Economía
La trampa fiscal de las cuentas incobrables
Por simplicidad, imaginemos una empresa que produce un único producto al año que le cuesta 100. Ese producto por ser muy especializado lo vende en 200. Entonces ganó 100, pagó 30 de impuestos y le quedaron 70, que los distribuye como dividendos aplicando la retención del 15%. El Estado se quedó con un 40,5% de la riqueza que produjo esa empresa y a ésta solo le quedaron 59.5%.
Ahora imaginemos que desgraciadamente, en esta ocasión el comprador de la mercancía no puede o no le da la gana pagar la factura, cosa bastante conocida en nuestro país.
Entonces la situación de la empresa es la siguiente: tuvo una pérdida de los 100 que le costó producir la mercancía, más otra pérdida de los 30 que le tuvo que pagar a Hacienda por dinero ficticio, en total 130.
Obviamente no quedó ni una peseta que distribuir como dividendos, porque la empresa tuvo pérdidas, pero pagó como si hubiera tenido ganancias.
Perdedores: la empresa; Ganadores: Hacienda que cobró impuestos legalmente injustos de gratis y el deudor, que con toda seguridad fiscalmente se dedujo el gasto que nunca pagó.
En efecto, cuando un productor, comerciante, agricultor o profesional presta un servicio o vende una mercancía y no se la pagan, evidentemente incurre en una pérdida, pero aun así, tendrá que pagar impuestos como si hubiera tenido una ganancia, ya que para Tributación, emitir la factura es lo mismo que tener el dinero en el banco instantáneamente por arte de magia.
Esto se debe a que nuestra ley de renta señala que cuando a un contribuyente no le pagan lo que le deben, tiene que pagar el impuesto y solo podrá deducirse como gasto (es decir anular el efecto del ingreso ficticio) hasta que “se hayan agotado las gestiones legales para su recuperación, a juicio de la Administración Tributaria”.
Aparte de la odiosa frase “a juicio de la Administración”, se le exige al contribuyente que además de asumir la pérdida y pagar el impuesto en situación de pérdida, tenga que contratar abogados, ir a los tribunales, esperar diez años y le den sentencia inapelable, porque si no Tributación no le reconoce nada. Ahora sí, después de 10 largos años tengo derecho de deducirme lo que nunca me pagaron, pero con colones totalmente devaluados.
Como se dice coloquialmente “cuidado pierde”.
Estas exigencias y arbitrariedad son extravagantes, para simplemente tener derecho a no pagar el impuesto sobre la renta cuando no existe tal renta y aun así perdiendo.
Desgraciadamente miles de contribuyentes se enfrentan a esta situación todos los años y muchas veces, cuando llegan al cierre fiscal, se arriesgan a pasar por gasto el crédito que a pesar de saber que es incobrable, lo hacen sin haber iniciado o agotado gestiones judiciales de cobro.
Posteriormente, cuando Tributación los fiscaliza, se rechaza el gasto, se cobra el impuesto por un dinero nunca recibido y además se le cobran sanciones de mínimo el 50% adicional, más altos intereses al contribuyente.
Nuevamente “cuidado pierde”.
Esto aplica para cualquier tamaño de empresa, pero tiene mayor impacto cuanto más pequeñas sean por su menor flujo de caja.
En un país pequeño como Costa Rica, muchas empresas especializadas no desean tener la costumbre de demandar a sus clientes, porque eso puede tener efectos a futuro en su reputación o circulo de negocios.
Aun si ese no fuera el caso, el problema es que con la mora judicial de nuestro país (que desde luego no es culpa del contribuyente aunque le toque financiarla), hasta los procesos monitorios pueden durar años por simples problemas de notificación. Pero en todo caso para litigar, además hay que pagarle de entrada a los abogados, lo cual también incrementa sus costos y afecta el flujo de caja a quienes no les pagan.
Esto además, conduce a aumentar la saturación y mora judicial creando costos enormes para el país.
Adicionalmente y tal vez lo peor, es que muchas veces ni siquiera tiene sentido litigar cuando se tiene certeza de que el deudor no tiene ningún tipo de patrimonio o no el suficiente para el pago, con lo cual hay que gastar dinero en un proceso judicial que aunque se gane, muchas veces el acreedor igual se queda sin la plata y por eso muchas veces la gente prefiere perder el dinero y no litigar, pero el impuesto sí hay que pagarlo. Es un sistema diseñado para abusar de los contribuyentes por parte del Estado, a quienes curiosamente nos toca mantenerlo.
¿Qué ocurre en otros países? Pues lo lógico, que si ha pasado un plazo prudencial, digamos seis meses y el deudor no paga, el contribuyente lo deduce fiscalmente por incobrable, ya sea en el mismo periodo fiscal o a lo sumo, en el siguiente.
Lo anterior más allá de muchas otras causales como quiebra o insolvencia del deudor, denuncias de alzamientos de bienes o administración fraudulenta o incluso el mero inicio en cualquier momento de un procedimiento legal o arbitral para cobrar un crédito. Sin problemas ni complicaciones tributarias.
Como se dice “bueno, bonito y barato”. Por su puesto, si de cualquier forma posteriormente se logra cobrar, entonces se vuelve a registrar el ingreso en el momento que ocurrió y se paga el impuesto correspondiente.
Debe detenerse el desprecio a los principios sobre los que pivota todo el sistema tributario, es decir, el principio justicia tributaria y de capacidad económica.
Economía
Cómo emprender en Costa Rica: pasos, trámites, costos y dificultades reales (2026)
Tiempo de lectura: 4 minGuía (casi) completa para emprender en Costa Rica: todos los trámites, costos, impuestos y obstáculos reales que enfrentan las MIPYMES. Desde comprar un lote hasta operar legalmente.
RESUMEN
Guía (casi) completa para emprender en Costa Rica: todos los trámites, costos, impuestos y obstáculos reales que enfrentan las MIPYMES. Desde comprar un lote hasta operar legalmente.
Emprender en Costa Rica suena simple.
Tenés una idea. Ahorrás. Te arriesgás. Y arrancás.
Pero en la práctica, el camino es muy distinto.
Esta es la historia real —basada en los procesos legales y regulatorios actuales— de lo que enfrenta una persona que quiere abrir un negocio en Costa Rica.
Y explica por qué, aunque el 97.5% de los negocios del país son MIPYMES, emprender sigue siendo una carrera cuesta arriba.
Todo empieza con una idea… y un lote
Imaginá que querés abrir un restaurante. Tenés una idea atractiva: mezclar comida japonesa con comida típica costarricense.
Decidís invertir tus ahorros y comprar un terreno. Pero ahí no empieza el negocio. Ahí empieza el proceso.
Trámites para comprar un lote en Costa Rica
Antes de siquiera construir, necesitas:
- Plano de catastro e informe del Registro Nacional
- Verificación de servicios (agua, electricidad, alcantarillado con AyA y CNFL)
- Uso de suelo aprobado por la municipalidad
- Alineamientos del MOPT o INVU (en ciertos casos)
- Viabilidad ambiental de SETENA (si aplica)
Y además:
- 1.5% del valor del terreno en traspaso
- 0.9% en impuestos y timbres
- ~2% en honorarios legales
¿Resultado? Antes de empezar, ya pagaste cientos de dólares y pasaste por múltiples instituciones.
Construir: más permisos, más costos
Ahora sí, ¿a construir? Todavía no.
Requisitos para construir en Costa Rica
- Contratar profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros)
- Diseñar planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios
- Registrar el proyecto en el CFIA (≈2% del valor)
- Obtener permisos municipales
- Revalidar disponibilidad de servicios
- Pagar impuestos municipales (hasta 1%)
- Pagar tasas como recolección de residuos
¿Resultado? Construir no es solo construir. Es navegar regulaciones, pagos y aprobaciones.
Crear la empresa: formalizar cuesta
Antes de operar, necesitas una sociedad.
Pasos para abrir una empresa en Costa Rica
- Comprar firma digital
- Pagar abogado para crear la sociedad
- Pagar timbres y registro mercantil
- Inscribirse en Hacienda
- Registrar accionistas ante el BCCR
- Pagar impuesto a personas jurídicas
- Pagar más trámites legales para abrir cuentas bancarias
Y esto no es opcional. Sin esto, no puedes operar formalmente.
El verdadero peso: impuestos y cargas sociales
Aquí es donde muchos emprendedores se frenan.
Impuestos en Costa Rica para empresas
Debes pagar:
- Impuesto sobre la renta (ISR)
- Impuesto al valor agregado (IVA)
- Timbres adicionales
Además:
Cargas sociales
- Hasta 18% si eres independiente
- ~26% adicional por cada empleado
Distribución aproximada:
- CCSS salud/maternidad: 14.75%
- Pensión (IVM): 4.75%
- FODESAF: 5%
- INA, IMAS, Banco Popular, otros
Y también:
- Seguro obligatorio del INS
- Patente municipal (0.15% – 0.35% de ventas)
¿Resultado? Contratar es caro, formalizar es caro, crecer es caro. Y puede que aun no hayas vendido un cinco.
Permisos para operar: la última barrera
Ya invertiste. Ya construiste. Ya pagás impuestos.
¿Ahora sí? Todavía faltan permisos clave.
Permisos para abrir un negocio en Costa Rica
- Permiso sanitario del Ministerio de Salud
- Licencia municipal (ej. licores)
- Registro en el ICT (si vas a atender extranjeros)
- Pago a ACAM por música 🎵
Y si necesitas vehículo 🚗:
- Hasta 80% en impuestos de importación
- Marchamo con múltiples cargas
- Revisión técnica obligatoria
El resultado: emprender en Costa Rica es caro y complejo
Después de todo ese proceso… El Estado puede llegar a capturar hasta 58.3% de la utilidad del negocio cada año (Doing Business 2020).
Y eso sin contar:
- Electricidad cara
- Infraestructura deficiente
- Cortes de agua
- Tramitología constante
¿Por qué es importante hablar de esto?
Porque hay una desconexión: Todos dicen apoyar a las MIPYMES. Pero el sistema está diseñado para dificultarles la vida.
Emprender en Costa Rica no falla por falta de ideas. Falla por exceso de fricción.
Conclusión: los emprendedores sostienen el país
A pesar de todo:
- Invierten
- Arriesgan
- Generan empleo
- Mueven la economía
Por eso, la conclusión es simple:
Los emprendedores son los verdaderos héroes nacionales
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
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