En el marco de la transición energética global y la lucha contra el cambio climático, el Banco Mundial ha destacado la importancia de una minería responsable con el clima. La transición de fuentes fósiles a energías renovables, como paneles solares, turbinas eólicas y baterías, requiere cantidades significativas de metales y minerales. Según estimaciones del Banco Mundial, para alcanzar las metas del Acuerdo de París, se necesitarán producir más minerales en los próximos 30 años que lo extraído en los últimos 100 años.

Aunque la minería no es una actividad sostenible por definición, debido a su naturaleza extractiva de recursos no renovables, es fundamental para el desarrollo sostenible.

Por esta razón, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales han impulsado protocolos de minería responsable, enfocados en promover buenas prácticas para minimizar el impacto ambiental, especialmente en bosques tropicales.

En Costa Rica, el caso de Crucitas ejemplifica la complejidad de gestionar la minería en áreas ambientalmente sensibles. Si decidimos aventurarnos en ese camino, debemos cumplir los siguientes pasos:

• Que las autoridades tomen control total y permanente de la zona, evitando la entrada de mineros ilegales. Este aspecto resulta crucial, pues sin este control, cualquier legislación o iniciativa será ineficaz.

• Realizar un diagnóstico ambiental de la zona. La minería ilegal en Crucitas ha causado daños significativos a los acuíferos, suelos y bosques, sin controles ni mediciones adecuadas. La regularización y monitoreo de una mina legal habrían mitigado estos impactos. Es importante señalar que todos los daños al bosque, a los acuíferos y a la sociedad ya se han producido debido a la actividad ilegal, y no existen informes técnicos o mediciones precisas sobre el alcance real de esos impactos.

• Permitir la actividad minera bajo nuevos estándares que aseguren una minería más amigable con los bosques y compatible con la lucha contra el cambio climático. Esta reactivación debe buscar el mayor retorno económico para el país y, al mismo tiempo, minimizar los daños ambientales.

No seguirlo, o hacerlo a medias, impediría que una empresa seria siquiera considere instalarse en Costa Rica, sin importar si se reforma la legislación existente para permitir nuevamente la minería a cielo abierto.

Impacto social de la minería legal

La minería legal no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y económicas. Cuando se regula adecuadamente, una mina puede generar empleo formal, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo local. A su vez, incorpora prácticas de seguridad laboral y salud, protegiendo a los trabajadores de condiciones peligrosas. También favorece a la economía local a través de impuestos y otras contribuciones, que pueden utilizarse para financiar infraestructura y servicios públicos esenciales.

En cambio, el oro extraído ilegalmente solo se puede vender en el mercado negro, perpetuando un ciclo de criminalidad y problemas sociales, sin que el Estado y la comunidad reciban rédito alguno. 

La minería ilegal, al no estar sujeta a controles, fomenta actividades delictivas como el tráfico de personas, armas y drogas.

Cabe destacar que es imposible hacer aseveraciones precisas sobre cómo estaríamos con la instalación de la empresa Infinito Gold, ya que la actividad actual es ilegal y no existen mediciones, ni informes técnicos que permitan una comparación. Lo que sí es una realidad es que todos los temores sobre los impactos ambientales en Crucitas ya se han materializado debido a la minería ilegal.

Los opositores a la minería en Crucitas prometieron “alternativas sostenibles” como fábricas de queso y proyectos de turismo rural, pero hasta la fecha, no han elaborado ni siquiera un estudio que demuestre su viabilidad. De nada sirve ondear la bandera del desarrollo sostenible si olvidamos que dos de los tres componentes de la sostenibilidad son el bienestar social y el económico.

En resumen, podemos debatir los méritos de volver a permitir la minería a cielo abierto en Costa Rica, pero debemos hacerlo desde el entendimiento de que es una actividad esencial para el futuro de la humanidad. Podemos cegarnos ante esta realidad o podemos buscar maneras de involucrarnos en la cadena de valor global de manera responsable, incluyendo la investigación, el desarrollo tecnológico, el reciclaje y otras prácticas innovadoras. 

Restablecer el control territorial en Crucitas y detener la minería ilegal son pasos fundamentales para poder abordar seriamente la discusión. Ignorar esta realidad solo perpetuará los problemas sociales y ambientales asociados a la minería ilegal que ya padecemos y están provocando el caos en la zona.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

Fuente: Lenin Corrales Cháves – Investigador del CATIE

Nuestros desafíos ambientales

El Índice de Desempeño Ambiental 2024 salió y nos recuerda que queda mucho por hacer en Costa Rica.

Lo bueno:

✅ 72.3 de 100 en Gestión de Bosques.
✅ 62.3 de 100 en Vitalidad del Ecosistema.

Pero fallamos en áreas clave:

❌ 57.0 de 100 en Agricultura.
❌ 46.9 de 100 en Calidad de Aire.
❌ 46.3 de 100 en Política Climática.
❌ 38.7 de 100 en Recursos Hídricos.
❌ 36.7 de 100 en Pesquería.
❌ 31.2 de 100 en Gestión de Residuos.

Recibimos una calificación de 55.5 de 100 colocándonos en el puesto #3 de Latinoamérica pero el puesto #39 del mundo.

Un ambiente saludable significa trabajos sustentables, una vida saludable y seguridad alimentaria.

Debemos mejorar nuestras políticas ambientales para enfocar bien los recursos, basándonos en la ciencia, la técnica y los datos, con una visión a largo plazo.

El tema ambiental ha resultado ser comúnmente en Costa Rica, objeto de discusiones polarizantes y que, en muchos casos, han estado alejadas de la ciencia y la técnica exhaustiva disponible. En general, la polarización radica en la diferencia de criterios entre quienes pretenden impulsar inversiones, con las cuales esperar generar algún retorno, y quienes se oponen a una parte de ellas porque consideran que atentan contra el equilibrio de nuestros ecosistemas. 

Lamentablemente, aún y cuando ya no es un foco de atención tan significativa como en años anteriores, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es una institución que lejos de basar la procedencia de una determinada inversión (o lo que la normativa establece como actividades, obras o proyectos) en los mejores criterios técnicos disponibles, ha introducido una serie de criterios arbitrarios, subjetivos y manipulables para determinar el nivel de impacto ambiental. 

El sistema de valoración utilizado

La arbitrariedad se explica por la definición de lo que se denomina Significancia de Impacto Ambiental (SIA), la cual es una valoración que resulta de una matriz de impactos cualitativos potenciales de una inversión determinada. Esta valoración es particularmente relevante ya que, dependiendo del resultado obtenido en el cálculo de la SIA, se establecen las acciones que se requieren para mitigar el impacto ambiental, las cuales deben ser ejecutadas por quien impulsa el proyecto evaluado.

Específicamente, dependiendo de la valoración de SIA obtenida, se puede requerir de documentos que incrementan en su nivel de complejidad, tales como una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (SIA menor a 300 puntos), un Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (SIA mayor a 300 puntos pero menor a 1000 puntos), y Estudios de Impacto Ambiental (SIA mayor a 1000 puntos).

Este incremento en la complejidad demanda recursos mayores para los inversionistas tanto para la conformación de la documentación y los estudios que esta requiere, como en las acciones de mitigación de impacto ambiental que se deriven de dichos documentos.

Ahora bien; ¿por qué es posible afirmar que la valoración que se obtiene a través de la SIA es subjetiva y arbitraria? Para esto es importante examinar sus componentes y partir de ahí, citar algunos ejemplos.

Uno de los componentes que más llama la atención es la afectación por el consumo de recursos que produce una inversión determinada. En el caso del agua, se otorga un valor de 1 si el consumo del agua no supera los 50 m3/mes y un valor de 5 si el consumo del agua es mayor a 200 m3/mes. ¿No es acaso función del caudal disponible en las fuentes y la demanda relativa de la inversión lo que debería determinar si el consumo es alto o bajo?

Además, si esto es una temática que se aborda cuando el operador del acueducto otorga o no la carta de disponibilidad, ¿por qué se vuelve a abordar en la evaluación ambiental? Esta misma observación aplica para el consumo de energía, con una valoración de 1 cuando hay un consumo de 240 Mwh/año y una valoración de 5 si el consumo es mayor a 2400 Mwh/año. 

Visto esto, surge una duda relevante: ¿cómo se obtienen estos valores que definen lo que SETENA considera que es alto o bajo?

Todo indica que se trata de un criterio que no es explicado por la ciencia y la técnica, sino por un grupo de burócratas. Casos similares de parámetros sin sustento y que son abordados en otras instituciones del Estado abundan, como lo vemos en la valoración que tendrá la inversión en la escorrentía superficial, en la producción de aguas residuales y en la generación de residuos sólidos, por mencionar algunos casos.

Por otro lado, existen parámetros que son aún más subjetivos y que dependen completamente del entorno del proyecto. Por ejemplo, la “generación de ruidos y vibraciones”, y el “aporte al paisajismo”.  ¿No son estos parámetros una función de la cantidad de personas que vivan en el entorno del proyecto, su distancia respecto al mismo y su percepción particular de estas afectaciones? 

Finalmente, existe un parámetro que premia aquellos proyectos que generan mayor cantidad de empleo, es decir, premia actividades económicas que son relativamente más intensivas en mano de obra.

Aunque la generación de empleo es algo positivo, las inversiones no se realizan con este fin, sino que persiguen generar un retorno que es mayor en el caso de actividades de alta productividad, donde predomina la tecnología sobre otros factores de producción. En este punto, la valoración del SIA tiende a promover la generación de inversiones de bajo valor agregado sobre otras actividades, lo cual genera barreras al crecimiento económico. 

Opciones Alternativas

Afortunadamente, existen métodos sofisticados que generan valoraciones más objetivas y precisas sobre los impactos ambientales que genera un proyecto determinado, tal y como sucede con el Análisis Costo Beneficio (ACB).

Mediante este método, es posible agregar todos los beneficios y costos que genera un determinado proyecto, entendiendo los beneficios como cambios positivos en el bienestar y costos como afectaciones al mismo. Cuanto mayor sea la diferencia entre beneficios y costos, más retorno genera el proyecto tanto para el inversionista, como para el entorno en el cual se llevará a cabo el proyecto. 

Con esta metodología es posible valorar las variaciones positivas o negativas que se generan producto del proyecto, mediante estimaciones determinadas como la disposición a pagar por un beneficio, o disposición a aceptar un cargo por un daño o afectación. Este tipo de mediciones se pueden llevar a cabo tanto para un proyecto en específico o bien, pueden estimarse a partir de múltiples estudios que se han llevado a cabo tanto en el país como a nivel mundial.

Estas evaluaciones incluyen mediciones específicas para mejoramiento o afectación a servicios ecosistémicos, tales como el control de la erosión, el control de escorrentía que ofrecen los bosques, la biodiversidad que ofrece el suelo, la regulación del clima provista por la biodiversidad, la calidad del aire, la disponibilidad de agua o la regulación del clima por parte de los bosques, entre otros servicios. 

Es decir, mediante métodos precisos, es posible corregir la arbitrariedad en la valoración, por ejemplo, de la emisión de ruido y vibraciones (disminuciones en el bienestar), o generación de paisajismo (aumentos en el bienestar).

Con parámetros que se basen ya sea en estimaciones directas o indirectas y datos que aporte el inversionista con base en su proyecto, la SETENA debería poder llevar a cabo un ACB, que determine a ciencia cierta el nivel de bienestar que genera el proyecto, y en caso de darse afectaciones al bienestar, debería exigir medidas concretas para disminuir esa afectación, a través de un Plan de Gestión Ambiental específico para el proyecto, y no genérico tal y como se establece en la legislación actual. 

Además, en el caso de los proyectos de inversión pública, la disposición de llevar a cabo un ACB es obligatorio según la normativa de establecida por MIDEPLAN, pero lamentablemente es un insumo que por lo general las instituciones públicas no le dan la importancia que tiene. De hecho, a pesar de que es un análisis más preciso y objetivo que el SIA, la SETENA prefiere generar reprocesos mediante la aplicación de sus metodologías ya citadas, introduciendo más burocracia en los proyectos de inversión pública que requiere el país en temas como infraestructura hospitalaria, obras de agua y saneamiento, e infraestructura vial, entre otros.

En el caso de proyectos de inversión privada, el Estado debería llevar a cabo estudios rigurosos de valoraciones para afectaciones o favorecimiento a los servicios ecosistémicos en los distintos sectores del país, que permitan llevar a cabo estudios de ACB de forma ágil y eficiente.

El cambio indispensable

Tal y como se ha expresado anteriormente, el abordaje ambiental por parte del Estado introduce costos innecesarios a través de acciones que están influenciadas por temas ideológicos que no deberían ser la base de partida para decidir sobre las inversiones que se llevan a cabo en el país, ya que la ciencia ambiental ha avanzado lo suficiente como para disponer de métodos que permitan generar desarrollo sostenible en los países, donde por supuesto se tome en cuenta tanto la generación de riqueza, la igualdad de oportunidades y la conservación del medio ambiente tanto para las generaciones actuales como futuras.

Por tanto, una modernización de la normativa referente a las evaluaciones ambientales, que elimine cualquier duplicidad con cualquier otra institución pública, así como un apoyo del Estado en términos de investigación y obtención de datos objetivos para la toma de decisiones, son imperantes para facultar el desarrollo sostenible anteriormente citado. 

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.