Recientemente, se generó una controversia cuando se filtró un documento del Comité de Vigilancia del IVM; única instancia que tiene la Superintendencia de Pensiones para plantear temas sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque sin carácter vinculante. Es importante recalcar que este comité es la única entidad existente para que el régimen de pensiones más grande del país rinda cuentas sobre su estado. ¿Sorprendente, verdad? 

En ese documento se discutía un estudio actuarial que simplemente proyecta escenarios para evaluar los cambios paramétricos necesarios para evitar el colapso del sistema. La aclaración es importante, pues muchas veces estos estudios se toman como verdades absolutas.

Estos estudios parten de supuestos; en este caso, uno de ellos es que el Estado cumplirá con su deuda ante la CCSS, algo que no ha sucedido en años debido al desbordamiento de los costos de la seguridad social, lo cual erosiona la validez de sus conclusiones.  Ese incremento en costos se debe, en parte, a que la CCSS administra tanto el seguro de salud como el de pensiones, dos esquemas de naturaleza distinta que operan bajo lógicas e indicadores de riesgo muy diferentes. Numerosas recomendaciones internacionales señalan la necesidad de separarlos, pero aquí, como se defiende a la institución por encima de los servicios, se sigue con el discurso de que “la CCSS no se toca”.

Del otro lado de la ecuación, los costos asociados a la formalización sanitaria y el monto mínimo de cotización asfixian a los pequeños emprendimientos y a los trabajadores independientes, quienes, en muchos casos, terminan en la informalidad o quedan fuera de la cobertura del IVM. Esto perjudica la sostenibilidad del fondo, pues cada vez menos personas contribuyen.

Separar ambas administraciones y diseñar un sistema que priorice a la persona en lugar de a la institución serían  pasos clave para reducir la duplicidad de funciones, disminuir costos y aumentar la transparencia. Actualmente, la insostenibilidad financiera del IVM se agrava con cada decisión interna, pues el objetivo es cubrir sus gastos sin importar cuánto aumenten.

Un sistema basado en supuestos obsoletos 

El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se creó bajo el principio de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos financian a los jubilados, esperando recibir el mismo apoyo en el futuro. Sin embargo, esta estructura ha derivado en exclusión, desigualdad y una insostenibilidad progresiva.

El IVM fue concebido en un contexto demográfico muy distinto al actual. En los años 70, había 30 trabajadores por cada pensionado; hoy la cifra es inferior a cinco y sigue disminuyendo. Con una tasa de fecundidad de 1.2 hijos por mujer, lejos del 2.1 necesario para mantener la población estable, el sistema enfrenta un déficit estructural de cotizantes. Esto significa que, en un futuro no muy lejano, cada trabajador tendrá que financiar la pensión de un jubilado, algo económicamente insostenible.

Actualmente, la tasa de cotización tripartita (trabajador, patrono y Estado) es de 11% y pronto aumentará a 13%, según la última reforma. Sin embargo, los estudios actuariales indican que se requiere al menos un 20% para garantizar la sostenibilidad del fondo. En términos simples, los jubilados actuales solo han financiado la mitad de su pensión con sus propios aportes; el resto se ha cubierto con una pirámide generacional que ya no existe.

Si se insiste en realizar pequeños ajustes —como aumentar la edad de jubilación o elevar las cuotas— se perpetúa la crisis sin una solución real. La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto depende de la entrada constante de nuevos cotizantes, algo irreal en la actualidad.

Decirlo es fuerte, pero la comparación con una estafa piramidal no es arbitraria: un fondo que requiere generación tras generación de más cotizantes para sostener a los jubilados, cuando esas nuevas generaciones no existen en el número requerido, está en riesgo de colapsar.

En los últimos años, el IVM ha recurrido cada vez más a los intereses generados por su reserva para pagar las pensiones actuales, en lugar de reinvertirlos para garantizar su sostenibilidad futura. De mantenerse esta tendencia, en menos de una década el fondo no contará con los recursos suficientes para cubrir las pensiones, confirmando los pronósticos de los que alertan sobre su inviabilidad. 

Consecuencias para el empleo y la pobreza

El impacto de este sistema no se puede analizar de forma aislada, pues sus arbitrariedades en cuanto a la definición de las cuotas de cotización y la edad de retiro afectan la economía de diversas maneras:

• Desempleo: Costos laborales más altos desincentivan la contratación y fomentan la informalidad.
• Desigualdad: El régimen beneficia a quienes tienen empleos formales y estables, pues sí logran acumular las cuotas requeridas para una pensión. Las personas con trabajos informales, temporales o inestables —generalmente de menores recursos— quedan fuera. Con el tiempo, la brecha de ingresos entre jubilados formales y adultos mayores sin pensión se amplía.
• Pobreza: La mitad de los adultos mayores no recibe ninguna pensión, una situación que continuará agravándose si no hay una reforma profunda.

Falta de transparencia y decisiones tardías

Desde 2008, diversos estudios actuariales han advertido sobre la insostenibilidad del IVM, pero las autoridades de la CCSS minimizaron el problema e incluso recurrieron a la OIT para validar la solidez del fondo. Proyectaron que los intereses de la reserva durarían hasta la década de 2030, algo que, como hemos visto, no se está cumpliendo.

Aun así, la CCSS persiste en exigir que el Estado salde su deuda histórica, cuando este carece de recursos para cubrirla sin sacrificar otras áreas del presupuesto. Al continuar negándose a discutir reformas estructurales, se agrava la crisis financiera del régimen, algo que no sorprende, pues todos los sistemas de reparto en el mundo enfrentan crisis similares debido a supuestos irreales y precisamente por eso deben reformarse.

Aplazar las decisiones solo eleva los costos de la futura transición y reduce la posibilidad de hacerlo de manera ordenada.

Una reforma que mire a la persona y no a la institución

El mayor obstáculo para solucionar este problema es mental, pues se discute cómo “salvar el fondo” en lugar de centrarse en proteger a los adultos mayores de la pobreza. En vez de basarse exclusivamente en un esquema de reparto inviable, el sistema de pensiones debería sostenerse en múltiples pilares.

Uno de ellos sería una pensión básica para todos los costarricenses, equivalente a la línea de pobreza y financiada con impuestos generales, con el fin de eliminar la pobreza en la vejez.

Sobre esa base, se puede implementar un sistema de reparto con cuentas nocionales, complementado con capitalización individual (obligatoria y voluntaria), permitiendo que cada persona ahorre según sus posibilidades. Esto garantiza un ingreso mínimo para todos y, al mismo tiempo, permite que quienes lo deseen, mejoren sus ingresos más allá de los 65 años.

Además de asegurar un ingreso básico, esta reforma no implicaría un aumento del IVA ni de otras cargas tributarias generales que pueden desatar fuerte oposición social y política. A diferencia de otras propuestas —que sugieren más impuestos o ajustes paramétricos— esta idea eliminará los privilegios dentro del propio sistema y empleará impuestos generales para financiar las cargas sociales (ejemplo: todo lo que va a FODESAF), aliviando las planillas e incentivando la formalidad.

Un pilar universal aliviaría la presión sobre el IVM sin sobrecargar a empleadores y empleados. Según un estudio del BID de 2010, este pilar costaría alrededor del 1.4% del PIB y alcanzaría el 1.9% en 2050

Los recursos extra podrían provenir de varias fuentes mal distribuidas hoy:

• Impuestos a pensiones de lujo: Ajustando la contribución de jubilaciones elevadas, que quedaron fuera de la reforma y que están por encima del tope de la CCSS, pero debajo de los ₡2.2 millones para el Magisterio y ¢2.6 millones para el Poder Judicial. Revisando además que la retención aplicada sea del 50% para todos, tal y como lo permite la ley.
• Reasignación de recursos estatales: Redirigir fondos de regímenes privilegiados para que el Estado como patrono aporte de manera equitativa a todos los fondos.
• Analizar el convenio de la discordia de la OIT: Revisar en qué condiciones se puede aplicar un tope al rebajo del 55% y además la base para la resolución de la Sala IV que lo bajo a 50%. De ser necesario se podría elevar la consulta internacionalmente o simplemente denunciarlo.
• Eliminar los multipensionados: Se debe dejar únicamente la pensión más alta, aplicando sobre ella la rebaja correspondiente, y eliminar el resto. La clave está en que para ninguna de las pensiones se cotizo lo suficiente y por tanto se le está recargando ese desbalance al resto de la ciudadanía.
• Acabar con los pensionados juveniles por herencia: Poner el mismo tope que en la CCSS: 25 años si se mantiene estudiando. Además, debe aplicarse lo estipulado en el artículo 26 del Convenio 102 de la OIT, que permite suspender o reducir la prestación si el beneficiario recibe ingresos superiores a un monto definido.
• Cerrar o liquidar los regímenes de privilegio y prohibir la creación de nuevos.  Todos los existentes se deben migrar y viendo lo que acaba de pasar con el OIJ, parece indispensable establecer la prohibición para que los Diputados no puedan inventar más.

Lejos de debilitar la solidaridad, esto la fortalece, porque cada instancia cumpliría su función: la CCSS se enfocaría en administrar con eficiencia los aportes de patronos y trabajadores, mientras el Estado garantizaría cobertura a quienes no completen las cotizaciones necesarias, sin perpetuar las desigualdades del sistema actual.

Conclusión

El régimen de pensiones de la CCSS es a la vez insostenible y excluyente. Y los demás son injustos e inmorales. Por eso debemos pensar en una reforma integral.

Si se sigue aplazando la discusión, llegará un punto en que las pensiones sencillamente dejen de pagarse o se recurra a medidas extremas: impuestos generalizados, reformas constitucionales de emergencia o recortes masivos de beneficios.

La duda no es si habrá que reformar el IVM y los otros regímenes de privilegio sino cuándo y cómo se hará.

Aplazarlo solo perjudica a los trabajadores, que con cada alza de cuotas reciben menos salario neto, y a los futuros pensionados, cuyas promesas de jubilación probablemente no se cumplan.

El momento de un cambio de rumbo es ahora. De lo contrario, el costo social y económico seguirá aumentando, y el país enfrentará mayores tasas de desempleo, pobreza y desigualdad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor y no representan necesariamente la postura oficial de Primera Línea. Nuestro medio se caracteriza por ser independiente y valorar las diversas perspectivas, fomentando la pluralidad de ideas entre nuestros lectores.

El Ministerio de Salud, en conjunto con RACSA, implementó el Sistema de Receta Digital Nacional (SRDAS), con el cual cada receta despachada tiene un cobro extra de $0.60 (₡300 colones); eso sí, sólo si la receta se tramita en el sector privado.

Como en Costa Rica todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, el Estado queda eximido de pagar este costo, y quien debe financiar la plataforma es usted, que, por los mismos fallos del sistema público se ve obligado a ir a una farmacia privada a adquirir un medicamento para su salud.

Un doble castigo como si:

1. Fuera su culpa que falle el sistema de salud pública carísimo que pagan todos los asalariados, empresas e independientes formales
2. Mereciera un sanción por tener que recurrir a los casi siempre caros medicamentos que se pueden adquirir en el sector privado.

En muchos casos, las personas deben optar por adquirir sus medicamentos en el sector privado porque la CCSS no se los brinda, ya sea a tiempo o del todo. Y no todos estos casos llegan a la Sala IV para que oblige al ente a cumplir con sus obligaciones.

Lo que debería ser un bien público termina convertido en un modelo de negocio para un ministerio que no debería tener la facultad de imponer estos cobros injustos.

Además, la receta digital sigue sin responder preguntas clave. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas rurales donde no hay acceso a Internet? La política pública debe responder a las necesidades reales del país, no implementarse solo por cumplir.

Las injusticias y fallos de diseño del Decreto Ejecutivo N.º 44714-S no pueden pasar desapercibidos. No debemos acostumbrarnos a estos atropellos que impactan a quienes menos tienen, en un momento de necesidad como es cuando se requiere adquirir medicamentos.

Superficialmente, el Decreto 44863-MEIC parece una buena iniciativa. Es un hecho que los precios de los medicamentos en Costa Rica son altísimos, y esta realidad afecta a todos y cada uno de los hogares costarricenses.

Sin embargo, este esfuerzo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), aunque fundamentado en principios válidos, plantea riesgos significativos que deben ser gestionados con precisión. La teoría del derecho de competencia enseña que la fijación de márgenes máximos de comercialización no es por sí misma contraria a la competencia. 

A fin de cuentas, los competidores pueden seguir compitiendo vigorosamente debajo de este techo que fija la norma, y los consumidores (que son los más importantes desde la perspectiva de este y todo derecho) no se ven perjudicados. Estas fijaciones pueden ser herramientas válidas y legítimas en situaciones excepcionales donde los mercados muestran fallas claras que afectan al consumidor. 

En este caso, el análisis comparativo realizado por el MEIC con 47 países demuestra que los márgenes en Costa Rica, tanto a nivel mayorista como minorista, son significativamente superiores a los estándares internacionales. 

Bajo este contexto, la intervención estatal encuentra sustento en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que se garantice su carácter temporal y su correcta aplicación de acuerdo con los términos del artículo 5 de la ley 7472.

Lo que debe quedar claro es que esta regulación no busca castigar a las empresas, sino corregir una anomalía identificada en los márgenes de comercialización que, según el informe de la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC), merecen atención prioritaria. Sin embargo, este tipo de medidas también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad compartida en la fijación de precios.

Un aspecto relevante del Decreto 44863-MEIC es el llamado implícito que hace a las casas farmacéuticas internacionales para que reconsideren sus políticas de precios en mercados como el costarricense. Este tipo de intervenciones no surge en el vacío: son una respuesta a dinámicas de mercado donde los consumidores enfrentan precios que dificultan su acceso a medicamentos esenciales. 

Es fundamental que estas empresas evalúen cómo sus márgenes y estrategias de comercialización pueden estar contribuyendo a la percepción de que su modelo prioriza rentabilidad sobre el acceso a la salud, especialmente en países donde el gasto en salud de bolsillo ya supera los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que se ubican en el 20%.

Ahora bien, aunque reconocemos los méritos del decreto, es crucial atender los riesgos que plantea.

Por ejemplo, la fijación de márgenes puede desincentivar la innovación y la introducción de medicamentos nuevos al mercado costarricense, un efecto colateral que debemos evitar a toda costa. 

Un limite impreciso al margen llevaría a que las empresas prefieran no importar ciertos medicamentos que necesiten los ciudadanos.

Asimismo, existe el riesgo de que actores pequeños o nuevos en el mercado, que dependen de márgenes mayores para sostener su operación, enfrenten dificultades para competir, lo que podría limitar la diversidad y dinamismo del sector. Es decir, facilitar que las grandes empresas se adueñen del mercado y no reciban competencia de pequeños y medianos.

Además, la naturaleza temporal de la medida debe ser estrictamente respetada. No podemos permitir que lo que empieza como una intervención excepcional se convierta en una política permanente, ya que esto podría generar distorsiones a largo plazo en la competencia y desincentivar la inversión en el mercado farmacéutico local.

El éxito del decreto dependerá en gran medida de su implementación. La colaboración interinstitucional entre el MEIC, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud será clave para garantizar que esta medida logre el objetivo de corregir las fallas de mercado sin generar nuevos problemas. 

Igualmente, es indispensable establecer indicadores claros para medir su impacto y comunicar con transparencia los resultados a la ciudadanía y a los actores del sector.

En conclusión, este decreto es una medida que podría ayudar a enfrentar un problema real en el mercado costarricense de medicamentos. Sin embargo, como toda intervención estatal en los mercados, debe manejarse con cuidado, garantizando que no se convierta en un obstáculo para la competencia ni en un freno para la innovación. 

Este momento también debería ser un punto de inflexión para que las casas farmacéuticas reflexionen sobre sus políticas de precios y contribuyan activamente a construir un sistema más equilibrado y justo para todos.