Economía
La trampa fiscal de las cuentas incobrables
Por simplicidad, imaginemos una empresa que produce un único producto al año que le cuesta 100. Ese producto por ser muy especializado lo vende en 200. Entonces ganó 100, pagó 30 de impuestos y le quedaron 70, que los distribuye como dividendos aplicando la retención del 15%. El Estado se quedó con un 40,5% de la riqueza que produjo esa empresa y a ésta solo le quedaron 59.5%.
Ahora imaginemos que desgraciadamente, en esta ocasión el comprador de la mercancía no puede o no le da la gana pagar la factura, cosa bastante conocida en nuestro país.
Entonces la situación de la empresa es la siguiente: tuvo una pérdida de los 100 que le costó producir la mercancía, más otra pérdida de los 30 que le tuvo que pagar a Hacienda por dinero ficticio, en total 130.
Obviamente no quedó ni una peseta que distribuir como dividendos, porque la empresa tuvo pérdidas, pero pagó como si hubiera tenido ganancias.
Perdedores: la empresa; Ganadores: Hacienda que cobró impuestos legalmente injustos de gratis y el deudor, que con toda seguridad fiscalmente se dedujo el gasto que nunca pagó.
En efecto, cuando un productor, comerciante, agricultor o profesional presta un servicio o vende una mercancía y no se la pagan, evidentemente incurre en una pérdida, pero aun así, tendrá que pagar impuestos como si hubiera tenido una ganancia, ya que para Tributación, emitir la factura es lo mismo que tener el dinero en el banco instantáneamente por arte de magia.
Esto se debe a que nuestra ley de renta señala que cuando a un contribuyente no le pagan lo que le deben, tiene que pagar el impuesto y solo podrá deducirse como gasto (es decir anular el efecto del ingreso ficticio) hasta que “se hayan agotado las gestiones legales para su recuperación, a juicio de la Administración Tributaria”.
Aparte de la odiosa frase “a juicio de la Administración”, se le exige al contribuyente que además de asumir la pérdida y pagar el impuesto en situación de pérdida, tenga que contratar abogados, ir a los tribunales, esperar diez años y le den sentencia inapelable, porque si no Tributación no le reconoce nada. Ahora sí, después de 10 largos años tengo derecho de deducirme lo que nunca me pagaron, pero con colones totalmente devaluados.
Como se dice coloquialmente “cuidado pierde”.
Estas exigencias y arbitrariedad son extravagantes, para simplemente tener derecho a no pagar el impuesto sobre la renta cuando no existe tal renta y aun así perdiendo.
Desgraciadamente miles de contribuyentes se enfrentan a esta situación todos los años y muchas veces, cuando llegan al cierre fiscal, se arriesgan a pasar por gasto el crédito que a pesar de saber que es incobrable, lo hacen sin haber iniciado o agotado gestiones judiciales de cobro.
Posteriormente, cuando Tributación los fiscaliza, se rechaza el gasto, se cobra el impuesto por un dinero nunca recibido y además se le cobran sanciones de mínimo el 50% adicional, más altos intereses al contribuyente.
Nuevamente “cuidado pierde”.
Esto aplica para cualquier tamaño de empresa, pero tiene mayor impacto cuanto más pequeñas sean por su menor flujo de caja.
En un país pequeño como Costa Rica, muchas empresas especializadas no desean tener la costumbre de demandar a sus clientes, porque eso puede tener efectos a futuro en su reputación o circulo de negocios.
Aun si ese no fuera el caso, el problema es que con la mora judicial de nuestro país (que desde luego no es culpa del contribuyente aunque le toque financiarla), hasta los procesos monitorios pueden durar años por simples problemas de notificación. Pero en todo caso para litigar, además hay que pagarle de entrada a los abogados, lo cual también incrementa sus costos y afecta el flujo de caja a quienes no les pagan.
Esto además, conduce a aumentar la saturación y mora judicial creando costos enormes para el país.
Adicionalmente y tal vez lo peor, es que muchas veces ni siquiera tiene sentido litigar cuando se tiene certeza de que el deudor no tiene ningún tipo de patrimonio o no el suficiente para el pago, con lo cual hay que gastar dinero en un proceso judicial que aunque se gane, muchas veces el acreedor igual se queda sin la plata y por eso muchas veces la gente prefiere perder el dinero y no litigar, pero el impuesto sí hay que pagarlo. Es un sistema diseñado para abusar de los contribuyentes por parte del Estado, a quienes curiosamente nos toca mantenerlo.
¿Qué ocurre en otros países? Pues lo lógico, que si ha pasado un plazo prudencial, digamos seis meses y el deudor no paga, el contribuyente lo deduce fiscalmente por incobrable, ya sea en el mismo periodo fiscal o a lo sumo, en el siguiente.
Lo anterior más allá de muchas otras causales como quiebra o insolvencia del deudor, denuncias de alzamientos de bienes o administración fraudulenta o incluso el mero inicio en cualquier momento de un procedimiento legal o arbitral para cobrar un crédito. Sin problemas ni complicaciones tributarias.
Como se dice “bueno, bonito y barato”. Por su puesto, si de cualquier forma posteriormente se logra cobrar, entonces se vuelve a registrar el ingreso en el momento que ocurrió y se paga el impuesto correspondiente.
Debe detenerse el desprecio a los principios sobre los que pivota todo el sistema tributario, es decir, el principio justicia tributaria y de capacidad económica.
RESUMEN
Los altos precios de los medicamentos en Costa Rica generan un impacto directo en el acceso a la salud, lo que ha llevado a implementar regulaciones como la fijación de márgenes máximos de comercialización. Aunque estas medidas buscan corregir anomalías en el mercado, también plantean riesgos que podrían limitar el acceso a los medicamentos, como ha ocurrido en otros países. Es fundamental analizar su aplicación con cuidado para garantizar un equilibrio entre precios justos y el dinamismo del mercado.
Superficialmente, el Decreto 44863-MEIC parece una buena iniciativa. Es un hecho que los precios de los medicamentos en Costa Rica son altísimos, y esta realidad afecta a todos y cada uno de los hogares costarricenses.
Sin embargo, este esfuerzo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), aunque fundamentado en principios válidos, plantea riesgos significativos que deben ser gestionados con precisión. La teoría del derecho de competencia enseña que la fijación de márgenes máximos de comercialización no es por sí misma contraria a la competencia.
A fin de cuentas, los competidores pueden seguir compitiendo vigorosamente debajo de este techo que fija la norma, y los consumidores (que son los más importantes desde la perspectiva de este y todo derecho) no se ven perjudicados. Estas fijaciones pueden ser herramientas válidas y legítimas en situaciones excepcionales donde los mercados muestran fallas claras que afectan al consumidor.
En este caso, el análisis comparativo realizado por el MEIC con 47 países demuestra que los márgenes en Costa Rica, tanto a nivel mayorista como minorista, son significativamente superiores a los estándares internacionales.
Bajo este contexto, la intervención estatal encuentra sustento en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que se garantice su carácter temporal y su correcta aplicación de acuerdo con los términos del artículo 5 de la ley 7472.
Lo que debe quedar claro es que esta regulación no busca castigar a las empresas, sino corregir una anomalía identificada en los márgenes de comercialización que, según el informe de la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC), merecen atención prioritaria. Sin embargo, este tipo de medidas también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la fijación de precios.
Un aspecto relevante del Decreto 44863-MEIC es el llamado implícito que hace a las casas farmacéuticas internacionales para que reconsideren sus políticas de precios en mercados como el costarricense. Este tipo de intervenciones no surge en el vacío: son una respuesta a dinámicas de mercado donde los consumidores enfrentan precios que dificultan su acceso a medicamentos esenciales.
Es fundamental que estas empresas evalúen cómo sus márgenes y estrategias de comercialización pueden estar contribuyendo a la percepción de que su modelo prioriza rentabilidad sobre el acceso a la salud, especialmente en países donde el gasto en salud de bolsillo ya supera los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que se ubican en el 20%.
Ahora bien, aunque reconocemos los méritos del decreto, es crucial atender los riesgos que plantea.
Por ejemplo, la fijación de márgenes puede desincentivar la innovación y la introducción de medicamentos nuevos al mercado costarricense, un efecto colateral que debemos evitar a toda costa.
Un limite impreciso al margen llevaría a que las empresas prefieran no importar ciertos medicamentos que necesiten los ciudadanos.
Asimismo, existe el riesgo de que actores pequeños o nuevos en el mercado, que dependen de márgenes mayores para sostener su operación, enfrenten dificultades para competir, lo que podría limitar la diversidad y dinamismo del sector. Es decir, facilitar que las grandes empresas se adueñen del mercado y no reciban competencia de pequeños y medianos.
Además, la naturaleza temporal de la medida debe ser estrictamente respetada. No podemos permitir que lo que empieza como una intervención excepcional se convierta en una política permanente, ya que esto podría generar distorsiones a largo plazo en la competencia y desincentivar la inversión en el mercado farmacéutico local.
El éxito del decreto dependerá en gran medida de su implementación. La colaboración interinstitucional entre el MEIC, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud será clave para garantizar que esta medida logre el objetivo de corregir las fallas de mercado sin generar nuevos problemas.
Igualmente, es indispensable establecer indicadores claros para medir su impacto y comunicar con transparencia los resultados a la ciudadanía y a los actores del sector.
En conclusión, este decreto es una medida que podría ayudar a enfrentar un problema real en el mercado costarricense de medicamentos. Sin embargo, como toda intervención estatal en los mercados, debe manejarse con cuidado, garantizando que no se convierta en un obstáculo para la competencia ni en un freno para la innovación.
Este momento también debería ser un punto de inflexión para que las casas farmacéuticas reflexionen sobre sus políticas de precios y contribuyan activamente a construir un sistema más equilibrado y justo para todos.
RESUMEN
5 entes públicos. 439 empleados. ₡33 mil millones de presupuesto. Y siguen las entidades financieras quebrando de sorpresa. Cuestionemos y no seamos complacientes.Costa Rica es un país pequeño, pero con una burocracia que nos drena los recursos. Los números recientes lo dejan claro: los gastos de la burocracia financiera no son menores, y no lo olvidés, esos gastos se cubren con los impuestos que te quitan del salario, y que pagás en la comida, la gasolina, y más.
¿Qué revelan los datos?
Según la Contraloría General de la República al cierre de 2023, estos son los datos clave de los entes públicos encargados de la regulación financiera en el país:
- 5 entes públicos: CONASSIF, SUPEN, SUGEF, SUGESE, SUGEVAL.
- 439 empleados públicos, financiados con recursos del Estado.
- ₡33 mil millones de presupuesto anual, provenientes de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.
Los salarios promedio mensuales son un punto de discusión importante:
- CONASSIF: ₡15 millones
- SUPEN: ₡3.5 millones
- SUGEF: ₡3 millones
- SUGESE: ₡3.5 millones
- SUGEVAL: ₡3.5 millones
Estos números nos llevan a reflexionar: ¿Son sostenibles estos gastos para un país con las limitaciones fiscales que enfrentamos? ¿Se justifica el costo en relación con los resultados que deberían generar estos entes?
Las irregularidades que no se evitaron
A pesar de contar con estas estructuras y recursos, no se han podido evitar escándalos financieros como los de Coopeservidores y Desyfin. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente estamos recibiendo el valor esperado por estos gastos, o si ha llegado el momento de cuestionar la eficiencia de estas instituciones.
¿Será que el exceso de burocracia busca, en realidad, impedir la entrada de nuevos participantes al mercado que podrían dinamizarlo, en lugar de proteger al consumidor?
Somos un país pequeño, pero con una burocracia que parece crecer más rápido que los beneficios que produce. Es hora de iniciar la discusión sobre cómo optimizar la regulación financiera para evitar que casos como los mencionados se repitan.
Abramos el debate
En la tabla adjunta desglosamos cómo se computaron estos datos y qué representan en términos del presupuesto nacional. Es momento de exigir transparencia, eficiencia y resultados tangibles. No seamos complacientes.
La regulación financiera debe protegernos, no ser una carga que drene nuestros recursos sin resultados concretos.
| Nombre | Presupuesto 2023 | Cantidad de empleados | Salarios | Salario promedio |
|---|---|---|---|---|
| Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) (BCCR) | ₡1,581,101,525 | 8 | ₡1,437,320,000 | ₡14,972,083.33 |
| Superintendencia de Pensiones (SUPEN) (al BCCR) | ₡5,724,888,152 | 75 | ₡3,134,550,000 | ₡3,482,833.33 |
| Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) (al BCCR) | ₡14,994,130,515 | 230 | ₡8,399,000,000 | ₡3,043,115.94 |
| Superintendencia General de Seguros (SUGESE) (BCCR) | ₡4,508,417,554 | 51 | ₡2,116,380,000 | ₡3,458,137.25 |
| Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) (BCCR) | ₡6,233,043,190 | 75 | ₡3,228,280,000 | ₡3,586,977.78 |
Fuentes:
- Presupuesto 2023: https://sites.google.com/cgr.go.cr/icg/metodolog%C3%ADa?authuser=0
- Cantidad de empleados: https://sites.google.com/cgr.go.cr/icg/metodolog%C3%ADa?authuser=0
- Salarios: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150220:2::::::
- Salario promedio: “Salarios” dividido entre la “Cantidad de empleados”.
RESUMEN
El informe de la OCDE sobre productividad en Costa Rica destaca desafíos como el bajo crecimiento y las largas jornadas laborales ineficaces. Para mejorar, el país debe invertir en tecnología, capacitar a su fuerza laboral, fomentar la eficiencia y reducir los costos de producción. La transición hacia un modelo económico basado en calidad y sostenibilidad no solo impulsará su competitividad, sino también un crecimiento inclusivo.
El Compendio de Indicadores de Productividad 2024 de la OCDE ofrece un análisis detallado de la productividad global, en el que Costa Rica destaca por sus retos y oportunidades particulares. Este informe revela un panorama diverso del desempeño económico del país, mostrando tanto preocupaciones como posibles caminos de mejora. En esta ocasión, quiero explorar las implicaciones de las tendencias de productividad en Costa Rica, examinando su relación con factores sociales y económicos, y proponiendo estrategias para mejorar su competitividad futura.
A simple vista, al analizar estas estadísticas, no estaría de acuerdo con el proyecto de jornadas excepcionales 4 x 3, ya que la productividad laboral en Costa Rica es baja, y extender la jornada de trabajo no parece ser la solución ideal. Sin embargo, si consideramos los altos costos de producción, como la energía eléctrica, insumos y cargas sociales, estas jornadas excepcionales son muy necesarias para mantener empleos en el país. Lamentablemente, los políticos a menudo desconocen lo que implica producir, y rechazar esta flexibilidad en un contexto de costos tan elevados es dejar de lado una solución que, aunque no es la mejor, es una alternativa.
El estado de la productividad laboral en Costa Rica
La productividad laboral, que mide la eficiencia de la fuerza laboral en términos de PIB por hora trabajada, es clave para evaluar el rendimiento económico. En 2022, Costa Rica estaba entre los países de la OCDE con menor crecimiento en productividad, junto a Chile y Estonia.
Este bajo desempeño refleja posibles problemas estructurales que afectan la capacidad del país para generar más valor por hora trabajada. El estancamiento o caída en la productividad tiene implicaciones serias, como un crecimiento económico más lento, menor competitividad y posibles dificultades sociales y económicas.
Factores detrás del bajo crecimiento de la productividad
Que Costa Rica se encuentre en la parte baja del espectro de productividad no es del todo sorprendente. Su modelo económico, basado históricamente en sectores como la agricultura y el turismo, se caracteriza por ser intensivo en mano de obra y de baja productividad. Aunque el país ha avanzado en educación y desarrollo de capital humano, existe una desconexión entre las habilidades disponibles en el mercado laboral y las que necesitan los sectores más avanzados.
El informe de la OCDE también señala que en 2022 muchos países experimentaron un crecimiento bajo o negativo en productividad debido a la recuperación pospandemia, tensiones geopolíticas y problemas en las cadenas de suministro. Para Costa Rica, estos factores globales agravan las dificultades locales, lo que hace crucial identificar y abordar los elementos específicos que afectan la productividad del país.
Largas jornadas laborales: un dato preocupante
En 2022, el promedio de horas trabajadas por empleado en Costa Rica superó las 2,000 horas al año, ubicándolo junto a países como Colombia, México y Polonia, conocidos por sus largas jornadas. Aunque parecería lógico que más horas trabajadas se tradujeran en mayor productividad, la realidad es diferente. Las largas jornadas pueden ser un síntoma de ineficiencia, mostrando una dependencia en el trabajo extensivo en lugar de prácticas orientadas a agregar valor.
En comparación, países con alta productividad como Alemania y Dinamarca tienen jornadas significativamente más cortas. Este contraste resalta la necesidad de que Costa Rica transite hacia una cultura laboral que valore la eficiencia y la innovación por encima de la cantidad de horas trabajadas. Para lograrlo, es necesario invertir en tecnología, aplicar mejores prácticas de gestión y fomentar una cultura que premie la calidad del trabajo.
La caída de la productividad dentro de las industrias
Otro punto que destaca el informe de la OCDE es la caída de la productividad en las propias industrias de Costa Rica. Esto indica que el problema no solo es entre diferentes sectores, sino que está presente en las industrias mismas. Sectores como la manufactura y la agricultura, que en el pasado fueron motores de productividad, parecen estar estancados por prácticas obsoletas y un uso limitado de tecnología.
Es fundamental que las políticas se adapten a las necesidades específicas de cada industria, promoviendo la innovación, la capacitación y la implementación de prácticas modernas. Además, es clave mejorar las alianzas entre el sector público y privado para introducir tecnologías avanzadas y sostenibles en sectores tradicionales.
Estrategias para mejorar la productividad
Para que Costa Rica aumente su productividad, es necesario un enfoque multifacético. Estas son algunas estrategias recomendadas:
- Invertir en tecnología e innovación. Costa Rica debe priorizar inversiones que impulsen la tecnología en todos los sectores. Aprovechar su reputación en energías renovables para fomentar mejoras tecnológicas y adoptar la automatización en la industria y la agricultura puede ser clave.
- Capacitar a la fuerza laboral. La educación y capacitación deben alinearse con las necesidades de sectores de alta productividad como la tecnología y la manufactura avanzada. Asociaciones con universidades y centros técnicos pueden ayudar a preparar a los trabajadores para estos roles.
- Fomentar prácticas laborales eficientes. Reducir las largas horas trabajadas y mejorar la eficiencia es esencial. Esto se puede lograr mediante arreglos laborales flexibles, incentivos por desempeño y capacitaciones sobre productividad. Mirar a países con menos horas trabajadas, pero mayor productividad, puede aportar ideas valiosas.
- Reformas específicas por industria. El sector agrícola puede beneficiarse de técnicas de agricultura de precisión y prácticas sostenibles. El turismo, por su parte, debe integrar herramientas digitales para optimizar sus servicios y operaciones.
- Reducir costos de producción. Disminuir los costos de energía y cargas sociales es fundamental para que las empresas sean competitivas. Costa Rica debería aprovechar aún más sus recursos renovables y buscar políticas que reduzcan tarifas energéticas. Además, se deben explorar reformas para hacer más eficiente y menos costosa la administración de la seguridad social. En un país donde el sistema de seguridad social depende de una población laboral numerosa y joven, las tasas de formalidad y natalidad deberían desvelar hasta a los más recalcitrantes defensores de la CCSS. Claramente el sistema no es sostenible.
De desafíos a oportunidades
Aunque los datos de la OCDE muestran que Costa Rica tiene una fuerza laboral trabajadora, aún no ha logrado convertir ese esfuerzo en un crecimiento significativo de la productividad. Cambiar este escenario requiere pasar de una estrategia enfocada en la cantidad de trabajo a una que valore la calidad, apoyada en la tecnología, el desarrollo de habilidades y mejoras por industria.
Costa Rica tiene fortalezas, como su compromiso con la sostenibilidad y su capital humano educado, que pueden ser la base para un cambio positivo. Con un enfoque estratégico en la productividad por hora y la innovación, el país puede avanzar hacia un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Aunque el camino es complejo, con un esfuerzo concertado, el país puede convertirse en un ejemplo de desarrollo económico de alto valor.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
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