistema social.
No para crear más instituciones, sino para exigir:
- Rectoría real
- Coordinación efectiva
- Evaluación por resultados
- Responsables definidos
La pobreza no se combate con más logos. Se combate con decisiones claras, instituciones que funcionen y un Estado que rinda cuentas.
En Primera Línea seguiremos poniendo orden en el mapa.
Porque alguien tiene que hacerlo.
-
PolíticaHace 2 semanasTercerizar no es el problema. Gobernar mal sí.
-
PolíticaHace 1 mesCuando todo es “dictadura”, nada lo es
-
PolíticaHace 2 mesesChambonadas 2025: Vamos como el cangrejo
-
PolíticaHace 1 mesCosta Rica 2026: El voto oculto detrás de las encuestas
-
PolíticaHace 2 mesesGuía para dejar de ser indeciso sin morir en el intento