Política
Un Impulso Esencial para el Éxito Olímpico

RESUMEN
Al haber concluido los Juegos Olímpicos resulta oportuno evaluar el apoyo que se le da al deporte en Costa Rica y particularmente los recursos de los que se dispone para impulsarlo. El patrocinio del sector privado es fundamental y para aprovecharlo, uno de los puntos a revisar es la restricción a la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. ¿Qué tan válidos son los argumentos que la justifican?Los Juegos Olímpicos culminaron, y es momento de agradecer profundamente el esfuerzo de nuestros atletas. Aunque en esta ocasión no se tradujo en medallas, su desempeño deja claro que Costa Rica cuenta con un potencial extraordinario. Sin embargo, hemos hecho poco para cultivarlo de manera efectiva a través de dos pilares fundamentales: la educación y, sobre todo, el financiamiento.
El éxito olímpico no solo refleja la habilidad atlética de los competidores; también es un indicador de las fortalezas subyacentes de una sociedad.
Según un reciente artículo del Financial Times, los países que dominan el medallero son, en su mayoría, democracias prósperas con altos índices de desarrollo humano, con la excepción de China, cuya estructura es una compleja mezcla de autoritarismo y mercado abierto. Estas naciones no solo sobresalen en el ámbito deportivo, sino que también brindan a sus ciudadanos acceso a infraestructuras deportivas de calidad, entrenadores capacitados y programas de formación accesibles. Este entorno permite que una amplia mayoría participe en actividades deportivas, incrementando así las posibilidades de formar atletas de élite.
En este contexto, es imperativo explorar todas las posibles fuentes de financiamiento para potenciar el deporte, especialmente en países con restricciones presupuestarias. En Costa Rica, el patrocinio del sector privado, incluyendo la industria de bebidas alcohólicas, puede ser crucial. He defendido en el pasado, tanto por escrito como durante mi tiempo en la Asamblea Legislativa, que permitir y promover el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte no solo elevaría el rendimiento de los atletas, sino que también facilitaría un desarrollo deportivo más integral a nivel nacional.
Es momento de dejar atrás los moralismos anacrónicos coloniales y los argumentos carentes de sustento científico en la formulación de políticas públicas.
Un ejemplo recurrente de este pensamiento retrógrado es el temor infundado de que la publicidad de alcohol en actividades deportivas incitará a los menores a consumirlo. Con todo respeto, este argumento es, en mi opinión, una falacia. ¿Qué ocurre con las gigantescas vallas publicitarias de bebidas alcohólicas a las que todos estamos expuestos, menores incluidos, cuando transitamos por la Ruta 27 o la Autopista General Cañas? ¿O cuando llevamos a nuestros hijos al supermercado y pasamos junto a la sección de licores? La coherencia es una virtud esencial, y en este tema es un principio que debe aplicarse con rigor. La publicidad, señores lectores, no es el motor del consumo.
De hecho, el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism del gobierno estadounidense deja claro que la publicidad de bebidas alcohólicas tiene un impacto limitado en la decisión inicial de consumir alcohol, siendo más influyente en la preferencia de una marca específica una vez que el individuo ya decidió beber. Factores sociales, como la familia y los amigos, juegan un rol mucho más significativo en la iniciación del consumo, especialmente entre menores. Es el entorno familiar y el comportamiento de los pares lo que impulsa a un adolescente a beber, no la publicidad. Este hallazgo subraya que, aunque la publicidad puede reforzar la presencia de ciertas marcas en el mercado, no es el principal detonante del consumo de alcohol en sí. La respuesta radica en la educación.
Otro argumento que se menciona frecuentemente es la correlación entre el consumo de alcohol en eventos deportivos y la violencia intrafamiliar. Condeno firmemente cualquier acto de violencia, y quienes los cometen, bajo los efectos del alcohol o sin él, claramente tienen problemas de masculinidad (sí, en la inmensa mayoría son hombres) que van más allá de la influencia publicitaria. Pero seamos más analíticos y menos dogmáticos.
Es crucial distinguir entre correlación y causalidad al analizar el impacto de la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte. La correlación muestra una relación estadística entre dos variables, como el aumento de la violencia en días de eventos deportivos y el consumo de alcohol. Sin embargo, correlación no implica que una variable cause directamente a la otra. Aunque las estadísticas indican una relación entre el consumo de alcohol en eventos deportivos y el aumento de la violencia, no se puede afirmar que la publicidad de bebidas alcohólicas sea la causante de este consumo o de la violencia subsiguiente.
La publicidad influye principalmente en la elección de marca entre consumidores ya decididos a beber, pero no necesariamente en la cantidad consumida ni en la decisión inicial de consumir alcohol. Por lo tanto, aunque la publicidad puede estar correlacionada con ciertos comportamientos, no es la causa directa de estos actos de violencia, por más que algunos quieran manipular los datos para apoyar prohibiciones.
La relación entre el éxito olímpico y el desarrollo social
Como mencioné al inicio, existe una correlación directa entre el éxito en los Juegos Olímpicos y el desarrollo socioeconómico de una nación. Países como Estados Unidos, Australia y Alemania, que dominan tanto el medallero olímpico como los rankings de desarrollo humano de las Naciones Unidas, destacan no solo por su riqueza, sino por su capacidad para proporcionar infraestructuras deportivas accesibles a todos sus ciudadanos. En estas naciones, el deporte es una herramienta de desarrollo social, no solo una actividad recreativa. Es importante subrayar que, con sus regulaciones y particularidades, estos tres países permiten la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. Nada de moralismo aquí.
Sin embargo, en naciones con limitaciones presupuestarias como Costa Rica, los recursos para el deporte son escasos y están condicionados por las restricciones del gasto público. Este problema se reconoce ampliamente en el Proyecto de Ley N.º 23.216 para el Impulso y Fortalecimiento del Deporte Nacional, impulsado valientemente por la diputada del PUSC Daniela Rojas Salas, que subraya la necesidad de atraer inversión privada para solventar las limitaciones financieras del Estado. Solo a través del incentivo a la empresa privada se puede lograr este objetivo. Nuestro Estado, una y otra vez, demuestra su ineficacia. Dejemos que aquellos que saben crear y producir sean quienes lideren, bajo un marco normativo adecuado.
Lamentablemente, a menudo dejamos que los políticos, quienes desconocen el costo de producir y crear valor, tomen decisiones basadas en “percepciones” sobre temas cruciales para el país. La solución superficial que propone el ala “social-confusa” de nuestra política nacional es anunciar con bombos y platillos la creación de fondos para el deporte o, peor aún, crear impuestos que finalmente no se recaudan o se pierden en la burocracia estatal sin llegar a los atletas.
La publicidad de bebidas alcohólicas: un modelo de éxito
El debate sobre la moralidad y el impacto de la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte es intenso. Sin embargo, ejemplos de países que permiten este tipo de patrocinio demuestran que puede ser una fuente significativa de recursos para el deporte. Un par de casos notables son los de la liga de fútbol profesional de México y la liga de fútbol americano en Estados Unidos, que han alcanzado un alto nivel de competitividad y desarrollo gracias al patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas.
En el caso de México, más cercano a nuestro país, este apoyo ha permitido a su liga de fútbol no solo destacarse en la región, sino también mejorar su infraestructura deportiva y atraer eventos internacionales de gran envergadura.
Este modelo de patrocinio podría replicarse en nuestro país, donde la falta de recursos afecta gravemente el rendimiento de nuestros atletas y limita su capacidad para competir a nivel internacional. Si se levantaran las restricciones legales que limitan la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, se abriría una nueva fuente de ingresos que podría canalizarse hacia la mejora de infraestructuras, la capacitación de entrenadores y el apoyo a los atletas en su preparación y participación en competencias internacionales.
El patrocinio deportivo no solo beneficia a los atletas; también tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo, promoviendo el turismo y estimulando el comercio local. Es un ganar-ganar.
Consideraciones éticas y de salud pública
Dicho todo lo anterior, reconozco que la promoción de bebidas alcohólicas en el deporte debe gestionarse con responsabilidad, considerando su impacto en la salud pública. La legislación puede establecer controles estrictos para asegurar que la publicidad se realice de manera responsable.
La propuesta de ley introduce una modificación al artículo 12 de la Ley N.º 9047, contemplando un control estricto por parte del Ministerio de Salud sobre la publicidad de bebidas alcohólicas. Este control podría fortalecerse aún más para garantizar que la publicidad no promueva el consumo excesivo de alcohol ni sea especialmente atractiva para menores.
Conclusión
Permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte no solo proporciona los recursos necesarios para impulsar el desarrollo deportivo en nuestro país, sino que también podría elevar el rendimiento de nuestros atletas y su posición en el escenario internacional.
Con controles adecuados, este patrocinio podría ser una herramienta poderosa para cerrar la brecha entre países ricos y naciones con menos recursos, permitiendo que más países disfruten de los beneficios de un éxito olímpico.
Un enfoque equilibrado, que combine apoyo financiero con regulaciones responsables, puede ser la clave para un desarrollo deportivo sostenible y exitoso. La política pública debe basarse en datos que demuestren causalidad, no en percepciones infundadas por sesgos ideológicos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Política
No más regímenes de excepción disfrazados de justicia

RESUMEN
Desde hace años en Costa Rica se ha identificado como un problema fiscal y de inequidad la existencia de regímenes que permiten las llamadas “pensiones de lujo”. Sin embargo, pese a ese contexto y al desafío que representa la inseguridad para el país, la Asamblea Legislativa —motivada por el Poder Judicial y amparada en un estudio actuarial interno— aprobó ajustes al régimen de pensiones del OIJ. Una decisión que va a contravía del contexto fiscal y de las lecciones que, se supone, ya habíamos aprendido.
En Costa Rica, llevamos años lidiando con las consecuencias de decisiones legislativas que, bajo la bandera de la justicia, han terminado siendo fuente de inequidad fiscal y desbalance institucional. Las llamadas “pensiones de lujo” son el mejor ejemplo de ello: regímenes de retiro privilegiados, construidos sobre bases insostenibles, y muchas veces otorgados a personas que no aportaron proporcionalmente al sistema.
El país ha venido cuestionando –con razón– estos beneficios excepcionales que comprometen el presupuesto público y minan la confianza ciudadana.
Sin embargo, a pesar de esa experiencia amarga y del clamor constante por reformas estructurales, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar el expediente 22.817, una iniciativa que, aunque bien intencionada, reincide en el mismo vicio: la creación de un régimen jubilatorio especial para un grupo reducido de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente para aquellos que portan armas o están adscritos a la sección de cárceles.
Les establece las siguientes condiciones: un 82% del salario promedio de los últimos 240 meses, con ajustes por inflación, y con posibilidad de retiro a los 55 años si se cumplen 30 años de servicio o, en su defecto, una fórmula proporcional si el servidor tiene al menos 20 años en el Poder Judicial.
Esta ley no debió haberse aprobado y usted, señor Presidente, debe vetarla.
No porque ignoremos la importancia de la labor que realiza el personal del OIJ. No porque neguemos que trabajar en condiciones de alto riesgo debe tener un reconocimiento. Lo hacemos porque no es así como se construyen sistemas previsionales justos, sostenibles ni equitativos. Lo hacemos porque esta ley, en el fondo, reproduce la lógica de los regímenes de excepción que ya tanto daño le han hecho al país.
¿Por qué un régimen especial para el OIJ y no para la Fuerza Pública?
El argumento central para justificar esta ley es el riesgo. Pero ¿acaso no enfrentan iguales o mayores riesgos los oficiales de la Fuerza Pública que patrullan zonas dominadas por el crimen organizado, sin chalecos antibalas certificados y con salarios aún más bajos? ¿Dónde queda la equidad interinstitucional? ¿Dónde queda la lógica de un Estado que trata igual a quienes enfrentan realidades similares?
Conceder un trato excepcional a un solo grupo dentro del aparato de seguridad del Estado, sin una política integral ni un análisis actuarial objetivo del impacto fiscal, es políticamente miope y socialmente injusto. Esta no es una solución estructural. Es un privilegio.
Una decisión con efectos presupuestarios profundos
El país atraviesa un período en el que cada colón cuenta. Hemos estado luchando por contener el crecimiento del gasto, controlar el déficit y cumplir con las metas fiscales que nos impusimos para recuperar nuestra credibilidad internacional.
Entonces, ¿cómo justifica la Asamblea Legislativa crear un régimen que inevitablemente implicará una mayor carga sobre el presupuesto del Poder Judicial, y por ende, del Estado costarricense?
En lugar de discutir cómo mejorar las condiciones laborales de todos los cuerpos policiales del país, o cómo fortalecer el régimen general de pensiones, optamos por abrir una vez más la puerta a los beneficios especiales. Lo que se necesita es una visión integral, no parches sectoriales que agravan la fragmentación del sistema previsional.
Lecciones no aprendidas: el espejo de las pensiones de lujo
La historia reciente nos ha demostrado que estas decisiones tienen consecuencias. Las pensiones de lujo se justificaron alguna vez con argumentos similares: mérito, riesgo, entrega. Pero su diseño terminó beneficiando a pocos a costa de muchos, generando un resentimiento social que aún hoy envenena la discusión pública. ¿Vamos a repetir el error?
La sostenibilidad de un régimen de pensiones no depende únicamente del carácter honorable de los beneficiarios. Depende de su proporcionalidad, de su financiamiento y de su coherencia con los principios del sistema general. Lo contrario es crear castas previsionales, lo cual es incompatible con una república moderna.
La responsabilidad del Poder Ejecutivo: no ceder ante lo simbólico
Entiendo que vetar esta ley tiene un costo político. Que puede ser leído como una falta de apoyo a quienes arriesgan su vida en defensa del país. Pero gobernar es tener el valor de decir que no. El respeto por la institucionalidad y la igualdad ante la ley debe ser más fuerte que cualquier narrativa emocional.
No se trata de cerrar los ojos ante la realidad de quienes sirven con riesgo, se trata de hacer las cosas bien. Si el país considera justo establecer condiciones especiales para ciertos funcionarios por la naturaleza de su labor, debe hacerlo en el marco de una política pública general e integral.
Legislar en parches ha producido un país lleno de remiendos donde la cobija ya no da para todos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Política
Economía colaborativa: romper cadenas o quedar atrás

RESUMEN
La economía colaborativa no es una moda, es un cambio de era. Resistirse a ella por proteger modelos obsoletos solo posterga lo inevitable: la necesidad de adaptar nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras mentalidades a una realidad donde la tecnología y la voluntad ciudadana ya tomaron la delantera.
El día de ayer escribí en mis redes sociales la siguiente reflexión:
“Algunos empresarios y sectores siguen anclados en una visión del país que ya no existe, ignorando que hoy la gente exige algo distinto. Y si un negocio necesita un gobierno ‘amigo’ para ser rentable, tal vez nunca fue un buen negocio desde el principio.”
Esa reflexión la escribí a propósito, pensando en cómo el sector de transportes —principalmente los taxistas— ha rechazado los proyectos de ley que pretenden regularizar las plataformas de transporte colaborativo, y cómo el sector político tradicional, principalmente el Partido Liberación Nacional, se ha enfocado en proteger intereses sectoriales en lugar de pensar en la gente.
Esta resistencia no es casual ni menor; responde a un modelo económico arraigado en la protección estatal, en monopolios naturales o concesiones cerradas. Precisamente, esta visión limitada ha sido puesta en entredicho por la irrupción de plataformas tecnológicas como Uber, que representan una economía colaborativa más ágil, eficiente y alineada con las demandas reales de los usuarios actuales.
Un intento por equilibrar el terreno
El proyecto de ley “Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales” (expediente Nº 23.736), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, no es perfecto, pero busca reconocer esta nueva realidad. La ley pretende ofrecer un marco regulatorio más equilibrado, reconociendo al transporte por plataformas como un servicio económico de interés general, sujeto a regulaciones mínimas, pero necesarias, para garantizar seguridad vial, protección de datos personales y competencia efectiva, libre y justa.
La resistencia que enfrentan estas plataformas por parte del sector tradicional de transporte quedó claramente expuesta durante una sesión reciente ante la Comisión de Gobierno y Administración. Allí, Representantes de Canatrans manifestaron preocupaciones válidas, como la necesidad de un régimen sancionatorio robusto y la protección del transporte público colectivo. Sin embargo, también expresaron temores que reflejan más una defensa de un modelo basado en la exclusividad y el amparo estatal, que una genuina preocupación por la competencia leal o el bienestar del usuario.
Este temor se evidencia cuando representantes del sector tradicional expresan que cualquier modificación legislativa podría afectar gravemente la “integralidad” del sistema de transporte público, sugiriendo que la competencia sería perjudicial. Pero, ¿es realmente así? Según un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica, más del 75% de la población considera necesaria una regulación para estas plataformas, precisamente para superar la inseguridad jurídica que afecta tanto a usuarios como a conductores.
No se trata de proteger negocios, sino de responder a la realidad
Este proyecto de ley busca no solo legalizar una actividad que ya existe y cuenta con amplio respaldo, sino también asegurar igualdad de condiciones competitivas. La regulación propuesta es proporcional y razonable: busca garantizar seguridad, proteger derechos y fomentar un mercado más dinámico.
La resistencia política y sectorial a este cambio refleja una incapacidad para reconocer y adaptarse a los nuevos paradigmas tecnológicos y económicos. Plataformas como Uber ya forman parte del ecosistema económico y social del país. Pretender ignorarlo o enfrentarlo con herramientas restrictivas no solo es inútil, sino contraproducente.
La regulación estatal debe reflejar la voluntad popular, expresada en el uso masivo de estas plataformas, garantizando seguridad jurídica y social, sin caer en la sobre regulación ni en la protección de sectores que resisten el cambio por interés propio.
Finalmente, la tarea del Estado es clara: ofrecer una regulación ágil, transparente y efectiva que permita la convivencia entre plataformas digitales y servicios tradicionales.
La verdadera función de la política pública no debe ser proteger negocios específicos, sino fomentar un entorno competitivo que beneficie a los consumidores y estimule la innovación. En este contexto, las plataformas digitales no son el problema; sino parte de la solución.
Es hora de avanzar hacia un modelo económico más dinámico y abierto, reconociendo y regulando adecuadamente las plataformas colaborativas como Uber, y dejando atrás prácticas que solo benefician a unos pocos en detrimento del interés general.
La innovación no espera, y los ciudadanos tampoco.
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Política
Un nuevo pacto educativo y fiscal para Costa Rica

RESUMEN
Blindar el gasto sin considerar la realidad fiscal pone en riesgo otras prioridades. La educación sostenible requiere flexibilidad, eficiencia y rendición de cuentas, no porcentajes inamovibles. Modernizar no es retroceder, es garantizar el futuro.
En Costa Rica, la educación pública goza de una protección constitucional excepcional: desde 2011, un grupo de legisladores irresponsables aprobó una reforma al artículo 78 de la Constitución, ordenando destinar al menos un 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. Reforma que, como he dicho en varios foros, nadie (en verdad, nadie) puede justificar técnicamente. Adicionalmente, el artículo 85 garantiza el financiamiento a las universidades estatales mediante un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Hoy enfrentamos la tensión entre esos ideales constitucionales y la dura realidad fiscal. Las finanzas públicas están siempre bajo presión, con un endeudamiento que pasó del 12 % del PIB en 2008 a cerca del 69 % en 2021, y que se ha reducido —gracias a la disciplina fiscal del gobierno de turno— a menos de un 60 %. Los déficits persistentes obligaron a aplicar medidas de austeridad y una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto.
En este panorama, ¿cómo sostener la promesa del 8 % del PIB para educación?
Los defensores de este porcentaje afirman que recortar la inversión educativa compromete el desarrollo a largo plazo y agrava las desigualdades. Costa Rica ha usado la educación para reducir la pobreza y mejorar la movilidad social. La academia advierte que reducir el gasto perjudicará a los niños más pobres. Organismos como la UNESCO abogan por aumentar la inversión para mitigar las pérdidas de aprendizaje y mejorar la infraestructura escolar. En resumen, el sector educativo sostiene que cumplir con el 8 % es crucial para una educación equitativa y de calidad, y que incumplirlo viola derechos fundamentales.
Por el contrario, quienes discrepan destacan la necesidad de realismo fiscal y eficiencia. Un mandato inflexible del 8 % no toma en cuenta cambios demográficos ni la realidad económica. Costa Rica tiene una baja natalidad y una población que envejece rápidamente; la matrícula podría estancarse o disminuir, mientras que necesidades como salud, pensiones y cuido de adultos mayores aumentan.
Ambos bandos coinciden en que la educación es una prioridad, pero discrepan en cómo y cuánto financiar. ¿Debe fijarse un porcentaje en la Constitución o aplicar un enfoque más flexible? La discusión también abarca la eficiencia del gasto educativo. Existe la percepción de que el sistema debe rendir cuentas. Hoy enfrenta retos cualitativos que requieren inversión focalizada: recuperar aprendizajes perdidos, modernizar metodologías, incorporar tecnología y fortalecer la formación técnica y vocacional. Costa Rica necesita más técnicos, ingenieros y profesionales en tecnologías de la información y turismo para impulsar el crecimiento.
Esta coyuntura plantea la necesidad de actualizar el marco constitucional. Hoy el contexto es distinto. Seguir con el esquema inflexible actual puede llevar a dos caminos indeseables: o el Gobierno incumple el mandato del 8 %, acumulando problemas legales y retrasos, o se ve obligado a recortar en otras áreas cruciales para cumplirlo.
Prueba de ello fue la reciente sentencia de la Sala Constitucional, que en enero de 2025 declaró inconstitucional el presupuesto por omitir el 8 %, señalando que tal omisión “constituye una violación” del artículo 78. Los magistrados advirtieron que esto “afecta directamente” el derecho a la educación y “pone en riesgo” la calidad y accesibilidad del sistema educativo, así como las oportunidades de desarrollo de generaciones presentes y futuras.
Este pronunciamiento unánime refuerza la importancia del tema, pero también evidencia el choque entre un texto constitucional rígido, el desconocimiento financiero y de la realidad educativa de los magistrados, y una escena fiscal apremiante.
¿Cómo resolver este impasse de forma responsable?
Propongo dos reformas constitucionales a los artículos 78 y 85 que concilien la prioridad educativa con la sostenibilidad fiscal. Lejos de ser un retroceso, serían una evolución del pacto social, adaptadas a las condiciones actuales para proteger tanto la educación como la estabilidad económica.
La reforma al artículo 78 mantendría la prioridad presupuestaria, pero sustituiría el umbral fijo del 8 % por una regla de crecimiento sostenido y realista. El nuevo texto diría que:
“El Estado garantizará una asignación presupuestaria prioritaria para la educación pública que nunca será menor, en términos porcentuales, a la del año anterior, procurando que el financiamiento sea proporcional a las capacidades fiscales y a las necesidades del sistema educativo, según lo determine la ley”.
Por su parte, la reforma al artículo 85 modernizaría el financiamiento de las universidades públicas. Actualmente, el FEES se incrementa casi automáticamente, sin espacio para ajustarse al desempeño o prioridades nacionales. El nuevo texto establece que:
“La asignación a universidades estatales se realizará conforme a las posibilidades fiscales y prioridades nacionales, con el objetivo de promover una educación superior pública de calidad. La distribución de recursos será eficiente y transparente, según lo establezca la ley”.
Esta redacción conserva el compromiso estatal con la universidad pública, pero introduce palabras clave antes ausentes: posibilidades fiscales, prioridades nacionales, eficiencia y transparencia.
En términos prácticos, significaría que el financiamiento universitario ya no estaría blindado sin importar la coyuntura económica. Por el contrario, tendría que adecuarse a lo que las finanzas públicas puedan sostener. También obligaría a las universidades a responder a necesidades nacionales: formar el talento requerido, mejorar calidad docente, regionalizar la oferta, impulsar investigación útil. Y sobre todo: gestionar con eficiencia y transparencia.
La reforma mantendría el financiamiento, pero atado a resultados y rendición de cuentas, algo que la sociedad exige desde hace años.
Actualmente, la Constitución prohíbe disminuir las rentas del FEES sin sustituirlas por otras equivalentes, otorgando a las universidades una protección financiera excepcional. La reforma mantendría la financiación, pero atada a resultados y escrutinio. Esto podría implicar, en la práctica, reformas legales posteriores para crear mecanismos de evaluación del desempeño universitario, de racionalización del gasto administrativo y de rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos en la educación superior.
Es de esperar que estas propuestas de reforma generen reacciones encontradas. El sector educativo público —universidades, sindicatos de docentes y de empleados universitarios, federaciones estudiantiles— seguramente manifestará preocupación e incluso rechazo frontal a cualquier cambio. En el imaginario de muchos educadores, tocar el artículo 78 es abrir la puerta a un desfinanciamiento crónico de la educación.
Sin embargo, es vital entender que reformar no es desmontar. Aquí el liderazgo político debe ser claro y firme. El objetivo no es rebajar la importancia de la educación, sino hacerla sostenible. Desde una perspectiva de responsabilidad intergeneracional, no podemos heredar un Estado quebrado ni hipotecar el futuro de nuestros hijos con deudas impagables. Pero tampoco podemos escatimar en su educación. Ambas responsabilidades deben equilibrarse.
Ajustar el porcentaje constitucional es reconocer que las condiciones de 2025 no son las de 2011 y que, por ende, la legislación debe ajustarse. A las nuevas generaciones les debemos educación y estabilidad: invertir en sus escuelas y también proteger las finanzas públicas que sostienen todo el sistema.
Con reglas más flexibles podríamos proteger el gasto educativo esencial y al mismo tiempo fomentar una cultura de evaluación y eficiencia. La asignación podría vincularse a metas claras: mejorar resultados académicos, aumentar cobertura en zonas vulnerables, cerrar brechas regionales, ofrecer carreras pertinentes. Esto no es viable con el esquema actual, que reduce el debate a un porcentaje fijo sin discutir la calidad del gasto.
Además, el Gobierno y la Asamblea tendrían más margen para responder a crisis emergentes. Si ocurre una nueva pandemia, desastre natural o recesión global, un mandato inflexible obligaría a sacrificar otras áreas. Con la nueva redacción, siempre se podría discutir cómo distribuir los esfuerzos sin violar la Constitución.
Conclusión: eficiencia fiscal con visión de futuro
Hay que decir las cosas como son: no podemos financiar el futuro educativo de nuestros hijos a costa de comprometer su futuro económico. La ruta de la eficiencia fiscal no está reñida con una educación pública robusta; al contrario, puede ser su salvación de largo plazo. Reformar los artículos 78 y 85 sería pasar del dogma al diseño inteligente de políticas públicas. Significa reconocer que las constituciones no deben ser camisas de fuerza, sino herramientas al servicio del bienestar.
Un Estado que ajusta responsablemente sus obligaciones sigue cumpliendo su deber con la educación, pero también se asegura de poder cumplirlo mañana, el año siguiente y dentro de diez años. La alternativa —persistir en la rigidez— ya nos está mostrando sus consecuencias: presupuestos declarados ilegales, gastos sociales rezagados y crecientes conflictos entre poderes de la República. Esa vía solo genera incertidumbre y desgasta la confianza en el mandato constitucional mismo.
En este llamado a la sensatez no estoy abogando por gastar menos en educación per se, sino por gastar mejor y de forma sostenible. Cada generación de costarricenses ha buscado legar a la siguiente un país mejor educado y más próspero. La nuestra no puede ser la excepción.
Honremos el espíritu de nuestros constituyentes —que quisieron proteger la educación— adaptando la letra a la realidad actual. Hagamos de la educación una prioridad incuestionable, pero también inteligentemente gestionada.
Si lo logramos, las escuelas y universidades seguirán formando a nuestras y a nuestros jóvenes con calidad, y al mismo tiempo habremos resguardado las finanzas públicas que sostienen todo el aparato social.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
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