La fábrica de leyes que no produce soluciones

La principal función del Poder Legislativo es, tal como su nombre indica, hacer leyes, hacerlas y aprobarlas.  Los diputados mediante sus conocimientos propios, análisis de la realidad nacional y rodeados por un equipo de asesores, crean proyectos de ley que deben presentar, los cuales serán revisados en alguna comisión donde si llega a aprobarse, pasarán a ser debatidos en el plenario legislativo.  Ya en el plenario, si un proyecto de ley es aprobado en debate y además se determina que no genera roces de constitucionalidad, se convertirá en ley de la República.

Una atribución así, en teoría, debe ejercerse con responsabilidad, con conciencia, con sentido común, analizando constantemente la realidad del país y sus problemas, de manera que las soluciones que se propongan resulten efectivas.  Para lograr esto,  se entiende que no debe legislarse basados solamente en consignas e  ideologías y menos aún, con la única intención de labrarse una reputación para aspirar a la presidencia.

Aterricemos en la realidad;  el párrafo anterior no suele cumplirse.  Muchos proyectos de ley que se presentan son innecesarios e irrelevantes para la realidad nacional y en consecuencia, su trámite consume un tiempo valioso que podría dedicarse al análisis y discusión de proyectos más pertinentes.  Por otra parte, hay otros proyectos que aunque no podemos dudar de sus buenas intenciones, son irrealizables porque las condiciones económicas son adversas para los mismos.  Si, más allá de los casos anteriores quedara algo por rescatar, encontraremos proyectos de ley con errores de fondo, de forma y con roces constitucionales, como resultados producto de hacerlos a la carrera con tal de llegar a presentar algo.  Como ejemplo de esto último en una ocasión, se llegó a recurrir a un plagio para hacer un proyecto de ley.

El hecho de que sucedan este tipo de cosas se debe al incentivo perverso que genera evaluar la labor de los diputados en función de la cantidad de proyectos de ley que presentan.  Según esta perspectiva, se entiende que un diputado “trabaja mucho” si presenta muchos proyectos y por el contrario, “no hace nada” si no presenta ninguno.

Al valorar a los diputados bajo esa línea de entendimiento, los incentivamos a que se conviertan en fábricas de leyes, creando y presentando constantemente proyectos de ley para que la gente, específicamente el electorado, vean que trabajan mucho.  Al venderse así, intentando ganarse el aprecio del electorado, labran su camino a la presidencia del país.  En esta dinámica, los diputados no legislan en función de las necesidades de la ciudadanía, sino que lo hacen para sacar réditos políticos o dicho de otra manera, para hacer populismo.

Muchos consideran que la solución es cambiar la forma en la que se eligen los diputados, solución que para este problema no es la adecuada, ya que de nada sirve cambiar la elección de los diputados si el detalle está en la forma en la que la ciudadanía evalúa el trabajo de los mismos.  La cuestión debe centrarse en evaluar a los diputados no por la cantidad de proyectos de ley que presentan, sino en analizar si esas leyes realmente resuelven los problemas del país o si solo están elaboradas para que el diputado pueda decir que está trabajando (hacer populismo).

Recordemos lo siguiente: Los diputados son los representantes de los ciudadanos y como tales, deben enfocar sus proyectos de ley en solucionar problemas del país, no en hacer populismo, plantear proyectos irrealizables o legislar a golpe de consigna e ideología, desconectándose de la realidad nacional.

Los ciudadanos debemos presionar a los diputados para que legislen como representantes nuestros, la ciudadanía, y no como entes independientes de la misma.

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