En febrero de este año, se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el Expediente 24337 del diputado Jonathan Acuña, el cual impedirá que el monto por deuda política se triplique respecto a las últimas elecciones de 2024. Comparto la preocupación que llevó al diputado a la presentación de la iniciativa, pues no tiene sentido un aumento de esa magnitud en momentos donde las políticas de reducción del gasto público afectan directamente la inversión social del Estado.  A pesar de ello, cabe preguntarse:  ¿la deuda política no es algo más que un simple gasto?  Podemos ir más allá:    ¿el método para asignarla puede mejorarse para que ayude a lograr el fin por el cual existe?

“Poderoso caballero es Don Dinero” cierra cada verso de un poema en forma de letrilla satírica que Francisco de Quevedo (1580-1645) escribió en el Siglo de Oro español.  En una de sus estrofas dice:

“y, pues él rompe recatos, y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don Dinero.”

Aunque en la sátira de Quevedo se destaca el poder de Don Dinero para condicionar y torcer voluntades, ese poder puede usarse a favor de los propios fines de la deuda política, brindando oportunidades. 

Existen temas que deben discutirse respecto al financiamiento de partidos políticos y las cuales deben ir más allá de limitar el crecimiento.  

Cómo funciona la deuda política

¿Cuánto es el monto a asignar? 

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 96 que la contribución estatal al proceso electoral será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. También detalla la constitución que la ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Es por ello que en el periodo previo al inicio de la campaña de los últimos procesos electorales los diputados han modificado el monto a destinar.

Para las elecciones del año 2026, gracias a la aprobación del proyecto N° 24337, el monto destinado a dicho proceso electoral será del 0,11% del PIB. Cabe aclarar que este porcentaje pudo haber sido el 0,085% de haberse aprobado la propuesta original que se presentó en su momento.

¿Quiénes tienen acceso  a la deuda política?

Los partidos políticos debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones deben cumplir dos condiciones esenciales para acceder a los fondos: 

• Haber participado en elecciones nacionales (elección presidencial o para diputados a nivel nacional o provincial)  
• Haber recibido al menos el 4% de los votos en el nivel que hayan participado (nacional o provincial) o bien, haber elegido al menos un diputado. 

Posterior a ello, para recibir el dinero los partidos deben justificar ante el TSE mediante comprobantes que cumplan con los requisitos establecidos, aquellos gastos administrativos, para capacitación o de campaña. Además, los partidos deben presentar informes financieros que demuestren el uso correcto de los recursos.

¿Cómo se distribuye el monto de deuda política entre los partidos?

Hasta aquí tenemos un monto total y, por otra parte, un conjunto de partidos que cumplieron con los requisitos de acceso a deuda política.  Inicia entonces un proceso independiente para asignar ese monto y que utiliza los dos procedimientos anteriores (definición del monto y de cuáles partidos tienen derecho al financiamiento).

El artículo 90 del Código Electoral establece el procedimiento para la distribución del aporte a través de dos pasos:

• Se obtiene un costo o valor en dinero por voto, tomando el monto total de la contribución y dividiéndolo entre la suma de todos los votos válidos obtenidos por los partidos con derecho a financiamiento (votos tanto de la elección presidencial como de la de diputados).
• Teniendo el valor por voto, cada partido obtendrá como máximo el dinero que resulte de multiplicar votos válidos por el valor en dinero por voto definido en el paso anterior.

Del primer punto se infiere que cuantos menos votos válidos haya, mayor será el valor por voto, por lo que el nivel de participación de los votantes no afecta el monto de contribución estatal.  Por otra parte, si se disuelve el porcentaje de la votación entre muchos partidos que no llegan al 4%, también subirá ese valor monetario por voto.

Decimos “obtendrá como máximo” un monto de dinero ya que lo que se reciba en términos efectivos depende de la liquidación de gastos electorales y su correspondiente verificación por parte del Tribunal.

Crisis del sistema de partidos

El sistema de partidos políticos enfrenta un deterioro que me atrevería a calificar de alta letalidad, pues el auge de la política personalista amenaza con sustituir este sistema y todo el entramado institucional de la democracia costarricense. Esto no sucede por arte de magia, sino que es producto de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema político democrático ante la incapacidad del mismo por proveer soluciones a los problemas públicos. 

Pero ¿por qué son importantes los partidos políticos? ¿Por qué valdría la pena rescatar un sistema de partidos políticos si estos no han resuelto los problemas de la ciudadanía? Lo primero es que si los actores políticos no están enfocados en mejorar la realidad de las personas, ningún sistema político vale la pena, por lo que esto es de esencial entendimiento para quienes conforman este sistema.

Hay que ser tajante con esto: el poder político debe tener como único fin el bien común, por lo que cualquier otro fin distinto significa que dicho sistema se ha pervertido.

Los partidos políticos como organizaciones tienen un rol fundamental en la sociedad, pues es la asociación de personas con ideas y objetivos similares, con todo lo que ello implica, lo que da vida a la acción política. Una ventaja respecto a la política personalista es que, un partido político es un espacio donde puede y debe haber discusión, entendimiento y acuerdo para la consecución de los objetivos electorales. Incluso en los partidos más cuestionados esto es una regla, pues los procesos internos así lo demandan.

Por su parte, la política personalista borra del mapa todo esto, pues lo que importa es la figura personalísima del candidato o líder y el órgano colectivo responde en exclusiva a los intereses y objetivos de este, lo que demanda una fe ciega ante la imposibilidad de conocer realmente las verdaderas intenciones de quienes ejercerán en un futuro el Poder.

Dicho esto, no creo que el cambio venga de la buena voluntad de los partidos políticos y sus militantes, pues estos han demostrado una desconexión muy grande de la realidad y parecen favorecer el uso de estas entidades como simples vehículos de poder.  El cambio debe promoverse desde los incentivos que ofrece el sistema y la exigencia ciudadana. El financiamiento es una herramienta que puede contribuir a corregir el sistema de partidos y como ciudadanía es nuestra obligación presionar por una reforma al Código Electoral en esa línea.

Reformas necesarias: financiamiento

Visto el funcionamiento de la deuda política y algo del contexto en lo que hace a los partidos políticos, sugiero algunas reformas para que sean consideradas.  Las planteo como puntos de discusión, toda vez que la formalidad de una reforma legal requiere la participación de múltiples sectores y niveles de revisión, como corresponde a los fueros del Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones e incluso, la Sala Constitucional.

De entrada, existen aspectos de la determinación del monto que podríamos analizar. Al igual que otras formas de financiamiento que quedaron plasmadas en la Constitución, como la deuda política o el financiamiento a la educación, la configuración de ese monto no es clara y no queda claro que responda a las necesidades reales. Es por esto que los diputados han modificado de forma recurrente el monto que será destinado a los procesos electorales, pasando de un 0.19% del PIB establecido en la Constitución a un 0.11% del PIB desde 2014.

Conviene que la discusión de una reforma electoral robusta sobre el financiamiento identifique correctamente las necesidades del TSE para llevar a cabo los procesos electorales, así como un monto adecuado y balanceado destinado al financiamiento de los partidos políticos.

Sobre el acceso y distribución, convendría sostener una discusión que considere algunos de los siguientes aspectos:

• Para incentivar la consolidación de los partidos y desincentivar la fragmentación, se podrían fomentar las alianzas y fusiones mediante el condicionamiento de parte del financiamiento público a la conformación de las mismas. Por ejemplo, establecer oportunidades para el acceso a recursos adicionales a aquellos partidos que superen determinados umbrales de participación, incentivando a grupos con afinidades ideológicas y programáticas a la conformación de coaliciones. Para esto también convendría modificar las condiciones de acceso y distribución, elevando el umbral de votos recibidos que otorga derecho de participación.
• Para involucrar a los movimientos políticos en la reducción del alto abstencionismo, convendría la vinculación entre financiamiento y participación ciudadana.  Para este fin se puede modificar el procedimiento para determinar el costo individual del voto, dividiendo el total del aporte estatal no entre la cantidad de votos válidos que recibieron los partidos, sino entre el total de electores con el que contará el padrón electoral para cada elección. Esto podría enfrentar algunos inconvenientes respecto al cronograma electoral, pero es un ajuste que cambiará absolutamente el rumbo de los partidos, al obligarlos a desarrollar estrategias para la atracción de los electores.  Con la legislación actual, los partidos no requieren incentivar una mayor votación y pueden recostarse en el clientelismo, sin aumentar la base electoral.
• Para fortalecer el rol de los partidos como agentes de formación política, se puede condicionar otra parte del financiamiento al que tienen derecho, a la capacitación política y electoral de las personas afiliadas y de sus estructuras formales. El TSE establecería alianzas interinstitucionales y público-privadas para el desarrollo de capacitaciones relacionadas con educación cívica, desarrollo de políticas públicas, realidad nacional y temas de interés para la cultura político-electoral del país, estableciendo un calendario y temario para estos espacios. Los partidos políticos podrían gestionar sus propios espacios acorde a sus lineamientos ideológicos y perspectivas propias. El desembolso de estos recursos puede depender de la cantidad de personas que asistan a estos espacios, contra verificación o supervisión de asistencia por parte del TSE.
• Para combatir el clientelismo y la excesiva injerencia de agentes particulares en la labor de los actores políticos electos popularmente, es necesario reducir la dependencia del financiamiento privado. Aunque para muchas personas suponga una propuesta fuertemente impopular, sobre todo en tendencias liberales y libertarias, considero esencial restringir o incluso eliminar las contribuciones privadas. Esto obligaría a los partidos a buscar financiamiento principalmente a través de recursos públicos por los que, bajo las condiciones anteriormente propuestas, les obliga a conseguir resultados en sus gestiones públicas en puestos de poder, disminuyendo la presión de intereses particulares y reduciendo el riesgo de que estos fondos se traduzcan en políticas clientelistas. En caso de que se permita algún financiamiento privado, se necesita limitar de forma estricta el monto permitido así como el origen de los recursos.
• Para mejorar los mecanismos de control y evitar fraudes al TSE, es preciso implementar auditorías realizadas por organismos externos independientes y  avalados y registrados ante el TSE para dichos fines, que revisen tanto la distribución como el uso de los fondos, asegurando que la rendición de cuentas sea clara y accesible para la ciudadanía.

De manera complementaria para este fin, hay que desarrollar plataformas digitales en las que se publiquen en tiempo real todos los movimientos financieros de los partidos, permitiendo el escrutinio público y facilitando la detección temprana de intentos de fraude o malversación.

Aunque como dije antes, esta no sea un propuesta de reforma con todas las formalidades que requiere, es una propuesta de ruta para una conversación honesta sobre cómo incentivar la competencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las estructuras democráticas a lo interno de los partidos, así como combatir tanto la personalización de la política como la dependencia de financiamiento privado que podría condicionar el accionar de los actores en puestos de poder.  En este punto, también aplica la última estrofa del poema de Quevedo:

“Más valen en cualquier tierra (mirad si es harto sagaz), sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don Dinero.”

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

En nombre de la lucha contra la delincuencia organizada, el Expediente 22834 abre la puerta a una peligrosa regresión en nuestro Estado de Derecho. Este proyecto permitiría que el Estado actúe contra cualquier ciudadano sin pruebas previas, con solo una sospecha, congelando sus cuentas, embargando sus bienes y obligándolo a demostrar su inocencia… en tres días.

No se trata de proteger a la ciudadanía, sino de darle poder absoluto a burócratas sin rendición de cuentas. ¿Qué pasa si se equivocan? ¿Quién responde por el daño causado? Este tipo de legislación no combate la impunidad: la traslada al propio Estado.

La seguridad no se construye debilitando las garantías fundamentales ni permitiendo detenciones para notificar procesos. El verdadero desafío es fortalecer nuestras instituciones sin caer en el autoritarismo disfrazado de eficiencia.

Presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad no son obstáculos para combatir el crimen; son los pilares que impiden que nos convirtamos en víctimas del sistema que dice protegernos.

En una república democrática, el poder político no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bien común. Teóricamente, al menos. La legitimidad de las instituciones se fundamenta en la idea de que quienes ocupan cargos de autoridad actúan en representación del pueblo y bajo el principio de responsabilidad democrática.

Dicho de otro modo, detentar poder implica rendir cuentas y servir, no simplemente repartir privilegios.

Esta reflexión inicial sienta las bases para analizar la elección del Directorio Legislativo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Advierto a los queridos lectores que, a la hora y día en que escribí este artículo, no sé con certeza cuál será el resultado de esta elección (aunque me lo imagino: nada glorioso).

Lo que sí sé es que, si el poder parlamentario es una herramienta para canalizar la voluntad popular y fiscalizar al Ejecutivo, entonces la forma en que se elige y ejerce el Directorio debe reflejar esa noción de servicio público responsable, y no convertirse en mera negociación de cuotas de poder partidarias.

Historia y práctica en la elección del Directorio Legislativo

La elección anual del Directorio Legislativo el 1.º de mayo es una de las tradiciones políticas más características de Costa Rica. Históricamente, este proceso ha estado marcado por negociaciones interpartidistas intensas y, en ocasiones, por maniobras polémicas.

En tiempos del bipartidismo hegemónico, el Directorio a menudo recaía en manos del partido de gobierno o de acuerdos relativamente estables entre las dos fuerzas tradicionales. Sin embargo, con la muerte de este bipartidismo, en las últimas décadas ningún partido ha tenido mayoría absoluta en la Asamblea, lo que abre la puerta a “romances tórridos de una semana” en la forma de alianzas MUY extrañas, MUY coyunturales y MUY exóticas para conformar el Directorio.

En varias ocasiones —y este cuatrienio ha sido muestra de ello— las fracciones legislativas han distribuido los puestos del Directorio de forma plural, buscando representar la diversidad del Congreso. Por ejemplo, ha sido habitual que, como resultado de las negociaciones, la presidencia del Congreso recaiga en un partido, la vicepresidencia en otro, las secretarías en otros más y así sucesivamente.

La intención declarada suele ser asegurar el equilibrio y la cooperación entre fuerzas rivales. Sin embargo, en la práctica, este reparto muchas veces obedece más a trueques de favores que a un sincero compromiso con la pluralidad. El desafío histórico ha sido (y seguirá siéndolo, por lo visto) evitar que el Directorio se reparta como botín político y lograr que funcione como un órgano cohesionado al servicio de la Asamblea en su conjunto.

Coyuntura 2025 en Costa Rica: desafíos actuales

La conformación del Directorio para el periodo legislativo 2024-2025, electo el 1.º de mayo de 2024, dejó ver con claridad las dinámicas de poder y las tensiones entre responsabilidad democrática y reparto de cuotas.

Recordemos que en esta elección Rodrigo Arias Sánchez, del PLN, logró su reelección por tercera vez consecutiva como presidente de la Asamblea Legislativa, en un proceso muy complejo. Ningún partido contaba por sí solo con los 29 votos necesarios, así que se tejió una alianza heterogénea. Arias obtuvo 36 votos (ocho menos que el año previo) gracias al apoyo de diputados de diversas fracciones.

Este año, la coyuntura refleja aún más los evidentes riesgos de captura institucional. Por un lado, la fragmentación del Parlamento (siete fracciones más diputadas independientes) hace que la elección del Directorio dependa de pactos “en el Cafetín”, donde se pueden intercambiar puestos, comisiones o nombramientos por apoyos, en lugar de debatir abiertamente visiones sobre cómo conducir el Primer Poder de la República.

Esto conlleva el peligro de que el Directorio sea visto como “repartido en cuotas” —cada grupo lleva agua para su molino— en vez de ser un equipo de conducción al servicio de toda la Asamblea.

Por otro lado, cuando un bloque dominante logra copar la mayoría de puestos, existe el riesgo de uso faccioso del poder: si el partido de gobierno y sus aliados controlan el Directorio, podrían, en teoría, manipular la agenda legislativa para evitar controles políticos incómodos o retrasar iniciativas de la oposición.

Inversamente, si una coalición opositora mantiene el control solo para obstaculizar al Ejecutivo, también se desvirtúa la función parlamentaria constructiva. En 2025, con el panorama preelectoral en el horizonte, las lealtades partidarias en la Asamblea se mezclan con cálculos electorales, lo que incrementa la tentación de captura partidista del Directorio para proyectar poder o bloquear al adversario en el último tramo del periodo.

Ahora bien, no todo deberían ser amenazas; también hay ventanas de oportunidad para fortalecer la democracia legislativa. La propia necesidad de acuerdos entre múltiples bancadas puede traducirse en mayor diálogo y compromisos programáticos, si así se lo propusieran los diputados. La coyuntura 2025 exige que los actores políticos tomen conciencia de que el país observa este proceso y que el país está cansado. La Asamblea necesita un cambio (sí, cajita blanca para mí).

Principios para una elección y ejercicio responsable del Directorio Legislativo

A la luz de esta realidad, cabe proponer una serie de principios y lineamientos que deberían guiar tanto la elección como el desempeño del Directorio Legislativo en Costa Rica, para realinear el poder con la responsabilidad democrática:

• Transparencia en las negociaciones. Las conversaciones y acuerdos para conformar el Directorio deberían enfocarse en la agenda y valores institucionales, no en repartos no divulgados. Sería adecuado que las bancadas comuniquen cuáles criterios respaldan para cada puesto (por ejemplo, experiencia parlamentaria, conocimiento del reglamento, compromiso con la transparencia).
  
• Perfil idóneo y meritocracia. Quienes aspiren a presidir la Asamblea o integrar el Directorio deben ser diputadas o diputados con integridad y capacidad de diálogo. El Congreso costarricense podría establecer acuerdos interpartidarios para postular a las personas más respetadas, enviando un fuerte mensaje: se privilegia la idoneidad sobre la lealtad partidista. Por ejemplo, no se debe postular a diputados con cuestionamientos éticos serios, para proteger la imagen ejemplar del Directorio.
  
• Fortalecimiento de la rendición de cuentas del Directorio. Así como el Directorio tiene poder para fijar el rumbo del trabajo legislativo, también debería estar sujeto a control y evaluación. Una idea es que, al final de cada periodo anual, el Directorio saliente presente un informe público detallado sobre las mejoras en el proceso legislativo (modernización de procedimientos, medidas de transparencia, resultados en trámite de proyectos, entre otros). Esto convertiría la gestión del Directorio en objeto de escrutinio público e incentivaría a sus miembros a dejar una impronta positiva más allá de la política inmediata.
  

La elección del Directorio Legislativo en Costa Rica debe ir más allá de un simple reparto de poder. Es un acto de responsabilidad democrática. Los diputados deben recordar que cada cargo —ya sea la presidencia del Congreso o una secretaría— representa la confianza de la ciudadanía para gestionar la agenda nacional. Solo así el Directorio podrá garantizar una deliberación abierta, el equilibrio de poderes y la integridad legislativa.

Si se prioriza el poder por el poder, el resultado será mayor cinismo ciudadano y un debilitamiento institucional aún mayor que el que ya enfrenta el desacreditado Poder Legislativo.

En este 2025, Costa Rica tiene la oportunidad de demostrar su madurez política: un Directorio elegido con visión y que actúe con transparencia, inclusión y principios reafirmará que el poder público no pertenece a los gobernantes, sino que es un mandato temporal del pueblo, que debe honrarse con servicio y responsabilidad. Así, el poder se entiende como lo que debería ser en una democracia: un compromiso, no un botín.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.