El caos vial en Costa Rica no es una sorpresa: es la consecuencia directa de décadas de decisiones inconexas, visiones parciales y una cultura que ha normalizado depender del carro incluso para los trayectos más simples.

Resolverlo exige reconocer que el problema no es únicamente técnico; es también cultural, institucional y estratégico.

Durante años se ha apostado a grandes proyectos que nunca arrancan o a obras costosas sin impacto estructural, mientras se ignoran soluciones más inmediatas que podrían transformar la experiencia de movilidad de miles de personas. Mejorar el transporte público existente, intervenir puntos críticos y crear espacios caminables no requieren megaproyectos ni presupuestos imposibles: requieren voluntad, coordinación y prioridades claras.

Pero el corto plazo no basta. El país arrastra vestigios del pasado que siguen dictando cómo nos movemos: rutas obsoletas, desorden institucional y ausencia de planificación integral. Incorporar tecnología en los buses, ordenar las rutas según las necesidades reales del país y coordinar mejor con las municipalidades no es una opción; es una condición mínima para que la movilidad deje de ser un obstáculo para la productividad y la calidad de vida.

A largo plazo, la conversación debe cambiar por completo. No se trata solo de ampliar carreteras: se trata de planificar multimodalidad, de entender que trenes, buses rápidos, ciclovías y peatones no compiten entre sí, sino que se complementan. Eso implica reformar entes públicos, darle al MOPT una visión moderna de movilidad y abandonar la idea de que cada institución trabaja en su propio carril.

Costa Rica puede resolver su caos vial, pero no lo hará con soluciones aisladas ni con la promesa eterna de proyectos que nunca llegan.

Lo hará cuando adopte una visión integral: inversiones inteligentes en el corto plazo, correcciones estructurales en el mediano y planificación multimodal en el largo. Ese es el camino para recuperar movilidad, eficiencia y, sobre todo, sentido común.

En Costa Rica hablamos del déficit de vivienda como si fuera un problema aislado, casi aritmético: tantas casas faltan, tantos bonos se entregan, tantos proyectos se aprueban. Pero cuando uno escucha a gente que está todos los días en el terreno del desarrollo inmobiliario, queda claro que el tema de vivienda es, en realidad, el espejo más honesto de cómo funciona –o no funciona– el país. En este episodio nos acompañó Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario, para profundizar en ese punto ciego que casi nunca vemos.

No es casualidad que los jóvenes sientan que tener casa propia es una meta lejana, casi extravagante. El sistema está diseñado para que el que ya está adentro tenga más facilidades que el que quiere entrar por primera vez.

La regulación bancaria no distingue entre quien compra su quinta casa y quien quiere dejar de pagar alquiler; las reglas de encaje y riesgo tratan igual al inversionista consolidado y a la persona joven con empleo formal que apenas empieza. Resultado: se vuelve más fácil acceder al crédito cuando menos lo necesitás, y más difícil cuando más falta hace.

Mientras tanto, el Estado sigue concentrando su energía y sus recursos en un modelo de vivienda social que no escala.

Con la lógica actual de bonos, atendemos cada año una fracción del problema estructural. Y, peor aún, dejamos casi intacta la trampa de fondo: familias que logran un techo, pero no necesariamente una vía clara para integrarse a la economía formal y salir de la dependencia.

Ahí es donde entra una idea incómoda para el statu quo, pero urgente: movernos del fetiche del “título de propiedad” a la prioridad del “techo digno y movilidad social”, incluyendo esquemas de bonos de alquiler bien diseñados, con reglas claras, plazos definidos y objetivos de reinserción económica.

En el otro extremo del espectro, la clase media se ha convertido en el gran punto ciego de la política habitacional. No hay un instrumento serio para la primera vivienda, no hay un trato diferenciado para quienes están empezando, y no hay una decisión política de decir: “este grupo es clave para la estabilidad social, y vamos a empujarlo hacia arriba, no a dejarlo atrapado entre alquiler eterno y primas imposibles de ahorrar”.

Eso no se corrige con discursos, sino revisando regulaciones, encajes, criterios de riesgo y diseño de productos financieros de largo plazo. Es política pública, no solo “ofertas de banco”.

A todo esto se suma un factor que casi nunca se menciona en el debate sobre vivienda: el costo de la ineficiencia pública. Trámites que se duplican en municipalidades, ministerios, institutos y entes reguladores; planes reguladores que tardan décadas en actualizarse; criterios técnicos importados sin tropicalizar, como la aplicación rígida de normas de Bomberos pensadas para otra realidad constructiva y otro tipo de ciudad.

Cada requisito que se aplica sin criterio, cada reglamento escrito “para curarse en salud” sin medir impactos, se traduce en una casa más cara, en un proyecto que nunca nace o en una inversión que se va para otro lado.

Y luego está el factor que nadie quiere asumir como político porque no rinde fotos ni cintas cortadas: el agua. No la falta de agua como recurso, sino la ausencia de infraestructura para llevarla a donde se necesita. Años de advertencias ignoradas nos tienen hoy en la paradoja de un país entre los que más llueve en el mundo, pero donde desarrollos habitacionales se frenan porque no hay capacidad de abastecimiento.

No es un castigo de la naturaleza; es el resultado de postergar decisiones en inversión, reducción de pérdidas, trasvases y planificación territorial. Esa omisión también es política de vivienda.

Mientras tanto, en el diseño institucional seguimos defendiendo un archipiélago de entes con funciones traslapadas: Ministerio de Vivienda débil, Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) con tareas que van desde planes reguladores hasta productos financieros, un banco de vivienda, el BANHVI, que opera como de segundo piso pero sin una estrategia clara de focalización territorial y social.

Es difícil hablar de “derecho a la vivienda” cuando ni siquiera tenemos claro quién manda, quién planifica y quién ejecuta.

La solución no pasa por crear otra institución más, sino por fusionar, simplificar y redefinir roles, empezando por unir rectoría de vivienda y urbanismo en un solo actor fuerte, y concentrar el financiamiento habitacional en un esquema claro de segundo piso que trabaje con todo el sistema financiero, sin duplicidades.

Y mientras el Estado se dispersa, los fondos de pensiones de los costarricenses financian infraestructura en otros países o se quedan invertidos lejos de las calles, escuelas, hospitales y proyectos de vivienda que necesitamos aquí. Otros países ya entendieron que su ahorro previsional puede ser motor de desarrollo interno bien regulado. Aquí seguimos discutiendo si eso es “riesgoso”, mientras el riesgo real es mantener un país caro, desigual y con brechas crecientes en acceso a vivienda.

La pregunta de fondo no es solo por qué hoy es más difícil para un joven comprar casa que hace 30 años. La pregunta incómoda es: ¿cuánto de esa dificultad es resultado directo de decisiones que sí dependen de nosotros? Regulaciones que no se revisan, instituciones que no se fusionan, infraestructura que no se construye, ahorros que no se invierten aquí, y una cultura política que prefiere administrar la escasez antes que rediseñar el sistema.

Hablar en serio de vivienda en Costa Rica no es hablar de metros cuadrados, tasas de interés o bonos aislados. Es hablar de cómo queremos organizar el país para que trabajar, ahorrar y progresar valga la pena. Porque, al final, el acceso a vivienda no es solo un techo: es la prueba más concreta de si nuestro modelo favorece la movilidad social… o si simplemente se limita a administrar la frustración.

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Costa Rica es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Mientras un cantón apuesta por la densificación vertical, su vecino expande suburbios; uno protege zonas de recarga acuífera, otro urbaniza sin control. Las costas, por su parte, esperan orden mientras proliferan concesiones improvisadas. El resultado son ciudades desconectadas, infraestructura saturada, servicios insuficientes, un alto costo ambiental y un país que pierde cohesión y competitividad.

El problema no se limita a la Ley de Planificación Urbana de 1968. La Constitución Política otorgó amplia autonomía a las municipalidades, lo que ha generado 84 enfoques distintos sin un marco vinculante que asegure la coherencia nacional. 

Si bien la autonomía municipal es valiosa, no es absoluta: las municipalidades forman parte de un sistema interdependiente financiado por toda la ciudadanía, y sus decisiones deben alinearse con una visión de país. 

Esto exige reformas constitucionales puntuales para que, en materia territorial, el interés colectivo prevalezca bajo parámetros claros y democráticos.

Actualmente, solo 43 cantones cuentan con un plan regulador vigente. El resto opera con normas generales o instrumentos obsoletos. En las costas, los planes avanzan sin coordinación regional, lo que dificulta ordenar el crecimiento y proteger el ambiente.

Es fundamental que el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) salga del proceso de aprobación de planes reguladores. Su esquema ha demostrado ser lento e ineficiente. Esta no es una medida punitiva, sino una reestructuración necesaria para establecer una rectoría ágil, técnica y alineada con una visión nacional.

El MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) debe asumir la autoridad de planificación territorial, con potestad vinculante y el respaldo técnico y financiero para ejercerla.

Esto implica dotarlo de personal especializado, sistemas actualizados, herramientas digitales, convenios estratégicos y un presupuesto suficiente. Además, deberá articular y supervisar proyectos con alianzas público-privadas, financiamiento internacional y cooperación, bajo reglas claras que garanticen equidad social y sostenibilidad.

Esto incluye la creación de un Plan Nacional de Infraestructura que integre puertos, aeropuertos, ferrocarriles y corredores logísticos, alineado con la conectividad regional y global. La competitividad del país depende de cómo articule su territorio con el comercio exterior, el turismo y la movilidad, con criterios técnicos que trasciendan las fronteras cantonales y los ciclos políticos. Si un cantón no tiene un plan regulador, debe regirse por un plan nacional hasta que cuente con el suyo.

La viabilidad técnica nunca ha sido tan alta. Con 51 000 km² y 5,5 millones de habitantes, Costa Rica es diminuta comparada con regiones que gestionan más territorio y población bajo sistemas centralizados y eficientes. Sin embargo, esta escala reducida no ha evitado décadas de desorden y desarticulación.

En plena era de la información y la inteligencia artificial, el territorio está mapeado, la infraestructura y los servicios georreferenciados, y existen datos para medir densidades, fragilidad ambiental, talento humano, servicios y movilidad con precisión. Si algún dato no existe, debe recolectarse. Ciudades como Singapur, Seúl, Ámsterdam o Copenhague utilizan redes 5G, sensores y medición en tiempo real para ajustar su desarrollo al instante. 

La meta no es solo corregir rezagos, sino igualar y superar esos estándares, planificando un país capaz de adaptarse continuamente a la tecnología, la virtualidad, la automatización y los retos ambientales.

La planificación debe abandonar modelos que fomentan desplazamientos diarios masivos. Muchas labores pueden migrar a la virtualidad, lo que reduce el tráfico y las emisiones. La movilidad debe ser el eje, con corredores masivos, renovación urbana y vivienda bien ubicada.

Hoja de ruta

• Reforma constitucional: El interés general y las políticas nacionales deben prevalecer en el ordenamiento territorial, respetando la autonomía municipal en su ámbito.
• Reforma a la Ley de Planificación Urbana: Establecer un alineamiento obligatorio, revisiones cada cinco años y plazos claros.
• Transferencia de responsabilidades: La aprobación de planes reguladores debe pasar del INVU al MIDEPLAN, fortalecido técnica y financieramente.
• Meta 2030: Todos los cantones deben contar con un plan regulador vigente o aplicar el plan nacional.
• Integración coordinada: MIDEPLAN, municipalidades y entes de infraestructura y servicios deben coordinar sus acciones bajo un esquema único y vinculante.
• Crecimiento planificado: Priorizar el desarrollo en corredores de transporte masivo, fomentando el teletrabajo y los servicios digitales.
• Resiliencia climática: Implementar control de inundaciones, parques inundables y protección costera.
• Alianzas público-privadas: Impulsar el desarrollo urbano y la infraestructura clave con reglas claras y equidad social.
  

El ordenamiento territorial no puede seguir siendo rehén de intereses fragmentados ni de visiones cortoplacistas. 

Es un asunto de urgencia nacional que debe fijarse desde ahora para que el próximo gobierno y el Congreso reciban una hoja de ruta consensuada, con bases legales y financieras sólidas. Costa Rica tiene la información, la escala y la tecnología para decidir con evidencia. Lo que falta es voluntad política y disciplina para sostener una visión compartida más allá de los ciclos electorales.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.