Política
Un Retroceso Inaceptable en la Reforma del Empleo Público
RESUMEN
Los límites en el empleo público no surgieron por capricho, sino por el desorden y despilfarro en las instituciones del Estado. Sin embargo, los diputados buscan excluir a la CCSS, permitiéndole operar como un feudo intocable. Mientras otras entidades deben ajustarse, esta sigue blindada de controles, financiada con impuestos que deberían destinarse a mejorar los servicios públicos. El resultado es claro: más gasto, menos rendición de cuentas y una desigualdad cada vez más profunda en el sector público
La reciente decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de dictaminar positivamente el expediente 23.974, que busca excluir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la Ley Marco de Empleo Público, es un retroceso inaceptable que socava los principios de equidad y transparencia en la administración pública.
Este proyecto de ley, impulsado por el partido Liberación Nacional, pretende mantener un régimen de privilegios para los funcionarios de la CCSS, argumentando que su naturaleza institucional justifica la excepción.
Sin embargo, esta exclusión no responde a criterios técnicos ni a la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios de salud, sino a presiones sindicales y a una visión arcaica y desgastada de la función pública.
La Falsa Justificación de la Autonomía
Uno de los principales argumentos es que la CCSS goza de una autonomía constitucional especial, lo que le permitiría regular de manera independiente la contratación y administración de su personal. Es cierto que el artículo 73 de la Constitución le otorga autonomía en la administración de los seguros sociales, pero eso no significa que deba operar como un feudo intocable dentro del Estado.
La autonomía administrativa no puede ser utilizada como excusa para evitar la fiscalización, la rendición de cuentas y la aplicación de principios de equidad en la gestión de los recursos humanos.
No hay ninguna razón válida para que los casi 65.000 funcionarios de la CCSS operen bajo reglas diferentes a las del resto del sector público.
Sus salarios y condiciones laborales son financiados con fondos públicos y las contribuciones de trabajadores y empleadores.
Privilegios Injustificados y Falta de Control
La exclusión de la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público mantiene un régimen laboral fragmentado y opaco, donde los beneficios y condiciones varían arbitrariamente en comparación con otras instituciones estatales. Esta desigualdad no solo es un problema de justicia administrativa, sino que además encarece el sistema y dificulta la implementación de reformas urgentes para mejorar la calidad del servicio.
En lugar de fortalecer la meritocracia y la eficiencia, esta reforma protege un esquema en el que los nombramientos, ascensos y condiciones laborales pueden seguir dependiendo de intereses políticos y sindicales.
La CCSS necesita modernización y eficiencia, no más barreras para la transparencia y la rendición de cuentas.
El Impacto en las Finanzas Públicas y la Equidad
La exclusión de la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público también tiene implicaciones financieras serias. La fragmentación del sistema de empleo público impide la implementación de medidas de contención del gasto en momentos en que la sostenibilidad fiscal del país es crítica.
Mientras se exige a otras instituciones disciplina presupuestaria, se permite que una de las más grandes y costosas opere sin los controles que se aplican al resto del Estado.
Esto genera inequidad entre los servidores públicos, creando ciudadanos de primera y segunda categoría dentro del propio aparato estatal. ¿Por qué un funcionario de la CCSS debe tener reglas distintas a un trabajador del Ministerio de Salud, que cumple funciones esenciales para la población?
Un Proyecto en la Dirección Equivocada
El expediente 23.974 representa un grave error legislativo y un retroceso en la modernización del empleo público en Costa Rica. En lugar de avanzar hacia un sistema más transparente y equitativo, los diputados que lo respaldan están perpetuando desigualdades y debilitando la capacidad del Estado para administrar con eficiencia los recursos humanos.
Si la CCSS realmente quiere fortalecer su capacidad de servicio, debe hacerlo a través de una mejor gestión, procesos más eficientes y una verdadera cultura de rendición de cuentas, no aislándose de las normas que rigen al resto del sector público. La Asamblea Legislativa aún tiene la oportunidad de corregir este rumbo equivocado en el Plenario.
Costa Rica merece instituciones modernas, eficientes y equitativas, no feudos de privilegios.
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