Costa Rica podría ver su reputación financiera afectada este año si no actuamos ya.

En 2024, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos indicó que debíamos corregir el hueco en la regulación de las empresas que trabajan en criptoactivos, para evitar el lavado de dinero y financiamiento del crimen.

De no hacerlo, podemos caer en la lista gris, lo que implica una afectación tangible:

• Los préstamos internacionales del país salen más caros. Bancos y organismos internacionales cobran más intereses porque ven al país como “riesgoso”.
• Los bancos extranjeros desconfían. A los bancos de Costa Rica les cuesta más trabajar con bancos de afuera, o algunos simplemente cortan la relación.
• Enviar y recibir plata se vuelve lento y caro. Transferencias internacionales tardan más, cuestan más y a veces se bloquean “para revisión”.
• Menos empresas quieren invertir aquí. Los inversionistas prefieren países donde mover dinero y operar es más sencillo y predecible.
• Los exportadores y empresas formales son los más golpeados. Cobrar desde el exterior se complica, se atrasa el flujo de caja y se pierden negocios.

El GAFI nos vuelve a evaluar este año y, si no corregimos a tiempo, vamos a sufrir el impacto de caer en esa lista gris.

El expediente 22.837 era un intento para resolver esta situación, sin embargo, por diversas razones, a pesar de tener apoyo en el actual Congreso, quedó en el congelador y no se avanzó.

Este tema no se trata de que nos gusten o no las criptomonedas y los activos digitales. Ya existen empresas que trabajan en el intercambio, custodia y transferencia de criptomonedas y criptoactivos, por ende, deben estar registradas, vigiladas y con obligaciones claras contra lavado de dinero.

A nadie se le obliga a usar las criptomonedas ni se “legalizan” como monedas. Pero sí se evita que la falta de regulación nos genere problemas.

Se requiere un proyecto de ley similar (o el mismo 22.837 pero corregido) para reducir significativamente el riesgo de caer en la lista gris y así:

• Definir qué es un activo virtual.
• Definir quién es un proveedor de servicios.
• Someterlos a registro.
• Imponerles obligaciones de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo).
• Permitir la supervisión basada en riesgo.

Aunque este tema suene como algo sumamente técnico, necesitamos adelantarnos a este riesgo, porque podría traer afectaciones reales en las vidas de todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En Costa Rica entregamos datos al Estado casi sin pensarlo: para abrir una cuenta, renovar la cédula, matricular a un hijo en la escuela o pagar un seguro. El problema es, como bien lo apunta el abogado experto en datos Mauricio París, que ese mismo Estado que concentra toda esa información no ha demostrado capacidad —ni voluntad— para autorregularse.

Los escándalos de la UPAD, las pruebas Faro o el intento del Banco Central de acceder a los saldos bancarios no son anécdotas aisladas: son la prueba de que la tentación de vigilar y perfilar al ciudadano es constante. Y lo más grave es que no existen consecuencias. Ni sanciones, ni responsables, ni cambios de fondo. Un regulador atado políticamente y sin dientes convierte a la ley de protección de datos en un simple adorno.

Aceptar que el Estado maneje nuestros datos bajo la promesa de “hacer política pública inteligente” es una ingenuidad peligrosa. La privacidad no es un lujo moderno, es un límite al poder. Si cedemos ese límite, abrimos la puerta a un Estado vigilante capaz de cruzar cámaras de reconocimiento facial con bases biométricas, bajo el argumento de combatir la inseguridad.

Todavía estamos a tiempo de decir basta. El país no necesita más instituciones, necesita que la que ya existe funcione con independencia y consecuencias reales. Y necesita ciudadanos conscientes de que la intimidad es parte de la dignidad humana, tan valiosa como cualquier derecho fundamental.

Porque la libertad no se pierde de un día para otro: se erosiona cuando normalizamos que el poder se meta, sin freno, en lo más personal que tenemos.

🎧 Escúchalo completo ya 👇

• YouTube ▶️ 

• Spotify 🎵

• Apple Podcasts 🍎

En Costa Rica se repite un patrón que ya no sorprende: errores millonarios en instituciones públicas que terminamos pagando todos. El reciente fallo que obliga al Estado a desembolsar 18.000 millones por una simple publicación omitida en La Gaceta es solo un ejemplo más de un sistema legal interno inflado, lento y, en gran parte, ineficaz. Lo grave no es solo la pérdida económica, sino la ausencia de consecuencias reales para quienes cometen estos errores.

En Pongámonos Serios, conversamos con el abogado penalista Ewald Acuña, quien aporta una mirada cruda y directa sobre cómo funcionan —o más bien, cómo no funcionan— los departamentos legales del sector público. El problema, dice, no es únicamente la negligencia, sino la deformación del rol del abogado institucional: en lugar de ser asesores jurídicos, muchos fueron convertidos en litigantes sin preparación, opinadores de todo y responsables de nada. El resultado es un Estado atrapado en un círculo vicioso de burocracia, dilución de responsabilidades y ausencia de controles reales.

Lo más inquietante es que sí existen mecanismos de sanción, tanto administrativos como patrimoniales, pero rara vez se aplican. Los procesos internos suelen estar en manos de colegas o superiores que prefieren protegerse mutuamente, y cuando algún expediente llega a sede judicial, a menudo está mal tramitado y termina anulado. Es la impunidad institucionalizada.

Pero el problema va más allá de lo legal. Lo que se revela es un Estado diseñado para otro siglo, incapaz de reformarse desde adentro. Instituciones duplicadas, estructuras elefantiásicas y un aparato que privilegia la permanencia sobre la eficiencia. Ante esto, Acuña plantea una ruta clara: redefinir competencias legales, centralizar funciones clave en la Procuraduría y recurrir a abogados externos para procesos específicos. En otras palabras, achicar para mejorar.

La salida, sin embargo, no es solo técnica ni jurídica. La raíz está en la formación y los valores del funcionario público. Mientras la función pública siga vista como un refugio de empleo estable, sin exigencia de resultados ni vocación de servicio, seguiremos acumulando “chambonadas” que cuestan becas, carreteras o servicios esenciales. Reformar la ley anticorrupción, exigir eficiencia real y formar funcionarios con ética de servicio son pasos indispensables.

El Estado costarricense no puede seguir siendo un empleador obeso y complaciente. Debe convertirse en un garante de servicio público real, con menos dogmas y más resultados. Y eso exige valentía política, presión ciudadana y un cambio cultural que nos saque del letargo.

Porque la corrupción no es solo robarse plata: es también ser inútil, ineficaz e indiferente ante el costo que pagamos todos.

🎧 Escuchá el episodio completo YA:

• YouTube ▶️
• Spotify 🎵
• Apple Podcasts 🍎