Según el Cuarto Informe Nacional de Competitividad (ICN 2024), elaborado por el Consejo para la Promoción de la Competitividad, la situación de Costa Rica es crítica. Hoy en ALA LIBERAL abordaré, de manera general, las principales conclusiones de este informe.

En primer lugar, los datos reflejan un estancamiento preocupante. El promedio nacional de competitividad se mantiene en una nota de aplazamiento: 55.7 en una escala de 0 a 100. 

Esto evidencia que queda mucho por hacer para construir un entorno que le permita a las personas y empresas alcanzar su máximo potencial. Más inquietante aún es que este índice muestra una tendencia plana desde 2020, lo que debería encender todas las alarmas en los sectores público y privado.

Sin embargo, esta situación crítica también representa una oportunidad única. Al identificar los factores que inciden positiva y negativamente en nuestra competitividad, podemos implementar acciones concretas para fomentar un desarrollo más equitativo y sostenible.

Lo positivo: Avances que merecen destacarse

El informe identifica logros en áreas clave:

1. Escolaridad media: Aunque solo el 30% de los adultos ha completado la secundaria, la cifra creció más de un punto porcentual en más de la mitad de los cantones. Este incremento es alentador, aunque insuficiente, y refleja el impacto de programas educativos enfocados en reducir la deserción escolar.
2. Acceso a tecnología en educación: La mayoría de los centros educativos alcanzaron el nivel mínimo de ancho de banda necesario para el aprendizaje digital, fortaleciendo la infraestructura educativa y brindando herramientas modernas a estudiantes.
3. Fortalecimiento de habilidades técnicas: El incremento en los graduados de educación técnica profesional responde a la demanda de habilidades prácticas en el mercado laboral y dinamiza los mercados locales.
4. Redes de datos móviles: La calidad del internet móvil sigue avanzando, reduciendo la brecha digital en diversas regiones del país.

Estos avances constituyen una base sólida, pero no deben generar complacencia. Cada logro debe ser el punto de partida hacia metas más ambiciosas que impulsen la calidad de vida y la productividad.

Lo negativo: Factores que impiden alcanzar nuestro potencial

A pesar de los avances, persisten barreras significativas, especialmente fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Estos son los principales desafíos:

1. Deficiencias en competencias básicas: Solo el 66% de los estudiantes alcanza un nivel intermedio o avanzado en pruebas estandarizadas, lo que evidencia una crisis educativa con implicaciones económicas a largo plazo.
2. Inseguridad ciudadana: San José es el cantón más inseguro de la GAM, con una tasa de seguridad de apenas 42.7 puntos. En las regiones costeras, cantones como Garabito y Quepos enfrentan índices alarmantes de criminalidad, lo que afecta tanto la calidad de vida como la atracción de inversiones.
3. Desigualdad Territorial: Las costas y fronteras, tema que he tocado al menos en una columna anterior, están quedando rezagadas, con niveles de competitividad muy por debajo de la GAM. Esto refleja una distribución desigual de recursos e inversiones, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión en estas regiones.
4. Reducción de Empleos Permanentes: Según el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el empleo estable cayó de 2 millones a 1.7 millones, con un aumento de trabajos temporales y precarios. Este es un síntoma claro de una economía que no está generando suficientes oportunidades sostenibles, y en la que el sistema de Seguridad Social solo promueve la informalidad.
5. Deficiencias en Infraestructura: El incremento en los tiempos de traslado y las frecuentes presas en carreteras subrayan el deterioro de la conectividad vial. Este factor afecta la productividad, eleva costos y frena la competitividad.

Líderes y rezagados: Una radiografía territorial

Los resultados del ICN 2024 confirman que la competitividad sigue siendo profundamente desigual entre regiones y cantones.

Los mejores indicadores se concentran en los cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM). Encabezan la lista Belén, Heredia, Montes de Oca y Cartago, aunque incluso estos cantones no superan los 70 puntos en la escala de competitividad, dicho de otra forma, los mejores cantones en desempeño no pasan. Belén destaca con 69.9 puntos, gracias a su infraestructura desarrollada y adopción tecnológica. Heredia y Montes de Oca sobresalen por su dinamismo económico y calidad educativa.

Sin embargo, de los 21 cantones más competitivos, solo tres se encuentran fuera de la GAM: Grecia, Palmares y San Carlos. Este es un recordatorio de que el potencial productivo fuera del Valle Central aún está subaprovechado.

En contraste, los rezagados se concentran en las costas y las fronteras. Cantones como Talamanca, Nandayure, y San Mateo se encuentran en las posiciones más bajas del índice, afectados por altos índices de inseguridad, acceso limitado a servicios básicos y una infraestructura deficiente. La situación en cantones como San Mateo es especialmente preocupante: este experimentó la mayor caída en competitividad (-6.4 puntos) debido a una fuerte disminución en la esperanza de vida y la calidad de los servicios de salud.

Estos resultados revelan que, mientras unos pocos cantones avanzan en tecnología e infraestructura, otros continúan atrapados en ciclos de rezago social y económico.

Transformando retos en oportunidades

Abordar estos desafíos requiere una visión estratégica y decisiones audaces. A continuación, propongo algunas acciones concretas que, desde mi perspectiva, podrían marcar una diferencia:

1. Reforma Educativa Integral: Costa Rica necesita una hoja de ruta para la educación que trascienda administraciones. Esto incluye modernizar los currículos escolares, invertir en formación docente, hacer evaluaciones periódicas y garantizar que todos los estudiantes reciban una educación integral que los prepare para los retos del siglo XXI.
2. Seguridad Ciudadana como Prioridad Nacional: La inseguridad debe ser enfrentada con políticas públicas basadas en datos, que combinen estrategias preventivas y represivas. No según el parecer de los sectores, sino con datos señores, datos. Es necesario fortalecer las capacidades de las municipalidades y promover programas de integración social en las comunidades más afectadas.
3. Desarrollo Regional Equitativo: Es urgente implementar incentivos fiscales y programas de inversión pública para fomentar el desarrollo económico en las costas y fronteras. Esto no solo reducirá desigualdades, sino que también liberará el potencial productivo de estas regiones. 
4. Promoción de Empleo Formal: Las políticas laborales deben enfocarse en fomentar la estabilidad y la formalización del empleo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas con capacitación, financiamiento y acceso a mercados. A muchos les dará un faracho, pero sin importar tamaño de empresa o de operación de trabajador independiente las cargas de la seguridad social deben disminuirse con miras a aumentar la formalidad. Solo en el sector de trabajadores independientes hay un porcentaje enorme de personas, cercano a la mitad, que no están inscritos en la CCSS.
5. Infraestructura Estratégica: Es indispensable priorizar proyectos de infraestructura que impacten directamente la competitividad, como la modernización de carreteras, los trabajos de renovación en nuestros puertos, la mejora del transporte público y la expansión de redes de internet de alta velocidad (5G para mañana, por favor).

Hacia una Costa Rica más competitiva

La competitividad no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de vida de la población. Cada punto del informe ICN 2024 debe ser visto como una oportunidad para reflexionar y actuar. El estancamiento en el que estamos inmersos no es irreversible, pero requiere que abandonemos la complacencia y asumamos con seriedad los cambios necesarios.

Desde esta columna, invito a los tomadores de decisiones, al sector privado y a la ciudadanía en general a que se involucren activamente en este proceso. Solo trabajando juntos podremos construir una Costa Rica más justa, equitativa y competitiva. 

El momento de actuar es ahora.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El régimen de propiedad en condominio en Costa Rica ha evolucionado significativamente desde su establecimiento en 1966, convirtiéndose en un pilar esencial para el desarrollo urbano y la vivienda. Sin embargo, como todo sistema que crece y se adapta, enfrenta desafíos que requieren soluciones contemporáneas. La diputada Daniela Rojas y otros diputados acaban de presentar el proyecto de ley 24,640 que busca abordar de manera integral las limitaciones del marco normativo vigente, fortaleciendo la gobernanza de los condominios y adaptándolos a las necesidades actuales. 

Este es un proyecto que en mi opinión podría avanzar en estas sesiones extraordinarias dado que, entre los diversos actores que se ven sujetos a esta normativa, hay un consenso generalizado por mejorar la gobernanza y modernizar aspectos claves de esta ley. 

La regulación vigente, aunque funcional en su momento, no refleja plenamente las realidades actuales de la vida en condominio ni su evolución. 

El régimen se encuentra en una encrucijada, con problemas que amenazan su efectividad, desde obstáculos en la gobernanza hasta limitaciones en la representación y toma de decisiones en las asambleas de condóminos.

Fortalecimiento de la Gobernabilidad

Uno de los problemas más evidentes es la dificultad para alcanzar el quórum necesario en las asambleas de condóminos, debido a la baja participación de los propietarios. Esta situación genera parálisis en la toma de decisiones y obstaculiza mejoras o ajustes necesarios para una adecuada administración. En muchos casos, la falta de quórum permite que minorías desinteresadas bloqueen avances importantes, afectando negativamente a la comunidad.

El proyecto de ley propone cambios esenciales para mejorar la gobernanza de los condominios, incluyendo ajustes que permitirán a las administraciones y asambleas tomar decisiones de manera más ágil y efectiva. Por ejemplo, modifica los requisitos de votación, permitiendo que ciertas decisiones se tomen con el consenso de dos tercios de los votos en lugar de requerir unanimidad. Esto reduce la posibilidad de que decisiones importantes se vean truncadas por la inasistencia o desinterés de algunos condóminos, promoviendo mayor participación y compromiso.

Claridad Jurídica y Resolución de Ambigüedades

El sistema vigente también enfrenta desafíos debido a la falta de claridad en ciertas disposiciones legales, como las interpretaciones diversas y contradictorias de la reforma del artículo 27 introducida en 2022. Esta ambigüedad ha generado confusión, especialmente en cuanto a la retroactividad de la normativa, manteniendo a muchos condominios en una situación de incertidumbre.

El proyecto de ley establece un enfoque claro y uniforme, garantizando que las modificaciones se apliquen de forma consistente a todos los condominios, independientemente de su fecha de creación. 

Esto resolverá las ambigüedades jurídicas y ofrecerá un marco más estable y confiable para la administración de los condominios. En un contexto donde la seguridad jurídica es vital para la confianza de los propietarios, esta disposición aporta tranquilidad y facilita el desarrollo de proyectos en condominio bajo un marco regulatorio previsible.

Fomento a los Condominios de Interés Social

Los condominios de interés social se han convertido en una respuesta eficiente ante la creciente demanda de vivienda y la limitada disponibilidad de terrenos en zonas urbanas. Este modelo ofrece una alternativa viable para que familias de bajos ingresos accedan a una vivienda digna, aprovechando de manera óptima el espacio y promoviendo la cohesión social en comunidades densamente pobladas.

El proyecto de ley busca incentivar este tipo de desarrollos, proponiendo regulaciones que faciliten su gobernanza y promuevan su expansión. De esta forma, se crea un marco de apoyo para que proyectos de interés social en condominio florezcan y contribuyan a satisfacer las necesidades habitacionales del país, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y acceso equitativo a la vivienda. Esto tiene un impacto social significativo, pues permite que las familias beneficiarias vivan en entornos organizados, bien administrados y con acceso a servicios esenciales.

Fortalecimiento de la Administración y Autonomía de los Condominios

La administración eficiente de los condominios es clave para su éxito. El proyecto de ley aborda la necesidad de una gestión profesionalizada, permitiendo a los condominios funcionar con mayor autonomía y eficiencia. Introduce, por ejemplo, la figura de personalidad jurídica para los condominios, lo que les permite actuar como entidades independientes en actos jurídicos y administrativos, sin depender exclusivamente de la representación de propietarios individuales.

Esta medida no solo profesionaliza la administración, sino que también proporciona un marco legal que respalda sus operaciones y decisiones. Al otorgarles personalidad jurídica, los condominios pueden adquirir bienes, gestionar contratos y defender sus intereses en instancias judiciales, lo cual es crucial para su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, se reconoce el derecho de los condominios a fijar el plazo del nombramiento del administrador, promoviendo mayor estabilidad y mejorando la rendición de cuentas.

Impulso a la Innovación y Flexibilidad en el Desarrollo de Condominios

El proyecto de ley también introduce disposiciones para adaptarse a nuevas formas de desarrollo inmobiliario y al uso de tecnologías digitales, como la incorporación de asambleas virtuales. Esta es una respuesta directa a la evolución de los estilos de vida y las necesidades de los propietarios en un contexto de creciente digitalización. 

La posibilidad de realizar asambleas virtuales facilita la participación de un mayor número de condóminos y moderniza el proceso de toma de decisiones, haciéndolo más accesible y eficiente.

Además, la propuesta de permitir la constitución y desarrollo de condominios en etapas es una herramienta innovadora que beneficia a desarrolladores y futuros propietarios, facilitando la creación de proyectos inmobiliarios flexibles que se adapten al crecimiento gradual de la demanda. Esta flexibilidad es especialmente valiosa en contextos de alta incertidumbre económica, permitiendo ajustar la expansión de los condominios conforme a las condiciones del mercado y a la demanda habitacional, sin necesidad de realizar trámites engorrosos para cada etapa.

Conclusión

La Ley para la Buena Gobernanza y la Modernización de la Propiedad en Condominios representa una reforma integral y necesaria para el régimen de propiedad en condominio en Costa Rica. La propuesta aborda los principales retos del sistema actual, desde problemas de gobernanza y claridad jurídica hasta la necesidad de fomentar proyectos de interés social y facilitar el desarrollo de condominios en etapas.

Su aprobación no solo modernizará el régimen, sino que también constituirá un paso firme hacia una estructura de propiedad en condominio más justa, eficiente y acorde con los tiempos modernos. Es una legislación que responde a las necesidades actuales de los ciudadanos, promueve la participación y facilita la gobernanza de los condominios, contribuyendo a una mejor calidad de vida para todos los costarricenses que eligen esta modalidad de vivienda.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Una Asamblea Constituyente implica reflexionar sobre el momento histórico que atraviesa el país.

Este es un tema complejo y sensible, a menudo abordado desde una perspectiva emocional y visceral en lugar de académica o reflexiva. ALA LIBERAL busca ser un espacio de análisis y propuesta alejado de las discusiones impulsivas que dominan la política tradicional, donde la madurez para debatir se sustituye con frecuencia por epítetos y descalificaciones. El debate sobre una Asamblea Constituyente no tiene una respuesta absoluta; no es blanco o negro, sino una cuestión con múltiples matices de gris. 

Sin embargo, es indudable que en los últimos años esta idea ha ganado terreno, promovida por sectores que consideran que el pacto político, económico y social del país ha quedado rezagado y es incapaz de responder a las nuevas realidades de una sociedad dinámica, moderna y cambiante.

La mera convocatoria de una Asamblea Constituyente implica reflexionar sobre el momento histórico que atraviesa el país y sobre los objetivos que se buscan alcanzar con un cambio profundo en la Carta Magna.

A raíz de una presentación reciente organizada por Primera Línea del historiador Andrés Fernández, y los argumentos que expone sobre la manipulación de la historia y los mitos políticos en Costa Rica, me surgió la pregunta de si una Constituyente es realmente la solución que el país necesita o si, por el contrario, podría profundizar sus problemas. 

Esta charla es sumamente interesante, y para quienes no la vieron en vivo, aquí incluyo el enlace. Andrés es un historiador riguroso y sin rodeos, lo cual se evidencia en esta sesión. De lo que se comenta ahí, hay cinco puntos con los que se argumenta la necesidad de una Asamblea Constituyente.  Profundizo a continuación en cada uno de ellos.

1. Superación de un marco constitucional obsoleto

Uno de los argumentos más sólidos a favor de una Asamblea Constituyente es la necesidad de actualizar una Constitución que data de 1949. En ese entonces, Costa Rica emergía de una guerra civil y la prioridad era consolidar un nuevo orden institucional que garantizara la paz. Este marco sirvió bien a su propósito en un contexto de posguerra, pero las condiciones actuales del país son radicalmente distintas. 

Una Asamblea Constituyente podría ofrecer la oportunidad de diseñar un marco fundamental que incorpore estos desafíos y redefina las competencias del Estado para responder mejor a las necesidades contemporáneas.

2. Revisión de las autonomías constitucionales y la centralización estatal

Otro argumento relevante es la necesidad de descentralizar el poder político y económico. Desde la creación de la Segunda República, instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han concentrado un poder desmesurado. Aunque han sido fundamentales en la historia del país, hoy operan de manera autónoma y sin coordinación con otras políticas públicas.

Reformar estas instituciones dentro de un marco coherente podría hacer que el Estado funcione como un aparato bien engranado y alineado hacia un fin común.

No obstante, se debe evaluar si el país está preparado para un proceso de este tipo sin caer en la polarización extrema. La intervención de estas instituciones no debe interpretarse como un debilitamiento del Estado, sino como una reestructuración que permita una mayor coherencia en las políticas de desarrollo. 

3. Desmantelamiento de mitos históricos

Uno de los puntos más interesantes que plantea Fernández es la forma en que los partidos políticos tradicionales han utilizado mitos históricos para justificar su permanencia en el poder y sus decisiones políticas.

La abolición del ejército en 1948, por ejemplo, se ha presentado como una especie de acto heroico que convirtió a Costa Rica en un “ejemplo de paz” en América Latina. Sin embargo, Fernández argumenta que esta medida también se implementó para consolidar el poder de José Figueres y evitar la amenaza de futuros golpes de Estado. Así, la abolición del ejército fue un acto que, aunque promovido bajo el discurso de la paz, también respondió a intereses políticos de mantener el control del país.

Del mismo modo, el concepto de la “Segunda República” ha sido empleado por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otras fuerzas políticas para justificar la supremacía de su visión y excluir del debate a otras voces. Fernández critica este uso de la historia, la cual se convierte en una herramienta de legitimación que ha impedido que se debatan abiertamente otros modelos de desarrollo y gobernanza.

Una Asamblea Constituyente podría ser el espacio ideal para confrontar estos mitos y para desmantelar la narrativa oficial que ha dominado el imaginario político costarricense. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el proceso se convierta en un campo de batalla ideológico, donde cada grupo intente imponer su propia versión de la historia en la nueva Constitución.

El peligro radica en que el debate histórico se utilice como un instrumento de poder, en lugar de servir para construir un proyecto de país inclusivo y representativo. 

4. Reformar el sistema educativo para promover una ciudadanía crítica

Fernández menciona con preocupación la manera en que el sistema educativo y las instituciones culturales del país han sido cooptados por ciertas ideologías que distorsionan la historia y promueven una visión simplista de los problemas del país. En este sentido, una Asamblea Constituyente podría ser la oportunidad para reformar profundamente el sistema educativo, no solo en cuanto a la estructura y el contenido, sino también para garantizar que se convierta en un verdadero motor de pensamiento crítico e independiente.

No obstante, es ingenuo pensar que una nueva Constitución, por sí sola, podrá reformar un sistema educativo que ha sido moldeado durante décadas. Los cambios requerirían más que un nuevo marco legal; se necesitaría una transformación cultural y una reestructuración institucional que no necesariamente pueden lograrse a través de una Asamblea Constituyente.

Si no se aborda con la seriedad que requiere, la Asamblea podría convertirse en una plataforma para imponer ideologías aún más polarizadoras, en lugar de abrir un espacio para la diversidad de pensamiento. 

5. Promover una mayor representatividad y participación ciudadana

Finalmente, una Asamblea Constituyente podría ayudar a reformar el sistema político para garantizar una mayor representatividad. El sistema electoral actual ha sido diseñado de manera que favorece a los partidos tradicionales, dificultando la entrada de nuevas fuerzas políticas y manteniendo a la clase política en una suerte de monopolio de poder.

La creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana podría revitalizar la democracia costarricense y darle voz a sectores históricamente excluidos. Sin embargo, este es un proceso delicado que requiere un equilibrio entre la representación y la gobernabilidad.

La proliferación de partidos y movimientos podría llevar a una fragmentación extrema del poder, haciendo aún más difícil alcanzar consensos y mantener la estabilidad política del país. Además, es importante recordar que una Constituyente no es una panacea que resolverá automáticamente los problemas de representatividad y participación. Si no se manejan adecuadamente, las reformas electorales podrían llevar a un sistema más disfuncional y menos capaz de generar soluciones a los problemas reales del país. 

Conclusión

La idea de una Asamblea Nacional Constituyente para Costa Rica es, sin duda, atractiva. Una idea con la cual comulgo y que considero necesaria ante realidades innegables como la inminente extinción del sistema de seguridad social. No por estar tomado por mandos medios o sindicales, no por tener una estructura amorfa sin una debida gobernanza, sino por una realidad sociodemográfica: 

Costa Rica está envejeciendo y nuestro sistema de Seguridad Social supone una sociedad joven. Esta no es la realidad de nuestro país. El otro día participé de una charla donde se compartió que dadas las proyecciones de natalidad en nuestro país, Costa Rica no va a alcanzar los seis millones de habitantes. Eso anticipa una sociedad envejecida donde el sistema de seguridad social debe cambiar. 

La idea de una Asamblea Constituyente, ofrece la posibilidad de reformar profundamente el Estado y su funcionamiento, de revisar la historia y de actualizar las instituciones a las realidades contemporáneas. Sin embargo, el camino hacia una Constituyente no está exento de peligros. 

La convocatoria de una Asamblea debe hacerse con una visión clara de los objetivos a alcanzar y con la certeza de que no se convertirá en un espacio de imposición ideológica o en un campo de batalla entre grupos de poder. 

Costa Rica debe reflexionar detenidamente sobre si está preparada para enfrentar el reto de una Asamblea Constituyente y sobre si existen otras vías, quizás menos disruptivas, para lograr las reformas que el país necesita. Pero para eso se requiere madurez. No solo emocional, sino profesional. 

Una Constitución no es solo un documento legal; es la expresión de un consenso social. 

Antes de cambiarla, es necesario preguntarse si realmente se cuenta con el consenso necesario, y las ideas correctas, para construir una nueva y mejor visión de país.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.