Emprender en Costa Rica suena simple.

Tenés una idea. Ahorrás. Te arriesgás. Y arrancás.

Pero en la práctica, el camino es muy distinto.

Esta es la historia real —basada en los procesos legales y regulatorios actuales— de lo que enfrenta una persona que quiere abrir un negocio en Costa Rica.

Y explica por qué, aunque el 97.5% de los negocios del país son MIPYMES, emprender sigue siendo una carrera cuesta arriba.

Todo empieza con una idea… y un lote

Imaginá que querés abrir un restaurante. Tenés una idea atractiva: mezclar comida japonesa con comida típica costarricense.

Decidís invertir tus ahorros y comprar un terreno. Pero ahí no empieza el negocio. Ahí empieza el proceso.

Trámites para comprar un lote en Costa Rica

Antes de siquiera construir, necesitas:

• Plano de catastro e informe del Registro Nacional
• Verificación de servicios (agua, electricidad, alcantarillado con AyA y CNFL)
• Uso de suelo aprobado por la municipalidad
• Alineamientos del MOPT o INVU (en ciertos casos)
• Viabilidad ambiental de SETENA (si aplica)

Y además:

• 1.5% del valor del terreno en traspaso
• 0.9% en impuestos y timbres
• ~2% en honorarios legales

¿Resultado? Antes de empezar, ya pagaste cientos de dólares y pasaste por múltiples instituciones.

Construir: más permisos, más costos

Ahora sí, ¿a construir? Todavía no.

Requisitos para construir en Costa Rica

• Contratar profesionales colegiados (arquitectos, ingenieros)
• Diseñar planos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios
• Registrar el proyecto en el CFIA (≈2% del valor)
• Obtener permisos municipales
• Revalidar disponibilidad de servicios
• Pagar impuestos municipales (hasta 1%)
• Pagar tasas como recolección de residuos

¿Resultado? Construir no es solo construir. Es navegar regulaciones, pagos y aprobaciones.

Crear la empresa: formalizar cuesta

Antes de operar, necesitas una sociedad.

Pasos para abrir una empresa en Costa Rica

• Comprar firma digital
• Pagar abogado para crear la sociedad
• Pagar timbres y registro mercantil
• Inscribirse en Hacienda
• Registrar accionistas ante el BCCR
• Pagar impuesto a personas jurídicas
• Pagar más trámites legales para abrir cuentas bancarias

Y esto no es opcional. Sin esto, no puedes operar formalmente.

El verdadero peso: impuestos y cargas sociales

Aquí es donde muchos emprendedores se frenan.

Impuestos en Costa Rica para empresas

Debes pagar:

• Impuesto sobre la renta (ISR)
• Impuesto al valor agregado (IVA)
• Timbres adicionales

Además:

Cargas sociales

• Hasta 18% si eres independiente
• ~26% adicional por cada empleado

Distribución aproximada:

• CCSS salud/maternidad: 14.75%
• Pensión (IVM): 4.75%
• FODESAF: 5%
• INA, IMAS, Banco Popular, otros

Y también:

• Seguro obligatorio del INS
• Patente municipal (0.15% – 0.35% de ventas)

¿Resultado? Contratar es caro, formalizar es caro, crecer es caro. Y puede que aun no hayas vendido un cinco.

Permisos para operar: la última barrera

Ya invertiste. Ya construiste. Ya pagás impuestos.

¿Ahora sí? Todavía faltan permisos clave.

Permisos para abrir un negocio en Costa Rica

• Permiso sanitario del Ministerio de Salud
• Licencia municipal (ej. licores)
• Registro en el ICT (si vas a atender extranjeros)
• Pago a ACAM por música 🎵

Y si necesitas vehículo 🚗:

• Hasta 80% en impuestos de importación
• Marchamo con múltiples cargas
• Revisión técnica obligatoria

El resultado: emprender en Costa Rica es caro y complejo

Después de todo ese proceso… El Estado puede llegar a capturar hasta 58.3% de la utilidad del negocio cada año (Doing Business 2020).

Y eso sin contar:

• Electricidad cara
• Infraestructura deficiente
• Cortes de agua
• Tramitología constante

¿Por qué es importante hablar de esto?

Porque hay una desconexión: Todos dicen apoyar a las MIPYMES. Pero el sistema está diseñado para dificultarles la vida.

Emprender en Costa Rica no falla por falta de ideas. Falla por exceso de fricción.

Conclusión: los emprendedores sostienen el país

A pesar de todo:

• Invierten
• Arriesgan
• Generan empleo
• Mueven la economía

Por eso, la conclusión es simple:

Los emprendedores son los verdaderos héroes nacionales

Costa Rica finalmente reconoció algo evidente: el mercado de medicamentos no está funcionando bien. Los precios son altos, la información es opaca y las barreras regulatorias dificultan que exista verdadera competencia.

El Expediente 23.234, aprobado en diciembre de 2025 y hoy convertido en la Ley de la República N.° 10.838, apunta en la dirección correcta. Busca fortalecer la competencia, mejorar la transparencia y ampliar el acceso. Permite la homologación de registros sanitarios extranjeros, habilita importaciones paralelas, incorpora mecanismos de información de precios y procura restringir prácticas que cierran el mercado.

Ese es el camino correcto.

Pero el problema nunca fue la falta de regulación.

El problema ha sido la rigidez del modelo regulatorio.

El diagnóstico es acertado

Durante años, el sistema ha operado bajo un esquema desproporcionadamente controlado, con procesos largos y costosos que elevan el precio final al consumidor.

Cuando registrar, importar o competir implica trámites complejos y validaciones redundantes, el resultado no es seguridad adicional: es menor competencia.

El proyecto reconoce esa realidad al abrir puertas a registros aprobados en otras jurisdicciones y al permitir importaciones paralelas. Esa señal es positiva: significa aceptar que Costa Rica no necesita reinventar la rueda cuando otras agencias regulatorias de alto estándar ya han hecho el trabajo técnico.

Eso es avanzar.

El problema no es la documentación

En materia de salud, exigir respaldo técnico no es un exceso: es responsabilidad. Para que un medicamento se comercialice en cualquier país serio, debe existir evidencia suficiente sobre calidad, seguridad y eficacia. Ese no es el corazón del debate.

El punto crítico no está en la documentación. Está en la arquitectura institucional que se creó para intervenir precios.

El verdadero riesgo: sustituir competencia por fijación

La Ley 10.838 busca promover competencia. Pero al mismo tiempo establece un mecanismo permanente para intervenir precios mediante una comisión especializada.

Y ahí surge la pregunta clave:

¿Puede un mercado volverse más competitivo si el precio pasa a depender de una instancia administrativa?

Más delicado aún: si quienes participan en esa instancia provienen del mismo sector regulado, el riesgo no es técnico, es estructural. La experiencia internacional demuestra que cuando el regulador y el regulado se mezclan, la competencia no se fortalece: se administra.

Costa Rica ya conoce este modelo. El funcionamiento del CTP ha mostrado cómo una estructura donde confluyen intereses del sector puede terminar afectando al usuario final, distorsionando incentivos y dificultando ajustes eficientes en precios y oferta.

Eso no necesariamente implica corrupción. Implica algo más sutil y más frecuente: captura regulatoria.

La señal que enviamos

Si el mensaje es que el mercado necesita abrirse, entonces el énfasis debería estar en eliminar barreras de entrada y simplificar reglas, no en consolidar un órgano permanente para decidir precios.

Porque cuando la competencia es real, los precios se corrigen por entrada de nuevos oferentes.

Cuando no lo es, terminamos dependiendo de una mesa técnica para “ajustarlos”.

El debate no es documentación sí o no.

El debate es si queremos más mercado o más administración del mercado.

El nuevo arancel del 15 % impuesto por Estados Unidos no es solo una fricción comercial: es un recordatorio incómodo de la fragilidad de nuestro modelo económico. Durante décadas apostamos a una relación preferencial con un único socio, convencidos de que esa cercanía bastaba para blindarnos. Hoy vemos el costo de esa excesiva dependencia: cuando Washington estornuda, Costa Rica tiembla.

El golpe no llega por sorpresa. Mientras otros países diversificaron mercados, modernizaron su logística y redujeron costos estructurales, Costa Rica avanzó poco o nada. Seguimos con una electricidad 75 % más cara que la estadounidense, trámites que restan competitividad, y cuellos de botella que vuelven más caro cada minuto que un producto tarda en salir del país.

No es extraño que, en un contexto geopolítico más duro, el desbalance comercial se convierta en un arma. Y esta vez nos tocó estar del lado débil.

Pero esta crisis arancelaria revela algo más profundo: un país con competitividad estancada, instituciones lentas para responder al entorno internacional y un modelo que ha dejado de ser resiliente ante choques externos.

El problema no está solo en Washington; está aquí mismo, en nuestra incapacidad de ajustar el rumbo a tiempo.

La salida requiere más que diplomacia. Implica abrir el mercado eléctrico, reducir costos que hoy asfixian la producción, y acelerar las mejoras en infraestructura, aduanas y rutas estratégicas. Implica también reconfigurar las cadenas de suministro para incorporar insumos provenientes de EE.UU., y fortalecer a los proveedores locales para que logren encadenarse a sectores de mayor valor.

Y, sobre todo, significa dejar atrás la complacencia. El comercio también se defiende con geopolítica: ampliando alianzas, diversificando inversión extranjera y actuando con visión estratégica en un mundo donde la economía y la política ya no están separadas.

Este arancel no es una catástrofe, pero sí una advertencia.

Podemos tratarlo como un incidente pasajero o reconocerlo por lo que realmente es: una señal de que Costa Rica necesita modernizar su estructura productiva si quiere seguir jugando en las grandes ligas. La decisión, como siempre, es nuestra.