Política
Un Impulso Esencial para el Éxito Olímpico

RESUMEN
Al haber concluido los Juegos Olímpicos resulta oportuno evaluar el apoyo que se le da al deporte en Costa Rica y particularmente los recursos de los que se dispone para impulsarlo. El patrocinio del sector privado es fundamental y para aprovecharlo, uno de los puntos a revisar es la restricción a la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. ¿Qué tan válidos son los argumentos que la justifican?Los Juegos Olímpicos culminaron, y es momento de agradecer profundamente el esfuerzo de nuestros atletas. Aunque en esta ocasión no se tradujo en medallas, su desempeño deja claro que Costa Rica cuenta con un potencial extraordinario. Sin embargo, hemos hecho poco para cultivarlo de manera efectiva a través de dos pilares fundamentales: la educación y, sobre todo, el financiamiento.
El éxito olímpico no solo refleja la habilidad atlética de los competidores; también es un indicador de las fortalezas subyacentes de una sociedad.
Según un reciente artículo del Financial Times, los países que dominan el medallero son, en su mayoría, democracias prósperas con altos índices de desarrollo humano, con la excepción de China, cuya estructura es una compleja mezcla de autoritarismo y mercado abierto. Estas naciones no solo sobresalen en el ámbito deportivo, sino que también brindan a sus ciudadanos acceso a infraestructuras deportivas de calidad, entrenadores capacitados y programas de formación accesibles. Este entorno permite que una amplia mayoría participe en actividades deportivas, incrementando así las posibilidades de formar atletas de élite.
En este contexto, es imperativo explorar todas las posibles fuentes de financiamiento para potenciar el deporte, especialmente en países con restricciones presupuestarias. En Costa Rica, el patrocinio del sector privado, incluyendo la industria de bebidas alcohólicas, puede ser crucial. He defendido en el pasado, tanto por escrito como durante mi tiempo en la Asamblea Legislativa, que permitir y promover el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte no solo elevaría el rendimiento de los atletas, sino que también facilitaría un desarrollo deportivo más integral a nivel nacional.
Es momento de dejar atrás los moralismos anacrónicos coloniales y los argumentos carentes de sustento científico en la formulación de políticas públicas.
Un ejemplo recurrente de este pensamiento retrógrado es el temor infundado de que la publicidad de alcohol en actividades deportivas incitará a los menores a consumirlo. Con todo respeto, este argumento es, en mi opinión, una falacia. ¿Qué ocurre con las gigantescas vallas publicitarias de bebidas alcohólicas a las que todos estamos expuestos, menores incluidos, cuando transitamos por la Ruta 27 o la Autopista General Cañas? ¿O cuando llevamos a nuestros hijos al supermercado y pasamos junto a la sección de licores? La coherencia es una virtud esencial, y en este tema es un principio que debe aplicarse con rigor. La publicidad, señores lectores, no es el motor del consumo.
De hecho, el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism del gobierno estadounidense deja claro que la publicidad de bebidas alcohólicas tiene un impacto limitado en la decisión inicial de consumir alcohol, siendo más influyente en la preferencia de una marca específica una vez que el individuo ya decidió beber. Factores sociales, como la familia y los amigos, juegan un rol mucho más significativo en la iniciación del consumo, especialmente entre menores. Es el entorno familiar y el comportamiento de los pares lo que impulsa a un adolescente a beber, no la publicidad. Este hallazgo subraya que, aunque la publicidad puede reforzar la presencia de ciertas marcas en el mercado, no es el principal detonante del consumo de alcohol en sí. La respuesta radica en la educación.
Otro argumento que se menciona frecuentemente es la correlación entre el consumo de alcohol en eventos deportivos y la violencia intrafamiliar. Condeno firmemente cualquier acto de violencia, y quienes los cometen, bajo los efectos del alcohol o sin él, claramente tienen problemas de masculinidad (sí, en la inmensa mayoría son hombres) que van más allá de la influencia publicitaria. Pero seamos más analíticos y menos dogmáticos.
Es crucial distinguir entre correlación y causalidad al analizar el impacto de la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte. La correlación muestra una relación estadística entre dos variables, como el aumento de la violencia en días de eventos deportivos y el consumo de alcohol. Sin embargo, correlación no implica que una variable cause directamente a la otra. Aunque las estadísticas indican una relación entre el consumo de alcohol en eventos deportivos y el aumento de la violencia, no se puede afirmar que la publicidad de bebidas alcohólicas sea la causante de este consumo o de la violencia subsiguiente.
La publicidad influye principalmente en la elección de marca entre consumidores ya decididos a beber, pero no necesariamente en la cantidad consumida ni en la decisión inicial de consumir alcohol. Por lo tanto, aunque la publicidad puede estar correlacionada con ciertos comportamientos, no es la causa directa de estos actos de violencia, por más que algunos quieran manipular los datos para apoyar prohibiciones.
La relación entre el éxito olímpico y el desarrollo social
Como mencioné al inicio, existe una correlación directa entre el éxito en los Juegos Olímpicos y el desarrollo socioeconómico de una nación. Países como Estados Unidos, Australia y Alemania, que dominan tanto el medallero olímpico como los rankings de desarrollo humano de las Naciones Unidas, destacan no solo por su riqueza, sino por su capacidad para proporcionar infraestructuras deportivas accesibles a todos sus ciudadanos. En estas naciones, el deporte es una herramienta de desarrollo social, no solo una actividad recreativa. Es importante subrayar que, con sus regulaciones y particularidades, estos tres países permiten la publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas. Nada de moralismo aquí.
Sin embargo, en naciones con limitaciones presupuestarias como Costa Rica, los recursos para el deporte son escasos y están condicionados por las restricciones del gasto público. Este problema se reconoce ampliamente en el Proyecto de Ley N.º 23.216 para el Impulso y Fortalecimiento del Deporte Nacional, impulsado valientemente por la diputada del PUSC Daniela Rojas Salas, que subraya la necesidad de atraer inversión privada para solventar las limitaciones financieras del Estado. Solo a través del incentivo a la empresa privada se puede lograr este objetivo. Nuestro Estado, una y otra vez, demuestra su ineficacia. Dejemos que aquellos que saben crear y producir sean quienes lideren, bajo un marco normativo adecuado.
Lamentablemente, a menudo dejamos que los políticos, quienes desconocen el costo de producir y crear valor, tomen decisiones basadas en “percepciones” sobre temas cruciales para el país. La solución superficial que propone el ala “social-confusa” de nuestra política nacional es anunciar con bombos y platillos la creación de fondos para el deporte o, peor aún, crear impuestos que finalmente no se recaudan o se pierden en la burocracia estatal sin llegar a los atletas.
La publicidad de bebidas alcohólicas: un modelo de éxito
El debate sobre la moralidad y el impacto de la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte es intenso. Sin embargo, ejemplos de países que permiten este tipo de patrocinio demuestran que puede ser una fuente significativa de recursos para el deporte. Un par de casos notables son los de la liga de fútbol profesional de México y la liga de fútbol americano en Estados Unidos, que han alcanzado un alto nivel de competitividad y desarrollo gracias al patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas.
En el caso de México, más cercano a nuestro país, este apoyo ha permitido a su liga de fútbol no solo destacarse en la región, sino también mejorar su infraestructura deportiva y atraer eventos internacionales de gran envergadura.
Este modelo de patrocinio podría replicarse en nuestro país, donde la falta de recursos afecta gravemente el rendimiento de nuestros atletas y limita su capacidad para competir a nivel internacional. Si se levantaran las restricciones legales que limitan la publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte, se abriría una nueva fuente de ingresos que podría canalizarse hacia la mejora de infraestructuras, la capacitación de entrenadores y el apoyo a los atletas en su preparación y participación en competencias internacionales.
El patrocinio deportivo no solo beneficia a los atletas; también tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo, promoviendo el turismo y estimulando el comercio local. Es un ganar-ganar.
Consideraciones éticas y de salud pública
Dicho todo lo anterior, reconozco que la promoción de bebidas alcohólicas en el deporte debe gestionarse con responsabilidad, considerando su impacto en la salud pública. La legislación puede establecer controles estrictos para asegurar que la publicidad se realice de manera responsable.
La propuesta de ley introduce una modificación al artículo 12 de la Ley N.º 9047, contemplando un control estricto por parte del Ministerio de Salud sobre la publicidad de bebidas alcohólicas. Este control podría fortalecerse aún más para garantizar que la publicidad no promueva el consumo excesivo de alcohol ni sea especialmente atractiva para menores.
Conclusión
Permitir el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte no solo proporciona los recursos necesarios para impulsar el desarrollo deportivo en nuestro país, sino que también podría elevar el rendimiento de nuestros atletas y su posición en el escenario internacional.
Con controles adecuados, este patrocinio podría ser una herramienta poderosa para cerrar la brecha entre países ricos y naciones con menos recursos, permitiendo que más países disfruten de los beneficios de un éxito olímpico.
Un enfoque equilibrado, que combine apoyo financiero con regulaciones responsables, puede ser la clave para un desarrollo deportivo sostenible y exitoso. La política pública debe basarse en datos que demuestren causalidad, no en percepciones infundadas por sesgos ideológicos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Política
Cómo salir del ciclo empobrecedor

RESUMEN
Mientras se insiste en que reformar el Estado es un atentado contra los derechos, se ignora que mantenerlo como está es lo que más perjudica a los ciudadanos. La deuda no es solo un problema financiero, es el reflejo de un modelo que protege estructuras ineficientes a costa del bienestar colectivo. Discutir el tamaño, el rol y la forma del Estado no debería ser tabú, sino una exigencia democrática.
El aparato estatal costarricense opera como un motor descompuesto: impulsado por deuda, consumo ineficiente y un gasto excesivo que no se traduce en mejores servicios ni en bienestar para la población.
Durante décadas, hemos enfrentado un ciclo repetitivo que nos mantiene estancados: el dinero nunca alcanza, y las soluciones propuestas se limitan a aumentar o crear impuestos.
Cuando esta medida es rechazada por la mayor parte de la población, los políticos de turno recurren a endeudarnos aún más para sostener un sistema fallido.
Un modelo insostenible
El modelo actual del Estado costarricense se sostiene de la misma manera que lo hace quien vive, en forma irresponsable, de una tarjeta de crédito: gastando más de lo que gana y acumulando deudas que terminan asfixiando a la ciudadanía.
En lugar de optimizar y digitalizar procesos, despedir empleados, tercerizar servicios o reducir privilegios, el gobierno recurre a financiarse con deuda, lo que nos tiene literalmente ahogados. A medida que aumentan los intereses de esa deuda, los servicios básicos se deterioran, mientras los ciudadanos cargan con el peso de sostener una burocracia inflada.
A pesar de las promesas de los gobiernos, los nuevos préstamos e impuestos no resuelven los problemas estructurales que nos aquejan. El dinero se destina a cubrir salarios desproporcionados, beneficios desconectados del rendimiento y una burocracia que no rinde cuentas, dejando menos espacio para invertir en áreas críticas como salud, educación, seguridad e infraestructura.
El costo de no reformar
La crisis fiscal del año 2018 fue solo el punto más visible de un problema que lleva décadas gestándose. Y es que cada colapso fiscal ha sido respondido con la misma fórmula, siendo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no fue la excepción. A pesar de que fue “vendida” a la población como una tabla de salvación, las instituciones rápidamente encontraron huecos legales para evadir los límites establecidos por la regla fiscal y la Ley de Empleo Público.
El resultado: el gasto sigue creciendo mientras los ciudadanos continúan pagando la factura y viendo cómo sus necesidades siguen insatisfechas a pesar de pagar más.
Proponer una reforma estatal es, para muchos, un tabú. Proponer que el Estado deje de gastar en lo innecesario, que optimice procesos, que aproveche los avances tecnológicos o que elimine puestos que no generan valor es considerado políticamente incorrecto.
Sin embargo, mantener un Estado sobredimensionado tiene un costo muy alto: los intereses de la deuda pública aumentan, los servicios se deterioran y la competitividad del país disminuye.
Mantener privilegios injustificados o evitar despidos necesarios no significa que “no perdemos”; al contrario, ese inmovilismo nos hunde más en el ciclo empobrecedor.
Además, los gremios que se benefician del sistema han perfeccionado el discurso del secuestro emocional, presentando a todos los empleados públicos como indispensables y excelentes, aunque las listas de espera en la Caja, los retrasos en el Poder Judicial y la ineficiencia general de los servicios públicos contradicen esa narrativa.
Esta estrategia busca paralizar cualquier intento de reforma, perpetuando un sistema que no funciona.
La reforma del Estado
La única manera de salir del ciclo empobrecedor es reformar el aparato estatal. Esto no significa desmantelarlo, sino optimizarlo. Si el Estado se concentra únicamente en funciones esenciales y reduce los abusos y la burocracia innecesaria, podría liberar recursos para mejorar los servicios que impactan directamente la calidad de vida de las personas.
Esto requiere una reingeniería institucional: digitalizar procesos, eliminar duplicidades, eliminar o reestructurar entes y ajustar las planillas a las necesidades reales.
Se puede incluso considerar crear centros de servicios compartidos para optimizar funciones como recursos humanos, contabilidad y proveeduría, entre otros.
En un proceso como ese, la valentía política será esencial, así como el apoyo ciudadano para exigir los cambios necesarios. Entre las medidas indispensables para llevarlo a cabo están:
- Reducción de la burocracia. Al reducir el tamaño de la planilla pública, los salarios podrían ajustarse. Si bien deben ser competitivos, también deben definirse con base en el aporte de cada quien al bienestar ciudadano.
- Focalización en objetivos claros. Definir cuáles servicios debe brindar el Estado, respondiendo preguntas como “¿por qué?” y “¿para qué?”. Esto requiere, entre otras cosas, unificar labores por ente y eliminar programas redundantes. Una vez definidos, todos los entes que no se dediquen a alguna de las actividades prioritarias deben ser cerrados, vendidos o reestructurados.
- Simplificación tributaria. Eliminar exoneraciones e impuestos injustificados. Además, bajar las tasas para combatir la evasión y elusión fiscal.
- Evaluación del desempeño. Implementar sistemas que midan el rendimiento de los empleados públicos, premiando el mérito en lugar de la antigüedad o el amiguismo.
Costa Rica no puede seguir sosteniendo un sistema que consume recursos sin resultados. Reformar el Estado es el primer paso para romper el ciclo empobrecedor y avanzar hacia un modelo que nos permita crecer y prosperar como sociedad.
La pregunta entonces es:
¿Seguiremos tolerando este sistema fallido o exigiremos el cambio que tanto necesitamos?
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
Política
Costa Rica: ¿supervisión financiera?

RESUMEN
Como reacción a los casos de intervenciones en varias instituciones financieras costarricenses, generadas desde los organismos de supervisión, en el Congreso se proponen nuevas iniciativas de ley que, como solución, recurren al adverbio “más”. Estos proyectos reproducen un lugar común en la administración pública: ante la sensación de que algo falla, lo que se necesita son más regulaciones y más instituciones que se involucren en el asunto. En resumen, los estatistas se invocan a sí mismos como solución, dando continuidad a esa casi letanía: “más de nosotros será mejor… más de nosotros será mejor…”. Hay opciones mejores.
Costa Rica cuenta con un sistema de supervisión financiera diseñado para garantizar la estabilidad del sector y proteger a los consumidores, el cual incluye cuatro superintendencias especializadas: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE; todas coordinadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Este modelo enfrenta críticas por su complejidad, altos costos operativos y fallos en la prevención de escándalos financieros. A pesar de ello, en la actualidad, se debate en la Asamblea Legislativa la posibilidad de otorgar nuevas facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para la protección del consumidor financiero, como complemento al sistema descrito.
Ante esta realidad surge la pregunta: ¿necesitamos más regulaciones, o es momento de reformar un sistema que ya es excesivamente burocrático?
Esquema sobredimensionado
Con poco más de cinco millones de habitantes, mantenemos una estructura regulatoria que es desproporcionada para el tamaño de nuestro mercado financiero. Por esa razón, en lugar de seguir expandiendo la regulación, deberíamos consolidar funciones y optimizar procesos, adaptando elementos de modelos internacionales.
En otros países con mercados financieros más grandes y desarrollados, los sistemas de supervisión son más simples y eficientes:
- Reino Unido (69 millones de habitantes): Utiliza el modelo twin peaks, con dos organismos principales: la Financial Conduct Authority (FCA), para la protección del consumidor, y la Prudential Regulation Authority (PRA) para la estabilidad financiera.
- Alemania (84 millones de habitantes): La BaFin es la entidad principal de supervisión, con apoyo del Deutsche Bundesbank, y el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos más grandes.
- Japón (124 millones de habitantes): La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa todo el sistema financiero.
- Suiza (9 millones de habitantes): Cuenta con un regulador único, la FINMA, que supervisa todos los aspectos del sector financiero.
La multiplicidad de organismos no garantiza una mejor supervisión. Por el contrario, la falta de coordinación y la duplicidad de funciones, incrementan la carga administrativa y generan confusión entre las entidades reguladas.
Además, cuando ocurren fallos, como en los casos de ALDESA o COOPEMEX, no queda claro quién es responsable, debilitando la confianza en el sistema.
Escándalos financieros
Los casos de ALDESA, COOPEMEX, BANCRÉDITO, COOPESERVIDORES y DESYFIN, han evidenciado la falta de una supervisión eficaz, lo que ha generado pérdidas millonarias, afectando a inversionistas y ahorrantes. En cifras aproximadas:
- ALDESA: ¢140.000 millones.
- BANCREDITO: ¢52.000 millones
- COOPEMEX: ¢25.000 millones.
- COOPESERVIDORES: ¢152.000 millones.
- DESYFiN: ¢22.000 millones
Estos casos reflejan un sistema más reactivo que preventivo, enfocado en regular procesos internos en lugar de identificar riesgos sistémicos a tiempo.
Por otro lado, este sistema crea barreras a la competencia y a la innovación, imponiendo requisitos y trámites, que aumentan los costos operativos de las entidades financieras, costos que terminan trasladándose a los consumidores.
Además, las trabas burocráticas desincentivan la entrada de nuevos actores, limitando la competencia y la innovación, en un entorno donde la digitalización y las fintech están transformando el sector a nivel mundial.
¿También el MEIC?
Como si fuera poco, actualmente en la corriente legislativa existen dos propuestas para ampliar la intervención del MEIC, en la supervisión financiera: , el proyecto 24136 y el 24616.
Si bien el objetivo es proteger al consumidor, estas iniciativas ignoran problemas estructurales del sistema y pueden generar efectos adversos:
- Duplicidad de funciones: las superintendencias ya regulan aspectos clave del sector financiero. Crear un nuevo regulador, dentro del MEIC, solo aumentaría la burocracia.
- Falta de independencia técnica: a diferencia de las superintendencias, que tienen mayor autonomía, el MEIC es parte del Poder Ejecutivo, lo que lo expone a posibles interferencias políticas.
- Impacto en los consumidores: más regulación implica mayores costos para las entidades financieras, lo que terminaría reflejándose en precios más altos para los usuarios.
Si el problema es que las superintendencias tienen un alcance limitado sobre ciertos actores financieros, la solución no es crear un nuevo regulador, sino fortalecer y ampliar las funciones de los existentes.
Propuestas de reforma
Un sistema financiero saludable requiere un equilibrio entre regulación y eficiencia. Algunas medidas que podrían mejorar la supervisión en Costa Rica incluyen:
- Consolidación de superintendencias: integrarlas bajo una sola estructura dentro del CONASSIF permitiría reducir redundancias y fortalecer la coordinación, alineando la supervisión con modelos de economías avanzadas.
- Ampliar el alcance de supervisión: actualmente, las superintendencias solo regulan entidades registradas y autorizadas. Se debe incluir fintechs, emisores de crédito no bancarios, remesadoras y plataformas digitales de préstamos.
- Protección del consumidor desde las superintendencias: en lugar de trasladar esta función al MEIC, se podría crear una unidad dentro de las superintendencias, encargada de supervisar prácticas comerciales abusivas, regular cláusulas contractuales en productos financieros, y resolver quejas de consumidores.
- Transparencia y rendición de cuentas: implementar mecanismos de evaluación externa y publicar informes periódicos sobre la gestión de las superintendencias, para mejorar su desempeño.
- Fomento de la innovación financiera: establecer un marco regulatorio más flexible para impulsar la adopción de nuevas tecnologías, y permitir la creación de sandbox regulatorios, donde startups puedan operar bajo un esquema de supervisión adaptado.
- Simplificación de trámites: revisar y eliminar procesos innecesarios para reducir la carga administrativa de entidades y consumidores.
Un sistema más eficiente
No necesitamos más regulaciones ni nuevos reguladores, sino una supervisión más eficaz, menos burocrática y más transparente.
En lugar de crear un nuevo esquema dentro del MEIC, lo lógico es reestructurar los entes existentes para que asuman también la protección del consumidor financiero.
Esto permitiría:
- Un solo ente regulador para todo el sector financiero, evitando duplicidades.
- Un marco de regulación claro y eficiente, reduciendo costos administrativos.
- Mayor independencia técnica, evitando interferencias políticas.
- Mejor supervisión de riesgos sistémicos, en lugar de cumplir solo con formalismos burocráticos.
Si el objetivo es proteger al consumidor financiero, la clave no es aumentar la burocracia, sino mejorar la regulación para que sea más efectiva y accesible.
La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de impulsar una reforma real, garantizando protección sin caer en la trampa de la sobrerregulación.
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Política
Costa Rica 2025: Claves para avanzar

RESUMEN
Costa Rica avanza, pero aún enfrenta retos clave en empleo, educación e infraestructura. La diversificación económica, la reducción de la informalidad y la modernización educativa son esenciales para fortalecer su competitividad. Además, la sostenibilidad fiscal y la transición energética requieren decisiones urgentes para garantizar un desarrollo sostenible.
La reciente publicación del estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica 2025 ofrece una radiografía clara y objetiva de la situación actual del país. Destaca avances significativos, pero también evidencia desafíos fundamentales que requieren acciones estratégicas.
Avances Económicos y Retos Fiscales
Costa Rica ha logrado avances significativos en términos económicos, especialmente si se compara con sus pares regionales. Según el informe de la OCDE, el crecimiento económico ha sido robusto y más estable que el de otros países de América Latina, impulsado principalmente por un sector exportador vigoroso, especialmente en manufactura avanzada y servicios empresariales.
Es innegable que Comex y Procomer han hecho un gran trabajo poniendo al país en el mapa mundial, reflejado en el aumento sostenido de exportaciones de alto valor agregado, particularmente dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Este éxito se ha visto complementado por políticas comerciales efectivas y una fuerte atracción de inversión extranjera. Las zonas francas han desempeñado un papel clave en este crecimiento, atrayendo empresas multinacionales que encuentran en Costa Rica un entorno regulatorio favorable y una fuerza laboral calificada.
Sin embargo, la concentración del comercio en pocos mercados, principalmente Estados Unidos, representa un riesgo latente. Por ello, es fundamental diversificar las relaciones comerciales, explorando nuevos mercados y participando en acuerdos como el Acuerdo Transpacífico, que podrían abrir oportunidades adicionales para el país.
En el ámbito fiscal, la situación ha mejorado gracias al cumplimiento de la regla fiscal y la contención del gasto público, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública en torno al 60% del PIB.
No obstante, los altos costos en intereses siguen limitando el margen de maniobra fiscal, restringiendo recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Para garantizar la sostenibilidad fiscal, es necesario realizar revisiones periódicas del gasto público y asegurar una asignación eficiente de los recursos.
Desafíos en el Empleo, Educación e Infraestructura
Uno de los mayores desafíos es la alta informalidad laboral, que afecta al 40% de la población ocupada. Esto no solo limita el acceso a servicios esenciales, sino que también reduce la capacidad tributaria del Estado y afecta la productividad.
Para combatirla, Costa Rica debe simplificar regulaciones, reducir cargas sociales—especialmente para trabajadores de baja calificación—y mejorar los incentivos para la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Además, un enfoque integral que incluya una mejor aplicación de las leyes laborales y mayor acceso al crédito formal contribuiría considerablemente a reducir el trabajo informal.
Otro aspecto preocupante es la baja participación laboral femenina, que está por debajo del promedio de la OCDE. Esta brecha limita el potencial económico de muchas mujeres y afecta el crecimiento del país.
Una de las principales causas es la escasez de servicios de cuidado infantil y educación temprana. Solo el 7% de los niños entre 0 y 2 años accede a estos servicios.
Expandir significativamente la red de cuidados debe ser una prioridad absoluta, especialmente para familias de menores ingresos.
Esto permitiría que más mujeres ingresen al mercado laboral, incrementando los ingresos familiares y fortaleciendo la economía.
En términos educativos, aunque Costa Rica ha priorizado este sector en la asignación presupuestaria, los resultados recientes reflejan desafíos importantes en la calidad educativa. Las habilidades técnicas y especializadas necesarias para el mercado laboral actual no se están desarrollando adecuadamente, generando una brecha significativa entre la demanda de competencias por parte del sector privado y la oferta educativa disponible.
Es indispensable una reforma profunda y bien estructurada del sistema educativo, y de la asignación presupuestaria (no es más dinero, sino invertirlo donde importa), enfocada en educación técnica y vocacional, así como en el impulso de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
La colaboración entre instituciones educativas y empresas es clave para que los programas académicos respondan a las necesidades reales del mercado.
Por otro lado, la sostenibilidad ambiental sigue siendo un área donde Costa Rica ha demostrado liderazgo regional, con metas ambiciosas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica representa un desafío creciente ante sequías más frecuentes, que afectan la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico.
Es necesario acelerar la diversificación energética, apostando por energía solar, eólica y geotérmica, con mayor participación del sector privado y la inversión extranjera.
Además, mejorar la gestión de recursos hídricos y residuos sigue siendo una asignatura pendiente, con un impacto directo en la calidad ambiental y la salud pública.
Finalmente, el informe destaca la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del país, especialmente en el ámbito del transporte, donde la calidad actual es deficiente y los proyectos suelen sufrir retrasos y sobrecostos..
Fortalecer la planificación estratégica y optimizar la ejecución de proyectos mediante estudios rigurosos y cronogramas detallados debe ser una prioridad para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad nacional.
Un Futuro por Construir
Costa Rica cuenta con bases sólidas y ha logrado avances importantes en múltiples áreas. No obstante, enfrenta desafíos críticos que podrían comprometer su desarrollo futuro. La implementación de reformas estratégicas en sostenibilidad fiscal, empleo formal, equidad de género, educación, transición energética e infraestructura será determinante en los próximos años.
La tarea pendiente es clara y exige compromiso político, liderazgo decisivo y una visión estratégica que permita consolidar los avances logrados y enfrentar con éxito los retos futuros.
De cara a las elecciones del 2026 la pregunta es: ¿Quién es la persona (y el equipo) capaz de asumir estos retos?
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