En estos días, escuchar llamados sobre la importancia de la “democracia” y la “institucionalidad” se ha vuelto una rutina. Pero antes de levantar esas banderas, conviene detenerse a entender realmente lo que significan, porque defender la democracia y su institucionalidad no es lo mismo que proteger ciegamente un aparato burocrático que ya perdió su razón de ser.

Esta diferencia es crucial si lo que queremos es una democracia funcional, que responda a las verdaderas necesidades de la sociedad, en lugar de que responda a los intereses de funcionarios en instituciones que, francamente, han perdido su rumbo hace tiempo.

¿Qué significa la institucionalidad?

Una institucionalidad saludable es la que garantiza la rendición de cuentas, transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. No se trata de ahogarnos en más trámites, oficinas, comisiones y consejos; se trata, más bien, de simplificar procesos, eliminar duplicidades y asegurar que cada entidad tenga un propósito claro y medible.

Para que una democracia sea sólida, sus instituciones deben ser ágiles, capaces de adaptarse a las demandas actuales, poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos y no al contrario. No podemos esperar que una democracia prospere si sus instituciones se encuentran atrapadas en redes de ineficiencia que desvían recursos y tiempo valioso, sin ofrecer resultados concretos. Cuando esto sucede, la democracia se transforma en un cascarón vacío, incapaz de proteger los derechos ciudadanos ni de fomentar el bienestar general.

Cuando el aparato estatal se convierte en un fin en sí mismo, olvidando que su razón de ser es servir a la ciudadanía, caemos en la trampa de confundir la defensa de la institucionalidad con la defensa de la burocracia que la sangra.

Y ese, lamentablemente, es un error que los costarricenses hemos cometido durante décadas. Por eso, la ciudadanía desconfía del sistema, sus procesos y sus resultados, y termina sucumbiendo ante los cantos de sirena de las soluciones fáciles.

Por otra parte, los defensores del statu quo, ante la posibilidad de perder sus privilegios, claman por proteger nuestras instituciones como si fueran la esencia misma de la democracia.

Pero seamos honestos: no todas las instituciones, tal y como existen hoy, merecen ser preservadas.

Muchas han perdido su rumbo, convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo en lugar de promotoras del bien común.

Reformar para fortalecer

Defender la institucionalidad implica tener el coraje de cuestionar aquellas entidades que ya no cumplen su función y exigir reformas que mejoren su desempeño. La democracia no se defiende con más leyes o complejísimos trámites, sino con un sistema ágil y transparente que responda a las necesidades del país.

Si una institución se ha convertido en un peso muerto, que consume recursos sin resultados, debe ser reformada o, sencillamente, eliminada. No hacerlo tiene un costo altísimo y, debido al hastío ciudadano, provoca que actualmente estemos coqueteando con el autoritarismo.

Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de democracia en la región, pero no podemos darnos el lujo de dormirnos en los laureles, dando todo por sentado. Muchas de nuestras instituciones requieren una transformación urgente para recuperar su sentido de servicio. Solo una institucionalidad eficiente y enfocada en resultados podrá garantizar el progreso que nuestra sociedad demanda.

El futuro de nuestra democracia

Entonces, si queremos seguir viviendo en democracia, significa que debemos contar con una institucionalidad que realmente funcione: una que garantice derechos, fomente el desarrollo y responda a las demandas ciudadanas con rapidez y eficacia. No necesitamos más trámites ni nuevas entidades que solo sirven para engrosar el aparato estatal. Necesitamos un Estado eficiente, que pueda enfrentar los retos del presente y del futuro con determinación y responsabilidad.

En Costa Rica, tenemos una oportunidad única para redefinir nuestra institucionalidad y asegurarnos de que sirva verdaderamente a los ciudadanos: la reforma del Estado.

De esa manera, fortaleceremos nuestra democracia, al medir su eficacia no por la cantidad de instituciones que tengamos, sino por la calidad de los resultados que estas sean capaces de ofrecer a la ciudadanía.

Entonces, ¿nos concentramos en defender la democracia, con los retos que eso implica, o simplemente seguimos protegiendo una burocracia que ya no da para más? Esa es la pregunta que realmente importa.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El medio Delfino señaló la semana pasada algo de suma relevancia: el próximo período legislativo traerá consigo la responsabilidad monumental de la designación de 14 de las 22 magistraturas del Poder Judicial, incluyendo una recomposición sustancial de la Sala Constitucional. Esto no es un cambio menor; es, en realidad, una oportunidad única para redibujar el marco de interpretación de nuestra Constitución, una que podría alterar significativamente la dirección política, económica y social de Costa Rica en los años venideros. 

Lo que ha sido una Sala estatista, con inclinación a la centro-izquierda, podría cambiar.

Para quienes entienden el sistema de pesos y contrapesos, no es un secreto que la Sala Constitucional es el verdadero árbitro final del juego democrático. Aunque formalmente es un tribunal de derecho, su función es esencialmente política. No porque responda a partidos o ideologías de manera abierta (digamos), sino porque su labor consiste en interpretar la Constitución, y en la interpretación hay espacio para la subjetividad, la doctrina y, sí, la conveniencia política de los magistrados. 

Lo que la Sala Constitucional diga es vinculante para todos, excepto para ella misma. Es decir, un criterio que hoy es dogma, mañana puede ser desechado sin mayor trámite que una nueva votación con una nueva conformación.

En este contexto, la composición de la Sala Constitucional no es un asunto menor ni una simple cuestión de reemplazos rutinarios. La próxima Asamblea Legislativa tendrá en sus manos la capacidad de moldear, indirectamente, el futuro del país, porque el Poder Judicial—y en particular la Sala IV—no es simplemente un ente de aplicación técnica del derecho, sino un actor de primer orden en la construcción del marco jurídico, económico y social del país.

La Sala IV: un poder en sí mismo

La Sala Constitucional tiene un poder inmenso en Costa Rica. Basta ver su historial para entender que sus resoluciones han tenido un impacto profundo en la economía, la estructura institucional y hasta en la vida cotidiana de los costarricenses. Desde la decisión de anular la reelección presidencial prohibida en la Constitución hasta la resolución que “legisló” sobre la existencia de impuestos sobre rentas extraterritoriales, la Sala ha demostrado que su voz no solo pesa, sino que define el rumbo del país.

Sin embargo, lo más relevante es su capacidad para cambiar de criterio sin mayor explicación que el voto de sus magistrados. A diferencia de otras instancias del Poder Judicial, la Sala Constitucional no está atada de manera estricta a la doctrina del precedente. Puede revisar y modificar sus criterios según lo considere pertinente, lo que significa que su línea jurisprudencial no es una roca inamovible, sino más bien un barco que cambia de rumbo según quién lleve el timón.

En el ámbito del derecho convencional, es cierto que la Sala tiene ciertas restricciones, ya que debe respetar los estándares de derechos humanos establecidos por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en todo lo demás, la Sala tiene un margen de maniobra que le permite definir su postura conforme a los criterios predominantes entre sus magistrados en un momento dado.

El riesgo de la volatilidad y la oportunidad del cambio

Esta característica de la Sala IV genera dos efectos: uno riesgoso y otro estratégico.

El riesgo radica en la volatilidad institucional. Un país donde las reglas del juego pueden ser reinterpretadas constantemente por el máximo tribunal de justicia es un país donde la estabilidad jurídica se debilita. La certeza del derecho es fundamental para la seguridad jurídica, las inversiones y la planificación de largo plazo. 

Si la Sala IV cambia de opinión cada vez que cambia su integración, se genera un ambiente de incertidumbre donde nada está realmente definido.

Por otro lado, el aspecto estratégico es innegable. La posibilidad de un cambio de criterio permite que una nueva conformación de la Sala Constitucional pueda corregir o redirigir decisiones que en el pasado pudieron haber sido controversiales o problemáticas. Y es aquí donde la próxima Asamblea Legislativa tiene una oportunidad sin precedentes.

Si los diputados electos logran coordinar una visión clara sobre el tipo de magistrados que deben integrar la Sala Constitucional, podrán influir de manera determinante en el futuro del país sin necesidad de pasar una sola ley. 

La verdadera transformación no se dará en la aprobación de proyectos en el Plenario, sino en la designación de quienes interpretarán la Carta Magna en la próxima década.

Esperemos que la época en que el bipartidismo se repartía los nombramientos de la Corte haya llegado a su fin.

¿Hacia dónde vamos?

El problema es que, históricamente, la Asamblea Legislativa ha demostrado ser errática y poco estratégica en la elección de magistrados. Muchas veces las designaciones se han hecho más por cuotas de poder o acuerdos políticos inmediatos que por una visión de largo plazo sobre el papel de la Sala Constitucional. 

Esto ha permitido la llegada de magistrados sin un criterio sólido o con posiciones altamente fluctuantes, que responden más a coyunturas que a una interpretación coherente de la Constitución.

Pero la coyuntura actual exige un cambio de enfoque. La próxima Asamblea debe asumir que la designación de magistrados no es un trámite secundario, sino una de las decisiones más trascendentales que tomarán.

Deben comprender que están eligiendo a quienes decidirán sobre la institucionalidad del país en los años por venir.

Si los diputados entrantes entienden el peso de esta responsabilidad, podrán orientar la Sala IV hacia una mayor estabilidad y coherencia en sus resoluciones. Pero si caen en la trampa del reparto de cuotas políticas sin un criterio claro, el país seguirá a merced de una Sala Constitucional cuya interpretación de la ley dependerá del humor del momento.

El impacto de una decisión silenciosa

La ironía de todo esto es que, mientras la atención pública suele centrarse en debates legislativos sobre proyectos de ley específicos, el verdadero cambio estructural se juega en un proceso mucho menos mediático: la elección de magistrados. 

Mientras la gente se enfoca en las discusiones del Plenario, en la elección de contralor o en reformas fiscales, la Asamblea puede estar tomando la decisión más trascendental de todas, sin mayor escrutinio público.

El país se juega mucho en los próximos años, y la recomposición de la Sala Constitucional es, sin duda, uno de los factores más determinantes. 

Si la Asamblea Legislativa entrante actúa con visión y responsabilidad, podría establecer un rumbo claro para el país. Si, por el contrario, cede a los intereses políticos inmediatos, estaríamos sentando las bases para una década de incertidumbre y volatilidad jurídica.

El poder de la Sala Constitucional no es menor. Y el poder de la Asamblea para definir su rumbo es aún mayor. 

Lo que hagan los próximos diputados en este ámbito determinará si avanzamos hacia un sistema más sólido y predecible o si seguimos sujetos a los vaivenes de interpretaciones cambiantes. Costa Rica merece lo primero. La pregunta es si la clase política estará a la altura de esa responsabilidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International es uno de los principales referentes globales para evaluar la transparencia y el buen gobierno en el sector público. En su última edición, Costa Rica ha dado un importante paso adelante, mejorando su puntaje de 55 a 58, lo que nos coloca en la posición 42 de 180 países evaluados.

Esta es una noticia que merece reconocimiento y análisis. No solo porque nos posiciona como el país mejor calificado de Centroamérica y el tercero en Latinoamérica, sino porque refleja un esfuerzo conjunto de las instituciones, la sociedad civil y el sector privado por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Como señala Steven Pinker en su libro “Enlightment Now”, pese a que el mundo viene mejorando continuamente en casi todos los indicadores donde hay datos disponibles, la prensa por alguna razón empeora el tono de las noticias y no comunica lo positivo. Por eso es importante ver datos puntuales.

La corrupción sigue siendo un desafío global, y Costa Rica no es la excepción. 

Este avance no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir mejorando. , más que nunca, es momento de consolidar estos logros y mirar hacia adelante con ambición y determinación.

Un camino de avances: la evolución de Costa Rica en el IPC

A lo largo de los años, la posición de Costa Rica en el IPC ha experimentado altibajos. En 1997, nuestro puntaje alcanzó 64.5, una de las mejores calificaciones registradas. No obstante, en 2006 descendimos a 41, reflejando una época de desafíos en materia de gobernanza y control de la corrupción. La reciente subida a 58 puntos es una señal alentadora de que los esfuerzos de fortalecimiento institucional y participación ciudadana están dando resultados.

Esta mejora también se alinea con tendencias globales, en las que las democracias más consolidadas han fortalecido sus mecanismos de rendición de cuentas, mientras que en muchos países de la región se ha observado un retroceso. Costa Rica se destaca como un ejemplo positivo en América Latina, donde la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población.

¿Por qué hemos mejorado? Factores clave de este avance

El progreso de Costa Rica en el IPC no es casualidad. Varios factores han contribuido a esta mejora, entre ellos:

1. Fortalecimiento institucional y normativo. En los últimos años, el país ha reforzado sus mecanismos de control con la aprobación y aplicación de leyes clave, como la Ley de Acceso a la Información Pública.
2. Mayor vigilancia y fiscalización ciudadana. La presión de la ciudadanía y de los medios de comunicación ha sido determinante en la lucha contra la corrupción. La denuncia de casos de irregularidades y el escrutinio público han generado un entorno en el cual es más difícil ocultar prácticas corruptas. La ciudadanía ha demostrado que no está dispuesta a tolerar la impunidad, y eso se refleja en una mayor exigencia de rendición de cuentas.
3. Compromiso del sector privado con la ética empresarial. Cada vez más empresas han adoptado programas de cumplimiento y buenas prácticas de gobernanza corporativa. La transparencia en el sector privado no solo genera confianza en los inversionistas, sino que también contribuye a la reducción de oportunidades para la corrupción en la relación con el sector público.
4. Una prensa libre y activa. Costa Rica sigue siendo un bastión de la libertad de prensa en la región, pese a que algunos señalan que no. Medios de comunicación independientes han desempeñado un rol fundamental en la investigación y exposición de casos de corrupción, promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
5. Alianzas internacionales y cooperación en transparencia. El país ha fortalecido su colaboración con organismos internacionales en la lucha contra la corrupción, adoptando estándares y mejores prácticas recomendadas por entidades como la OCDE. Este compromiso ha permitido mejorar los sistemas de control y prevención de la corrupción en diversas instituciones.

El caso Diamante: un recordatorio de los desafíos persistentes

Si bien Costa Rica ha mostrado avances, casos recientes como el caso Diamante evidencian que aún existen desafíos en la lucha contra la corrupción. Este escándalo, que involucra a varios alcaldes y exalcaldes en presuntas redes de sobornos relacionados con contratos de obra pública, ha generado un intenso debate en la Asamblea Legislativa.

Recientemente, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa rechazó un informe elaborado por la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, que proponía sanciones severas contra los implicados en el caso Diamante. Este informe señalaba directamente a figuras como el exalcalde de San José, Johnny Araya, y recomendaba acciones contundentes para abordar las irregularidades detectadas.

La decisión de rechazar este informe fue respaldada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República. Posteriormente, se presentaron informes alternativos que, según denuncias, suavizaban las conclusiones y omitían audiencias clave. La diputada Guillén expresó su preocupación al respecto, señalando que estos nuevos informes reducían la severidad de las recomendaciones y excluían elementos fundamentales para una evaluación completa del caso.

Este tipo de maniobras políticas pone en entredicho el compromiso real de algunos sectores con la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

Si queremos consolidar los avances reflejados en el IPC, la Asamblea Legislativa no puede convertirse en un obstáculo para la rendición de cuentas.

Oportunidades de mejora: lo que debemos fortalecer

Si bien la mejora en el IPC es un logro significativo, aún queda trabajo por hacer para consolidar una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad. Algunas áreas clave que requieren mayor atención incluyen:

• Independencia y eficiencia del Poder Judicial
• Protección a denunciantes de corrupción
• Mayor transparencia en el financiamiento de campañas políticas
• Digitalización y acceso a la información pública
• Educación en valores de transparencia y ética

Reflexión final: un compromiso de todos

La corrupción es un enemigo silencioso que erosiona las instituciones, debilita la democracia y frena el desarrollo económico y social. Sin embargo, los datos recientes del IPC nos muestran que es posible avanzar cuando hay compromiso y acciones concretas.

Costa Rica ha demostrado que tiene las herramientas, la voluntad y la capacidad para construir un país más íntegro. Pero el desafío no recae solo en las instituciones públicas; es una tarea de toda la sociedad. 

Empresas, medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanos tienen un papel clave en la construcción de una cultura de transparencia.

Este resultado en el IPC debe servir como un punto de partida, no de llegada. 

La integridad y el buen gobierno no se alcanzan con una medición anual, sino con un esfuerzo constante, con la convicción de que un país más transparente es también un país más próspero, más justo y con mayores oportunidades para todos.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.