Costa Rica está atrapada en una discusión que no resuelve nada mientras la basura sigue acumulándose. El nuevo reglamento del Ministerio de Salud busca ordenar un sistema que hace años perdió rumbo, pero la respuesta inmediata fue un choque institucional que desvía la atención del problema central: los residuos crecen más rápido que nuestra capacidad para gestionarlos.

La Procuraduría defiende la urgencia de las normas; las municipalidades alegan falta de recursos y capacidad operativa. Ambas posiciones tienen elementos válidos, pero ninguna evita la realidad más evidente: la basura no espera.

Cada día que el país dedica a pelear por competencias en lugar de actuar, el costo ambiental, sanitario y financiero aumenta.

Superar este estancamiento exige más que un reglamento y más que voluntad política. Implica reconocer que Costa Rica necesita un modelo moderno de economía circular, alianzas público–privadas que permitan innovar, y tecnologías que vuelvan eficiente una tarea que hoy es cara, fragmentada e ineficaz.

Los países que han avanzado no lo hicieron discutiendo quién debe recoger la basura, sino construyendo sistemas que la reducen, la clasifican y la transforman.

La pregunta no es quién gana la disputa legal, sino quién asume el liderazgo para que el país deje de reaccionar y comience a planificar. En la gestión de residuos, quedarse en el ring es perder tiempo; apostar por soluciones integrales es recuperar el futuro. Porque cuando la institucionalidad se empantana, la basura —y sus consecuencias— no se detienen.

Costa Rica enfrenta en Crucitas una de sus contradicciones más dolorosas: en nombre de la protección ambiental elegimos un modelo que terminó destruyendo justamente aquello que buscábamos preservar. La prohibición absoluta de la minería formal —celebrada en su momento como una victoria moral— solo abrió la puerta a la anarquía, mientras quienes promovieron esa narrativa hoy guardan silencio frente al colapso ambiental que dejaron atrás.

El vacío institucional no detuvo la extracción; la dejó sin reglas.

Y en ese espacio crecieron redes que arrasan con los bosques, contaminan con mercurio y cianuro, destruyen suelos y ríos, y se llevan el oro sin dejar un solo beneficio para las comunidades. Pero lo más grave es que esa actividad ilegal se convirtió en un motor financiero del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero florecen donde el Estado renunció a gobernar.

Crucitas ya no admite eufemismos ni parches. Recuperar el territorio no es un debate ideológico, es una urgencia nacional.

La única salida realista es establecer un marco jurídico y ambiental de primer nivel que permita una explotación responsable, regulada y supervisada. Solo formalizando la actividad podremos detener el desastre ecológico, cortar el flujo de recursos a las mafias y restituir soberanía en una zona que hoy pertenece, de facto, a quienes operan fuera de la ley.

Costa Rica lleva décadas vendiéndose al mundo como un país verde, pero nuestra matriz energética cuenta otra historia. Detrás del discurso ambiental sofisticado —y del marketing que tanto repetimos— se esconde un dato incómodo: el 65 % de toda la energía que consumimos proviene del petróleo.

La electricidad, que sí es mayoritariamente renovable, representa apenas un 35 %, una proporción que no alcanza para sostener la vida moderna ni para respaldar un crecimiento económico de apenas 3 % anual sin caer, una y otra vez, en combustibles fósiles.

La ironía es grande: mientras presumimos liderazgo ambiental, hemos gastado ₡408.000 millones en solo diez años importando energía o quemando diésel y búnker para suplir la demanda. Un país que se autoproclama ejemplo mundial no puede depender de prácticas que contradicen su propio relato. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Y seguiremos haciéndolo si no rediseñamos nuestro sistema energético con la misma seriedad con la que se diseñan las campañas de imagen.

Porque el problema no es solo de narrativa; es de estructura. Represas y geotermia, por más valiosas que sean, no podrán sostener el consumo futuro. Y mantener el modelo actual nos condena a pagar más, contaminar más y depender más de fuentes externas. La soberanía energética no se logra con discursos inspiradores ni con fotos de bosques: se logra con decisiones tecnológicas audaces.

Eso implica una combinación de apuestas estratégicas: electrificar el 100 % de la flota liviana, usar gas natural local como solución de transición para el transporte pesado —más limpio y hasta cuatro veces más barato que el diésel— e incorporar tecnologías modernas como los Reactores Modulares Pequeños, capaces de ofrecer electricidad estable 24/7, segura y competitiva, algo que hoy no podemos garantizar.

La verdadera pregunta es si queremos seguir disfrutando del prestigio verde mientras nuestra realidad se deteriora, o si estamos listos para construir un modelo energético que realmente esté a la altura del país que decimos ser. Porque por más bonita que sea la narrativa, la energía no se genera con slogans.