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Ambiente

AyA: El Desastre que Padecemos

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Tiempo de lectura: 6 min

 

RESUMEN

Años de proyectos fallidos, falta de visión estratégica, baja capacidad de ejecución y escaso mantenimiento de la infraestructura han llevado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por la senda de la ineficiencia y de la incapacidad. Es hora de plantear un cambio sustancial con el fin de garantizar un servicio de calidad, a largo plazo.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está en la mira de todos, desde hace meses, por sus evidentes problemas de gestión, la flamante corrupción que campea en sus pasillos y la incapacidad para atender las necesidades de la población, en forma correcta.

El problema del agua contaminada en los cantones de Moravia, Tibás, Coronado y Goicoechea es tan solo otro capítulo que pone de manifiesto la enorme incapacidad de esta institución para garantizarnos un buen servicio, a largo plazo.

¡Para muestra un botón! Una institución que ha tenido cinco presidentes ejecutivos en menos de cuatro años y cinco gerentes, desde 2017, no puede encontrar su rumbo.  Esto, inclusive, es de conocimiento de muchos funcionarios de AyA, que, desde adentro y con la evidente necesidad de anonimato, comentan lo que ocurre.

En línea con lo expuesto, procederemos a compartir las impresiones de  “Marlon” (nombre ficticio que le daremos a un funcionario de AyA) quien quiso transmitir, desde su experiencia, lo que sucede allí y poner en evidencia lo que la falta de toma de decisiones, poca capacidad de adaptación y nula visión para detectar las amenazas, han provocado en la institución desde la década de 1980.

Es claro que no todo es malo ya que Costa Rica destaca por tener una muy buena cobertura en el servicio de agua potable.  Sin embargo, este es el resultado de decisiones que se tomaron décadas atrás, y que aún dan réditos, y no del planeamiento reciente.  

Manifiesta Marlon en la entrevista que concedió en exclusiva para Primera Línea:

“Es una institución que hoy por hoy está deteriorada por cualquier lado que se le mire, o sea, déficit en la operación, en la calidad del servicio, interrupciones en el servicio, proyectos paralizados, sobrecostos en los proyectos, en saneamiento muy mal”.

En línea con lo indicado, no hay imagen que describa mejor la situación actual del AyA que la de un tubo lleno de fugas, a punto de reventar.  Y es que, lamentablemente, no es una expresión en sentido figurado, únicamente, sino que describe una situación que es real.

Una tubería a punto de reventar

En efecto, el sistema de agua potable en Costa Rica tiene pérdidas por encima del 50% del agua que se produce para consumo humano.  Sobre el particular, Marlon aclara que si bien es cierto ningún país tiene 0% de pérdidas en el sistema, los que mejor hacen su tarea han logrado llevar este indicador al menos a un 25%. 

“Unas son las pérdidas físicas y otras son las pérdidas comerciales, entonces, las pérdidas físicas es lo que la gente más ve en la calle. Tuberías que están sumamente deterioradas y que, por tener, por ejemplo, un grosor inadecuado, problemas con la presión, falta de mantenimiento, fugas en los medidores, fugas en las conexiones, eso es lo que la gente normalmente ve”, explicó.

Las pérdidas comerciales, en cambio, son aquellas relacionadas con prácticas de robo de agua o de conexiones informarles al sistema, como ocurre en lugares como La Carpio, donde la gente se conecta ilegalmente a fuentes públicas, y, por ende, no paga por ese consumo de agua. 

“El hecho de que (el agua) sea un derecho humano no quiere decir que se tenga que regalar (…), o si se regala a un determinado sector, no se debe cargar a los usuarios que sí pagan el servicio, sino que lo debería pagar el Estado costarricense, pues es un tema de política pública”, apuntó.

Proyectos fallidos y falta de mantenimiento

La situación anteriormente descrita se agrava por la falta de mantenimiento de los sistemas y el hecho de que proyectos como el que busca reducir las pérdidas físicas y comerciales, no avanzan al ritmo que deberían hacerlo.  Veamos:

1. El parque de medidores se encuentra obsoleto, lo que hace que en algunos casos haya subregistro del consumo mientras que en otros casos más bien existe sobreregistro.

2. No existe un adecuado programa de mantenimiento de las tuberías, que haga trabajos preventivos en las conexiones, reemplace tuberías viejas y avance en un mejor sistema de detección de fugas (recordemos que muchas de ellas no están a la vista). 

3. Los sistemas de AyA colapsan fácilmente por temas climáticos o por factores externos, como puede ser la contaminación que enfrentamos recientemente. Cuando esto sucede, la solución inmediata de la entidad es enviar cisternas para suplir las necesidades de agua de la gente pero, para Marlon, esta es la opción más costosa. 

“Hay diferentes formas de aumentar la disponibilidad de agua en un sistema. La más cara de todas es el camión cisterna. La más barata de todas es recuperar el agua no contabilizada. Es del orden de siete veces más caro usar cisternas que invertir en recuperar el agua no contabilizada”.

4. No se ha avanzado nada en el proyecto para reducir las pérdidas comerciales a pesar que, de acuerdo con Marlon, desde 2008 existe un crédito formalizado para tales efectos. 

“Uno esperaría que por lo menos, en todos estos años, al menos en 10 puntos porcentuales ya debería haber bajado ese indicador (de pérdidas en relación con el agua producida para consumo humano). Pero no ha bajado, ¿Por qué? Porque el proyecto no ha avanzado. Entonces, idealmente, uno pensaría que llevarlo un 35% en unos 5 años debería ser una meta trazable y ya lista”, indicó. 

Falta de planeamiento e inversiones

A todos los problemas ya enumerados, se suma otro aspecto medular: la falta de planeamiento y de ejecución de las inversiones que se requieren.  El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no solo ha demostrado una enorme lentitud para determinar cuáles proyectos necesita desarrollar, sino que tarda muchísimo tiempo planificándolos y poniéndolos en marcha

“Tiene que haber un diagnóstico de todos los territorios del país, de todas las regiones, de cuál es la demanda actual, cuál es la demanda futura, cuáles son las fuentes disponibles. Es medir esa oferta hídrica con esa demanda potencial. Luego se planifica cuáles son las obras de infraestructura para poder enlazar esas fuentes con la demanda, pero eso AyA lo ha descuidado por décadas”. 

“La cartera de proyectos del AyA se compone de proyectos que fueron determinados hace más de veinte años como necesarios, producto de un plan maestro que en su momento se hizo. Como se ha descuidado ese plan maestro lo que se han hecho son prácticamente parches, improvisaciones”, agregó.

Lo anterior provoca que, en muchos casos, la necesidad que se había detectado empeore, lo cual ocasiona que los diseños se vuelvan obsoletos.  A esto se suma, además, una bajísima capacidad de ejecución, producto de una serie de trabas burocráticas. 

“La burocracia institucional no permite que los proyectos se hagan con agilidad. La estructura jerárquica del AyA está llena de jefes, son un montón de islas, de feudos. Eso ocasiona que un proyecto tenga que pasar por más o menos veinte departamentos para poderse llevar a cabo. Entonces, nadie es el dueño, nadie es el responsable del proyecto, y todo el mundo siempre se inventa procedimientos y procesos nuevos, que al final de cuentas ocasionan retrasos”, explicó. 

¿Sobrecostos y corrupción?

La falta de capacidad a la hora de ejecutar los proyectos conlleva otro gravísimo problema:  sobrecostos y encarecimiento producto de los aumentos en los precios de los materiales y la mano de obra.

Por otra parte, el mercado de empresas constructoras en nuestro país es reducido y, por lo general, los proyectos son adjudicados a las mismas tres.  Por esta razón, existen rumores de que hay corrupción y de que existe un acuerdo, entre dichas empresas, para cobrar precios más altos y alternarse los contratos.  De esta manera las empresas siempre ganan y el AyA siempre termina pagando de más.

“Los contratos están hechos a la medida. Tendríamos que hacer proyectos más grandes, más atractivos, para que lleguen empresas de afuera y se elimine ese problema”, agregó.

“Una cirugía a corazón abierto”

En resumen, lo que el AyA necesita es una “cirugía a corazón abierto”.  Años de falta de visión estratégica, escaso diagnóstico, atrasos en la ejecución de los proyectos necesarios, falta de mantenimiento de la infraestructura básica y corrupción han dado al traste con los réditos obtenidos durante las primeras décadas de su creación. 

Es tiempo de plantear una reestructuración integral de la institución donde la calidad de los servicios, la satisfacción del cliente, la modernización de la institución y el servicio de calidad sean los ejes medulares de su funcionamiento.


Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Periodista y profesor de la Universidad de Costa Rica con 20 años de experiencia. Corresponsal de Agencias Internacionales en Estados Unidos, China y Centroamérica. Apasionado del periodismo de investigación, la docencia y todo lo que sea conocer y aprender.

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Ambiente

El país discute mientras la basura avanza

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RESUMEN

La basura avanza mientras las instituciones discuten. Resolver la crisis exige dejar atrás el pleito y adoptar un sistema moderno que reduzca residuos, impulse la economía circular y convierta la gestión de desechos en una política seria, no en una disputa interminable.


Costa Rica está atrapada en una discusión que no resuelve nada mientras la basura sigue acumulándose. El nuevo reglamento del Ministerio de Salud busca ordenar un sistema que hace años perdió rumbo, pero la respuesta inmediata fue un choque institucional que desvía la atención del problema central: los residuos crecen más rápido que nuestra capacidad para gestionarlos.

La Procuraduría defiende la urgencia de las normas; las municipalidades alegan falta de recursos y capacidad operativa. Ambas posiciones tienen elementos válidos, pero ninguna evita la realidad más evidente: la basura no espera.

Cada día que el país dedica a pelear por competencias en lugar de actuar, el costo ambiental, sanitario y financiero aumenta.

Superar este estancamiento exige más que un reglamento y más que voluntad política. Implica reconocer que Costa Rica necesita un modelo moderno de economía circular, alianzas público–privadas que permitan innovar, y tecnologías que vuelvan eficiente una tarea que hoy es cara, fragmentada e ineficaz.

Los países que han avanzado no lo hicieron discutiendo quién debe recoger la basura, sino construyendo sistemas que la reducen, la clasifican y la transforman.

La pregunta no es quién gana la disputa legal, sino quién asume el liderazgo para que el país deje de reaccionar y comience a planificar. En la gestión de residuos, quedarse en el ring es perder tiempo; apostar por soluciones integrales es recuperar el futuro. Porque cuando la institucionalidad se empantana, la basura —y sus consecuencias— no se detienen.

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Crucitas: el costo de la inacción

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RESUMEN

Costa Rica enfrenta en Crucitas una prueba que expone el fracaso de prohibir en lugar de gobernar. La ausencia de un marco legal para una actividad que de todas formas ocurre permitió que el crimen organizado ocupara el territorio, destruyera los ecosistemas y convirtiera el oro en un motor financiero ilegal. La salida no está en más prohibiciones, sino en recuperar el control con seguridad jurídica, lineamientos ambientales estrictos y una formalización responsable que detenga el daño y rompa el vínculo entre minería ilegal y mafias regionales.


Costa Rica enfrenta en Crucitas una de sus contradicciones más dolorosas: en nombre de la protección ambiental elegimos un modelo que terminó destruyendo justamente aquello que buscábamos preservar. La prohibición absoluta de la minería formal —celebrada en su momento como una victoria moral— solo abrió la puerta a la anarquía, mientras quienes promovieron esa narrativa hoy guardan silencio frente al colapso ambiental que dejaron atrás.

El vacío institucional no detuvo la extracción; la dejó sin reglas.

Y en ese espacio crecieron redes que arrasan con los bosques, contaminan con mercurio y cianuro, destruyen suelos y ríos, y se llevan el oro sin dejar un solo beneficio para las comunidades. Pero lo más grave es que esa actividad ilegal se convirtió en un motor financiero del crimen organizado: narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero florecen donde el Estado renunció a gobernar.

Crucitas ya no admite eufemismos ni parches. Recuperar el territorio no es un debate ideológico, es una urgencia nacional.

La única salida realista es establecer un marco jurídico y ambiental de primer nivel que permita una explotación responsable, regulada y supervisada. Solo formalizando la actividad podremos detener el desastre ecológico, cortar el flujo de recursos a las mafias y restituir soberanía en una zona que hoy pertenece, de facto, a quienes operan fuera de la ley.

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El mito de la energía limpia en Costa Rica

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RESUMEN

Costa Rica enfrenta una contradicción profunda entre la imagen verde que proyecta y la realidad energética que sostiene su economía. La dependencia del petróleo frena nuestro desarrollo, compromete recursos públicos y nos aleja de la soberanía que tanto proclamamos. La discusión urgente no es sobre defender el modelo actual, sino sobre modernizarlo: asumir nuevas tecnologías, diversificar la oferta y planificar un sistema capaz de acompañar el crecimiento del país. El reto no es ambiental; es estratégico. Y aplazarlo solo encarece el futuro.


Costa Rica lleva décadas vendiéndose al mundo como un país verde, pero nuestra matriz energética cuenta otra historia. Detrás del discurso ambiental sofisticado —y del marketing que tanto repetimos— se esconde un dato incómodo: el 65 % de toda la energía que consumimos proviene del petróleo.

La electricidad, que sí es mayoritariamente renovable, representa apenas un 35 %, una proporción que no alcanza para sostener la vida moderna ni para respaldar un crecimiento económico de apenas 3 % anual sin caer, una y otra vez, en combustibles fósiles.

La ironía es grande: mientras presumimos liderazgo ambiental, hemos gastado ₡408.000 millones en solo diez años importando energía o quemando diésel y búnker para suplir la demanda. Un país que se autoproclama ejemplo mundial no puede depender de prácticas que contradicen su propio relato. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Y seguiremos haciéndolo si no rediseñamos nuestro sistema energético con la misma seriedad con la que se diseñan las campañas de imagen.

Porque el problema no es solo de narrativa; es de estructura. Represas y geotermia, por más valiosas que sean, no podrán sostener el consumo futuro. Y mantener el modelo actual nos condena a pagar más, contaminar más y depender más de fuentes externas. La soberanía energética no se logra con discursos inspiradores ni con fotos de bosques: se logra con decisiones tecnológicas audaces.

Eso implica una combinación de apuestas estratégicas: electrificar el 100 % de la flota liviana, usar gas natural local como solución de transición para el transporte pesado —más limpio y hasta cuatro veces más barato que el diésel— e incorporar tecnologías modernas como los Reactores Modulares Pequeños, capaces de ofrecer electricidad estable 24/7, segura y competitiva, algo que hoy no podemos garantizar.

La verdadera pregunta es si queremos seguir disfrutando del prestigio verde mientras nuestra realidad se deteriora, o si estamos listos para construir un modelo energético que realmente esté a la altura del país que decimos ser. Porque por más bonita que sea la narrativa, la energía no se genera con slogans.

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