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Costa Rica tiene una manía peligrosa: cuando un instrumento de política pública se contamina por una contratación fallida, la reacción inmediata es declarar “muerto” el instrumento. Se condena la figura, no el proceso. Se dispara contra el martillo, no contra la mano que lo sostuvo.

El caso “barrenador”, con todo el ruido, la indignación y los titulares, está siendo usado así: como prueba automática de que la tercerización de EBAIS es mala, que “lo privado” es sinónimo de abuso y que el único camino “seguro” es volver a concentrar toda la operación en gestión directa. Esa lectura es emocional. Y, peor aún, es un mal diagnóstico.

Porque lo que el caso realmente desnuda no es un pecado original de la tercerización. Lo que desnuda es algo mucho más incómodo: la CCSS, en su rol de compradora pública, ha venido operando con debilidades estructurales para diseñar, licitar, evaluar, adjudicar y supervisar contratos complejos de servicios de salud. 

Y si uno no sabe comprar, no sabe gobernar. 

Y aun así, hay quienes proponen que administre un banco estatal…

No confundamos la discusión: modelo vs. gobernanza

La política pública no se evalúa por anécdotas. Se evalúa por resultados y capacidad institucional.

Tercerizar EBAIS no es “privatizar la salud”. Es un mecanismo de provisión dentro de un sistema público universal, donde el Estado mantiene rectoría, financiamiento y supervisión. 

Es, en esencia, una forma de administrar capacidad instalada y continuidad operativa cuando la institución no puede —o no logra, evidentemente— expandirse con la velocidad, flexibilidad y eficiencia que la demanda exige.

El problema aparece cuando ese mecanismo se ejecuta sin una arquitectura de control robusta: sin estudios de razonabilidad de precio que resistan auditoría; sin trazabilidad impecable de cambios; sin cláusulas contractuales que premien desempeño y castiguen incumplimientos; sin supervisión clínica y administrativa real; sin gestión de riesgos; sin segregación efectiva de funciones.

Eso es gobernanza. Eso es lo que falla. No el concepto. No es mala intención. Es mal diseño. O, más bien, un diseño que han querido mantener, sobre todo, los mandos medios.

Y aquí viene un punto esencial, sobre todo en un país donde la reputación se destruye con una filtración y se reconstruye con años: la responsabilidad penal es individual, se prueba y la determina un juez. No un “clima” mediático. No una narrativa. No una indignación colectiva.

Pretender que, por el solo hecho de existir detenciones o investigaciones, ya podemos “asignar culpa” a una expresidenta o a miembros de Junta Directiva, además de ser jurídicamente incorrecto, es estratégicamente torpe. 

En instituciones grandes, muchas veces la falla es sistémica: son los procedimientos, los mandos medios que controlan el flujo de información, las unidades técnicas que redactan y modifican pliegos, los comités que procesan ofertas, las jefaturas que administran el día a día de la contratación. Ahí es donde se juega la integridad del proceso. Ahí está la captura, cuando la hay. Ahí se siembra el riesgo.

La Junta Directiva decide, sí. Pero decide sobre insumos. Y si los insumos están sesgados, incompletos o diseñados para inducir una conclusión, el problema no es solo “quién firma”. Es quién arma el expediente, quién controla la cocina, quién domina la letra menuda.

La realidad incómoda: sin tercerización no hay cobertura

Ahora vayamos a la discusión que de verdad importa: ¿qué alternativa real tiene hoy la CCSS para asegurar cobertura y continuidad en atención primaria? ¿Para disminuir esas listas de espera interminables?

La atención primaria es la base de la sostenibilidad financiera del sistema. Si el primer nivel falla, todo se desplaza hacia urgencias y especialidades. Eso es carísimo. Y eso alimenta listas de espera.

La CCSS enfrenta restricciones que no desaparecen gracias a la red de protección interna:

• Rigidez administrativa y laboral para ajustar rápidamente recursos donde la demanda crece.
• Dificultad para abrir, expandir o reconfigurar servicios con la velocidad que requieren ciertos territorios.
• Incentivos internos débiles para premiar productividad y calidad, y para corregir bajo desempeño.
• Presión fiscal y costos crecientes.

En ese contexto, la tercerización bien hecha no es un “capricho ideológico”. Es una herramienta pragmática de gestión pública. Los países serios no discuten esto como dogma. Discuten cómo se contrata, cómo se mide, cómo se controla.

Y hay algo que se ha perdido en el debate: los EBAIS tercerizados no son, por definición, peores. La evidencia institucional muestra, de hecho, lo contrario.

La pregunta correcta no es “¿tercerización sí o no?”. La pregunta correcta es: ¿cómo diseñamos un modelo contractual que obligue a rendir cuentas y a entregar resultados verificables?

El verdadero escándalo: comprar servicios de salud como si fueran fotocopias

La contratación de servicios de salud no es una compra de bienes. Es una compra de resultados: acceso oportuno, continuidad, prevención, control de enfermedades crónicas, vacunación, seguimiento materno-infantil, referencia adecuada, calidad clínica y satisfacción del usuario.

Sin embargo, demasiadas veces el Estado compra estos servicios como si estuviera adquiriendo horas-hombre, metros cuadrados y checklists. Se define el “cómo” y se olvida el “para qué”. Se licita con lógica formalista, no con lógica humana. Y luego nos sorprende que haya sobrecostos, disputas, arbitrariedades o zonas grises.

El caso “barrenador” debe leerse como una alerta roja sobre compra pública estratégica: la CCSS tiene que profesionalizar, blindar y modernizar la forma en que contrata servicios complejos. No para “favorecer” proveedores. Para proteger al asegurado. Para evitar capturas. Para evitar, precisamente, que un caso como este se repita.

Lo que hay que hacer: tercerizar, sí; pero con dientes

La CCSS debe defender y sostener la tercerización como parte de su caja de herramientas. Pero tiene que cambiar el estándar. No con discursos. Con reglas.

Un paquete mínimo de reformas debería incluir:

1. Razonabilidad de precios verificable
   • Metodología pública, replicable y auditada.
   • Benchmarking serio (canasta de servicios, complejidad poblacional, costos unitarios).
   • Trazabilidad de cualquier ajuste al pliego o al presupuesto de referencia.
2. Contratos por resultados
   • Indicadores clínicos y de acceso como KPI contractuales.
   • Pagos con componente variable según desempeño.
   • Penalidades automáticas por incumplimientos críticos.
   • Cláusulas de terminación por desempeño, no solo por formalidades.
3. Supervisión independiente y permanente
   • Auditoría clínica y de datos, no solo administrativa.
   • Verificación en campo, con capacidad sancionatoria real.
   • Tableros públicos por área de salud: transparencia radical.
4. Integridad y anticaptura
   • Debida diligencia reforzada del proveedor (historial, estructuras, conflictos).
   • Segregación estricta de funciones internas (quien diseña pliego no decide adjudicación).
   • Rotación de personal en posiciones críticas de contratación.
   • Registro y trazabilidad de reuniones y comunicaciones relevantes del proceso.
5. Unidad especializada de compra de servicios de salud
   • No más improvisación administrativa.
   • Perfil técnico multidisciplinario: salud pública, economía, derecho, datos, gestión.

Si el Estado no hace esto, el debate no es “tercerizar o no”. El debate será, inevitablemente: ¿cuándo será el próximo escándalo?

Cerrar filas con lo correcto: debido proceso y reforma institucional

Costa Rica necesita dos cosas al mismo tiempo, y tiene que sostener ambas con la misma firmeza.

Primero: debido proceso. Presunción de inocencia. Seriedad institucional. Que las investigaciones avancen, que se determinen responsabilidades donde corresponda y que no se convierta la justicia en espectáculo. Criminalizar por reflejo a jerarcas o directivos, sin sentencia y sin prueba pública, es un atajo que le hace daño a todos: a la institución, a la democracia y al estándar mínimo de justicia.

Segundo: reforma estructural. Porque si todo se reduce a “quién cayó” y “quién se salva”, perdimos la oportunidad. El aprendizaje relevante no es moralista. Es técnico: la CCSS tiene que convertirse en un comprador público competente, moderno y difícil de capturar.

“Barrenador”, entonces, no debería empujarnos a destruir la tercerización. Debería obligarnos a construir algo mejor: un modelo con reglas claras, contratos inteligentes, transparencia y control.

Lo demás es lo de siempre: indignación, titulares… y listas de espera. Y eso, francamente, es lo que la gente ya no aguanta.

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Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

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Hace tiempo que la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene una mala reputación. Para muchos, es sinónimo de ineficiencia, ruido político y decisiones sujetas a intereses más que a razones. Sin embargo, más allá de la percepción popular, pocas veces se entiende qué pasa adentro realmente, cómo se toman las decisiones y por qué muchas buenas ideas se estrellan incluso antes de llegar a votación.

En nuestra conversación con Daniela Rojas, una diputada que conoce el sistema desde adentro y desde afuera, se revela un fenómeno profundo: no es solo burocracia o mala voluntad. Es que el diseño institucional aún responde a una realidad que ya no existe —el bipartidismo como eje imperante— y eso dificulta que la Asamblea funcione con agilidad y coherencia. Entre mociones que atrasan iniciativas, reglamentos pensados para otros tiempos y una cultura política que evita el debate honesto, lo que vemos desde afuera es solo la punta del iceberg.

Esto no es una defensa de quienes están dentro ni una crítica superficial. Es la constatación de que las reglas del juego importan tanto como las personas que las juegan. Un sistema más transparente y adaptado a la pluralidad actual no solo permitiría que buenas leyes avancen; también devolvería a la ciudadanía la confianza en la política como herramienta de solución, no de frustración. Porque si la Asamblea no se transforma, seguirá siendo un lugar donde el cambio se traba antes de nacer.

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Desde octubre vivimos metidos en una campaña electoral donde el volumen del discurso se fue por las nubes. A falta de propuestas, sobraron las etiquetas. Que si “autoritario”, que si “dictadura”, que si “fascismo”, que si “facho”. Del otro lado, lo de siempre: “comunista”, “izquierdoso”, “zurdo”, “chancletudo”.

Todo dicho con una liviandad que asusta. Como si las palabras no pesaran. Como si la historia no existiera. Como si a la democracia se le pudiera jugar de vivo sin consecuencias.

Ahora que pasó la elección y los ánimos están un poco más fríos —no fríos del todo, seamos honestos, pero al menos menos inflamables— vale la pena parar la bola y pensar: ¿qué fue lo que hicimos con el lenguaje? Porque aquí hay un problema de fondo que va más allá de quién ganó y quién perdió. 

Hay un problema de precisión conceptual.

Y cuando se pierde la precisión, se pierde la capacidad de entender la realidad. Y cuando se pierde eso, lo que queda es puro ruido.

Las palabras importan 

Empecemos por lo básico: las palabras importan. “Dictadura”, “fascismo”, “autoritarismo”, “comunismo” no son insultos intercambiables para tirar en redes cuando uno está bravo. Son conceptos con contenido y contexto histórico, político y jurídico. Tienen un peso específico real.

Describen realidades concretas, con rasgos identificables: concentración del poder, supresión sistemática de libertades mediante coerción militar o armada, eliminación de contrapesos, persecución política, control de medios, ausencia de elecciones libres, represión organizada.

Eso es una dictadura. Eso es un régimen autoritario en serio. Eso es fascismo en su sentido histórico.

Podemos disentir con respeto, pero desde donde yo veo las cosas, en este país nadie ha dejado de decir lo que le da la gana, donde le da la gana y cuando le da la gana.

¿Que ha habido pleitos del Poder Ejecutivo con particulares, empresas e instituciones fuera de tono e innecesarios (en mi opinión)? Sí, los ha habido. Pero no han llegado a más que eventos que se han caído por su propio peso o por la acción de la institucionalidad misma.

No se ha puesto en entredicho, ni en crisis, nuestro sistema democrático. Las elecciones del primero de febrero son la mejor muestra de ello.

Cuando a todo gobierno que no me gusta le digo “dictadura”, pasa algo peligroso: diluyo el concepto. Lo vacío de contenido. 

Y cuando de verdad aparezca un régimen autoritario de esos de verdad —de los que cierran parlamentos con el ejército, persiguen y matan opositores, meten presos a periodistas y cancelan elecciones— ya no vamos a tener palabras para describirlo.

Porque ya las gastamos todas en discusiones profundas de Twitter (así le sigo diciendo yo hasta que Elon patrocine esta columna, en cuyo caso con gusto le diré X).

Lo mismo pasa con el otro extremo. Llamar “comunista” a cualquiera que hable de política social, de intervención del Estado o de regulación es una caricatura. El comunismo no es “que el Estado haga algo que no me gusta”. Es un modelo ideológico con una propuesta concreta sobre la propiedad de los medios de producción, el rol del Estado, la abolición de la propiedad privada en ciertos ámbitos, y una visión particular de la economía y de la sociedad.

No todo es comunismo. No todo es socialismo del siglo XXI. Decir eso es una simplificación burda que no aporta nada al debate. Es solo ruido para la barra propia.

Polarizar rinde… pero también cobra factura

Y aquí es donde se pone incómodo el asunto: este ambiente de etiquetas y exageraciones no es un accidente. A ambas “trincheras” les sirve y lo explotan a drede.

A la oposición le sirve subir el tono porque convierte cualquier error, torpeza o exceso del Ejecutivo en prueba de que “vamos camino a la dictadura”. Eso moviliza emocionalmente, genera miedo y cohesiona a los propios.

Del otro lado, al oficialismo —o a quienes se sienten cercanos a él— le sirve pintar toda crítica como “agenda comunista”, “resistencia al cambio” o “enemigos del progreso”, porque eso también cohesiona a su base y deslegitima al que cuestiona.

En ambos casos, la lógica es la misma: simplificar al adversario, caricaturizarlo, convertirlo en villano.

Es política en su estado puro, sí. No nos hagamos los inocentes. 

La polarización es rentable. Da likes. Da retuits. Da aplausos. Sirve para movilizar bases, para ordenar filas, para que nadie se salga del guacal. Pero también tiene un costo. Un costo alto. Porque en esa dinámica se pierde la posibilidad de matices. 

Y la política pública vive de matices. Las democracias funcionan con contrapesos, con tensiones, con desacuerdos razonables. No con caricaturas.

Que quede claro: no estoy diciendo que el Poder Ejecutivo sea intocable, ni que la oposición sea la encarnación de la ineficiencia. Hay conductas reprochables de un lado y del otro. Las ha habido.

Decisiones mal comunicadas, impulsos personalistas, roces innecesarios con instituciones, tonos que no ayudan. Del otro lado, obstruccionismo por deporte, oportunismo político, uso de la crítica como plataforma de lucimiento personal, poca disposición real a construir acuerdos.

Todo eso es parte del paisaje. Y todo eso se puede —y se debe— criticar con fuerza. Pero una cosa es criticar con argumentos y otra es incendiar el rancho con etiquetas.

Costa Rica, con todos sus defectos, sigue siendo una democracia funcional. Con instituciones que pesan. Con contrapesos reales. Con prensa libre que investiga, incomoda y publica. Con elecciones.

Decir que vivimos en una dictadura no es solo impreciso; es una falta de respeto a quienes sí han vivido y viven bajo dictaduras de verdad. 

A quienes no podían tuitear su descontento porque los desaparecían. A quienes no podían escribir artículos de opinión porque los metían presos. A quienes no podían protestar porque los reprimían a bala.

También hay un tema de responsabilidad personal en cómo consumimos y reproducimos discurso. Compartir un titular incendiario sin leer la nota completa. Aplaudir el meme que ridiculiza al “otro bando”. Repetir frases hechas sin verificar si tienen sustento.

Todo eso va construyendo un clima donde el debate se vuelve un ring de boxeo —como lo usó una de las primeras campañas de un partido político hace algunas elecciones— y no un espacio de deliberación.

Y ojo, no hablo desde un postureo moral. Todos caemos en eso alguna vez. A todos se nos calienta la jupa. Pero una cosa es el desahogo ocasional y otra es convertir la exageración en método.

Al final del día, la política no es un partido Saprissa–La Liga donde hay que elegir bando y defenderlo a muerte pase lo que pase (bajo duda: La Liga).

La política es un espacio para resolver problemas concretos: costo de vida, empleo, seguridad, educación, salud, infraestructura, competitividad.

Problemas complejos que no se arreglan a punta de hashtags ni de etiquetas ideológicas, y menos de exageraciones. Se arreglan con políticas públicas bien diseñadas, con instituciones que funcionen, con controles efectivos, con negociación política de la de verdad y con ciudadanía informada que exija resultados, no solo espectáculo.

Tal vez el primer paso para bajar un cambio es recuperar el valor de las palabras. Llamar las cosas por su nombre, con precisión. Criticar cuando hay que criticar, sin miedo, pero con rigor. Reconocer cuando el otro tiene un punto válido, aunque no nos guste.

Dejar de usar conceptos pesados como garrote retórico para ganar una discusión en redes.

Porque, al final, en este jueguito de exagerar todo, perdemos todos: perdemos capacidad de diálogo, perdemos confianza mínima entre actores políticos y perdemos la posibilidad de construir acuerdos. Y en un país con una Asamblea fragmentada, sin mayorías claras y sin capacidad de imponer agendas por la fuerza, esa pérdida se paga caro.

Bajarle dos rayitas al volumen no es rendirse. Es madurar como democracia. Y bastante falta nos hace.

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