Financiamiento de partidos políticos: discusiones impopulares pero necesarias

En febrero de este año, se aprobó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el Expediente 24337 del diputado Jonathan Acuña, el cual impedirá que el monto por deuda política se triplique respecto a las últimas elecciones de 2024. Comparto la preocupación que llevó al diputado a la presentación de la iniciativa, pues no tiene sentido un aumento de esa magnitud en momentos donde las políticas de reducción del gasto público afectan directamente la inversión social del Estado.  A pesar de ello, cabe preguntarse:  ¿la deuda política no es algo más que un simple gasto?  Podemos ir más allá:    ¿el método para asignarla puede mejorarse para que ayude a lograr el fin por el cual existe?

“Poderoso caballero es Don Dinero” cierra cada verso de un poema en forma de letrilla satírica que Francisco de Quevedo (1580-1645) escribió en el Siglo de Oro español.  En una de sus estrofas dice:

“y, pues él rompe recatos, y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don Dinero.”

Aunque en la sátira de Quevedo se destaca el poder de Don Dinero para condicionar y torcer voluntades, ese poder puede usarse a favor de los propios fines de la deuda política, brindando oportunidades. 

Existen temas que deben discutirse respecto al financiamiento de partidos políticos y las cuales deben ir más allá de limitar el crecimiento.  

Cómo funciona la deuda política

¿Cuánto es el monto a asignar? 

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 96 que la contribución estatal al proceso electoral será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. También detalla la constitución que la ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Es por ello que en el periodo previo al inicio de la campaña de los últimos procesos electorales los diputados han modificado el monto a destinar.

Para las elecciones del año 2026, gracias a la aprobación del proyecto N° 24337, el monto destinado a dicho proceso electoral será del 0,11% del PIB. Cabe aclarar que este porcentaje pudo haber sido el 0,085% de haberse aprobado la propuesta original que se presentó en su momento.

¿Quiénes tienen acceso  a la deuda política?

Los partidos políticos debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones deben cumplir dos condiciones esenciales para acceder a los fondos: 

• Haber participado en elecciones nacionales (elección presidencial o para diputados a nivel nacional o provincial)  
• Haber recibido al menos el 4% de los votos en el nivel que hayan participado (nacional o provincial) o bien, haber elegido al menos un diputado. 

Posterior a ello, para recibir el dinero los partidos deben justificar ante el TSE mediante comprobantes que cumplan con los requisitos establecidos, aquellos gastos administrativos, para capacitación o de campaña. Además, los partidos deben presentar informes financieros que demuestren el uso correcto de los recursos.

¿Cómo se distribuye el monto de deuda política entre los partidos?

Hasta aquí tenemos un monto total y, por otra parte, un conjunto de partidos que cumplieron con los requisitos de acceso a deuda política.  Inicia entonces un proceso independiente para asignar ese monto y que utiliza los dos procedimientos anteriores (definición del monto y de cuáles partidos tienen derecho al financiamiento).

El artículo 90 del Código Electoral establece el procedimiento para la distribución del aporte a través de dos pasos:

• Se obtiene un costo o valor en dinero por voto, tomando el monto total de la contribución y dividiéndolo entre la suma de todos los votos válidos obtenidos por los partidos con derecho a financiamiento (votos tanto de la elección presidencial como de la de diputados).
• Teniendo el valor por voto, cada partido obtendrá como máximo el dinero que resulte de multiplicar votos válidos por el valor en dinero por voto definido en el paso anterior.

Del primer punto se infiere que cuantos menos votos válidos haya, mayor será el valor por voto, por lo que el nivel de participación de los votantes no afecta el monto de contribución estatal.  Por otra parte, si se disuelve el porcentaje de la votación entre muchos partidos que no llegan al 4%, también subirá ese valor monetario por voto.

Decimos “obtendrá como máximo” un monto de dinero ya que lo que se reciba en términos efectivos depende de la liquidación de gastos electorales y su correspondiente verificación por parte del Tribunal.

Crisis del sistema de partidos

El sistema de partidos políticos enfrenta un deterioro que me atrevería a calificar de alta letalidad, pues el auge de la política personalista amenaza con sustituir este sistema y todo el entramado institucional de la democracia costarricense. Esto no sucede por arte de magia, sino que es producto de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema político democrático ante la incapacidad del mismo por proveer soluciones a los problemas públicos. 

Pero ¿por qué son importantes los partidos políticos? ¿Por qué valdría la pena rescatar un sistema de partidos políticos si estos no han resuelto los problemas de la ciudadanía? Lo primero es que si los actores políticos no están enfocados en mejorar la realidad de las personas, ningún sistema político vale la pena, por lo que esto es de esencial entendimiento para quienes conforman este sistema.

Hay que ser tajante con esto: el poder político debe tener como único fin el bien común, por lo que cualquier otro fin distinto significa que dicho sistema se ha pervertido.

Los partidos políticos como organizaciones tienen un rol fundamental en la sociedad, pues es la asociación de personas con ideas y objetivos similares, con todo lo que ello implica, lo que da vida a la acción política. Una ventaja respecto a la política personalista es que, un partido político es un espacio donde puede y debe haber discusión, entendimiento y acuerdo para la consecución de los objetivos electorales. Incluso en los partidos más cuestionados esto es una regla, pues los procesos internos así lo demandan.

Por su parte, la política personalista borra del mapa todo esto, pues lo que importa es la figura personalísima del candidato o líder y el órgano colectivo responde en exclusiva a los intereses y objetivos de este, lo que demanda una fe ciega ante la imposibilidad de conocer realmente las verdaderas intenciones de quienes ejercerán en un futuro el Poder.

Dicho esto, no creo que el cambio venga de la buena voluntad de los partidos políticos y sus militantes, pues estos han demostrado una desconexión muy grande de la realidad y parecen favorecer el uso de estas entidades como simples vehículos de poder.  El cambio debe promoverse desde los incentivos que ofrece el sistema y la exigencia ciudadana. El financiamiento es una herramienta que puede contribuir a corregir el sistema de partidos y como ciudadanía es nuestra obligación presionar por una reforma al Código Electoral en esa línea.

Reformas necesarias: financiamiento

Visto el funcionamiento de la deuda política y algo del contexto en lo que hace a los partidos políticos, sugiero algunas reformas para que sean consideradas.  Las planteo como puntos de discusión, toda vez que la formalidad de una reforma legal requiere la participación de múltiples sectores y niveles de revisión, como corresponde a los fueros del Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones e incluso, la Sala Constitucional.

De entrada, existen aspectos de la determinación del monto que podríamos analizar. Al igual que otras formas de financiamiento que quedaron plasmadas en la Constitución, como la deuda política o el financiamiento a la educación, la configuración de ese monto no es clara y no queda claro que responda a las necesidades reales. Es por esto que los diputados han modificado de forma recurrente el monto que será destinado a los procesos electorales, pasando de un 0.19% del PIB establecido en la Constitución a un 0.11% del PIB desde 2014.

Conviene que la discusión de una reforma electoral robusta sobre el financiamiento identifique correctamente las necesidades del TSE para llevar a cabo los procesos electorales, así como un monto adecuado y balanceado destinado al financiamiento de los partidos políticos.

Sobre el acceso y distribución, convendría sostener una discusión que considere algunos de los siguientes aspectos:

• Para incentivar la consolidación de los partidos y desincentivar la fragmentación, se podrían fomentar las alianzas y fusiones mediante el condicionamiento de parte del financiamiento público a la conformación de las mismas. Por ejemplo, establecer oportunidades para el acceso a recursos adicionales a aquellos partidos que superen determinados umbrales de participación, incentivando a grupos con afinidades ideológicas y programáticas a la conformación de coaliciones. Para esto también convendría modificar las condiciones de acceso y distribución, elevando el umbral de votos recibidos que otorga derecho de participación.
• Para involucrar a los movimientos políticos en la reducción del alto abstencionismo, convendría la vinculación entre financiamiento y participación ciudadana.  Para este fin se puede modificar el procedimiento para determinar el costo individual del voto, dividiendo el total del aporte estatal no entre la cantidad de votos válidos que recibieron los partidos, sino entre el total de electores con el que contará el padrón electoral para cada elección. Esto podría enfrentar algunos inconvenientes respecto al cronograma electoral, pero es un ajuste que cambiará absolutamente el rumbo de los partidos, al obligarlos a desarrollar estrategias para la atracción de los electores.  Con la legislación actual, los partidos no requieren incentivar una mayor votación y pueden recostarse en el clientelismo, sin aumentar la base electoral.
• Para fortalecer el rol de los partidos como agentes de formación política, se puede condicionar otra parte del financiamiento al que tienen derecho, a la capacitación política y electoral de las personas afiliadas y de sus estructuras formales. El TSE establecería alianzas interinstitucionales y público-privadas para el desarrollo de capacitaciones relacionadas con educación cívica, desarrollo de políticas públicas, realidad nacional y temas de interés para la cultura político-electoral del país, estableciendo un calendario y temario para estos espacios. Los partidos políticos podrían gestionar sus propios espacios acorde a sus lineamientos ideológicos y perspectivas propias. El desembolso de estos recursos puede depender de la cantidad de personas que asistan a estos espacios, contra verificación o supervisión de asistencia por parte del TSE.
• Para combatir el clientelismo y la excesiva injerencia de agentes particulares en la labor de los actores políticos electos popularmente, es necesario reducir la dependencia del financiamiento privado. Aunque para muchas personas suponga una propuesta fuertemente impopular, sobre todo en tendencias liberales y libertarias, considero esencial restringir o incluso eliminar las contribuciones privadas. Esto obligaría a los partidos a buscar financiamiento principalmente a través de recursos públicos por los que, bajo las condiciones anteriormente propuestas, les obliga a conseguir resultados en sus gestiones públicas en puestos de poder, disminuyendo la presión de intereses particulares y reduciendo el riesgo de que estos fondos se traduzcan en políticas clientelistas. En caso de que se permita algún financiamiento privado, se necesita limitar de forma estricta el monto permitido así como el origen de los recursos.
• Para mejorar los mecanismos de control y evitar fraudes al TSE, es preciso implementar auditorías realizadas por organismos externos independientes y  avalados y registrados ante el TSE para dichos fines, que revisen tanto la distribución como el uso de los fondos, asegurando que la rendición de cuentas sea clara y accesible para la ciudadanía.

De manera complementaria para este fin, hay que desarrollar plataformas digitales en las que se publiquen en tiempo real todos los movimientos financieros de los partidos, permitiendo el escrutinio público y facilitando la detección temprana de intentos de fraude o malversación.

Aunque como dije antes, esta no sea un propuesta de reforma con todas las formalidades que requiere, es una propuesta de ruta para una conversación honesta sobre cómo incentivar la competencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las estructuras democráticas a lo interno de los partidos, así como combatir tanto la personalización de la política como la dependencia de financiamiento privado que podría condicionar el accionar de los actores en puestos de poder.  En este punto, también aplica la última estrofa del poema de Quevedo:

“Más valen en cualquier tierra (mirad si es harto sagaz), sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don Dinero.”

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.