Economía
La paradoja de la competencia: recursos y autonomía para COPROCOM
RESUMEN
A pesar de señalar en reiteradas ocasiones la importancia de la competencia en el mercado costarricense para la innovación, calidad, precios justos, desarrollo económico y una normativa robusta, hoy, la falta de recursos para COPROCOM por parte del Poder Ejecutivo a través de una política incongruente, impide su funcionamiento efectivo, comprometiendo los beneficios del libre mercado.A lo largo de mi trayectoria en el servicio público y ahora desde el sector privado, he apoyado (y seguiré apoyando) de manera vocal y decidida las iniciativas de la administración Chaves Robles para fortalecer y fomentar la competencia en el mercado costarricense. Ejemplos claros son la Ruta del Arroz y la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales. A fin de cuentas, la competencia en el mercado es fundamental por varias razones clave:
- Innovación y mejora continua. La competencia obliga a los actores a innovar y mejorar continuamente sus productos y servicios para mantener o aumentar su participación en el mercado. Este impulso hacia la creatividad y la adopción de nuevas tecnologías beneficia directamente a los consumidores al ofrecerles soluciones más avanzadas y eficientes.
- Calidad y variedad de productos. Con múltiples competidores, los consumidores tienen acceso a una mayor variedad de productos y servicios de mejor calidad. Los agentes económicos se esfuerzan por diferenciarse ofreciendo características únicas o superiores, lo que eleva la norma general del mercado.
- Precios competitivos. La competencia contribuye a mantener los precios bajos y justos. Los agentes no pueden fijar precios arbitrariamente altos si desean seguir siendo competitivos, lo que beneficia a los consumidores al ofrecerles opciones más asequibles y accesibles.
- Eficiencia y productividad. Para mantenerse competitivos, los negocios deben optimizar sus operaciones y recursos, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad en el mercado en general. Este proceso de optimización también puede derivar en menores costos de producción y, por ende, en precios más bajos para los consumidores.
- Atención al cliente. La competencia incentiva la mejora en el servicio al cliente. Para retener y atraer clientes, las empresas deben ofrecer una experiencia positiva y responder adecuadamente a las necesidades y quejas de los consumidores. Un mejor servicio al cliente puede resultar en una mayor satisfacción y lealtad del cliente.
- Desarrollo económico. Un mercado competitivo fomenta el crecimiento económico y la creación de empleos. La entrada de nuevos negocios y la expansión de los existentes contribuyen a la dinamización de la economía y a la generación de oportunidades laborales.
- Transparencia y ética. La competencia puede aumentar la transparencia y las prácticas éticas en el mercado. Las empresas deben ser más abiertas y responsables en sus operaciones para ganarse la confianza de los consumidores. La transparencia y la ética en los negocios son esenciales para mantener la integridad del mercado.
En pocas palabras, la competencia en el mercado crea un entorno dinámico y saludable que beneficia tanto a los consumidores como a las empresas y a la economía en general.
La situación en Costa Rica
En Costa Rica, contamos con una normativa de competencia robusta, alineada con la legislación más moderna mundialmente y con las recomendaciones de la OCDE. No obstante, desde la aprobación de esta moderna legislación, las autoridades en el Poder Ejecutivo, principalmente en el Ministerio de Hacienda, han sido renuentes a asignar el presupuesto necesario a la autoridad de competencia en nuestro país COPROCOM para que pueda cumplir sus funciones adecuadamente. Resulta paradójico que una administración tan comprometida con la competencia haya hecho lo imposible por negar los recursos que podrían ayudar a nuestras autoridades a detectar fallos de mercado, monopolios encubiertos, acuerdos ilícitos entre competidores y, en general, a prevenir cualquier práctica nociva que impida el desarrollo de una competencia real en nuestro país.
Un ejemplo de estas barreras es la consulta que el Ministerio de Economía elevó ante la Procuraduría General de la República para cuestionar la autonomía misma de la COPROCOM. A pesar de las voces de varios expertos que advertimos sobre esta maniobra, la Procuraduría, en su dictamen PGR-C-134-2024, coincidió con las voces expertas en que COPROCOM tiene la autonomía necesaria para gestionar su presupuesto y recursos humanos, y que su independencia debe ser respetada para garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales.
Esta resolución refuerza la necesidad de que el Gobierno asigne los recursos necesarios para que COPROCOM pueda operar de manera efectiva y cumplir su misión de promover y proteger la competencia en el mercado costarricense. Sin una autoridad de competencia debidamente financiada y operativa, los beneficios de la competencia para consumidores, empresas y la economía en general se verán gravemente comprometidos.
La importancia de una autoridad de competencia sólida
Para garantizar un mercado competitivo, es esencial que la autoridad de competencia nacional cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Esto incluye la capacidad de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como de promover políticas que fomenten la competencia. Una autoridad de competencia eficaz puede:
- Identificar y eliminar monopolios y prácticas anticompetitivas. La COPROCOM debe tener la capacidad de identificar y sancionar a las empresas que participen en prácticas monopolísticas o acuerdos colusorios que perjudiquen a los consumidores y al mercado.
- Promover la competencia en sectores clave. Es crucial que la autoridad de competencia tenga los recursos para promover la competencia en sectores clave de la economía, como los medicamentos, la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros, donde los consumidores a menudo enfrentan opciones limitadas y precios elevados.
- Fomentar un entorno de negocios justo. Al garantizar que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones, la COPROCOM puede fomentar un entorno de negocios justo y equitativo, donde las pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de prosperar.
- Educar y sensibilizar. La autoridad de competencia también debe desempeñar un papel en la educación y sensibilización sobre la importancia de la competencia, tanto entre los consumidores como entre las empresas. Esto puede incluir campañas informativas y programas de capacitación.
La competencia es un pilar fundamental para el desarrollo económico y el bienestar de los consumidores. Es imperativo que el gobierno costarricense asigne los recursos necesarios para fortalecer la COPROCOM y garantizar que pueda cumplir su misión de manera efectiva. Es igual de imperativo que el Poder Ejecutivo transite por el camino que habla en cuanto a libre competencia se refiere. Solo así podremos asegurar un mercado justo, transparente y dinámico, que beneficie a todos los ciudadanos.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.
RESUMEN
Si el problema es la falta de competencia, la solución no puede ser sustituir el mercado por control permanente de precios. La prueba real no estará en el texto de la ley, sino en si logra facilitar la entrada de nuevos actores y reducir barreras. Porque abrir el mercado exige algo más difícil que regularlo: confiar en la competencia.
Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.
El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.
Ese es el camino correcto.
Pero el problema nunca fue la falta de regulación.
El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.
El diagnóstico es acertado
Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.
Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.
El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.
Eso es avanzar.
El problema no es la documentación
En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.
El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.
El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación
La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.
Y ahí surge la pregunta clave:
¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?
Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.
Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.
Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.
La señal que enviamos
Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.
Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.
Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.
El debate no es documentación sí o no.
El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.
RESUMEN
El arancel del 15 % dejó al descubierto lo que venimos postergando: una economía demasiado dependiente de un solo mercado y poco preparada para cambios externos. Más que un conflicto comercial, es una alerta sobre costos altos, trámites lentos y falta de estrategia. La respuesta pasa por bajar costos, modernizar la producción y diversificar alianzas para no quedar vulnerables cada vez que EE.UU. mueve una ficha.
El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.
El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.
No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.
Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.
El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.
La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.
Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.
Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.
Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.
RESUMEN
Costa Rica no sufre por falta de instituciones, sino por un modelo que reparte funciones sin repartir responsabilidades. La mezcla de entes sociales y rectores fuera de lugar creó un sistema donde nadie controla el rumbo y todos justifican su existencia. Mientras la pobreza apenas empieza a moverse, seguimos sin una estructura capaz de sostener avances ni de rendir cuentas. Lo urgente no es sumar más organismos, sino exigir dirección, orden y resultados reales para las personas, no para la burocracia.
Costa Rica lleva décadas construyendo una red interminable de instituciones para “atender lo social”. Hoy son 13 sectores y 35 entes públicos que supuestamente deberían combatir pobreza, proteger a la niñez, asegurar vivienda, velar por derechos humanos, impulsar empleo y más. La pregunta es inevitable: ¿y los resultados?
La imagen lo deja en evidencia: estamos ante un sistema fragmentado, duplicado y sin responsables claros. Un rompecabezas institucional donde cada pieza depende de otra, pero ninguna responde por el cuadro completo. Y esa ausencia de rectoría no es casual: es estructural.
Veamos el detalle por sector a atender:
- Adulto Mayor:
- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Agro:
- Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
- Asuntos Indígenas:
- Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
- Derechos Humanos (DDHH):
- Defensoría de los Habitantes
- Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
- Discapacidad/Salud
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- Patronato Nacional de Ciegos (PANACI)
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Educación:
- Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Ministerio de Educación Pública (MEP)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Empleo:
- Agencia Nacional de Empleo
- Consejo Nacional de Salarios
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Financiamiento:
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
- Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
- Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)
- Mujeres:
- Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente
- Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Niñez/Juventud:
- Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
- Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Fondo de Desarrollo de la provincia de Limón (FODELI)
- Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC 4S)
- Pobreza:
- Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI)
- Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)
- Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)
- Seguridad:
- Ministerio de Justicia y Paz
- Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)
- Vivienda:
- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
- Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Y para terminar de completar el panorama además de esas 35 instituciones, hay que sumar a los rectores políticos y administrativos que —en teoría— deberían ordenar este desmadre: Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, MAG, JAPDEVA, Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura y Juventud. Y la pregunta obvia es qué hacen estos rectores metidos en este baile cuando sus funciones se enfocan en otro lado. Ahí es donde más fácil queda retratado que la política ha sido: ante un problema, inventemos una institución; si no funciona, inventemos otra. Y así llegamos a este punto.
Todos estos entes tienen poder de decisión, pero operan en una lógica donde la responsabilidad siempre se diluye.
Mientras tanto, la realidad es incómoda:
- La pobreza estuvo estancada por encima del 20% durante años.
- Ahora bajó, pero el Estado de la Nación advierte que no tenemos manera de saber si es sostenible.
- Y el sistema social sigue evaluándose por la cantidad de beneficios otorgados, no por cuántas personas dejan de necesitar los apoyos.
La consecuencia es obvia: El único problema económico que sí estamos resolviendo es el de los burócratas que operan estas instituciones, no el de las familias que quieren salir adelante.
Porque en un país tan pequeño, la fragmentación es más que un defecto de diseño: es una forma de evitar responsabilidades. Cada institución tiene objetivos, presupuestos y mandatos propios, pero nadie responde por los resultados finales. Nadie. Y sin responsables, no hay mejoras, no hay eficiencia y no hay justicia social verdadera.
Costa Rica necesita, con urgencia, una revisión profunda del sistema social.
No para crear más instituciones, sino para exigir:
- Rectoría real
- Coordinación efectiva
- Evaluación por resultados
- Responsables definidos
La pobreza no se combate con más logos. Se combate con decisiones claras, instituciones que funcionen y un Estado que rinda cuentas.
En Primera Línea seguiremos poniendo orden en el mapa.
Porque alguien tiene que hacerlo.
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