Costa Rica podría ver su reputación financiera afectada este año si no actuamos ya.

En 2024, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) nos indicó que debíamos corregir el hueco en la regulación de las empresas que trabajan en criptoactivos, para evitar el lavado de dinero y financiamiento del crimen.

De no hacerlo, podemos caer en la lista gris, lo que implica una afectación tangible:

• Los préstamos internacionales del país salen más caros. Bancos y organismos internacionales cobran más intereses porque ven al país como “riesgoso”.
• Los bancos extranjeros desconfían. A los bancos de Costa Rica les cuesta más trabajar con bancos de afuera, o algunos simplemente cortan la relación.
• Enviar y recibir plata se vuelve lento y caro. Transferencias internacionales tardan más, cuestan más y a veces se bloquean “para revisión”.
• Menos empresas quieren invertir aquí. Los inversionistas prefieren países donde mover dinero y operar es más sencillo y predecible.
• Los exportadores y empresas formales son los más golpeados. Cobrar desde el exterior se complica, se atrasa el flujo de caja y se pierden negocios.

El GAFI nos vuelve a evaluar este año y, si no corregimos a tiempo, vamos a sufrir el impacto de caer en esa lista gris.

El expediente 22.837 era un intento para resolver esta situación, sin embargo, por diversas razones, a pesar de tener apoyo en el actual Congreso, quedó en el congelador y no se avanzó.

Este tema no se trata de que nos gusten o no las criptomonedas y los activos digitales. Ya existen empresas que trabajan en el intercambio, custodia y transferencia de criptomonedas y criptoactivos, por ende, deben estar registradas, vigiladas y con obligaciones claras contra lavado de dinero.

A nadie se le obliga a usar las criptomonedas ni se “legalizan” como monedas. Pero sí se evita que la falta de regulación nos genere problemas.

Se requiere un proyecto de ley similar (o el mismo 22.837 pero corregido) para reducir significativamente el riesgo de caer en la lista gris y así:

• Definir qué es un activo virtual.
• Definir quién es un proveedor de servicios.
• Someterlos a registro.
• Imponerles obligaciones de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo).
• Permitir la supervisión basada en riesgo.

Aunque este tema suene como algo sumamente técnico, necesitamos adelantarnos a este riesgo, porque podría traer afectaciones reales en las vidas de todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Costa Rica necesita modernizar el uso del espectro radioeléctrico, y la subasta de frecuencias es, sin duda, un paso en la dirección correcta.

Ordenar el bien demanial, promover mayor competencia y dar transparencia a un recurso finito es indispensable para un país que aspira a un ecosistema mediático más abierto y dinámico.

Pero la forma también importa. Y los términos planteados hasta ahora revelan un riesgo evidente: en lugar de democratizar el acceso, pueden terminar concentrando aún más el mercado en manos de unos pocos grupos con capacidad financiera para absorber precios elevados. Esa dinámica no solo distorsiona la competencia; empobrece la diversidad de voces que sostienen una democracia saludable.

El diseño institucional no puede limitarse a maximizar la recaudación.

Debe considerar objetivos mucho más amplios: pluralidad, representación cultural, promoción de contenidos locales y apertura para medios emergentes. Un proceso que excluya a proyectos comunitarios, regionales o independientes sería, en la práctica, un retroceso disfrazado de avance.

Una subasta bien hecha fortalece la libertad. Una mal diseñada la estrecha. Por eso es indispensable ajustar los términos antes de seguir adelante: para que las frecuencias lleguen a la mayor cantidad de medios posible, no solo a quienes pueden pagar más; para que el espectro refleje la diversidad cultural y étnica del país, y no se convierta en un privilegio reservado para unos cuantos.

Costa Rica tiene la oportunidad de actualizar su marco de telecomunicaciones con visión de futuro.

Aprovecharla depende de que entendamos que el espectro radioeléctrico no es solo un activo económico: es un instrumento de participación ciudadana, de pluralidad y de libertad. Y estos principios deben guiar su asignación.

La conversación con Juan Manuel Campos deja claro que en Costa Rica seguimos atrapados en una contradicción peligrosa: hablamos de transformación digital, pero administramos el país con lógica de timbre, sello y ventanilla.

Mientras el mundo avanza hacia cirugías a distancia, autos conectados y pagos digitales hasta para comprar nísperos en la calle, aquí seguimos discutiendo si abrimos espacio a la competencia, si usamos los fondos disponibles o si primero “hay que hacer una ley” para lo que simple y llanamente es sentido común.

Las redes y la conectividad hoy son tan esenciales como las carreteras, y sin embargo el Estado las trata como lujo, no como infraestructura básica.

Eso afecta todo: oportunidades para jóvenes, emprendimientos que nunca nacen, servicios públicos que podrían ser más baratos y eficientes… y hasta la calidad de nuestra democracia, cuando las reglas empujan a que pocos controlen los medios y muchos pierdan voz.

Más que obsesionarnos con crear nuevas normas, este país necesita un Estado que deje de estorbar y empiece a facilitar: menos burocracia, más competencia, más diversidad de medios y una decisión clara de usar la tecnología para ampliar la libertad de las personas, no para sostener estructuras que ya se caen solas.

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