Los estudios generales (en latín, studia generalia) son la institución de la que surgieron las primeras universidades en la cristiandad latina (un espacio a grandes rasgos coincidente con Europa occidental). Desde la Alta Edad Media, tras el breve período en que funcionó la escuela palatina carolingia, existían las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias, que servían para la formación del clero. A falta de otras instituciones educativas, también acudían a ellas los seglares que deseaban instruirse.

En Costa Rica, Rodrigo Facio y su equipo de trabajo introdujeron, a mediados del siglo pasado, una reforma que incluía los Estudios Generales (humanidades) como parte del plan de estudios universitarios, constituyendo un conjunto de cursos basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo del pensamiento crítico.

Cabe destacar que el humanismo es la reflexión sobre el ser humano y su condición en el mundo.

Todo ello —nos recuerdan sus documentos fundacionales— con el fin de buscar de manera permanente y libre la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia. 

En esta línea, la educación general y humanística buscaba contribuir a formar profesionales sensibles, no sólo bien preparados en un área específica del conocimiento, sino también capaces de contribuir, de manera reflexiva y crítica, a desarrollar un mundo más digno para los seres humanos. Por otra parte, en lo específico, su implementación buscaba solventar algunas carencias que, desde entonces, se percibían en la enseñanza secundaria.

Algunas reflexiones

Con toda sinceridad, considero que, después de más de medio siglo de existencia, los estudios generales han sido una herramienta útil para el cumplimiento de las expectativas académicas de sus ilustres fundadores. Su implementación coincidió con la llegada de célebres educadores extranjeros, entre los más connotados, los filósofos españoles Constantino Lascaris y Teodoro Olarte. Con el tiempo, grandes pensadores locales como Guillermo Malavassi, Francisco Antonio Pacheco, Roberto Murillo, Nini Chinchilla, Vladimir de la Cruz, Isaac Felipe Azofeifa y Luis Fernando Fauaz han dejado, a su vez, su propia impronta.

Su desarrollo, sin embargo, se ha visto envuelto en una lucha de contrastes. Siguiendo a Agustín Laje, la modernidad se caracteriza como un contexto sociohistórico cuyas notas distintivas, íntimamente interrelacionadas entre sí, están marcadas por un proceso de racionalización creciente que llevó al mercado, en la economía; al Estado Burocrático, en la política; y a la racionalización pluralista, en la cultura.

La cultura ha llegado a ser el botín principal del poder, lo que ha llevado a apoderarse de las cátedras universitarias con la intención de convertirlas en centros de adoctrinamiento marxista-leninista, a pesar de ser una ideología marcada por cien años de fracasos y cien millones de muertos.

Luego del estrepitoso descalabro del socialismo real en la URSS, Cuba, la RDA y algunos países africanos, los neomarxistas reinstalaron su narrativa, ahora a través del control de múltiples “istmos” como el ambientalismo, el feminismo, el indigenismo y la ideología de género, de la mano de pensadores como Antonio Gramsci, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Michel Foucault.

Si bien los estudios generales procuran, en esencia, la universalidad del conocimiento humano, considero que, en la práctica, muchos alumnos fuimos inundados de teorías fracasadas y generadoras de pobreza, sin el necesario contrapeso.

De esta manera, autores como Louis Althusser, Marta Harnecker y Eduardo Galeano llenaron nuestras cabezas de narrativa corporativista y de sociedades centradas en el gasto y no en la productividad, sin que sus tesis fueran acompañadas de posiciones distintas como las de Karl Popper, Adam Smith, Frederick Hayek y, por qué no, la pensadora liberal más influyente de todos los tiempos, Ayn Rand.

Ayn Rand y “La rebelión de Atlas”.

Nacida rusa como Alisa Zinóvievna Rosenbaum (San Petersburgo, 1905-Nueva York, 1982), Ayn Rand fue historiadora, filósofa y escritora nacionalizada estadounidense, país al que emigró a los 21 años.

Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez-faire, argumentando que este último es el único sistema económico que permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En consecuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión.

Desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo, cuyos principios sostenían que el hombre debe elegir sus valores y acciones mediante la razón; que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificar a otros para sí; y que nadie tiene derecho a obtener valores de otros recurriendo a la fuerza física.

Finalmente, Ayn Rand es autora de novelas como “El manantial” y su obra más importante, “La rebelión de Atlas”(1957), por la que muchos individuos confiesan haber llegado a ser libertarios.

El libro narra la decadencia de los Estados Unidos como consecuencia del excesivo intervencionismo del gobierno. Esta obra divide la fibra social del país en dos clases: la de los “saqueadores” y la de los “no saqueadores”.

• Los saqueadores están representados por la clase política (místicos del músculo) y los cultos religiosos(místicos del espíritu) que piensan que toda actividad económica debe estar regulada y sometida a una fuerte imposición fiscal.
• Los no saqueadores son emprendedores, capitanes de empresa e intelectuales que consideran que la solución está justamente en todo lo contrario.

En el espíritu inclusivo de los Estudios Generales, cuyos documentos fundacionales aspiran a propiciar “de manera reflexiva y crítica, un mundo más digno para los seres humanos”, lamento no haber conocido esta obra en 1973, cuando inicié mis estudios en la UCR, o al menos haber leído el capítulo II, parte 2, “La aristocracia del pillaje”.

En él, la autora nos presenta la riqueza como la capacidad del hombre de pensar y el dinero como su instrumento. Pero también nos advierte con la siguiente reflexión:

“Cuando adviertes que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; (…) entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

Admito que los cantos de sirena del marxismo populista embelesan a los jóvenes, y yo no fui la excepción. Beber de las revistas cubanas Bohemia y Verde Oliva, Le Monde Diplomatique y sin el debido contrapeso libertario fue difícil. Por suerte, pude beber posteriormente de otras fuentes, y hoy comparto lo que anota aquella famosa frase atribuida a Churchill:

“Quien no es de izquierda de joven no tiene corazón. Quien no es de derecha de adulto no tiene cerebro”.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

La reciente denuncia de la diputada Rosaura Méndez, quien ha sido objeto de ataques mediante la difusión de una fotografía en redes sociales donde aparece dormida en el Plenario, nos invita a reflexionar sobre el uso adecuado de las normativas que condenan la violencia política por razón de género. Es esencial abordar este tema con la seriedad que merece, diferenciando entre verdaderos actos de violencia de género y situaciones que, aunque reprochables, no encajan en esta categoría.

Violencia política de género

La violencia política contra las mujeres es una realidad que obstaculiza su participación plena en la vida pública. Esta forma de violencia se manifiesta en acciones que buscan menoscabar, anular o restringir los derechos políticos de las mujeres, basándose en estereotipos de género y prácticas discriminatorias. La Ley N.° 10235 de Costa Rica, titulada “Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política”, tiene como objetivo garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en un entorno libre de violencia y discriminación.

Esta legislación es resultado de un esfuerzo significativo de la sociedad costarricense para promover la igualdad de género y asegurar que las mujeres puedan participar en la política sin temor a represalias o agresiones. La correcta aplicación de esta ley es esencial para proteger a las mujeres de actos de violencia política de género.

La denuncia de Rosaura Méndez: ¿Violencia de género o crítica política?

En este caso, la diputada Rosaura Méndez ha denunciado ser víctima de violencia política de género tras la difusión de la imagen mencionada. Ciertamente, cualquier ataque personal que busque menospreciar o dañar la dignidad de una persona es condenable. No obstante, es necesario analizar si este incidente se ajusta a lo que la ley define como violencia política de género.

La Ley N.° 10235 establece que esta forma de violencia incluye acciones destinadas a forzar la renuncia de una mujer a su cargo, afectar su integridad personal o perjudicar su reputación con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus derechos políticos. En este contexto, resulta pertinente evaluar si la difusión de la fotografía de la diputada Méndez tuvo como propósito socavar su participación política por su condición de mujer, o si se trató de una crítica política que, aunque cuestionable, no constituye violencia de género.

Personalmente, considero que independientemente del género, una imagen similar de un legislador varón habría provocado una reacción comparable en la opinión pública.

El riesgo de la banalización

Utilizar las normativas diseñadas para proteger a las mujeres como herramienta para justificar situaciones que no corresponden a la categoría de violencia de género puede tener consecuencias negativas. En primer lugar, se corre el riesgo de banalizar la gravedad de la violencia de género, restándole importancia a las situaciones que realmente ponen en peligro la integridad y vida de las mujeres.

En segundo lugar, este uso indebido puede generar la percepción de que las leyes de protección son empleadas de forma oportunista, lo que afectaría la credibilidad de futuras denuncias legítimas.

Por ello, es fundamental que las instituciones responsables de aplicar estas normativas realicen un análisis riguroso de cada caso. Esto asegura que la ley se utilice en situaciones reales de violencia de género, protegiendo así su integridad y garantizando que los recursos disponibles se destinen a quienes verdaderamente lo necesiten.

La importancia de un sistema judicial eficiente

El sistema judicial costarricense enfrenta diversos desafíos, como la sobrecarga de casos y la limitada disponibilidad de recursos. Presentar denuncias que no cumplen con los criterios para ser consideradas violencia de género puede contribuir a la saturación del sistema, dificultando la atención oportuna de casos verdaderamente críticos.

Es responsabilidad de los actores políticos y sociales utilizar las herramientas legales de manera responsable, evitando denuncias superfluas que desvíen la atención de situaciones urgentes. Un sistema judicial eficiente es aquel que responde de forma efectiva a las necesidades de la población, pero esto solo es posible si las normativas se aplican con rigurosidad y coherencia.

La delgada línea entre la crítica política y la violencia de género

En una sociedad democrática, la crítica política es un componente esencial del debate público. Los funcionarios públicos están sujetos a la evaluación ciudadana, lo que fortalece la democracia. Sin embargo, es vital distinguir entre una crítica legítima y una agresión basada en estereotipos de género.

La crítica debe enfocarse en las acciones, decisiones y posturas de los actores políticos, evitando los ataques personales que perpetúan la discriminación de género. Cuestionar la gestión de una diputada por su desempeño legislativo es válido; sin embargo, atacar su apariencia física o su vida personal con base en estereotipos es inaceptable.

Conclusión

La protección contra la violencia política de género es un logro significativo en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, para preservar su efectividad, es imprescindible que estas normativas se aplique

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Esta semana, el presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho Chavarría, ordenó a su fracción legislativa frenar la discusión del proyecto de Ley de Armonización del Mercado Eléctrico Nacional (expediente 23.414). Este proyecto busca abrir el mercado eléctrico costarricense y reducir el control monopólico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), promoviendo una mayor eficiencia y competitividad en el sector energético del país.

Sancho advirtió a los diputados liberacionistas que no deben repetir “el error del año 2000 con el combo del ICE” y pidió una pausa en las enmiendas hasta lograr un consenso partidario y abrir consultas con sectores sociales. 

Es decir, el PLN prefiere meter el freno de mano antes de permitir que el país avance hacia un modelo energético más moderno y competitivo.

Pero, ¿es realmente una preocupación por los intereses nacionales lo que mueve al PLN? ¿O estamos ante un nuevo episodio de su ya tradicional defensa de un modelo obsoleto, con claros tintes electorales de clientelismo político? La historia demuestra que este partido ha hecho de la parálisis y la resistencia al cambio una doctrina de gobierno.

Hoy, al intentar bloquear la modernización del sector eléctrico, lo único que logra es condenar a Costa Rica al rezago y a los altos costos energéticos que afectan tanto a ciudadanos como a empresas.

El PLN y su visión retrógrada del sector eléctrico

La necesidad de modernizar el mercado eléctrico en Costa Rica no es un capricho ni una ocurrencia aislada. Se trata de un paso necesario para garantizar la competitividad del país y mejorar la calidad del servicio para los consumidores. Sin embargo, el PLN, como de costumbre, sigue viendo el desarrollo con nostalgia, como si fuera una amenaza en lugar de una oportunidad.

No es la primera vez que el PLN actúa como un dique de contención contra reformas estructurales necesarias. Lo hizo en el pasado con la apertura de las telecomunicaciones, cuando auguraban el colapso del ICE si se permitía la competencia. Hoy, el ICE sigue operando y ofreciendo servicios, pero con una mejora sustancial en calidad y precios gracias a la presión competitiva.

Lo mismo sucederá con la electricidad: un mercado más abierto no significará el fin del ICE, sino su evolución hacia un modelo más eficiente y orientado al usuario.

El argumento de que este proyecto podría “afectar al ICE” es falaz. Lo que realmente preocupa a ciertos sectores dentro del PLN es la pérdida del control político sobre una de las instituciones más grandes del país.

Un ICE fortalecido, pero en un entorno de competencia, ya no podría ser utilizado como plataforma de poder para colocar fichas partidarias ni mantener estructuras clientelistas con dinero público. Y ahí radica la verdadera resistencia del PLN.

Los beneficios de la modernización energética

La apertura del mercado eléctrico permitiría a Costa Rica avanzar hacia un modelo más eficiente, con precios más competitivos y un sistema más robusto y diversificado.

1. Reducción de costos para los consumidores

La competencia en el mercado eléctrico obligará a los proveedores a optimizar sus operaciones y reducir sus tarifas, beneficiando a hogares y empresas.

2. Mejor calidad del servicio

En un entorno competitivo, las empresas eléctricas deberán ofrecer un mejor servicio para retener a sus clientes, incentivando la inversión en infraestructura y tecnología.

3. Impulso a las energías renovables

Un mercado más dinámico facilitará la incorporación de nuevas fuentes de energía limpia, acelerando la transición hacia un sistema energético más sostenible.

4. Mayor innovación

La competencia impulsará la adopción de nuevas tecnologías, como redes inteligentes y almacenamiento de energía, mejorando la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico.

Estos beneficios no son una teoría ni una especulación; son realidades probadas en múltiples países que han decidido modernizar sus mercados eléctricos, logrando mayor eficiencia sin comprometer la seguridad energética.

¿Defender al ICE o al statu quo?

Es importante dejar algo claro: la modernización del sector eléctrico no significa la desaparición del ICE. Por el contrario, representa una oportunidad para que la institución evolucione y se fortalezca. Un ICE eficiente, competitivo e innovador puede ser un actor clave en el nuevo modelo energético del país, pero debe hacerlo sin depender de un monopolio artificial que solo encarece la energía y perjudica a los consumidores.

El PLN no está defendiendo al ICE. Está defendiendo su modelo de control, su influencia política y su resistencia al cambio. 

La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo permitiremos que los intereses de un partido frenen el desarrollo del país?

Conclusión: el PLN y su obsesión con el retrovisor

La posición del PLN es una prueba más de su desconexión con la realidad económica del país y con las necesidades de los costarricenses. En lugar de liderar una transformación que asegure un sector eléctrico más eficiente, confiable y sostenible, el PLN opta por mirar al pasado y aferrarse a un modelo que ya no responde a las exigencias del presente.

Costa Rica necesita avanzar, no seguir atrapada en la inercia de quienes temen al futuro. La apertura del mercado eléctrico no es una amenaza; es una oportunidad para construir un sistema más robusto, asequible y competitivo.

La pregunta es: ¿permitiremos que el PLN siga dictando las reglas del juego en beneficio de su maquinaria política, o daremos el paso necesario para liberar el potencial energético del país?

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