Los próximos 234 días en Costa Rica estarán cargados de política y, a su debido momento, en esta columna hablaremos frecuentemente del tema. En este momento la política me tiene un poco cansado, y dada la cantidad de la misma que nos será embutida en los próximos meses, quiero dedicarme en algunas entregas a escribir sobre el único tema que todavía le causa emoción académica a mi abogado interno: el derecho de competencia.

¿Puede la sostenibilidad convivir con la libre competencia?

El derecho de competencia, tradicionalmente, ha tenido como objetivo central la protección del consumidor, garantizando mercados eficientes, precios competitivos y calidad en los productos y servicios ofrecidos. Sin embargo, en años recientes —y particularmente en la última década— hemos visto surgir un debate que incorpora un elemento adicional: la sostenibilidad. 

La cuestión fundamental es cómo integrar objetivos ambientales en el análisis de competencia sin comprometer la esencia misma de esta disciplina jurídica.

Costa Rica, un país reconocido internacionalmente por sus compromisos ambientales y su liderazgo en sostenibilidad, no puede quedarse al margen de esta discusión. La relevancia del debate radica precisamente en la necesidad de armonizar nuestro modelo económico con nuestra identidad ambientalista, evitando caer en una falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección ambiental.

Tendencias internacionales: ¿qué nos dice Europa?

A nivel global, especialmente en Europa, la sostenibilidad ha comenzado a permear el análisis antimonopolio. Autoridades como la Comisión Europea, y particularmente agencias de competencia en países como Países Bajos y Reino Unido, han empezado a flexibilizar criterios tradicionalmente rígidos cuando se trata de acuerdos entre empresas cuyo fin sea reducir el impacto ambiental. Estas autoridades consideran que, si bien tales acuerdos pueden implicar una cooperación entre competidores que en condiciones normales se sancionaría como anticompetitiva, el beneficio ambiental podría justificar su aprobación.

Por ejemplo, en Países Bajos, la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) publicó en 2020 directrices específicas para acuerdos entre competidores destinados a promover la sostenibilidad, permitiendo colaboraciones entre empresas energéticas para reducir emisiones de CO₂, incluso si esto implica coordinar ciertos precios o inversiones conjuntas.

Asimismo, en el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) aprobó en 2021 un acuerdo entre supermercados para eliminar progresivamente productos agrícolas de baja sostenibilidad, reconociendo que los beneficios ambientales superaban claramente cualquier restricción en la competencia.

Estos casos evidencian una tendencia creciente hacia una visión más holística del bienestar social, donde el impacto ambiental se integra explícitamente en la evaluación de prácticas comerciales.

Una lógica nueva (y necesaria)

El razonamiento es sencillo, pero revolucionario: ciertos objetivos ambientales, como reducir emisiones contaminantes, reciclar materiales o fomentar prácticas agrícolas sostenibles, pueden requerir acuerdos entre competidores. Por ejemplo, una colaboración entre empresas para establecer estándares ambientales más estrictos que los mínimos regulatorios podría interpretarse como un acuerdo que eleva los costos y reduce la competencia en precios. 

Sin embargo, bajo un enfoque amplio de bienestar social, los beneficios ambientales pueden superar cualquier perjuicio anticompetitivo.

Este nuevo enfoque no está exento de desafíos. En primer lugar, existe la dificultad práctica de medir y comparar beneficios ambientales frente a posibles efectos anticompetitivos. ¿Cómo se valoran correctamente las ganancias ambientales? ¿Qué metodologías se utilizarán para asegurar objetividad y transparencia?

En segundo lugar, está el riesgo de abuso: se podría usar este enfoque como justificación aparente para acuerdos que no tengan un impacto ambiental significativo y que simplemente encubran acuerdos restrictivos.

¿Qué puede hacer Costa Rica?

Para Costa Rica, el tema cobra especial relevancia en varios sectores clave de nuestra economía, como el turismo, agricultura, energía renovable y transporte. Por ejemplo, en el sector agrícola, acuerdos voluntarios entre competidores para adoptar prácticas sostenibles pueden incrementar costos iniciales, pero mejorar significativamente la reputación internacional del país como proveedor de productos sostenibles. En energía, acuerdos para desarrollar proyectos conjuntos de generación limpia podrían acelerar la transición energética, fundamental para cumplir con los objetivos climáticos nacionales e internacionales.

Sin embargo, es crucial que Costa Rica tome una posición proactiva en este debate, estableciendo claramente las reglas del juego. Nuestra autoridad de competencia, la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), debería analizar estas tendencias internacionales y desarrollar lineamientos claros que permitan integrar criterios de sostenibilidad en su evaluación, siempre manteniendo altos estándares de transparencia y rigor analítico.

Países europeos han mostrado caminos claros para avanzar en esta dirección. El Reino Unido, por ejemplo, ha emitido guías detalladas que aclaran cuándo y cómo un acuerdo con fines ambientales puede estar exento de sanciones antitrust, estableciendo claramente las condiciones para evaluar estos acuerdos. La Comisión Europea ha promovido activamente consultas públicas y estudios para construir marcos analíticos robustos que garanticen que estas excepciones se usen adecuadamente.

Costa Rica puede aprender de estas experiencias para construir un marco sólido, innovador y creíble. 

Nuestro país, con su marca basada en la sostenibilidad, podría incluso posicionarse como líder regional en este nuevo paradigma de integración entre política ambiental y competencia económica. Esto implicaría, por ejemplo, participar activamente en foros internacionales de competencia y sostenibilidad, mostrando al mundo cómo una economía pequeña, abierta y basada en recursos naturales puede alinear exitosamente estos objetivos.

Finalmente, la introducción de criterios de sostenibilidad en el análisis de competencia puede ayudar a reforzar la credibilidad del país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia climática. Esto podría traducirse en beneficios tangibles, como mayores inversiones internacionales en proyectos verdes, acceso a mercados que exigen estándares ambientales más altos, y financiamiento concesional ligado a logros ambientales.

En un mundo donde la urgencia climática redefine las reglas del desarrollo, Costa Rica no puede seguir aplicando un derecho de competencia del siglo XX a desafíos del siglo XXI. Integrar la sostenibilidad en el análisis antimonopolio no es una concesión ideológica, es una actualización estratégica.

Tenemos la credibilidad internacional, el marco ambiental y el capital reputacional para liderar esta transformación en la región. Pero para lograrlo, necesitamos que COPROCOM, los reguladores sectoriales y el propio sector productivo se atrevan a romper inercias, a innovar desde lo normativo y a construir una doctrina nacional que ponga a competir las ideas, sin castigar la colaboración responsable.

Es hora de pasar del discurso verde al enforcement verde. El momento de actuar es ahora.

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