Política

De vetos, resellos y decisiones

Publicado

Hace 1 año

marzo 14, 2024

Por

Jorge Dengo Rosabal

Tiempo de lectura: 8 min

RESUMEN

El ajuste hecho por la Asamblea Legislativa a la reforma fiscal propuesta por el Ministerio de Hacienda, recorrió el camino de la aprobación, el veto y el posterior resello por parte de la Asamblea, acompañada por una discusión que muchas veces giró en torno a las intenciones de los actores, dejando de lado hechos y argumentos. La intención de esta columna, por momentos casi una crónica, es volver a lo sustancial en torno al tema y su importancia.

La discusión en torno al veto presidencial sobre la mal denominada “Exclusión de la Lista Gris de la Unión Europea” encendió sin duda el debate político y las redes sociales en Costa Rica. Este tema polarizó opiniones, especialmente cuando se criticó a aquellos de nosotros que respaldamos el resello del veto presidencial con acusaciones de favorecer intereses bancarios con argumentos como “votó el resello” o “le regaló miles de millones a los bancos”. Nada más alejado de la realidad y todo producido por el populismo y la falta de argumentos técnicos con los que el oficialismo manejó su discurso en este tema.

Para aclarar desde el inicio, a pesar de las acusaciones vociferadas desde algunos sectores gubernamentales, al menos en mi caso, la relación con los bancos se limita únicamente a la gestión personal de unas pocas cuentas corrientes, mis tarjetas de crédito y mi hipoteca. Mi propósito no es, ni ha sido, salvaguardar los intereses de estas entidades financieras. Estoy convencido de que todos, como sociedad, nos beneficiaríamos de una competencia más amplia y efectiva en el ámbito de los servicios financieros, aunque ese debate merece un espacio propio. Mi argumento central radica en que, independientemente de cualquier interés corporativo atribuido a aquellos que apoyamos el resello, mi compromiso es con la defensa del principio de territorialidad fiscal, un pilar fundamental de nuestro marco impositivo. Este ha sido el núcleo de la discusión.

He decidido abordar este tema en esta columna, aspirando a un diálogo más sereno y constructivo sobre por qué era imperativo el resello, ya que de no haberse hecho así, continuaríamos siendo señalados por la Unión Europea como una jurisdicción no cooperante, debido a los errores insubsanables presentes en el veto presidencial.

Un intento de reforma fiscal

La reforma fiscal implementada transformó nuestro sistema tributario y lo confirmó como un híbrido, preservando su carácter territorial pero estableciendo excepciones para que no se pueda abusar del uso de empresas que no tengan substancia. Esta modalidad mejorada es crucial para fomentar la atracción de inversión extranjera directa hacia nuestro país. Por otro lado, respecto a los sueños recaudatorios de rentas extraterritoriales, tengo serias dudas sobre la capacidad del Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una fiscalización efectiva de las actividades financieras de los contribuyentes en el extranjero. Tal intento, además de probablemente ineficaz, incrementaría significativamente los costos para nosotros, los contribuyentes.

De mi experiencia profesional fuera de Costa Rica puedo atestar que el factor determinante para las decisiones de inversión siempre es el régimen fiscal del país anfitrión. Específicamente, es fundamental entender cómo se tributan las ganancias locales y si las utilidades destinadas a inversiones en el extranjero están sujetas a imposiciones fiscales extraterritoriales. De hecho, la política impositiva de una nación juega un papel más crítico en la captación de inversión extranjera que otros factores relevantes, como la calidad de la mano de obra o la infraestructura disponible, aunque nos guste pensar otra cosa.

Pensemos en corporaciones internacionales que emplean el “cash pooling”, una técnica de gestión financiera que permite a sus filiales alrededor del mundo consolidar sus fondos. Este enfoque no solo mejora la administración de la liquidez de la empresa, sino que también contribuye a la reducción de costos de interés y al fortalecimiento de la posición de capital de trabajo. Para la viabilidad de estos sistemas, es esencial un marco tributario que mantenga el principio de territorialidad fiscal, garantizando así que las compañías solo tributen por las actividades realizadas dentro del país, lo que les proporciona seguridad jurídica.

En febrero de 2023, Costa Rica se encontró en la mal denominada “lista gris” de la Unión Europea (UE), identificada como una jurisdicción no cooperante en materia fiscal. Esta clasificación surgió debido a que la legislación fiscal costarricense y algunas interpretaciones judiciales, generaban una notable incertidumbre legal. Según la UE, este escenario permitía que contribuyentes europeos pudieran diseñar estrategias fiscales aprovechando el principio de territorialidad fiscal costarricense, afectando así la recaudación fiscal en la UE. Esta preocupación identificaba la posibilidad de que contribuyentes europeos establecieran entidades en Costa Rica sin una actividad económica real, dedicadas exclusivamente a generar ingresos pasivos desde el extranjero, explotando así nuestro sistema tributario.

Dictámenes legales

La controversia se produjo debido a interpretaciones por parte de la Sala Primera y la Sala Constitucional que, en lugar de limitarse a su función judicial, parecieron legislar al adoptar un enfoque fiscalista alineado con el Ministerio de Hacienda. Esto rebasó el principio de reserva de ley en materia tributaria, terreno exclusivo de la Asamblea Legislativa. Resulta sorprendente que, en un área tan crítica como la tributaria, no hubieran magistrados en dichas salas, al menos en ese momento, con experiencia práctica en fiscalidad, lo que contribuyó a la incertidumbre jurídica. La única excepción notable fue el voto disidente del magistrado suplente Garita Navarro en la Sala Constitucional, quien sí demostró conocimiento en la materia y clarificó los límites de actuación de ambas salas.

Mi posición no nace de un simple desacuerdo personal con las decisiones judiciales, sino del respaldo de un amplio sector de expertos en derecho tributario costarricense, que han señalado las inconsistencias tanto de la postura del Ministerio de Hacienda como de las interpretaciones de la Sala Primera y la Sala Constitucional.

¿Qué argumento presentó la Sala Constitucional que generó tal discrepancia con la normativa vigente de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el principio de territorialidad fiscal? Al responder esa pregunta, es crucial entender que el debate giraba en torno a los ingresos pasivos generados por entidades costarricenses en el extranjero. Según la interpretación de la Sala, si una entidad o individuo generador de ingresos está domiciliado en Costa Rica, y la inversión se realiza en el exterior, entonces esos ingresos deberían considerarse gravables en Costa Rica debido a una conexión económica entre los ingresos obtenidos fuera y la entidad residente en el país.

Esta perspectiva, más ideológica que basada en principios jurídicos sólidos, introdujo un nuevo concepto de vinculación económica no previsto en la legislación ni reflejado en las actas legislativas de la ley. En lugar de esto, el principio de territorialidad, que establece que los contribuyentes deben tributar únicamente por las actividades económicas realizadas dentro del territorio costarricense, sí está claramente definido en la ley. Incluso la misma Sala Primera había mantenido este principio en sus resoluciones anteriores, hasta que, de manera sorpresiva y sin cambios legislativos relevantes, optó por adoptar este nuevo enfoque.

A raíz de esta situación, algunos sectores comenzaron a promover la idea de que la ley incorporaba este concepto de vinculación económica, utilizando argumentos despectivos y poco fundamentados para sugerir que aquellos de nosotros que defendíamos el principio de territorialidad, conforme a la ley, estábamos favoreciendo intereses de élites económicas, incluyendo bancos. Resulta curioso, y merece reflexión, el insistente enfoque en los bancos, especialmente considerando que uno de los principales rivales políticos del gobierno actual es, de hecho, un banquero. Esto deja un espacio abierto para interpretaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de estos argumentos.

Decisiones

Ante este panorama, la pregunta era cómo abordar la situación con la Unión Europea para evitar las consecuencias negativas de permanecer en su lista gris, lo que podría implicar la pérdida de inversiones y capital europeo en nuestro país. La UE propuso soluciones, enfatizando que el problema no radicaba en el principio de territorialidad fiscal per se. De hecho, tras comunicarme personalmente con la UE, confirmaron que la preocupación principal giraba en torno a las ambigüedades legales y judiciales que podrían dar lugar a interpretaciones conflictivas y no al principio de territorialidad en si.

La UE sugirió dos enfoques: el primero, hacer que todas las rentas pasivas extraterritoriales fuesen sujetas a impuestos; el segundo, gravar específicamente aquellas rentas pasivas generadas en el extranjero por empresas costarricenses sin una base económica real, como serían aquellas sin operaciones comerciales activas o empleados. Esta última opción parecía más alineada con los objetivos de la UE de prevenir la evasión fiscal por parte de sus ciudadanos mediante el uso de entidades costarricenses, y se alineaba con la necesidad de mantener el criterio de territorialidad tan importante para la atracción de inversión extranjera.

Sin embargo, esta propuesta no coincidía con las intenciones del Ministerio de Hacienda, que buscaba aplicar impuestos a todas las rentas pasivas extraterritoriales de costarricenses, motivado por un exceso de celo recaudatorio. Los cálculos presentados por el ministerio sobre la recaudación potencial eran puramente especulativos, basados en unos pocos casos y sin considerar la capacidad real de recolección o el dinamismo económico. Aunque se mencionó una cifra de aproximadamente 20 millones de dólares anuales, este monto, además de ser especulativo, resulta insignificante en el contexto del presupuesto nacional, poniendo en perspectiva la reacción desmedida del Ejecutivo sin una base sustancial.

Para mí, la decisión era evidente: debíamos reafirmar el principio de territorialidad fiscal, aclarar que el nuevo concepto de vinculación económica propuesto por la Sala no reflejaba la intención del legislador —quien tiene la autoridad final en asuntos fiscales— y establecer excepciones específicas para gravar las rentas extraterritoriales generadas por entidades sin una presencia económica significativa. Esta fue nuestra postura al redactar la ley en cuestión.

Sin embargo, el presidente, movido por razones de oportunidad, decidió vetar la ley. Es crucial entender, independientemente de la posición ideológica que se adopte sobre este tema, que el veto introdujo un error que nos habría mantenido en la indeseable “lista gris” de la UE.

El texto del veto presentaba una contradicción: por un lado, proponía gravar todas las rentas extraterritoriales, tanto de individuos como de entidades; por otro, mantenía las excepciones para las rentas de empresas sin una base económica real. Este enfoque creaba una antinomia, es decir, una contradicción en la legislación, exactamente lo que la UE instaba a evitar para prevenir interpretaciones o aplicaciones conflictivas de las normas fiscales. En otras palabras, el veto nos devolvía al punto de partida.

Este fue el dilema enfrentado, y como mencioné al inicio, habría votado (y todavía lo haría) el resello del veto en cada oportunidad necesaria. Estoy convencido de que para Costa Rica, una nación que busca atraer inversión extranjera, es esencial contar con un marco tributario que facilite y promueva la llegada de este capital.

Tengamos claro que la cadena de impuestos que paga cualquier empresa en Costa Rica es muy extensa, y abarca desde la compra de las materias primas a los dividendos. En esa extensión se encuentran multiciplidad de IVAS, impuestos al salario, cargas sociales, impuestos municipales, renta, etc. Si después de pagar toda esta cantidad de impuestos la empresa decide invertir el remanente en el extranjero, buscando mejores rendimientos, el Ministerio de Hacienda quería gravar también esos ingresos externos. Esto, sin considerar que, en la mayoría de las jurisdicciones extranjeras, dichas inversiones ya están sujetas a impuestos, y dada la limitada cantidad de convenios de doble imposición con los que cuenta Costa Rica, sería complicado para los inversionistas acreditar esos impuestos extranjeros en nuestro sistema fiscal.

Esta fue la situación en detalle. Mi intención es hablar con claridad y sinceridad en esta columna. Entiendo que habrá quienes concuerden y otros que no, y como costarricense, respeto la diversidad de opiniones. Sin embargo, considero esencial que nuestras diferencias se diriman en el terreno del debate intelectual, la técnica y la política pública, y no en la arena del populismo que sugiere falsamente que se busca favorecer a unos pocos a cuenta de la poca solvencia de argumentos técnicos. En este caso, para mi lo importante es y será preservar un entorno propicio para la inversión extranjera que beneficia a todos los costarricenses.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

A continuación

El engaño del servicio al costo y su peso para el ciudadano

No te pierdas

Desafíos y Reflexiones sobre el Estado y la Inversión Social en Costa Rica

Jorge Dengo Rosabal

Jorge Dengo Rosabal, Ex-Diputado. Abogado por la Universidad Escuela Libre de Derecho, MBA con énfasis en finanzas y mercadeo por la Universidad Latina, Máster en Derecho la Competencia por la Universidad de Melbourne, Australia; Experto en Derecho de Competencia por la Universidad Carlos III, España y especialista en análisis de políticas públicas por London School of Economics

Continuar leyendo

Haga clic para comentar

Dejar una respuesta
Cancelar respuesta

Política

Cómo salir del ciclo empobrecedor

Publicado

Hace 2 días

abril 1, 2025

Por

Laura Sauma

Tiempo de lectura: 4 min

RESUMEN

Mientras se insiste en que reformar el Estado es un atentado contra los derechos, se ignora que mantenerlo como está es lo que más perjudica a los ciudadanos. La deuda no es solo un problema financiero, es el reflejo de un modelo que protege estructuras ineficientes a costa del bienestar colectivo. Discutir el tamaño, el rol y la forma del Estado no debería ser tabú, sino una exigencia democrática.

El aparato estatal costarricense opera como un motor descompuesto: impulsado por deuda, consumo ineficiente y un gasto excesivo que no se traduce en mejores servicios ni en bienestar para la población.

Durante décadas, hemos enfrentado un ciclo repetitivo que nos mantiene estancados: el dinero nunca alcanza, y las soluciones propuestas se limitan a aumentar o crear impuestos.

Cuando esta medida es rechazada por la mayor parte de la población, los políticos de turno recurren a endeudarnos aún más para sostener un sistema fallido.

Un modelo insostenible

El modelo actual del Estado costarricense se sostiene de la misma manera que lo hace quien vive, en forma irresponsable, de una tarjeta de crédito: gastando más de lo que gana y acumulando deudas que terminan asfixiando a la ciudadanía.

En lugar de optimizar y digitalizar procesos, despedir empleados, tercerizar servicios o reducir privilegios, el gobierno recurre a financiarse con deuda, lo que nos tiene literalmente ahogados. A medida que aumentan los intereses de esa deuda, los servicios básicos se deterioran, mientras los ciudadanos cargan con el peso de sostener una burocracia inflada.

A pesar de las promesas de los gobiernos, los nuevos préstamos e impuestos no resuelven los problemas estructurales que nos aquejan. El dinero se destina a cubrir salarios desproporcionados, beneficios desconectados del rendimiento y una burocracia que no rinde cuentas, dejando menos espacio para invertir en áreas críticas como salud, educación, seguridad e infraestructura.

El costo de no reformar

La crisis fiscal del año 2018 fue solo el punto más visible de un problema que lleva décadas gestándose. Y es que cada colapso fiscal ha sido respondido con la misma fórmula, siendo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no fue la excepción. A pesar de que fue “vendida” a la población como una tabla de salvación, las instituciones rápidamente encontraron huecos legales para evadir los límites establecidos por la regla fiscal y la Ley de Empleo Público.

El resultado: el gasto sigue creciendo mientras los ciudadanos continúan pagando la factura y viendo cómo sus necesidades siguen insatisfechas a pesar de pagar más.

Proponer una reforma estatal es, para muchos, un tabú. Proponer que el Estado deje de gastar en lo innecesario, que optimice procesos, que aproveche los avances tecnológicos o que elimine puestos que no generan valor es considerado políticamente incorrecto.

Sin embargo, mantener un Estado sobredimensionado tiene un costo muy alto: los intereses de la deuda pública aumentan, los servicios se deterioran y la competitividad del país disminuye.

Mantener privilegios injustificados o evitar despidos necesarios no significa que “no perdemos”; al contrario, ese inmovilismo nos hunde más en el ciclo empobrecedor.

Además, los gremios que se benefician del sistema han perfeccionado el discurso del secuestro emocional, presentando a todos los empleados públicos como indispensables y excelentes, aunque las listas de espera en la Caja, los retrasos en el Poder Judicial y la ineficiencia general de los servicios públicos contradicen esa narrativa.

Esta estrategia busca paralizar cualquier intento de reforma, perpetuando un sistema que no funciona.

La reforma del Estado

La única manera de salir del ciclo empobrecedor es reformar el aparato estatal. Esto no significa desmantelarlo, sino optimizarlo. Si el Estado se concentra únicamente en funciones esenciales y reduce los abusos y la burocracia innecesaria, podría liberar recursos para mejorar los servicios que impactan directamente la calidad de vida de las personas.

Esto requiere una reingeniería institucional: digitalizar procesos, eliminar duplicidades, eliminar o reestructurar entes y ajustar las planillas a las necesidades reales.

Se puede incluso considerar crear centros de servicios compartidos para optimizar funciones como recursos humanos, contabilidad y proveeduría, entre otros.

En un proceso como ese, la valentía política será esencial, así como el apoyo ciudadano para exigir los cambios necesarios. Entre las medidas indispensables para llevarlo a cabo están:

Reducción de la burocracia. Al reducir el tamaño de la planilla pública, los salarios podrían ajustarse. Si bien deben ser competitivos, también deben definirse con base en el aporte de cada quien al bienestar ciudadano.
Focalización en objetivos claros. Definir cuáles servicios debe brindar el Estado, respondiendo preguntas como “¿por qué?” y “¿para qué?”. Esto requiere, entre otras cosas, unificar labores por ente y eliminar programas redundantes. Una vez definidos, todos los entes que no se dediquen a alguna de las actividades prioritarias deben ser cerrados, vendidos o reestructurados.
Simplificación tributaria. Eliminar exoneraciones e impuestos injustificados. Además, bajar las tasas para combatir la evasión y elusión fiscal.
Evaluación del desempeño. Implementar sistemas que midan el rendimiento de los empleados públicos, premiando el mérito en lugar de la antigüedad o el amiguismo.

Costa Rica no puede seguir sosteniendo un sistema que consume recursos sin resultados. Reformar el Estado es el primer paso para romper el ciclo empobrecedor y avanzar hacia un modelo que nos permita crecer y prosperar como sociedad.

La pregunta entonces es:

¿Seguiremos tolerando este sistema fallido o exigiremos el cambio que tanto necesitamos?

Continuar leyendo

Política

Costa Rica: ¿supervisión financiera?

Publicado

Hace 1 semana

marzo 25, 2025

Por

Laura Sauma

Tiempo de lectura: 5 min

RESUMEN

Como reacción a los casos de intervenciones en varias instituciones financieras costarricenses, generadas desde los organismos de supervisión, en el Congreso se proponen nuevas iniciativas de ley que, como solución, recurren al adverbio “más”. Estos proyectos reproducen un lugar común en la administración pública: ante la sensación de que algo falla, lo que se necesita son más regulaciones y más instituciones que se involucren en el asunto. En resumen, los estatistas se invocan a sí mismos como solución, dando continuidad a esa casi letanía: “más de nosotros será mejor… más de nosotros será mejor…”. Hay opciones mejores.

Costa Rica cuenta con un sistema de supervisión financiera diseñado para garantizar la estabilidad del sector y proteger a los consumidores, el cual incluye cuatro superintendencias especializadas: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE; todas coordinadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).

Este modelo enfrenta críticas por su complejidad, altos costos operativos y fallos en la prevención de escándalos financieros. A pesar de ello, en la actualidad, se debate en la Asamblea Legislativa la posibilidad de otorgar nuevas facultades al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para la protección del consumidor financiero, como complemento al sistema descrito.

Ante esta realidad surge la pregunta: ¿necesitamos más regulaciones, o es momento de reformar un sistema que ya es excesivamente burocrático?

Esquema sobredimensionado

Con poco más de cinco millones de habitantes, mantenemos una estructura regulatoria que es desproporcionada para el tamaño de nuestro mercado financiero. Por esa razón, en lugar de seguir expandiendo la regulación, deberíamos consolidar funciones y optimizar procesos, adaptando elementos de modelos internacionales.

En otros países con mercados financieros más grandes y desarrollados, los sistemas de supervisión son más simples y eficientes:

Reino Unido (69 millones de habitantes): Utiliza el modelo twin peaks, con dos organismos principales: la Financial Conduct Authority (FCA), para la protección del consumidor, y la Prudential Regulation Authority (PRA) para la estabilidad financiera.
Alemania (84 millones de habitantes): La BaFin es la entidad principal de supervisión, con apoyo del Deutsche Bundesbank, y el Banco Central Europeo, en el caso de los bancos más grandes.
Japón (124 millones de habitantes): La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa todo el sistema financiero.
Suiza (9 millones de habitantes): Cuenta con un regulador único, la FINMA, que supervisa todos los aspectos del sector financiero.

La multiplicidad de organismos no garantiza una mejor supervisión. Por el contrario, la falta de coordinación y la duplicidad de funciones, incrementan la carga administrativa y generan confusión entre las entidades reguladas.

Además, cuando ocurren fallos, como en los casos de ALDESA o COOPEMEX, no queda claro quién es responsable, debilitando la confianza en el sistema.

Escándalos financieros

Los casos de ALDESA, COOPEMEX, BANCRÉDITO, COOPESERVIDORES y DESYFIN, han evidenciado la falta de una supervisión eficaz, lo que ha generado pérdidas millonarias, afectando a inversionistas y ahorrantes. En cifras aproximadas:

ALDESA: ¢140.000 millones.
BANCREDITO: ¢52.000 millones
COOPEMEX: ¢25.000 millones.
COOPESERVIDORES: ¢152.000 millones.
DESYFiN: ¢22.000 millones

Estos casos reflejan un sistema más reactivo que preventivo, enfocado en regular procesos internos en lugar de identificar riesgos sistémicos a tiempo.

Por otro lado, este sistema crea barreras a la competencia y a la innovación, imponiendo requisitos y trámites, que aumentan los costos operativos de las entidades financieras, costos que terminan trasladándose a los consumidores.

Además, las trabas burocráticas desincentivan la entrada de nuevos actores, limitando la competencia y la innovación, en un entorno donde la digitalización y las fintech están transformando el sector a nivel mundial.

¿También el MEIC?

Como si fuera poco, actualmente en la corriente legislativa existen dos propuestas para ampliar la intervención del MEIC, en la supervisión financiera: , el proyecto 24136 y el 24616.

Si bien el objetivo es proteger al consumidor, estas iniciativas ignoran problemas estructurales del sistema y pueden generar efectos adversos:

Duplicidad de funciones: las superintendencias ya regulan aspectos clave del sector financiero. Crear un nuevo regulador, dentro del MEIC, solo aumentaría la burocracia.
Falta de independencia técnica: a diferencia de las superintendencias, que tienen mayor autonomía, el MEIC es parte del Poder Ejecutivo, lo que lo expone a posibles interferencias políticas.
Impacto en los consumidores: más regulación implica mayores costos para las entidades financieras, lo que terminaría reflejándose en precios más altos para los usuarios.

Si el problema es que las superintendencias tienen un alcance limitado sobre ciertos actores financieros, la solución no es crear un nuevo regulador, sino fortalecer y ampliar las funciones de los existentes.

Propuestas de reforma

Un sistema financiero saludable requiere un equilibrio entre regulación y eficiencia. Algunas medidas que podrían mejorar la supervisión en Costa Rica incluyen:

Consolidación de superintendencias: integrarlas bajo una sola estructura dentro del CONASSIF permitiría reducir redundancias y fortalecer la coordinación, alineando la supervisión con modelos de economías avanzadas.
Ampliar el alcance de supervisión: actualmente, las superintendencias solo regulan entidades registradas y autorizadas. Se debe incluir fintechs, emisores de crédito no bancarios, remesadoras y plataformas digitales de préstamos.
Protección del consumidor desde las superintendencias: en lugar de trasladar esta función al MEIC, se podría crear una unidad dentro de las superintendencias, encargada de supervisar prácticas comerciales abusivas, regular cláusulas contractuales en productos financieros, y resolver quejas de consumidores.
Transparencia y rendición de cuentas: implementar mecanismos de evaluación externa y publicar informes periódicos sobre la gestión de las superintendencias, para mejorar su desempeño.
Fomento de la innovación financiera: establecer un marco regulatorio más flexible para impulsar la adopción de nuevas tecnologías, y permitir la creación de sandbox regulatorios, donde startups puedan operar bajo un esquema de supervisión adaptado.
Simplificación de trámites: revisar y eliminar procesos innecesarios para reducir la carga administrativa de entidades y consumidores.

Un sistema más eficiente

No necesitamos más regulaciones ni nuevos reguladores, sino una supervisión más eficaz, menos burocrática y más transparente.

En lugar de crear un nuevo esquema dentro del MEIC, lo lógico es reestructurar los entes existentes para que asuman también la protección del consumidor financiero.

Esto permitiría:

Un solo ente regulador para todo el sector financiero, evitando duplicidades.
Un marco de regulación claro y eficiente, reduciendo costos administrativos.
Mayor independencia técnica, evitando interferencias políticas.
Mejor supervisión de riesgos sistémicos, en lugar de cumplir solo con formalismos burocráticos.

Si el objetivo es proteger al consumidor financiero, la clave no es aumentar la burocracia, sino mejorar la regulación para que sea más efectiva y accesible.

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de impulsar una reforma real, garantizando protección sin caer en la trampa de la sobrerregulación.

Continuar leyendo

Política

Costa Rica 2025: Claves para avanzar

Publicado

Hace 3 semanas

marzo 13, 2025

Por

Jorge Dengo Rosabal

Tiempo de lectura: 4 min

RESUMEN

Costa Rica avanza, pero aún enfrenta retos clave en empleo, educación e infraestructura. La diversificación económica, la reducción de la informalidad y la modernización educativa son esenciales para fortalecer su competitividad. Además, la sostenibilidad fiscal y la transición energética requieren decisiones urgentes para garantizar un desarrollo sostenible.

La reciente publicación del estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica 2025 ofrece una radiografía clara y objetiva de la situación actual del país. Destaca avances significativos, pero también evidencia desafíos fundamentales que requieren acciones estratégicas.

Avances Económicos y Retos Fiscales

Costa Rica ha logrado avances significativos en términos económicos, especialmente si se compara con sus pares regionales. Según el informe de la OCDE, el crecimiento económico ha sido robusto y más estable que el de otros países de América Latina, impulsado principalmente por un sector exportador vigoroso, especialmente en manufactura avanzada y servicios empresariales.

Es innegable que Comex y Procomer han hecho un gran trabajo poniendo al país en el mapa mundial, reflejado en el aumento sostenido de exportaciones de alto valor agregado, particularmente dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Este éxito se ha visto complementado por políticas comerciales efectivas y una fuerte atracción de inversión extranjera. Las zonas francas han desempeñado un papel clave en este crecimiento, atrayendo empresas multinacionales que encuentran en Costa Rica un entorno regulatorio favorable y una fuerza laboral calificada.

Sin embargo, la concentración del comercio en pocos mercados, principalmente Estados Unidos, representa un riesgo latente. Por ello, es fundamental diversificar las relaciones comerciales, explorando nuevos mercados y participando en acuerdos como el Acuerdo Transpacífico, que podrían abrir oportunidades adicionales para el país.

En el ámbito fiscal, la situación ha mejorado gracias al cumplimiento de la regla fiscal y la contención del gasto público, lo que ha permitido reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública en torno al 60% del PIB.

No obstante, los altos costos en intereses siguen limitando el margen de maniobra fiscal, restringiendo recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura. Para garantizar la sostenibilidad fiscal, es necesario realizar revisiones periódicas del gasto público y asegurar una asignación eficiente de los recursos.

Desafíos en el Empleo, Educación e Infraestructura

Uno de los mayores desafíos es la alta informalidad laboral, que afecta al 40% de la población ocupada. Esto no solo limita el acceso a servicios esenciales, sino que también reduce la capacidad tributaria del Estado y afecta la productividad.

Para combatirla, Costa Rica debe simplificar regulaciones, reducir cargas sociales—especialmente para trabajadores de baja calificación—y mejorar los incentivos para la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Además, un enfoque integral que incluya una mejor aplicación de las leyes laborales y mayor acceso al crédito formal contribuiría considerablemente a reducir el trabajo informal.

Otro aspecto preocupante es la baja participación laboral femenina, que está por debajo del promedio de la OCDE. Esta brecha limita el potencial económico de muchas mujeres y afecta el crecimiento del país.

Una de las principales causas es la escasez de servicios de cuidado infantil y educación temprana. Solo el 7% de los niños entre 0 y 2 años accede a estos servicios.

Expandir significativamente la red de cuidados debe ser una prioridad absoluta, especialmente para familias de menores ingresos.

Esto permitiría que más mujeres ingresen al mercado laboral, incrementando los ingresos familiares y fortaleciendo la economía.

En términos educativos, aunque Costa Rica ha priorizado este sector en la asignación presupuestaria, los resultados recientes reflejan desafíos importantes en la calidad educativa. Las habilidades técnicas y especializadas necesarias para el mercado laboral actual no se están desarrollando adecuadamente, generando una brecha significativa entre la demanda de competencias por parte del sector privado y la oferta educativa disponible.

Es indispensable una reforma profunda y bien estructurada del sistema educativo, y de la asignación presupuestaria (no es más dinero, sino invertirlo donde importa), enfocada en educación técnica y vocacional, así como en el impulso de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La colaboración entre instituciones educativas y empresas es clave para que los programas académicos respondan a las necesidades reales del mercado.

Por otro lado, la sostenibilidad ambiental sigue siendo un área donde Costa Rica ha demostrado liderazgo regional, con metas ambiciosas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica representa un desafío creciente ante sequías más frecuentes, que afectan la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Es necesario acelerar la diversificación energética, apostando por energía solar, eólica y geotérmica, con mayor participación del sector privado y la inversión extranjera.

Además, mejorar la gestión de recursos hídricos y residuos sigue siendo una asignatura pendiente, con un impacto directo en la calidad ambiental y la salud pública.

Finalmente, el informe destaca la necesidad urgente de mejorar la infraestructura del país, especialmente en el ámbito del transporte, donde la calidad actual es deficiente y los proyectos suelen sufrir retrasos y sobrecostos..

Fortalecer la planificación estratégica y optimizar la ejecución de proyectos mediante estudios rigurosos y cronogramas detallados debe ser una prioridad para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad nacional.

Un Futuro por Construir

Costa Rica cuenta con bases sólidas y ha logrado avances importantes en múltiples áreas. No obstante, enfrenta desafíos críticos que podrían comprometer su desarrollo futuro. La implementación de reformas estratégicas en sostenibilidad fiscal, empleo formal, equidad de género, educación, transición energética e infraestructura será determinante en los próximos años.

La tarea pendiente es clara y exige compromiso político, liderazgo decisivo y una visión estratégica que permita consolidar los avances logrados y enfrentar con éxito los retos futuros.