En el marco de la transición energética global y la lucha contra el cambio climático, el Banco Mundial ha destacado la importancia de una minería responsable con el clima. La transición de fuentes fósiles a energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas y baterías, requiere cantidades significativas de metales y minerales. Según estimaciones del Banco Mundial, para alcanzar las metas del Acuerdo de París, se necesitarán producir más minerales en los próximos 30 años que lo extraído en los últimos 100 años.

Aunque la minería no es una actividad sostenible por definición, debido a su naturaleza extractiva de recursos no renovables, es fundamental para el desarrollo sostenible.

Por esta razón, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales han impulsado protocolos de minería responsable, enfocados en promover buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental, especialmente en bosques tropicales.

En Costa Rica, el caso de Crucitas ejemplifica la complejidad de gestionar la minería en áreas ambientalmente sensibles. Si decidimos aventurarnos en ese camino, debemos cumplir los siguientes pasos:

• Que las autoridades tomen control total y permanente de la zona, evitando la entrada de mineros ilegales. Este aspecto resulta crucial, pues sin este control, cualquier legislación o iniciativa será ineficaz.

• Realizar un diagnóstico ambiental de la zona. La minería ilegal en Crucitas ha causado daños significativos a los acuíferos, suelos y bosques, sin controles ni mediciones adecuadas. La regularización y monitoreo de una mina legal habrían mitigado estos impactos. Es importante señalar que todos los daños al bosque, a los acuíferos y a la sociedad ya se han producido debido a la actividad ilegal, y no existen informes técnicos o mediciones precisas sobre el alcance real de esos impactos.

• Permitir la actividad minera bajo nuevos estándares que aseguren una minería más amigable con los bosques y compatible con la lucha contra el cambio climático. Esta reactivación debe buscar el mayor retorno económico para el país y, al mismo tiempo, minimizar los daños ambientales.

No seguirlo, o hacerlo a medias, impediría que una empresa seria siquiera considere instalarse en Costa Rica, sin importar si se reforma la legislación existente para permitir nuevamente la minería a cielo abierto.

Impacto social de la minería legal

La minería legal no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y económicas. Cuando se regula adecuadamente, una mina puede generar empleo formal, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo local. A su vez, incorpora prácticas de seguridad laboral y salud, protegiendo a los trabajadores de condiciones peligrosas. También favorece a la economía local a través de impuestos y otras contribuciones, que pueden utilizarse para financiar infraestructura y servicios públicos esenciales.

En cambio, el oro extraído ilegalmente solo se puede vender en el mercado negro, perpetuando un ciclo de criminalidad y problemas sociales, sin que el Estado y la comunidad reciban rédito alguno. 

La minería ilegal, al no estar sujeta a controles, fomenta actividades delictivas como el tráfico de personas, armas y drogas.

Cabe destacar que es imposible hacer aseveraciones precisas sobre cómo estaríamos con la instalación de la empresa Infinito Gold, ya que la actividad actual es ilegal y no existen mediciones, ni informes técnicos que permitan una comparación. Lo que sí es una realidad es que todos los temores sobre los impactos ambientales en Crucitas ya se han materializado debido a la minería ilegal.

Los opositores a la minería en Crucitas prometieron “alternativas sostenibles” como fábricas de queso y proyectos de turismo rural, pero hasta la fecha, no han elaborado ni siquiera un estudio que demuestre su viabilidad. De nada sirve ondear la bandera del desarrollo sostenible si olvidamos que dos de los tres componentes de la sostenibilidad son el bienestar social y el económico.

En resumen, podemos debatir los méritos de volver a permitir la minería a cielo abierto en Costa Rica, pero debemos hacerlo desde el entendimiento de que es una actividad esencial para el futuro de la humanidad. Podemos cegarnos ante esta realidad o podemos buscar maneras de involucrarnos en la cadena de valor global de manera responsable, incluyendo la investigación, el desarrollo tecnológico, el reciclaje y otras prácticas innovadoras. 

Restablecer el control territorial en Crucitas y detener la minería ilegal son pasos fundamentales para poder abordar seriamente la discusión. Ignorar esta realidad solo perpetuará los problemas sociales y ambientales asociados a la minería ilegal que ya padecemos y están provocando el caos en la zona.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Existen cuatro áreas del quehacer humano en las que es prioritario redoblar esfuerzos para navegar un entorno como el actual: volátil, incierto, complejo y ambiguo.  Estás áreas nos permiten ser más hábiles creando capacidades individuales y colectivas para adaptarnos con agilidad.

Cultivar destrezas de prospección

No hay una sola ni simple solución para ninguno de los más apremiantes conflictos globales. A pesar de ellos y de cómo y cuánto nos afectan a nivel local, debemos seguir viviendo o sobreviviendo, mientras continuamos produciendo y vendiendo en el mercado.

“No podremos salir de ninguno de esos escenarios de conflicto pensando como lo hacíamos cuando caímos en ellos”, parafraseando a Einstein. 

Una manera de salir de ese degradante círculo vicioso de estancamiento es utilizar herramientas y metodologías que nos ayuden a escuchar las leves señales del futuro que ya se perciben hoy en día. Al proyectar las señales en el tiempo, empiezan a dibujarse escenarios deseables e indeseables que nos ayudan a aspirar o a evitar algunos de ellos, según corresponda. 

El futuro no es un destino que ya está escrito; es un escenario al que llegamos por diseño. Este día que el planeta entero vivirá hoy es el resultado de las decisiones individuales y colectivas que se tomaron en el pasado. Diseñar es decidir. De la misma forma como Costa Rica ha sido diseñada como país para ser lo que es hoy, también lo han sido otros países en los que no querría criar a mis hijas. 

Aquí somos cinco millones de tomadores de decisión para diseñar el mañana. Lo más efectivo sería tener alguna noción de hacia dónde querríamos ir y hacia dónde no. 

Impactar el futuro es aún mayor desde la política pública, sobre todo si se tiene claridad de visión y se comunica de manera efectiva. Eso es gobernar. Cuando falte gobierno, “verás a tu pueblo, valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar”. En ese escenario, proponemos que sean armas de mira telescópica con suficiente potencia como para ver muy lejos y dibujar con crayones multicolores la mejor versión de Costa Rica que podamos anhelar. 

Enfocarse en el desarrollo del talento

Nuestro sistema de educación pública ha sufrido pocas reformas sustanciales desde 1869. Fue diseñado para que todo ciudadano supiera lo básico – lectoescritura y matemáticas – para ser mejores trabajadores en un mercado de épocas ya pasadas. La formación del siglo XXI requiere de una educación diferenciada para el ejercicio más efectivo de la ciudadanía. 

¿Es la lectoescritura o es la matemática? ¿Es el método científico o son los idiomas? ¿Es la alfabetización digital o la bioalfabetización? Si tuviera que apostar – y es una apuesta viva y de alto riesgo que realizo por mi papel activo de padre de niñas escolares – apostaría porque cada aprendiente incorpore – esto es, que internalice dentro de su cuerpo, mente y espíritu – el poder y la responsabilidad de desarrollar su propio talento de manera eficaz, o sea, cultivando su presencia, su bienestar y su propósito. 

Queremos adultos jóvenes que hayan superado, o que nunca hubieran enfrentado, la profunda crisis de significado en la que se encuentra la humanidad. ¿Qué significamos para otras personas?: es una pregunta que se ha visto desvirtuada de manera radical y profunda en esta era digital de redes sociales, donde lo que vemos publicado es la imagen del mejor momento del día o del mejor día de la semana de los demás. Así, cualquiera se siente inservible.

Nuestro sentido de ser, nuestra relevancia para los demás, nuestro papel en la comunidad y qué hacer respecto a nuestro talento, son parte de esa crisis, evitable si se robusteciera el ser de cada persona en su autoestima, autocuido y autoamor. 

La naturaleza.

Es evidente que la degradación ambiental nos está matando, extinguiendo cada año miles de especies de la red de vida que nos sostiene. Países como Costa Rica han logrado mitigar – o al menos maquillar o disimular – esta crisis, reforestando bosques y regenerando biodiversidad los últimos 50 años. Para muchas personas, en especial quienes se encuentran en puestos de liderazgo público y privado, no termina de quedar claro que la biósfera ha existido sin humanidad a lo largo de miles de millones de años y que, a la vez, no podría haber humanidad sin biósfera, por más que Elon Musk se empeñe en colonizar Marte. 

Para garantizar la viabilidad pacífica en comunidad de toda la nación costarricense por los próximos 50 años, debemos prestar aguda atención al tema del agua, preservarla como recurso natural vital, como derecho humano fundamental y como factor económico de alto valor. Las oscilaciones de patrones de lluvias por cambio climático, la contaminación y el consumo desconsiderado nos pueden poner muy rápido en escenarios de conflicto que hoy no podríamos ni imaginar, como la necesidad de reubicar comunidades enteras por recurso hídrico contaminado o agotamiento de mantos acuíferos. 

Además, debemos priorizar la descarbonización como parte de la inversión que este país debe continuar realizando para seguir siendo singular y de vanguardia, y continuar siendo esa “Rica Costa de Vida Pura” que alberga tantas formas de vida.

Este país ha sido recién designado como el mejor destino del mundo para retirarse. Eso no es azaroso ni por chiripa, sino por diseño, o sea, por buena gobernanza. 

El negocio, que va más allá de la economía.

Se refiere a cómo nos vamos a ganar la vida de manera individual y colectiva monetizando el valor que creamos desde nuestro talento, combinado con nuestra cultura, en cada una de las regiones y ecosistemas del país. De eso trata la economía naranja concebida por los holandeses, contabilizando el valor económico resultante de la combinación del talento individual y de la cultura local. 

En un país como Costa Rica, que se ha consolidado en la postpandemia como un polo de atracción de talento, de pronto nos toca la puerta una nueva oportunidad de liderar una industria de altísimo potencial productivo, con una alta vocación de distribución de la riqueza y con la posibilidad de exportar el valor que podría crearse. En esta economía del talento, con las herramientas digitales que tenemos a mano y las condiciones políticas, naturales y comerciales que ofrece nuestro país, podríamos, a la vuelta de unos pocos años, alcanzar el esplendor cultural, ambiental y socioeconómico al que todos aspiramos. 

Pongámonos en marcha, pues este es el futuro del país que imaginamos y que diseñamos según lo que resultó posible entre quienes lo forjamos. Hoy tenemos una nueva oportunidad para co-crear una versión mejorada, que va mucho más allá de la alcaldía o de la diputación, del gobierno de turno o de los medios de prensa. Esa versión mejorada está alojada en nuestra humanidad compartida. Ojalá la descubramos pronto y la saquemos a la luz. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El tema ambiental ha resultado ser comúnmente en Costa Rica, objeto de discusiones polarizantes y que, en muchos casos, han estado alejadas de la ciencia y la técnica exhaustiva disponible. En general, la polarización radica en la diferencia de criterios entre quienes pretenden impulsar inversiones, con las cuales esperar generar algún retorno, y quienes se oponen a una parte de ellas porque consideran que atentan contra el equilibrio de nuestros ecosistemas. 

Lamentablemente, aún y cuando ya no es un foco de atención tan significativa como en años anteriores, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es una institución que lejos de basar la procedencia de una determinada inversión (o lo que la normativa establece como actividades, obras o proyectos) en los mejores criterios técnicos disponibles, ha introducido una serie de criterios arbitrarios, subjetivos y manipulables para determinar el nivel de impacto ambiental. 

El sistema de valoración utilizado

La arbitrariedad se explica por la definición de lo que se denomina Significancia de Impacto Ambiental (SIA), la cual es una valoración que resulta de una matriz de impactos cualitativos potenciales de una inversión determinada. Esta valoración es particularmente relevante ya que, dependiendo del resultado obtenido en el cálculo de la SIA, se establecen las acciones que se requieren para mitigar el impacto ambiental, las cuales deben ser ejecutadas por quien impulsa el proyecto evaluado.

Específicamente, dependiendo de la valoración de SIA obtenida, se puede requerir de documentos que incrementan en su nivel de complejidad, tales como una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (SIA menor a 300 puntos), un Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (SIA mayor a 300 puntos pero menor a 1000 puntos), y Estudios de Impacto Ambiental (SIA mayor a 1000 puntos).

Este incremento en la complejidad demanda recursos mayores para los inversionistas tanto para la conformación de la documentación y los estudios que esta requiere, como en las acciones de mitigación de impacto ambiental que se deriven de dichos documentos.

Ahora bien; ¿por qué es posible afirmar que la valoración que se obtiene a través de la SIA es subjetiva y arbitraria? Para esto es importante examinar sus componentes y partir de ahí, citar algunos ejemplos.

Uno de los componentes que más llama la atención es la afectación por el consumo de recursos que produce una inversión determinada. En el caso del agua, se otorga un valor de 1 si el consumo del agua no supera los 50 m3/mes y un valor de 5 si el consumo del agua es mayor a 200 m3/mes. ¿No es acaso función del caudal disponible en las fuentes y la demanda relativa de la inversión lo que debería determinar si el consumo es alto o bajo?

Además, si esto es una temática que se aborda cuando el operador del acueducto otorga o no la carta de disponibilidad, ¿por qué se vuelve a abordar en la evaluación ambiental? Esta misma observación aplica para el consumo de energía, con una valoración de 1 cuando hay un consumo de 240 Mwh/año y una valoración de 5 si el consumo es mayor a 2400 Mwh/año. 

Visto esto, surge una duda relevante: ¿cómo se obtienen estos valores que definen lo que SETENA considera que es alto o bajo?

Todo indica que se trata de un criterio que no es explicado por la ciencia y la técnica, sino por un grupo de burócratas. Casos similares de parámetros sin sustento y que son abordados en otras instituciones del Estado abundan, como lo vemos en la valoración que tendrá la inversión en la escorrentía superficial, en la producción de aguas residuales y en la generación de residuos sólidos, por mencionar algunos casos.

Por otro lado, existen parámetros que son aún más subjetivos y que dependen completamente del entorno del proyecto. Por ejemplo, la “generación de ruidos y vibraciones”, y el “aporte al paisajismo”.  ¿No son estos parámetros una función de la cantidad de personas que vivan en el entorno del proyecto, su distancia respecto al mismo y su percepción particular de estas afectaciones? 

Finalmente, existe un parámetro que premia aquellos proyectos que generan mayor cantidad de empleo, es decir, premia actividades económicas que son relativamente más intensivas en mano de obra.

Aunque la generación de empleo es algo positivo, las inversiones no se realizan con este fin, sino que persiguen generar un retorno que es mayor en el caso de actividades de alta productividad, donde predomina la tecnología sobre otros factores de producción. En este punto, la valoración del SIA tiende a promover la generación de inversiones de bajo valor agregado sobre otras actividades, lo cual genera barreras al crecimiento económico. 

Opciones Alternativas

Afortunadamente, existen métodos sofisticados que generan valoraciones más objetivas y precisas sobre los impactos ambientales que genera un proyecto determinado, tal y como sucede con el Análisis Costo Beneficio (ACB).

Mediante este método, es posible agregar todos los beneficios y costos que genera un determinado proyecto, entendiendo los beneficios como cambios positivos en el bienestar y costos como afectaciones al mismo. Cuanto mayor sea la diferencia entre beneficios y costos, más retorno genera el proyecto tanto para el inversionista, como para el entorno en el cual se llevará a cabo el proyecto. 

Con esta metodología es posible valorar las variaciones positivas o negativas que se generan producto del proyecto, mediante estimaciones determinadas como la disposición a pagar por un beneficio, o disposición a aceptar un cargo por un daño o afectación. Este tipo de mediciones se pueden llevar a cabo tanto para un proyecto en específico o bien, pueden estimarse a partir de múltiples estudios que se han llevado a cabo tanto en el país como a nivel mundial.

Estas evaluaciones incluyen mediciones específicas para mejoramiento o afectación a servicios ecosistémicos, tales como el control de la erosión, el control de escorrentía que ofrecen los bosques, la biodiversidad que ofrece el suelo, la regulación del clima provista por la biodiversidad, la calidad del aire, la disponibilidad de agua o la regulación del clima por parte de los bosques, entre otros servicios. 

Es decir, mediante métodos precisos, es posible corregir la arbitrariedad en la valoración, por ejemplo, de la emisión de ruido y vibraciones (disminuciones en el bienestar), o generación de paisajismo (aumentos en el bienestar).

Con parámetros que se basen ya sea en estimaciones directas o indirectas y datos que aporte el inversionista con base en su proyecto, la SETENA debería poder llevar a cabo un ACB, que determine a ciencia cierta el nivel de bienestar que genera el proyecto, y en caso de darse afectaciones al bienestar, debería exigir medidas concretas para disminuir esa afectación, a través de un Plan de Gestión Ambiental específico para el proyecto, y no genérico tal y como se establece en la legislación actual. 

Además, en el caso de los proyectos de inversión pública, la disposición de llevar a cabo un ACB es obligatorio según la normativa de establecida por MIDEPLAN, pero lamentablemente es un insumo que por lo general las instituciones públicas no le dan la importancia que tiene. De hecho, a pesar de que es un análisis más preciso y objetivo que el SIA, la SETENA prefiere generar reprocesos mediante la aplicación de sus metodologías ya citadas, introduciendo más burocracia en los proyectos de inversión pública que requiere el país en temas como infraestructura hospitalaria, obras de agua y saneamiento, e infraestructura vial, entre otros.

En el caso de proyectos de inversión privada, el Estado debería llevar a cabo estudios rigurosos de valoraciones para afectaciones o favorecimiento a los servicios ecosistémicos en los distintos sectores del país, que permitan llevar a cabo estudios de ACB de forma ágil y eficiente.

El cambio indispensable

Tal y como se ha expresado anteriormente, el abordaje ambiental por parte del Estado introduce costos innecesarios a través de acciones que están influenciadas por temas ideológicos que no deberían ser la base de partida para decidir sobre las inversiones que se llevan a cabo en el país, ya que la ciencia ambiental ha avanzado lo suficiente como para disponer de métodos que permitan generar desarrollo sostenible en los países, donde por supuesto se tome en cuenta tanto la generación de riqueza, la igualdad de oportunidades y la conservación del medio ambiente tanto para las generaciones actuales como futuras.

Por tanto, una modernización de la normativa referente a las evaluaciones ambientales, que elimine cualquier duplicidad con cualquier otra institución pública, así como un apoyo del Estado en términos de investigación y obtención de datos objetivos para la toma de decisiones, son imperantes para facultar el desarrollo sostenible anteriormente citado. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.