En la reciente toma de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, el grupo de estudiantes dejó pintada una pared con una frase que decía algo como: “el capitalismo no sirve, el sistema hay que cambiarlo, ¡revolución ya!”. Casi nada. Con esa estética entre rebeldía universitaria y performance ideológico que uno podría atribuirle a Banksy si hubiera nacido en San Pedro de Montes de Oca, sobrevivido a punta de cantonés y pasado demasiadas horas en asambleas estudiantiles.

La frase, por supuesto, suena potente. Tiene ritmo. Tiene salsa. Tiene rabia. Tiene esa épica juvenil que, a cierta edad, parece suficiente para explicar el mundo entero. El problema es que el mundo real no funciona con consignas pintadas en una pared. Y muchísimo menos la economía de un país.

Porque una cosa es protestar. Eso está bien. Otra muy distinta es romantizar ideas que, cada vez que se han intentado implementar seriamente, han terminado produciendo exactamente lo contrario de lo que prometían. Y aquí es donde la mula botó a Jenaro…

Porque cuando uno aterriza la conversación y le quita el humo romántico al discurso revolucionario, aparece un detalle bastante jodido para quienes siguen soñando con “la revolución”: el socialismo, como sistema económico real, nunca logró construir sociedades sosteniblemente prósperas, libres y abundantes. Pregunten en Cuba. Nunca.

El mito nórdico y la realidad económica

Y no, antes de que alguien salga con el manual viejo de siempre, Suecia no es socialista. Noruega tampoco. Dinamarca menos. 

Los países nórdicos son economías capitalistas hasta la médula. Lo que pasa es que aquí mucha gente confunde bienestar social con socialismo. Y no son la misma cosa. Ni de cerca.

En Suecia hay propiedad privada. Hay competencia. Hay mercados abiertos. Hay inversión extranjera. Hay empresas gigantescas haciendo plata por todo el mundo. ¡Vivan IKEA y LEGO! Hay innovación. Hay seguridad jurídica. Hay incentivos para producir. Lo que también hay es un Estado serio que redistribuye parte de esa riqueza vía impuestos y servicios públicos de calidad.

Eso es una sociedad liberal, no socialismo. Y la diferencia importa muchísimo, porque el socialismo parte de una idea profundamente seductora, especialmente para gente joven: que la desigualdad existe porque unos pocos controlan la riqueza y que, si el Estado toma el control de la economía y redistribuye los recursos, entonces aparecerá automáticamente una sociedad más justa.

Suena lindísimo en una camiseta. De esas que el capitalismo vende, wink wink, con la imagen de Che Guevara. 

Cuando la teoría se convirtió en realidad

El problema es que, cuando eso se llevó a la práctica, casi siempre terminó en escasez, autoritarismo, corrupción o pobreza masiva.

Ahí está la Unión Soviética, que prometía el paraíso obrero y terminó haciendo fila hasta para conseguir papel higiénico.

Ahí está Cuba, donde durante décadas se romantizó la revolución mientras miles de personas seguían huyendo de la isla apenas tenían oportunidad. Porque una cosa es andar con la camiseta del Che en Barrio Escalante y otra muy distinta es vivir en un sistema donde conseguir leche, medicinas o electricidad es deporte extremo.

Y ni hablar de Venezuela. Uno de los países más ricos de América Latina terminó convertido en una tragedia continental después de décadas de controles, clientelismo y obsesión estatal por manejar absolutamente todo.

Y aquí viene una pregunta brutalmente simple: si el socialismo funciona tan bien, ¿por qué históricamente la gente se juega la vida para salir de esos sistemas y no para entrar a ellos?

Porque la realidad económica tiene una característica profundamente antipática para los revolucionarios de café: no le importa el idealismo. La economía responde a incentivos, productividad, inversión, estabilidad y confianza.

Lo que realmente genera prosperidad

La riqueza no aparece porque un grupo de estudiantes declare que “el sistema hay que cambiarlo”. Los salarios no suben porque alguien pinte “revolución ya” en una pared. La comida no aparece por decreto. Y los países no se desarrollan repartiendo pobreza con mejor discurso moral.

Ahora bien, defender el capitalismo tampoco significa hacerle un altar. El capitalismo tiene defectos. Genera desigualdad. Puede producir abusos corporativos. Puede concentrar poder económico de formas peligrosísimas. Puede dejar gente atrás. Claro que sí.

Pero hay una diferencia gigantesca entre un sistema imperfecto que puede corregirse y uno que históricamente ha necesitado restringir libertades para sostenerse.

Porque las grandes conquistas sociales de Occidente no surgieron destruyendo el mercado. Surgieron trabajando junto al mercado.

Los derechos laborales, la seguridad social, las jornadas de trabajo, la educación pública, la regulación ambiental y la protección al consumidor nacieron dentro de economías de mercado. No contra ellas.

Hay además una contradicción bastante curiosa en todo esto. Muchísimos de quienes hoy gritan “abajo el capitalismo” lo hacen usando iPhone, redes sociales privadas, plataformas digitales multinacionales y tecnologías creadas precisamente dentro del sistema que dicen detestar. Hay muchos que tienen de ídolo a Diego Ruzzarín quien, paradójicamente, es en sí mismo uno de los productos capitalistas más vendibles de hoy. Otra vez, no tiene nada de malo usar esas cosas. Lo raro es no darse cuenta de la contradicción.

Y ojo, tampoco culpo del todo a los estudiantes. La universidad siempre ha sido terreno fértil para el idealismo. Así ha sido toda la vida. A cierta edad uno cree que puede rediseñar el mundo entero desde cero. Y hay algo hasta bonito en eso. Yo alguna vez fui socialdemócrata, hasta que alcancé la edad de la razón.

El problema aparece cuando el romanticismo político sustituye el estudio serio de la historia. Porque la historia importa. Muchísimo.

Y la historia económica del último siglo deja algo bastante claro: los países que lograron reducir pobreza masivamente, ampliar acceso a educación, mejorar alimentación, generar movilidad social y construir sociedades más prósperas no fueron los que destruyeron el mercado. Fueron los que trabajaron junto a él.

En otras palabras, lo que funciona no es la revolución permanente. Lo que funciona, aunque suene muchísimo menos sexy para una pared universitaria, es algo bastante más aburrido: instituciones serias, crecimiento económico y reformas inteligentes. Pero claro, eso no cabe tan bien en un grafiti.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Costa Rica acaba de terminar un ciclo electoral que consumió la conversación pública durante meses. Mientras tanto, a unas cuadras del Tribunal Supremo de Elecciones, 21 personas que casi nadie podría nombrar en la calle siguen tomando decisiones que pesan más que muchas leyes. La página Magistrados al 2026 de Primera Línea pone, por fin, esos rostros y esos años en una sola pantalla. Y los datos hablan por sí solos.

El número que detiene la lectura: 14.1 años

Ese es el promedio de tiempo que llevan en el cargo los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución establece períodos de ocho años. El promedio real es casi el doble.

Eso no es un error estadístico: es la consecuencia mecánica del artículo 158 de la Constitución, que establece que los magistrados se consideran reelectos automáticamente, salvo que dos tercios de la Asamblea voten lo contrario.

La inercia, en otras palabras, está institucionalizada. Para no reelegir hace falta acción colectiva calificada; para reelegir basta con no hacer nada.

Seis magistrados llevan veinte años o más. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, está en el cargo desde 1989: más de cinco gobiernos atrás. La pregunta no es si eso es bueno o malo en abstracto. La pregunta es si una democracia se beneficia de que sus máximas figuras judiciales lleven más tiempo en el cargo que el que llevan vivos algunos de los abogados que litigan ante ellos.

4 de 40: el dato más político de la radiografía

De los 40 magistrados (21 propietarios y 19 suplentes), solo 4 provienen del sector privado. El 90% viene del Poder Judicial mismo: jueces que ascendieron, letrados que escalaron, funcionarios que hicieron carrera dentro de la institución.

Esto se puede leer de dos formas, y ambas merecen tratarse en serio:

• A favor: garantiza experiencia técnica, dominio del expediente, conocimiento profundo del sistema. La carrera judicial es un mecanismo legítimo de selección por mérito.
• En contra: crea una cultura institucional endogámica, donde quien evalúa y quien es evaluado comparten formación, jefaturas previas y redes profesionales. Cuando el 90% del tribunal viene de una sola tubería de reclutamiento, las disidencias de criterio tienden a ser de matiz, no de fondo.

Para un país donde la Sala Constitucional decide todo desde la legalidad de un decreto presidencial hasta el alcance de derechos fundamentales, la composición del filtro importa tanto como las decisiones que produce.

Lo que la nueva Asamblea va a heredar (y a tener que decidir)

La Asamblea Legislativa 2026-2030, dominada por Pueblo Soberano con 31 de 57 curules, no llega a los 38 votos requeridos para nombrar magistrados. Necesitará negociar con Liberación Nacional, Frente Amplio o las fracciones menores. Y tendrá frente a sí un mapa concreto:

• Una vacancia ya abierta en la Sala III (Penal), que opera con 4 propietarios en lugar de los 5 que tiene cada sala de casación.
• Magistrados con períodos por vencer en los próximos cuatro años, lo que abre ventanas reales de renovación si la voluntad política existe.
• Una Sala IV (Constitucional) con 7 propietarios y cero suplentes, una arquitectura única en la Corte que concentra muchísimo poder en muy pocas manos.

Cada uno de esos puntos representa una decisión política con consecuencias de largo plazo. Y cada decisión se va a tomar con o sin escrutinio público.

Por qué esto importa más allá del derecho

Para quienes operan negocios, invierten, contratan o simplemente trabajan en Costa Rica, la composición de la Corte no es un asunto académico. Las Salas Civil y Laboral resuelven la última instancia de conflictos comerciales y de empleo. La Sala Constitucional define el marco de seguridad jurídica que cualquier inversionista usa para evaluar el país. La Sala Penal interpreta los límites del aparato punitivo en un contexto de creciente presión por el crimen organizado.

La calidad institucional no es un trasfondo del clima de inversión: es el clima de inversión.

La página Magistrados al 2026 condensa en una sola pantalla lo que normalmente está disperso en sitios institucionales y notas técnicas: los 21 magistrados propietarios y 19 suplentes que hoy integran la Corte Suprema de Justicia, agrupados por sus cuatro salas —Civil, Laboral, Penal y Constitucional—, con su antigüedad en el cargo visualizada como un anillo que rodea cada rostro y un marcador dorado para quienes provienen del sector privado.

El resultado no es una lista: es una radiografía. De un vistazo se ve que el promedio de permanencia es de 14.1 años —casi el doble del período constitucional—, que apenas 4 de 40 magistrados llegaron desde fuera del Poder Judicial; que seis llevan más de dos décadas en el cargo y que la Sala Constitucional opera con siete propietarios y cero suplentes, una arquitectura única dentro de la Corte.

Lo que buscamos, en el fondo, es traducir un dato estructural —quiénes son los jueces que interpretan en última instancia las reglas del país— en algo que cualquier ciudadano puede leer en menos de un minuto. Ese es el aporte: bajar el umbral de entrada para una conversación que llevaba demasiado tiempo siendo solo de especialistas.

Estoy sentado frente a la computadora el día de hoy y recién me cae el mensaje de mi editora, mi querida Laura Sauma: “mi articulista favorito! Te recuerdo la columna de esta semana”… Inmediatamente me pongo a pensar si debería escribir sobre mi época en la Asamblea, sobre lo que ha pasado en los últimos días, sobre quién me ha parecido que ha sido el mejor o la mejor diputada, o sobre quién creo que no lo ha hecho tan bien.

Y la verdad es que, a fin de cuentas, siento que eso ya no le suma demasiado a una discusión donde la gente está agotada, harta, cansada de lo que fueron estos cuatro años en Cuesta de Moras.

Pequeñas decisiones que sí importan

No voy a decir mucho. Lo que sí tengo que decir es que, al menos en este cierre, los últimos días de la Asamblea Legislativa me dejaron, como costarricense, un par de sinsabores.

El primero, por no haberse podido aprobar el crédito para el tren eléctrico. El segundo, por no haberse podido aprobar el proyecto de ley que presentó mi buen amigo Carlos Felipe García, con apoyo e impulso de PRIMERA LÍNEA y también, debo decirlo, con alguna inspiración de este suscrito notario (uso lo de notario, a propósito, jajaja), para evitar que los costarricenses que tienen una sociedad, o quienes operan sociedades por cualquier razón legítima, tengan que convocar una asamblea de accionistas, pagar una protocolización y registrar un acto ante el Registro Nacional únicamente para cumplir con el deber de señalar un correo electrónico para recibir notificaciones.

La intención original del legislador de esta Asamblea siempre fue clara. Yo lo sé, estuve ahí y fui el primero en levantar la voz: que ese trámite no generara una carga adicional o costo para el administrado. Que el Estado no convirtiera una obligación sencilla en otro pequeño viacrucis burocrático. Que no se obligara al ciudadano a pagar más, esperar más y sufrir más para cumplir con algo que, en el fondo, debía ser simple.

El proyecto 25.094 fue votado afirmativamente en primer debate. Pero los hechos de los últimos días del Plenario impidieron que pudiera votarse en segundo debate. Y eso es una lástima. No porque fuera una gran reforma estructural del Estado, sino precisamente por lo contrario: porque era una de esas correcciones pequeñas, prácticas, concretas, que le hacen la vida más fácil a la gente.

Pido con la mayor humildad a la nueva Asamblea y, sobre todo, a quien vaya a ser Ministro de la Presidencia, que retome este tema. Que de entrada se pongan una flor en el ojal. Si tienen alguna duda, con gusto se las aclaro.

A veces la política también debería ser lo que es este proyecto: menos discurso grandilocuente y más solución útil.

Un país atrapado en sus propias decisiones

El otro tema, como les dije, es el tren eléctrico, y aquí lo quiero conectar con el tránsito en este país. Si ven la foto que acompaña este artículo, algo tenemos que hacer con la cantidad de tránsito, con las presas, con los bloqueos, con esa sensación permanente de que salir de la casa implica entrar en una pequeña batalla cotidiana contra el tiempo, contra la falta de planificación y contra la irresponsabilidad ajena.

No puede ser normal que vivir en Costa Rica implique calcular siempre una presa. No puede ser normal que uno tenga que salir una hora y media antes “por aquello”. No puede ser normal que trasladarse dentro del GAM sea, tantas veces, una experiencia de desgaste, frustración e improductividad.

Y tampoco puede ser normal lo que se ve en la foto: motociclistas circulando por el espaldón, algo que está prohibido por ley y que, además, es profundamente peligroso. Lo hacen muchas veces amparados en una realidad que todos entendemos: estamos hartos de las presas, hartos de no poder circular fluidamente, hartos de sentir que la infraestructura vial del país no conversa con las necesidades reales de quienes trabajamos, pagamos impuestos, estudiamos, producimos y nos movemos todos los días.

Pero una cosa es entender la frustración y otra muy distinta es justificar la irresponsabilidad. Ese es, creo yo, uno de los grandes temas del país. No solo el tránsito. No solo las motos. No solo el tren. El tema de fondo es la responsabilidad personal.

El costo invisible de nuestras decisiones

Muchos me han preguntado si la rebaja del marchamo fue mi proyecto más importante durante mi paso por la Asamblea Legislativa. La verdad, no lo fue. Fue un proyecto importante donde mi despacho dejó el sudor en la cancha, sí. Fue una negociación y montar una estrategia compleja, también. Me correspondió gestionar acuerdos con Liberación Nacional, con el Frente Amplio, luego con la Unidad Social Cristiana, Nueva República y, finalmente, incluso con la fracción oficialista y el propio Gobierno, hasta llegar a un texto que fue aprobado por unanimidad.

Pero no fue mi proyecto más importante. (Nota al margen: para quienes llevan contabilidad, la ley aprobada que más me enorgullece fue la de Trabajador Independiente. Aunque yo no presenté el proyecto original, el texto sustitutivo que, en su totalidad, modificó todo el proyecto original salió de mi despacho y, en mucho, de esta cabecita).

Recuerdo bien, eso sí, cómo en la época del marchamo muchos motociclistas se me acercaban para pedirme ayuda con el costo. Y yo entendía la preocupación. En Costa Rica tener vehículo, incluso una motocicleta, se ha vuelto caro. Pero también hay que decir las cosas completas: en el caso de las motocicletas, una parte muy importante del costo no viene propiamente del impuesto a la propiedad del bien, sino del Seguro Obligatorio Automotor.

Y ese seguro funciona, en buena medida, como cualquier seguro de prima colectiva. Es decir, cuando hay demasiados accidentes, demasiados riesgos y demasiadas consecuencias asociadas a cierto tipo de vehículo, ese costo termina impactando a todos. Pagan justos por pecadores, sí. Pero también se refleja una realidad que no podemos seguir ignorando: hay una conducta vial que está pasando factura.

La semana pasada conversaba con una doctora, cirujana, especializada en temas complejos del corazón, y me decía algo que me dejó pensando. Me explicaba cómo, por la frecuencia y gravedad de ciertos accidentes en motocicleta, muchas veces las víctimas jóvenes terminan siendo donantes de órganos. Lo decía con la sensibilidad de quien ha visto demasiado desde una sala de operaciones. Y a mí se me quedó grabado.

Porque no deberíamos llegar a eso. No deberíamos normalizar que una imprudencia, una maniobra indebida o una decisión tomada en segundos termine cambiando la vida de una familia entera.

Del otro lado de la libertad

Y aquí viene un poco este rant. Sí, ya sé que estoy saltando de un tema a otro: la Asamblea, el tren, las sociedades, el marchamo, las motocicletas. Pero todo, aunque no parezca, llega al mismo punto:

Responsabilidad.

Responsabilidad de estar presente cuando se tiene que votar algo que beneficia a los costarricenses. Responsabilidad de no usar el procedimiento legislativo como excusa para dejar morir soluciones prácticas. Responsabilidad de diseñar infraestructura pensando en el país que realmente tenemos, no en el país que fingimos tener. Responsabilidad de manejar respetando la ley. Responsabilidad de entender que la libertad no puede ser una patente para hacer lo que me da la gana. Responsabilidad para ser oposición, sí, pero responsable y constructiva.

Y ahí está, precisamente, el corazón de esta columna. Porque sí, se llama Ala Liberal. Y claro que debemos hablar de libertad: libertad económica, libertad individual, libertad de empresa, libertad de pensamiento, libertad de elegir, libertad de emprender, libertad de movernos, libertad de vivir sin que el Estado nos trate como menores de edad.

Pero, siempre lo he dicho, la libertad es solo una cara de la moneda. Del otro lado está la responsabilidad.

Sin responsabilidad, la libertad se vuelve capricho. Sin responsabilidad, la libertad se convierte en abuso. Sin responsabilidad, el ciudadano deja de ser libre y empieza simplemente a trasladarle sus costos a los demás.

El que evade una regla de tránsito porque “todos lo hacen” no está ejerciendo libertad. Está poniendo en riesgo a otros. El diputado que no dimensiona la importancia de estar presente para votar una solución concreta no está ejerciendo independencia política. El que calendariza adrede sus revanchas políticas cuando se podrían aprobar proyectos de impacto para el país está haciendo lo mismo: fallándole a la función pública.

El Estado que complica trámites absurdamente no está protegiendo el orden jurídico. Está castigando al ciudadano que cumple. Y el país que sigue postergando decisiones de movilidad, infraestructura y transporte público no está ahorrando plata. Está acumulando costos económicos, sociales y humanos.

Costa Rica necesita hablar más de responsabilidad. No como regaño moralista. No como sermón de domingo (imagínense los que me conocen, yo, hablando de sermones). Sino como principio básico de convivencia. Como condición indispensable para poder reclamar libertad de verdad.

Porque pedir menos Estado, menos trámites, menos impuestos, menos cargas y más libertad exige también preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que esa libertad sea viable: cumplir la ley, respetar al otro, asumir consecuencias, llegar a tiempo, votar cuando corresponde, manejar como se debe, no esperar que siempre alguien más pague la factura de nuestra propia irresponsabilidad.

Esa es, tal vez, una de las conversaciones pendientes del liberalismo en Costa Rica. Hemos defendido con fuerza la libertad, y está bien que así sea. Pero quizás nos ha faltado insistir con la misma fuerza en la otra mitad del argumento: una sociedad libre solo se sostiene sobre ciudadanos responsables.

La foto de esta columna podría parecer una simple escena de tránsito. Una más. Otra presa. Otro motociclista por el espaldón. Otro día cualquiera en San José.

Pero para mí resume mucho más: un país que quiere avanzar, pero muchas veces se sabotea a sí mismo. Un país que pide soluciones, pero tolera pequeñas irresponsabilidades todos los días. Un país que se queja de las presas, pero no termina de tomarse en serio la movilidad. Un país que quiere libertad, pero a veces olvida que la libertad exige carácter, límites y conciencia.

Ojalá la nueva Asamblea y el nuevo Gobierno entiendan eso. Lo deseo de corazón. Ojalá comprendan que hay proyectos grandes y proyectos pequeños, pero que ambos pueden mejorarle la vida a la gente.

Ojalá no se pierdan más oportunidades por cálculo, cansancio o ausencia. Y ojalá nosotros, como ciudadanos, también entendamos que no todo se resuelve desde Zapote o Cuesta de Moras, seguir protegiendo el atraso con lenguaje jurídico elegante ya no es prudencia. Es complicidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.