Política
No más regímenes de excepción disfrazados de justicia
RESUMEN
Desde hace años en Costa Rica se ha identificado como un problema fiscal y de inequidad la existencia de regímenes que permiten las llamadas “pensiones de lujo”. Sin embargo, pese a ese contexto y al desafío que representa la inseguridad para el país, la Asamblea Legislativa —motivada por el Poder Judicial y amparada en un estudio actuarial interno— aprobó ajustes al régimen de pensiones del OIJ. Una decisión que va a contravía del contexto fiscal y de las lecciones que, se supone, ya habíamos aprendido.
En Costa Rica, llevamos años lidiando con las consecuencias de decisiones legislativas que, bajo la bandera de la justicia, han terminado siendo fuente de inequidad fiscal y desbalance institucional. Las llamadas “pensiones de lujo” son el mejor ejemplo de ello: regímenes de retiro privilegiados, construidos sobre bases insostenibles, y muchas veces otorgados a personas que no aportaron proporcionalmente al sistema.
El país ha venido cuestionando –con razón– estos beneficios excepcionales que comprometen el presupuesto público y minan la confianza ciudadana.
Sin embargo, a pesar de esa experiencia amarga y del clamor constante por reformas estructurales, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar el expediente 22.817, una iniciativa que, aunque bien intencionada, reincide en el mismo vicio: la creación de un régimen jubilatorio especial para un grupo reducido de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente para aquellos que portan armas o están adscritos a la sección de cárceles.
Les establece las siguientes condiciones: un 82% del salario promedio de los últimos 240 meses, con ajustes por inflación, y con posibilidad de retiro a los 55 años si se cumplen 30 años de servicio o, en su defecto, una fórmula proporcional si el servidor tiene al menos 20 años en el Poder Judicial.
Esta ley no debió haberse aprobado y usted, señor Presidente, debe vetarla.
No porque ignoremos la importancia de la labor que realiza el personal del OIJ. No porque neguemos que trabajar en condiciones de alto riesgo debe tener un reconocimiento. Lo hacemos porque no es así como se construyen sistemas previsionales justos, sostenibles ni equitativos. Lo hacemos porque esta ley, en el fondo, reproduce la lógica de los regímenes de excepción que ya tanto daño le han hecho al país.
¿Por qué un régimen especial para el OIJ y no para la Fuerza Pública?
El argumento central para justificar esta ley es el riesgo. Pero ¿acaso no enfrentan iguales o mayores riesgos los oficiales de la Fuerza Pública que patrullan zonas dominadas por el crimen organizado, sin chalecos antibalas certificados y con salarios aún más bajos? ¿Dónde queda la equidad interinstitucional? ¿Dónde queda la lógica de un Estado que trata igual a quienes enfrentan realidades similares?
Conceder un trato excepcional a un solo grupo dentro del aparato de seguridad del Estado, sin una política integral ni un análisis actuarial objetivo del impacto fiscal, es políticamente miope y socialmente injusto. Esta no es una solución estructural. Es un privilegio.
Una decisión con efectos presupuestarios profundos
El país atraviesa un período en el que cada colón cuenta. Hemos estado luchando por contener el crecimiento del gasto, controlar el déficit y cumplir con las metas fiscales que nos impusimos para recuperar nuestra credibilidad internacional.
Entonces, ¿cómo justifica la Asamblea Legislativa crear un régimen que inevitablemente implicará una mayor carga sobre el presupuesto del Poder Judicial, y por ende, del Estado costarricense?
En lugar de discutir cómo mejorar las condiciones laborales de todos los cuerpos policiales del país, o cómo fortalecer el régimen general de pensiones, optamos por abrir una vez más la puerta a los beneficios especiales. Lo que se necesita es una visión integral, no parches sectoriales que agravan la fragmentación del sistema previsional.
Lecciones no aprendidas: el espejo de las pensiones de lujo
La historia reciente nos ha demostrado que estas decisiones tienen consecuencias. Las pensiones de lujo se justificaron alguna vez con argumentos similares: mérito, riesgo, entrega. Pero su diseño terminó beneficiando a pocos a costa de muchos, generando un resentimiento social que aún hoy envenena la discusión pública. ¿Vamos a repetir el error?
La sostenibilidad de un régimen de pensiones no depende únicamente del carácter honorable de los beneficiarios. Depende de su proporcionalidad, de su financiamiento y de su coherencia con los principios del sistema general. Lo contrario es crear castas previsionales, lo cual es incompatible con una república moderna.
La responsabilidad del Poder Ejecutivo: no ceder ante lo simbólico
Entiendo que vetar esta ley tiene un costo político. Que puede ser leído como una falta de apoyo a quienes arriesgan su vida en defensa del país. Pero gobernar es tener el valor de decir que no. El respeto por la institucionalidad y la igualdad ante la ley debe ser más fuerte que cualquier narrativa emocional.
No se trata de cerrar los ojos ante la realidad de quienes sirven con riesgo, se trata de hacer las cosas bien. Si el país considera justo establecer condiciones especiales para ciertos funcionarios por la naturaleza de su labor, debe hacerlo en el marco de una política pública general e integral.
Legislar en parches ha producido un país lleno de remiendos donde la cobija ya no da para todos.
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